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POLITICA

Caputo analiza emitir un bono por hasta US$10.000 millones garantizado por el Banco Mundial

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La noticia circuló como versión en la reunión del Fondo Monetario Internacional que se está celebrando en Washington. El equipo económico, con Luis Caputo a la cabeza, está negociando con el Banco Mundial y otros organismos multilaterales un préstamo que rondaría los 4000 millones de dólares. El desembolso depende de la aprobación del directorio del Banco. El significado de esta información adquiere su verdadera dimensión cuando se advierte que Caputo y sus colaboradores analizan tomar ese crédito como garantía para la emisión de un bono a través del cual recaudar un monto de mayor tamaño: se especula con que tomarían entre 8000 y 10.000 millones de dólares.

En el Ministerio de Economía se encargaron de enfriar la expectativa: fuentes oficiales negaron en la tarde del jueves que esté en carpeta una emisión de deuda de esas características.

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El Tesoro enfrenta para el resto del año vencimientos por 9000 millones de dólares. El año próximo será mucho más exigente: la cuenta a saldar será de 27.000 millones. La operación que negocia el equipo económico, si se concreta, supone una mejora significativa de las perspectivas del programa económico. Sobre todo por la caída en el índice de riesgo-país. En consecuencia, también iría en ascenso la competitividad política de Javier Milei.

La emisión de deuda en el mercado convencional es una cuestión estratégica para Caputo. El último intento por conseguir ese objetivo fue vetado por Milei. Fue cuando el Presidente desautorizó la emisión de un papel para captar fondos a una tasa superior al 9%. La primera derivación de esa negativa fue la renuncia del secretario de Finanzas, Alejandro Lew. Fue reemplazado por Federico Furiase.

El objetivo casi exclusivo de Furiase, bajo la presión de Caputo, fue que se le habilite el acceso a los fondos con un costo inferior. La solución es la que se negocia en estas horas: que parte del riesgo crediticio lo asuma una institución más confiable que la Argentina. Según funcionarios que están al tanto de las tratativas, es la fórmula en la que aparece el Banco Mundial como garante de parte de ese crédito. En el terreno de las hipótesis, partiendo de la base de una operación de 10.000 millones de dólares (adicionales a lo que presten los organismos internacionales), se realizaría como sigue: 4000 millones de dólares se tomarían a una tasa de alrededor del 4%, que es la que cobra el Banco Mundial. Y los 6000 restantes se tomarían con una tasa del 9%. Quiere decir que para el volumen total del préstamo se estaría pagando una tasa del 7%.

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El recurso al Banco Mundial completa una iniciativa de financiamiento que se está trabajando en el seno del equipo económico desde hace semanas, con la colaboración de un banco suizo.

El Gobierno hace tiempo que busca un éxito de dimensión simbólica: que la Argentina pueda, al fin, financiarse en el mercado voluntario de deuda. La imposibilidad de hacerlo venía siendo una de las principales carencias del programa liderado por Milei. Es cierto que habrá que disimular un detalle que no es tangencial si ocurriera como parte de las negociaciones en curso: ese objetivo no se alcanzaría al cabo de un proceso de acumulación de credibilidad, sino inoculando en la gestión oficial credibilidad ajena. En este caso, la del Banco Mundial. Dicho de otro modo, el escepticismo de Wall Street ante el programa de Milei no se habría doblegado.

Es una lógica que Caputo viene ensayando con contratiempos desde mediados del año pasado. Una vez que recibió el cheque de 20.000 millones de dólares del Tesoro de los Estados Unidos, buscó conseguir una suma similar para la recompra de deuda. Los bancos invitados para aportar los fondos pidieron una garantía del Tesoro, que Scott Bessent se negó a extender. El proyecto fracasó. Ahora se pretende ensayar el mismo truco de manera más modesta. Pero entre uno y otro experimento reaparece un factor vital para Milei: la vocación de los Estados Unidos, en rigor, de Donald Trump, para sostener la gestión de su aliado. La influencia del Tesoro sobre el Banco Mundial es determinante, aun cuando el actual presidente de la entidad, Ajay Banga, haya sido propuesto por el demócrata Joe Biden.

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Durante la semana hubo un indicio de esta estrategia. Estaba en el párrafo del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional que se refiere a financiamiento. Dice así: “Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones cambiarias mediante la emisión continua de deuda nacional denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales. Se espera que, con el tiempo, esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales”.

Además del relativo valor simbólico de la emisión de un bono en el mercado de deuda, la novedad es muy beneficiosa para el Gobierno. Un problema crítico para Milei y Caputo es el del financiamiento del gasto público mientras se persevera en el equilibrio fiscal. La decisión de poner todo el peso en la reducción de las erogaciones no sólo llegó a su límite. Lo traspasó. Los recortes están produciendo crujidos en toda la administración, como se advierte en el conflicto que se abrió con los proveedores del PAMI, por citar el caso más estridente. Las autoridades podrán ejecutar el presupuesto de manera menos dramática.

