POLITICA
“Que alguien le dé un tiro en la frente”: comienza el juicio contra una mujer de Entre Ríos que amenazó a Macri
“¡Por favor, que alguien le dé un tiro en la frente!”, escribió Stefanía Belén Troncoso. Su comentario era uno de los tantos que había en la noticia que anticipaba la visita presidencial del entonces mandatario Mauricio Macri en el muro del medio local Elonce.com. Este viernes 17 se realizará el juicio en su contra. Enfrentará una pena de entre 2 y 6 años.
Macri arribó por 13ª vez a Entre Ríos el 17 de julio de 2019. Ese día participó de la inauguración de maquinarias en un frigorífico cercano a la capital de la provincia Paraná. El contexto era poco favorable. Había caída de reservas internacionales, el riesgo país trepaba a 900 puntos, la inflación interanual acumulaba una suba del 54,4 % y el peso se había devaluado un 10 % desde marzo.
En ese contexto llegaría a las primarias de agosto acompañado de Miguel Ángel Pichetto como vice en la fórmula. Enfrente estarían quienes luego ganarían los comicios, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Mientras el entonces mandatario recorría las instalaciones de la nueva línea de faenado, dos personas llamaron al 0800 del Ministerio de Seguridad y advirtieron del posteo de Troncoso.
El caso se derivó a la Policía Federal. La fuerza conducida por Néstor Roncaglia (hoy ministro de Seguridad de Entre Ríos) radicó la denuncia en el Juzgado Federal de Julián Ercolini. El magistrado, por una cuestión de competencia territorial, derivó las actuaciones a su par de Paraná, Leandro Ríos.
Troncoso es una mujer joven. Su padre era miembro de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). El comentario que formuló quedó encuadrado en los lineamientos que había fijado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de tolerancia cero.
A raíz del episodio de un muchacho que posteó en Twitter una foto con balas y el nombre del presidente, la actual senadora había manifestado: “La política del Gobierno es la persecución penal de todas aquellas personas que generan amenazas de este tipo y quieren generar un clima de violencia”.
“Avanzamos con los departamentos de cibercrimen y con las denuncias a la línea 0800 del ministerio. Cuando esto ocurre, inmediatamente judicializamos los casos y los seguimos para que no queden sin resultados”, sentenció en la oportunidad.
Cómo continuó el caso
Cuando el expediente llegó a Paraná, pasó al fiscal Carlos García Escalada. El funcionario calificó de “grave” el incidente y solicitó la indagatoria de la mujer. Esta primera declaración se realizó el 3 de agosto de 2020 y la acusada prefirió guardar silencio. El juez Ríos resolvió procesarla el 14 de diciembre de ese año.
La defensa apeló la determinación, pero la Cámara de Apelaciones de Paraná ratificó lo decidido por el magistrado el 29 de abril de 2021. Durante la instrucción se produjeron una serie de pruebas que incrementaron el grosor del expediente.
Las fojas se fueron sumando con informes de empresas de telecomunicaciones, declaraciones testimoniales, informes de antecedentes penales e incluso un socio ambiental de Troncoso.
La acusada, en medio de la investigación, pidió declarar. En esa exposición confirmó que la cuenta desde la que se produjo la amenaza era de ella. Pero alegó que se la habían hackeado. Su defensa no presentó ningún elemento material para fundar el planteo.
Fue la Fiscalía la que pidió un peritaje de la cuenta. No se encontraron indicios que permitan sostener el argumento defensivo.
Troncoso está siendo representada por la Defensa Pública. Sus letrados pidieron el lunes el sobreseimiento por vulneración del plazo razonable. El fiscal José Ignacio Candioti se opuso y el juez que intervendrá en el juicio, Sebastián Gallino, rechazó el planteo. Horas antes de que se produzca la audiencia, la Defensa interpuso un pedido de probation. Será analizado a las 11 hs del viernes. Si hay acuerdo, se dispondrán medidas alternativas. De lo contrario, comenzará el juicio.
Los antecedentes marcan que la Justicia Federal no condenó a quienes realizaron amenazas a través de redes sociales contra Macri. En abril de 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi absolvió a un grupo de tuiteros. El magistrado consideró que los posteos fueron “meras expresiones sin ningún tipo de finalidad delictiva”.
Además, evaluó que formaron parte de “un repudio contra ciertas políticas que se llevan a cabo desde el Estado Nacional”. En esa línea, sopesó que se hicieron “sin la intencionalidad de provocar temor público, tumultos o desórdenes, y menos aún de lastimar o poner en riesgo la integridad física del presidente de la Nación”.
Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un expediente por presunto lavado de dinero que se inició en la provincia en diciembre pasado, informaron fuentes vinculadas al caso.
El fiscal que pidió estas detenciones, Pedro Simón, solicitó además las indagatorias de más de dos docenas de personas del entorno de ambos dirigentes del fútbol, entre quienes figuran los dueños formales de la fastuosa quinta de Pilar que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.
Como parte de la investigación, también fue alcanzada TourProdEnter, la empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, que de acuerdo a la investigación de desvío al menos US$42 millones a cuatro sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registra actividad comercial.
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Un fiscal de Santiago del Estero pidió la detención de Chiqui Tapia y de Toviggino en una causa por presunta corrupción en la AFA
Un verdadero terremoto sacudió este viernes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, le pidió al juez de turno la detención e indagatoria del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, junto a todo el entorno familiar y empresario de este último, por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.
