POLITICA
Caputo analiza emitir un bono por hasta US$10.000 millones garantizado por el Banco Mundial
La noticia circuló como versión en la reunión del Fondo Monetario Internacional que se está celebrando en Washington. El equipo económico, con Luis Caputo a la cabeza, está negociando con el Banco Mundial y otros organismos multilaterales un préstamo que rondaría los 4000 millones de dólares. El desembolso depende de la aprobación del directorio del Banco. El significado de esta información adquiere su verdadera dimensión cuando se advierte que Caputo y sus colaboradores analizan tomar ese crédito como garantía para la emisión de un bono a través del cual recaudar un monto de mayor tamaño: se especula con que tomarían entre 8000 y 10.000 millones de dólares.
En el Ministerio de Economía se encargaron de enfriar la expectativa: fuentes oficiales negaron en la tarde del jueves que esté en carpeta una emisión de deuda de esas características.
El Tesoro enfrenta para el resto del año vencimientos por 9000 millones de dólares. El año próximo será mucho más exigente: la cuenta a saldar será de 27.000 millones. La operación que negocia el equipo económico, si se concreta, supone una mejora significativa de las perspectivas del programa económico. Sobre todo por la caída en el índice de riesgo-país. En consecuencia, también iría en ascenso la competitividad política de Javier Milei.
La emisión de deuda en el mercado convencional es una cuestión estratégica para Caputo. El último intento por conseguir ese objetivo fue vetado por Milei. Fue cuando el Presidente desautorizó la emisión de un papel para captar fondos a una tasa superior al 9%. La primera derivación de esa negativa fue la renuncia del secretario de Finanzas, Alejandro Lew. Fue reemplazado por Federico Furiase.
El objetivo casi exclusivo de Furiase, bajo la presión de Caputo, fue que se le habilite el acceso a los fondos con un costo inferior. La solución es la que se negocia en estas horas: que parte del riesgo crediticio lo asuma una institución más confiable que la Argentina. Según funcionarios que están al tanto de las tratativas, es la fórmula en la que aparece el Banco Mundial como garante de parte de ese crédito. En el terreno de las hipótesis, partiendo de la base de una operación de 10.000 millones de dólares (adicionales a lo que presten los organismos internacionales), se realizaría como sigue: 4000 millones de dólares se tomarían a una tasa de alrededor del 4%, que es la que cobra el Banco Mundial. Y los 6000 restantes se tomarían con una tasa del 9%. Quiere decir que para el volumen total del préstamo se estaría pagando una tasa del 7%.
El recurso al Banco Mundial completa una iniciativa de financiamiento que se está trabajando en el seno del equipo económico desde hace semanas, con la colaboración de un banco suizo.
El Gobierno hace tiempo que busca un éxito de dimensión simbólica: que la Argentina pueda, al fin, financiarse en el mercado voluntario de deuda. La imposibilidad de hacerlo venía siendo una de las principales carencias del programa liderado por Milei. Es cierto que habrá que disimular un detalle que no es tangencial si ocurriera como parte de las negociaciones en curso: ese objetivo no se alcanzaría al cabo de un proceso de acumulación de credibilidad, sino inoculando en la gestión oficial credibilidad ajena. En este caso, la del Banco Mundial. Dicho de otro modo, el escepticismo de Wall Street ante el programa de Milei no se habría doblegado.
Es una lógica que Caputo viene ensayando con contratiempos desde mediados del año pasado. Una vez que recibió el cheque de 20.000 millones de dólares del Tesoro de los Estados Unidos, buscó conseguir una suma similar para la recompra de deuda. Los bancos invitados para aportar los fondos pidieron una garantía del Tesoro, que Scott Bessent se negó a extender. El proyecto fracasó. Ahora se pretende ensayar el mismo truco de manera más modesta. Pero entre uno y otro experimento reaparece un factor vital para Milei: la vocación de los Estados Unidos, en rigor, de Donald Trump, para sostener la gestión de su aliado. La influencia del Tesoro sobre el Banco Mundial es determinante, aun cuando el actual presidente de la entidad, Ajay Banga, haya sido propuesto por el demócrata Joe Biden.
