El Gobierno aumenta su optimismo por los votos de la reforma electoral y prepara una nueva ronda de Diego Santilli con gobernadores para acelerar acuerdos políticos y tratativas de cara a 2027. El jefe de Gabinete recibirá el lunes en la Casa Rosada al puntano Claudio Poggi, uno de los mandatarios con los que La Libertad Avanza cerró un entendimiento en 2025 y que ahora busca replicar para la próxima elección presidencial.

El Ejecutivo toma el caso de San Luis como un antecedente de negociación posible: Poggi cedió el plano nacional y conservó el armado local. En Nación creen que ese formato puede servir como referencia para otros distritos donde el oficialismo necesita votos para eliminar o suspender las PASO, pero no quiere resignar el control de la boleta presidencial de Javier Milei.

La Casa Rosada sostiene que Santilli también activará reuniones con otros gobernadores a los que todavía no recibió desde que asumió como jefe de Gabinete, más allá de la foto compartida en Tucumán durante los actos del 9 de Julio. El objetivo es ordenar acuerdos por reformas, votos legislativos y eventuales entendimientos electorales antes de que la agenda quede absorbida por el Presupuesto 2027.

En Balcarce 50 buscan mostrar una señal de avance pese a los cuestionamientos de aliados y opositores al esquema de colectoras o adhesiones. En varios despachos oficiales creen que la reforma electoral “sale sí o sí” y ya trabajan sobre los preparativos de campaña para después de esa votación. La prioridad es llegar a agosto con acuerdos encaminados y fijar como deadline la primera mitad de septiembre para votar en Diputados.

En la mesa política del oficialismo quieren evitar que la discusión electoral choque con el tratamiento del Presupuesto 2027, que será enviado antes del 15 de septiembre.

Ese proyecto incluirá cambios sobre las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, además de la reforma presupuestaria inspirada en el shutdown estadounidense y modificaciones a la Ley de Administración Financiera.

El Gobierno también mira el Senado. En Nación aseguran que tienen los votos para impulsar el paquete de propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos que se votará el jueves. En ese marco, no descartan que la mesa política se traslade al Congreso para seguir de cerca la negociación legislativa y ordenar a los bloques aliados.

El Ejecutivo diseña en paralelo la hoja de ruta de la campaña, con visitas a provincias, ejes discursivos y una narrativa apoyada en reformas. El oficialismo quiere hacer campaña con las leyes ya sancionadas -como la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la Ley Bases y los cambios sobre Glaciares- y con las iniciativas que todavía enviará al Congreso.

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La Casa Rosada incluirá en ese segundo grupo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el nuevo Código Penal, el paquete de desregulación y la reforma de seguridad. La intención es presentar esa agenda como una continuidad de gestión y no como promesas aisladas de campaña.

En el Ejecutivo buscan combinar ese mensaje con resultados macroeconómicos. En la mesa chica quieren que la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización financiera sean el centro de la oferta electoral, junto con indicadores de inseguridad que permitan contrastar la gestión nacional con la oposición.

El entorno del jefe de Estado planea volver a polarizar con “el modelo” del kirchnerismo y ubicar a Axel Kicillof como figura de choque.

En el oficialismo creen que el gobernador bonaerense puede funcionar como el principal contraste político para ordenar la campaña en la provincia de Buenos Aires y nacionalizar la discusión contra el peronismo.

En el Gobierno reconocen que Milei se moderará mientras sigan las negociaciones por la reforma electoral. En su entorno explican que el tono más dialoguista forma parte de un proceso para mostrar apertura con gobernadores y sectores moderados, pero aclaran que “no tiene nada que ver con el cierre de listas”.

El Ejecutivo insiste en que La Libertad Avanza planea competir con candidatos propios en varias provincias y que los acuerdos se definirán “distrito por distrito”. La idea es distinguir entre gobernabilidad y armado electoral: se puede negociar apoyo legislativo con mandatarios provinciales sin entregarles automáticamente el control de las candidaturas locales.

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La Casa Rosada sabe que el frente más sensible sigue siendo el Senado, donde distintos bloques aliados resisten la eliminación de las PASO y miran con reparos las colectoras. Aun así, en Nación creen que el incentivo electoral, los acuerdos provinciales y la necesidad de ordenar el calendario antes del Presupuesto pueden terminar inclinando la negociación.