Otro frente importantísimo es el de las reservas del Banco Central. Acumularlas es un imperativo categórico para la gestión de Milei. Pero esa mejora en el activo del Central resultaría ilusoria si los dólares que se adquieren son destinados al pago de la deuda del Tesoro. Si se confirma la posibilidad de endeudarse a una tasa más razonable el perfil de reservas del Central mejorará en términos absolutos.

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Este último frente es siempre importantísimo. Pero adquiere una relevancia mayor en el actual contexto internacional. Aun cuando la guerra de Medio Oriente llegue a su fin, la crisis económica que se desencadenó por su culpa tendrá una duración inconveniente. Muchos bienes se van a encarecer. Sobre todo, los hidrocarburos y sus derivados estratégicos.

Por lo tanto, hay que esperar una amenaza inflacionaria, que los bancos centrales intentarán conjurar subiendo la tasa de interés. El primero de todos, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esa decisión financiera se proyectaría sobre la escena global como suele hacerlo: los países más necesitados de tener dólares son los primeros en recibir el azote del mercado. Es lo que sucedió en abril de 2018, inaugurando la lenta declinación del gobierno de Macri. Es el gran riesgo que enfrenta Milei, por culpa de una paradoja: su principal benefactor bilateral, Trump, es su máximo verdugo por sus jugadas en la arena internacional.


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ARCA amplió su denuncia contra la AFA: habla de facturas truchas, una evasión de casi $300 millones, y acusa a Tapia y Toviggino de asociación ilícita

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Como es la nueva maniobra de facturas truchas que denuncia ARCA

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Pablo Toviggino declara ante el juez por la causa AFA. Foto Federico Lopez Claro

Otro informe repleto de irregularidades y sospechas contra AFA

Conferencia de prensa del Presidente AFA Claudio Chiqui Tapia .Fotos Emmanuel Fernández
La mansión de Villa Rosa denunciada como propiedad de presuntos testaferros de Pablo Toviggino por la Coalición Cívica.
Pablo Toviggino, Claudio Tapia y Cristian Malaspina, las piezas más importantes del Comité Ejecutivo de la AFA. Foto: Prensa Liga Profesional
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Los audios y los chats por el SIRA entre los involucrados en la causa: “A mí me cobran más o menos un 11 o un 12%”

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El peritaje sobre uno de los teléfonos secuestrados a Martín Migueles, ex socio y amigo de Elías Piccirillo, reveló un sistema paralelo para acelerar los tiempos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Migueles actuaba junto a otras personas, según surge de la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo.

En las conversaciones de WhatsApp obtenidas del teléfono de Migueles hay chats con una persona agendada como “Ariel Viken”, que en realidad se trata de Ariel Germán Saponara, un abogado que cumplía funciones en el Gobierno de la Ciudad. Según registros comerciales, ingresó en 2013 con un cargo en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.

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El 2 de marzo de 2023, en plena vigencia del cepo cambiario, Saponora le escribe: “Martin como va. Che tenes algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos. Son autoelevadores y repuestos de las mismas maquinas”.

Migueles le contesta: “Creo que tengo uno al 12″. La conversación avanza y Saponora agrega más datos: “Las SIRA son de 100 mil y del 150 mil. Tiene como 4. Esta gente está con máquinas. Y tengo varios !!! Se pueden sumar unos mangos ahi si las sacan bastante rapido en lo posible”.

El ex socio de Piccirillo luego manda un audio: “Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que dependiendo si tiene vuelta…o sea, si hay laburo yo creo que un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13 y a ver si le puedo sacar un 10… Ahora te digo bien”.

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Martín Migueles, investigado en la causa del dólar blue

En unos de los intercambios de 2023, Saponora asegura que está en el “ministerio”, sin dar precisiones. Llamativamente, en su sitio de Linkedin vigente figura como personal de Presidencia de la Nación.

“¿Qué haces Martín? ¿cómo andas? Sisi, quédate tranquilo. Pasa que estoy laburando acá en el Ministerio. Ya lo llamé y arreglamos. Ellos lo tienen que chequear con el despachante. No es que voy a salir corriendo. Que se queden tranquilos. Es Neme, boludo, Neme Sociedad Anónima. Son un monstruo, no se van a escapar, es un día más. Si no, prefiero no hacer nada. Si va a ser un rompedero de huevos tan grande prefiero no hacer nada y chau”, se escucha en un audio enviado el 14 de marzo.

La Justicia finalmente levantó este viernes el secreto de sumario en una de las causas que investiga el rulo financiero del dólar blue y en la que se detectaron irregularidades con el (SIRA). Antes de tomar esa decisión, Lijo ordenó este miércoles allanamientos en los domicilios de tres empresarios ligados al mundo financiero.