Durante la semana hubo un indicio de esta estrategia. Estaba en el párrafo del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional que se refiere a financiamiento. Dice así: “Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones cambiarias mediante la emisión continua de deuda nacional denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales. Se espera que, con el tiempo, esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales”.
Además del relativo valor simbólico de la emisión de un bono en el mercado de deuda, la novedad es muy beneficiosa para el Gobierno. Un problema crítico para Milei y Caputo es el del financiamiento del gasto público mientras se persevera en el equilibrio fiscal. La decisión de poner todo el peso en la reducción de las erogaciones no sólo llegó a su límite. Lo traspasó. Los recortes están produciendo crujidos en toda la administración, como se advierte en el conflicto que se abrió con los proveedores del PAMI, por citar el caso más estridente. Las autoridades podrán ejecutar el presupuesto de manera menos dramática.
Otro frente importantísimo es el de las reservas del Banco Central. Acumularlas es un imperativo categórico para la gestión de Milei. Pero esa mejora en el activo del Central resultaría ilusoria si los dólares que se adquieren son destinados al pago de la deuda del Tesoro. Si se confirma la posibilidad de endeudarse a una tasa más razonable el perfil de reservas del Central mejorará en términos absolutos.
Este último frente es siempre importantísimo. Pero adquiere una relevancia mayor en el actual contexto internacional. Aun cuando la guerra de Medio Oriente llegue a su fin, la crisis económica que se desencadenó por su culpa tendrá una duración inconveniente. Muchos bienes se van a encarecer. Sobre todo, los hidrocarburos y sus derivados estratégicos.
Por lo tanto, hay que esperar una amenaza inflacionaria, que los bancos centrales intentarán conjurar subiendo la tasa de interés. El primero de todos, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esa decisión financiera se proyectaría sobre la escena global como suele hacerlo: los países más necesitados de tener dólares son los primeros en recibir el azote del mercado. Es lo que sucedió en abril de 2018, inaugurando la lenta declinación del gobierno de Macri. Es el gran riesgo que enfrenta Milei, por culpa de una paradoja: su principal benefactor bilateral, Trump, es su máximo verdugo por sus jugadas en la arena internacional.
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POLITICA
El Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina por la explotación en las islas Malvinas
Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas y calificó la acción como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.
“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”.
Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”.
Por otro lado, indicó que esta semana el gobierno inglés le manifestó al canciller Pablo Quirno que “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las Islas no constituyen actos de una relación internacional responsables”.
“Son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó.
Asimismo, ratificó que Reino Unido continuará estando “codo a codo” con el gobierno inglés de Malvinas y con sus habitantes. “Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro. Como ha dejado claro el primer ministro, nuestro apoyo es inquebrantable”, cerró.
El arbitraje que pidió el Gobierno
Mediante un comunicado, el Gobierno anunció el pasado lunes el inicio de una gestión para comenzar un arbitraje con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.
“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, afirmó.
En su cuenta personal de X, Milei compartió el mensaje y aseguró que si en dos semanas Reino Unido no frenaba la explotación ilegítima, el país iba a recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un órgano independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas.
Según su página oficial, el Tribunal está compuesto por 21 miembros “independientes”, elegidos entre personas de “reconocida reputación por su imparcialidad e integridad, y de competencia comprobada en el ámbito del derecho del mar” y cuenta con “jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del convenio”.
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Ley de Tierras: la CGT repudió el fallo de la Corte Suprema y le exigió a Diputados que rechace el DNU de Milei
La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este miércoles el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023 y reclamó a la Cámara de Diputados que rechace el decreto del presidente Javier Milei, después de que el Senado avanzó en ese sentido.
La central obrera se refirió así al fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que inició la causa, no tenía legitimación para impulsar la demanda.