En Balcarec 50 también buscarán apoyarse en los antecedentes de 2025 para ordenar los nuevos acuerdos territoriales. La lectura oficial es que los entendimientos más viables serán aquellos en los que los gobernadores conserven margen local y el mileísmo preserve el armado nacional, sin repetir un esquema único para todas las provincias.

Milei quiere llegar a septiembre con una secuencia política cerrada: reforma electoral encaminada, acuerdos con gobernadores, paquete legislativo en marcha y campaña en preparación. El cálculo oficial es que, si Santilli logra convertir la foto de Tucumán en votos concretos, Milei podrá entrar en la etapa electoral con reglas más favorables y una agenda centrada en reformas, economía y seguridad.

Gobierno, reforma electoral, Diego Santilli, Elecciones

El gobierno de la provincia de Santa Cruz mantiene desde hace más de un mes negociaciones con representantes de la Policía provincial, quienes sostienen protestas y acampes en reclamo de mejoras salariales. El conflicto continúa sin resolución.

Este viernes se realizó la octava reunión ordinaria del Consejo del Salario de Fuerzas Policiales y de Seguridad, donde las propuestas oficiales no fueron aceptadas. Participaron del encuentro representantes del Gobierno provincial, del Servicio Penitenciario y personal policial.

Según medios locales, se presentaron dos alternativas. La primera contempla los siguientes valores punto: julio $2.310,20; agosto $2.337,92; septiembre $2.365,98; octubre $2.394,37; noviembre $2.423,18 y diciembre $2.452,18, con revisión en octubre.

El valor punto es la cifra utilizada para calcular el sueldo del personal de la Policía de Santa Cruz. Multiplicando ese valor por los puntos asignados a cada cargo se determina el salario de cada efectivo.

La segunda alternativa propone llevar el valor punto en junio a $2.116,78 y luego: julio $2.142,19; agosto $2.167,89; septiembre $2.193,91; octubre $2.220,23; noviembre $2.246,88 y diciembre $2.273,84, con revisión en octubre.

En la primera alternativa, un agente o subayudante con base 0 de antigüedad, que hoy percibe $1.182.351 en los haberes de junio, pasaría a recibir aproximadamente $1.713.034 según la propuesta. Un cabo con base 4 en antigüedad, que hoy recibe $1.318.664, pasaría a percibir aproximadamente $1.773.810.

La segunda alternativa establece que un agente o subayudante con base 0 de antigüedad, actualmente con un haber de $1.182.351, pasaría a cobrar aproximadamente $1.608.049. Un cabo con base 4, que percibe $1.318.664, pasaría a recibir aproximadamente $1.703.170.

Sin embargo, las propuestas presentadas no lograron satisfacer las demandas del sector policial. Según informó el diario La Opinión Austral, la expectativa de los representantes es que un agente inicie su salario en $2.200.000 y que el valor punto, actualmente fijado en $2.084, alcance una cifra cercana a los $4.000.

Al concluir la reunión, el personal policial decidió intensificar las protestas. Instalaron carpas frente a la Casa de Gobierno, ocuparon parte del jardín del palacio gubernamental y realizaron un corte de calle en la zona donde se ubica la Jefatura de Policía. Medios locales reportaron que también se montaron carpas frente a la residencia oficial del gobernador y en el sector donde habitualmente pernocta Claudio Vidal durante su estadía en Río Gallegos.

El comunicado de la Provincia

Tras la fallida reunión del Consejo del Salario, el Gobierno provincial emitió un comunicado en el que denunció “hechos de violencia” y daños en las instalaciones de la Escuela de Policía, situaciones que, según indicó, precipitaron el cierre del encuentro.

En el documento, el Ejecutivo detalló que las propuestas salariales presentadas eran superiores a las ofrecidas en la reunión anterior y sostuvo que permitirían que un agente recién iniciado en la carrera percibiera un haber de bolsillo por encima de la Canasta Básica Total.

“Sin embargo, una vez más, prevaleció una postura de intransigencia por parte de los representantes del personal policial, particularmente de la Zona Sur, quienes rechazaron de plano las alternativas puestas sobre la mesa, sin que pudiera alcanzarse un acuerdo”, detallaron en el texto.