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Según consta en el expediente, al que accedió este medio, las pruebas contra esos nuevos imputados surgieron del teléfono de Migueles.

“A lo largo del intercambio ambos interlocutores delinean con mayor precisión el esquema económico de la operatoria. Migueles explica que la aprobación de la SIRA podía obtenerse en un plazo aproximado de una semana o diez días como máximo, y propone estructurar la operación de modo tal que a la empresa importadora se le cobrará un 13% calculado sobre el valor del dólar informal (“al blue”), quedando para ellos un margen aproximado del 2% a dividir entre ambos, luego de afrontar el pago de las sumas necesarias para obtener la aprobación», dice el expediente que estaba bajo secreto de sumario hasta hoy.

Martín Migueles, investigado en la causa del dólar blue
Martín Migueles, investigado en la causa del dólar blue

En una conversación del 3 de marzo, Saponara le manda a Migueles los datos de la empresa interesada en realizar la operación, Nemes S H De Fuentes N y Mazza (CUIT 30-68529714-7), y le indica que el monto de la importación involucrada ascendía a US$54.600. Más adelante agrega que ya había hecho gestiones similares para esa empresa, e incluso refiere que también había intervenido en operaciones de este tipo junto con un amigo suyo, propietario de la firma TEFASA.

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La Justicia rechazó suspender la nueva Ley de Glaciares tras una demanda de La Pampa y organizaciones ambientalistas

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La Justicia federal rechazó este viernes el pedido de suspensión inmediata de la nueva Ley de Glaciares impulsado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. También acompañaban la iniciativa la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientalistas.

La resolución fue firmada por el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric, que pese a rechazar la cautelar, sí habilitó el avance de la demanda colectiva contra el Estado nacional.

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Los demandantes sostuvieron que la nueva normativa “reduce el alcance de las áreas protegidas, flexibiliza el régimen de actividades prohibidas y debilita los mecanismos de control y evaluación ambiental”. Además, argumentaron que la reforma vulnera el “federalismo ambiental” previsto en la Constitución y afecta derechos vinculados al ambiente sano, el acceso al agua y la protección de las generaciones futuras.

Organizaciones ambientalistas se oponen a la aplicación de la reforma de La Ley de Glaciares. (Foto: Damián Dopacio/NA).

En su presentación, pidieron como medida cautelar urgente que se suspendiera la aplicación de la ley en todo el territorio nacional hasta que hubiera una sentencia definitiva. También reclamaron que tanto el Estado nacional como las provincias se abstuvieran de habilitar actividades que pudieran afectar glaciares, ambientes periglaciares o cuencas hídricas.

Leé también: La pregunta sobre los “sobresueldos” que incomodó a Caputo, Adorni y Monteoliva en Casa Rosada

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Entre los puntos cuestionados, señalaron que la nueva legislación modifica el funcionamiento del Inventario Nacional de Glaciares y otorga mayor margen de decisión a las provincias sobre qué áreas deben quedar protegidas.

Según la demanda, eso implicaría “un retroceso normativo” respecto del régimen anterior, ya que “el estándar uniforme de tutela cede ante un esquema en el cual la determinación efectiva de qué se protege y bajo qué condiciones depende, en aspectos sustanciales, de decisiones jurisdiccionales locales”.

También advirtieron sobre posibles consecuencias ambientales derivadas de actividades extractivas intensivas, como la minería, en zonas cercanas a glaciares y reservas de agua dulce.

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La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares en abril. (Foto: Diputados).
La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares en abril. (Foto: Diputados).

Sin embargo, el magistrado rechazó la cautelar y consideró que no estaban acreditados los requisitos necesarios para suspender provisoriamente una ley aprobada por el Congreso.

Baric sostuvo que los actores no demostraron “con el grado de probabilidad suficiente” la existencia de un daño concreto e inminente y remarcó que la norma fue impugnada “en abstracto”. “El pedido cautelar no resulta un medio apto para satisfacer el interés especulativo de los actores”, afirmó el juez en el fallo.

En otro tramo de la resolución, citó jurisprudencia de la Corte Suprema y recordó que “ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma”.

Además, señaló que los demandantes “no plantean ninguna actividad concreta de daño actual” ni identificaron proyectos específicos o glaciares determinados que estuvieran siendo afectados por la nueva legislación.

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Para el magistrado, tampoco quedó acreditado el “peligro en la demora” ni un perjuicio irreparable que justificara suspender la aplicación de la ley antes de una sentencia de fondo.

Pese al rechazo de la cautelar, el juez declaró “formalmente procedente” el amparo ambiental colectivo y ordenó correr traslado al Estado nacional, que deberá responder en un plazo de cinco días.

La causa ya fue inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, luego de verificarse que no existían otros expedientes similares en trámite.

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ley de glaciares, La Pampa, Justicia

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