El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación, sino que, al dejar sin efecto el fallo de la Cámara, volvió a quedar vigente el artículo del DNU que eliminó la Ley 26.737 y, con ella, las restricciones que regían para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
“Expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia”, planteó el Consejo Directivo Nacional de la CGT en un comunicado. Para la organización sindical, la decisión judicial eliminó límites destinados a preservar el dominio nacional sobre el territorio.
La CGT vinculó el fallo con la pelea que atravesó el Congreso
En su pronunciamiento, la CGT refirió que las movilizaciones realizadas en las últimas semanas contra los cambios en el régimen de tierras reflejaron una presión social y política que frenó el intento del oficialismo por flexibilizar las restricciones en el Congreso y contrapuso ese escenario con lo ocurrido ahora en la Justicia.
“Lo que no pudieron imponer mediante el debate parlamentario, ahora vuelve a abrirse camino por una decisión del máximo tribunal”, cuestionó la central obrera.
La organización sindical afirmó además que el fallo “atenta contra la soberanía nacional” porque, según expresó, deja la tierra, el agua y otros recursos estratégicos “a merced del capital extranjero”. También cuestionó el papel de la Corte porque “atenta contra la división de poderes” y sostuvo que la resolución desconoce el rechazo expresado durante las protestas. “Un Poder Judicial que debería ser contrapeso termina convalidando en los hechos la voluntad del Poder Ejecutivo”, denunció.
Como solución, la conducción cegetista pidió que el conflicto se resuelva en terreno parlamentario y que la Cámara Baja avance contra el DNU 70/2023 y complete el rechazo legislativo que ya impulsó el Senado.
“La tierra argentina es patrimonio de nuestro pueblo y forma parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo, desarrollo y soberanía”, afirmó la CGT. Y cerró el comunicado con un rechazo a cualquier intento de “extranjerización indiscriminada” del territorio y un reclamo para que las instituciones respeten la voluntad expresada en las calles. “Nuestra soberanía no se negocia”, advirtió.
CGT, ley de tierras, DNU
POLITICA
Tras el fallo de la Corte sobre la ley de tierras, Bullrich se desmarcó del Gobierno y reconoció que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei
En un nuevo gesto de diferenciación, Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, señaló este miércoles que el intento del Gobierno de eliminar los límites a la venta de tierras a extranjeros, iniciativa que cayó el mes pasado tras una fuerte presión política y callejera, fue “apresurado”, y que hoy podría costarles la caída del megadecreto 70/2023 de Javier Milei.
La exministra de Seguridad se expresó así luego de que la Corte Suprema dejara ayer sin efecto, en la práctica, los límites a la venta de tierras a extranjeros. El sorpresivo fallo restituyó la vigencia de un artículo del DNU 70/2023 de Javier Milei que derogaba la ley de tierras (26.737), vigente desde 2011.
Durante su camino legislativo, la pretensión de sancionar la extranjerización de tierras llevó a múltiples postergaciones del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el que estaba incluida y, finalmente, terminó con la eliminación del capítulo en cuestión.
“Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún esta en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, dijo Bullrich respecto de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Y agregó: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque sino vamos contra nuestros propios actos”. Se refirió así a errores no forzados del Gobierno, que la senadora suele señalar.
Incluso reconoció que aquella estrategia que consideró equivocada podría derivar hoy en un rechazo del megadecreto en su conjunto. “[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]”, admitió, en diálogo con .
Durante las semanas más intensas del debate sobre el proyecto, la senadora negociaba los cambios para lograr el apoyo de los aliados del oficialismo, mientras el ministro planteaba objeciones a la redacción y las múltiples modificaciones al proyecto original.
El proyecto, ya sin el capítulo sobre tierras, logró en agosto la media sanción del Senado, pero aún espera ser tratado en Diputados.
Por estas horas, la oposición en Diputados busca forzar una sesión especial en contra del decreto 70/2023. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple −la mitad más uno de los presentes− para voltear el DNU, que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024. La intención de los bloques opositores es llamar a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el próximo 14.
¿Candidata en la Ciudad?