Asimismo, el Gobierno Provincial repudió los hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones de la Escuela de Policía. Según señalaron, se produjeron agresiones y roturas de vidrios del edificio, y adjuntaron las imágenes que ilustran esta nota.

“Pese al nuevo rechazo, el Poder Ejecutivo dejó expresamente asentada su voluntad de mantener abiertos los canales institucionales de diálogo para seguir trabajando en una solución que contemple las posibilidades financieras de la Provincia y reconozca el esfuerzo cotidiano del personal policial y penitenciario”, expresaron.

Finalmente, reafirmaron que continuarán realizando “todos los esfuerzos responsables” para mejorar las condiciones salariales del sector y remarcaron: “Resulta indispensable que las negociaciones se desarrollen con responsabilidad, buena fe y dentro del marco del respeto institucional, dejando de lado posiciones inflexibles que impiden avanzar hacia acuerdos en beneficio de todos“, cerraron.

Santa Cruz,Policia

Mientras la Justicia avanza en precisar el rol de la sobrina de Jesica Cirio, Priscila Ferrante, en el entramado de 70 propiedades y más de 200 vehículos vinculados al entorno del ex matrimonio de la modelo con Martín Insaurralde, otras pistas abren la puerta para lo que podría configurar una nueva línea de investigación sobre el origen de la fortuna del ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, luego de la difusión del video del vestidor con cajones llenos de dólares.

Hasta ahora, una de las incógnitas que rodeaban a Priscila Ferrante, señalada como la persona que presentó a Martín Insaurralde con Cirio, era cuál había sido su actividad laboral y su aumento patrimonial en los años en los que duró el vínculo.

Ex pareja de Heber Russo -procesado por fraude fiscal, lavado de dinero, y emisión de facturas truchas-, la figura de Ferrante llama cada vez más la atención de la Justicia, como posible presunta testaferro del ex intendente de Lomas de Zamora.

Documentación a la que accedió ¿La Ves? en exclusiva aporta un dato revelador: entre 2016 y 2018 Ferrante trabajó en relación de dependencia para la empresa All Ways Group S.A, una firma registrada en el rubro tecnológico vinculada al desarrollo y provisión de equipos de radares y cámaras utilizados en sistemas de fotomultas, un sector que desde hace años permanece bajo la lupa judicial por distintas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades y hechos de corrupción que comprometen a municipios bonaerenses y al propio gobierno de Axel Kicillof.

Uno de los hechos más elocuentes es que All Ways Group S.A. fue inscripta como proveedora del Gobierno de la provincia de Buenos Aires el 1 de octubre de 2021, apenas diez días después de que Martín Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete bonaerense, el 20 de septiembre de ese año.

Meses más tarde, ya durante 2022, fue el propio Insaurralde, en su carácter de jefe de Gabinete, quien firmó la homologación de equipos pertenecientes a esa empresa, trámite fundamental para que la empresa pudiera operar y ser contratada por gobiernos municipales y provinciales. Se tratan de dispositivos utilizados para el control del tránsito y las infracciones viales, entre ellos los mismos que emplea el Municipio de Lomas de Zamora para su sistema de fotomultas.

La información recolectada por este medio será entregada a la Justicia para que avance en determinar si, por ejemplo, All Ways Group fue contratada por esa y otras comunas, y por el gobierno provincial durante las distintas gestiones de Insaurralde.

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Según esta investigación, otra localidad que tiene registrada como proveedora a la empresa donde trabajó la sobrina de Cirio es Almirante Brown, gobernada por el kirchnerista Mariano Cascallares desde 2015 al 2021, y entre 2023 y 2025. Cascallares, que se desempeña ahora como diputado provincial por Unión por la Patria, tiene una histórica estrecha relación política con el dirigente lomense.

Otro dato importante que surge de la documentación es que no solo el domicilio legal de All Ways Group S.A., sino también nombres de algunos directivos, coinciden con el de otras empresas mencionadas en el denominado escándalo de las fotomultas, causa que en 2024 derivó en la salida y procesamiento del entonces ministro de Transporte bonaerense vinculado al Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, investigado por fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por irregularidades con los contratos con las empresas proveedoras de los radares de control de velocidad vial y con la Verificación Técnica Vehicular.

Martín Insaurralde, Jesica Cirio