Al margen del desmarque del Gobierno, el último de una extensa lista que se fue ampliando en las últimas semanas, Bullrich no descartó la posibilidad de competir en las elecciones a jefe de gobierno porteño en 2027.
Durante su participación en un acto aniversario por la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, de cuya elaboración participó como convencional constituyente, la senadora dijo que tiene “toda la posibilidad y toda la capacidad” para postularse porque siempre ha tenido a cargo “áreas complejas”. “Podría ser”, indicó.
Sin embargo, advirtió que la decisión aún no está tomada, y en su entorno deslizan que “por ahora” prefiere competir a nivel nacional. “Donde la ponga la historia”, aclaran.
En las últimas semanas, la combinación de desmarques del oficialismo y declaraciones respecto de la importancia de que “el proyecto reelija” (sin alusiones a Milei) alimentó rumores sobre una posible ruptura.
Entre risas, hoy afirmó: “En el único lugar que me tienen que poner es en MasterChef [por el reality de cocina], aunque no me eligieron. Empezó el otro día”. Una broma con la que ya había esquivado las consultas sobre su rol en 2027.
Bullrich amagó con una candidatura en la Capital, distrito que representa en el Senado, a lo largo del año. A su vez, es la única libertaria que dice con firmeza que LLA y Pro deben sellar una alianza en la Ciudad. Los diálogos entre ambos espacios aún están “fríos” en Buenos Aires, reconocen ambas partes, mientras los legisladores violetas cuestionan la gestión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
Respecto de la administración del exintendente de Vicente López, la senadora dijo a que tiene “luces y sombras”. Valoró la política de ley y orden que impulsó Jorge Macri a partir de la derrota de Pro en la Ciudad en 2025, en la que quedó tercera después de LLA y el PJ: “Se ha encaminado en varios temas: el tema del orden, de las usurpaciones”.
Sin embargo, dijo que “faltan otras cosas” y cuestionó la prematura negociación “del contrato de la basura”. “Adelantar tanto una negociación me parece que tiene su lado oscuro”, remarcó.
De esa manera, la exministra se refirió al inminente inicio del proceso para renovar las concesiones de recolección de residuos en la Capital para el período 2028-2038.
Propuestas con sello porteño
Durante su intervención en el acto por el aniversario de 30 años de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, que organizaron entidades como el Consejo de la Magistratura porteño y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) en la Facultad de Derecho de la UBA, Bullrich retomó una propuesta de 1996 para la Capital.
Planteó que entre los 60 legisladores porteños, 30 podrían ser elegidos por barrio, lo que les daría “un compromiso más ligado a un territorio” y a “una identidad”. Esa es una “deuda” que le quedó pendiente de aquella época, cuando también era diputada nacional.
También señaló la falta de autonomía de la Capital en algunos aspectos como “el servicio penitenciario, gran parte de la Justicia, el puerto de la ciudad de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia”.
“Es una deuda que se va logrando, pero algunas veces con pasos lentos. Es importante apurar estos pasos para que la Justicia complete su autonomía”, dijo. Este año, el Congreso y la Legislatura aprobaron la transferencia del fuero laboral nacional a la órbita porteña y avanzan sobre la transferencia de la justicia de menores y la jurisdicción sobre varios delitos a manos del Poder Judicial porteño.
A la vez, cuestionó que la Ciudad, por ejemplo, “quiera” manejar la Policía y no a los presos. “Tiene que ser un tango que se baile de a dos”, expresó. “Si no, uno tiene la policía, que es fácil porque le da seguridad y puede formar su policía, pero el producto de la policía que son los detenidos los tiene la Nación”, añadió.
El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad se realizó bajo la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, durante la presidencia de Mauricio Macri.
También consideró que el distrito debería “hacer cambios en su estructura porque no vale tener plata y gastarla porque sí”. Si tiene una mejor recaudación que otras provincias, debe intentar “transferir la mayor cantidad de recursos al privado y bajar impuestos”.
La senadora compartió el panel con Gustavo Vivo, Alberto Maques, María Elena Barbagelata y Raúl Garré, también convencionales constituyentes de la Ciudad.
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