La solicitud incluyó también allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, abarcando decenas de empresas, inmuebles y autos. El expediente, que inicialmente quedó en manos del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, pasó al juez de turno de Tucumán por las vacaciones del primero, según confirmaron fuentes oficiales.
Para el fiscal, Tapia y Toviggino integran “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”, según informó Clarín.
El fiscal fundamentó su solicitud en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones, que muestran un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados.
La investigación apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas a Toviggino –oriundo de Santiago del Estero– y a sus allegados. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones societarias e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.
Se sospecha que estos activos fueron comprados con dinero transferido desde la AFA a través de maniobras de blanqueo.
Entre los imputados, además de Tapia y Toviggino, aparecen Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana y Manuel Hernán Del Castillo Orellana.
también Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.
Entre las sociedades mencionadas en el dictamen fiscal aparece Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro, y dueña de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. También las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA y Norte Argentino.
El fiscal mencionó también a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturaciones a firmas vinculadas al tesorero de la AFA. Estas mismas empresas ya son objeto de análisis en otra causa que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
Leé también: Causa por la presunta evasión de $19.000 millones: pidieron agravar las acusaciones contra Tapia y Toviggino
En Santiago del Estero, la investigación se centró en los bienes radicados en la provincia y en las presuntas transferencias de fondos administrados por Tapia como presidente de la AFA hacia empresas controladas o vinculadas a Toviggino.
Esta genera un nuevo conflicto de competencia entre los tribunales federales de Santiago del Estero, Zárate-Campana y la Ciudad de Buenos Aires, que deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal.
AFA, Chiqui Tapia
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A pesar de un pedido de diputados y senadores peronistas, la Justicia rechazó beneficiar a De Vido con prisión domiciliaria
El Tribunal Oral Federal 4 rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Julio De Vido, pero pidió al Servicio Penitenciario Federal que mantenga y asegure los controles médicos necesarios para la atención integral de su salud en el penal de Ezeiza, donde el exministro kirchnerista cumple su condena por la tragedia de Once.
El rechazo fue acompañado por extensos informes médicos sobre la salud de De Vido y los argumentos de la fiscalía, que también se oponían a beneficiarlo con el arresto domiciliario.
En esencia, el juez de ejecución Ricardo Basílico consideró que los problemas de salud de Julio De Vido pueden ser tratados en el penal.
De todas formas, Basílico ordenó garantizar el control clínico y cardiológico permanente del exministro de Planificación, la realización de análisis de laboratorio y estudios complementarios, así como las consultas de especialidades que indiquen los médicos tratantes.
Frente al argumento de la edad, el juez también puntualizó que en el Servicio Penitenciario hay actualmente unos 144 reclusos mayores de 70 años y subrayó que la edad “por sí sola” no es un motivo suficiente para otorgar en forma automática el beneficio.
La defensa de Julio De Vido, a cargo de Maximiliano Rusconi, acompañó su pedido con una carta firmada por senadores y diputados peronistas, quienes expresaron su “profunda preocupación por la salud” de De Vido y las “tortuosas condiciones de detención que viene sufriendo”.
“De Vido tiene 76 años, es diabético, insulino dependiente y tiene lesiones coronarias severas, por lo que su delicada salud se ve agravada por las condiciones de detención en una Unidad Penitenciaria”, agregaron las cartas, que firman entre otros, los diputados Luana Volnovich, Jorge Taiana, Máximo Kirchner, Miguel Angel Pichetto, y los senadores Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti.
Desde diciembre pasado, el exministro y exdiputado del kirchnerismo cumple su pena de cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once en la cárcel.
De Vido, de 75 años, está preso en la colonia penal 19 de Ezeiza, junto a la cárcel de máxima seguridad.
El juez dijo que si bien tiene más de 70 años, edad a la que puede pedir el arresto domiciliario, ese beneficio no es automático.
“El solo cumplimiento de la edad cronológica prevista en la norma por parte de Julio Miguel De Vido no resulta, por sí mismo ni de manera automática, suficiente para habilitar la concesión” del arresto domiciliario, dijo el juez.
De Vido, que estaba en su chacra de Zárate, ubicada dentro del country Puerto Panal, fue preso luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena por la tragedia de Once.
Fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua por ser hallado culpable como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta de fondos públicos.
En este causa se consideró probado que De Vido, como ministro de Planificación, conocía y toleró el uso indebido de fondos públicos por parte de la concesionaria TBA, lo que perjudicó al Estado.
La empresa era la concesionaria del tren que descarriló al ingresar en la estación Once el miércoles 22 de febrero de 2012, causando la muerte de 52 personas.
El juez Basilico consideró que “el derecho a la salud del condenado se encuentra adecuadamente garantizado” porque tiene “asistencia médica en el ámbito penitenciario, sin que se haya demostrado que la privación de la libertad conlleve un menoscabo ilegítimo o desproporcionado de su integridad física”.
El magistrado destacó la cantidad de causas que tiene De Vido, entre ellas el juicio por los Cuadernos de las Coimas. “No encuentro justificación alguna que permita otorgar la prisión domiciliaria aquí solicitada”, dijo el juez.
Y mencionó que, ante “la contundencia de los informes periciales producidos”, no se advertía “situación alguna de razón humanitaria que justifique que el causante cumpla la detención producto de la sentencia condenatoria firme en la modalidad domiciliaria”.
Conforme a,,Presuntos testaferros. La jubilada y el monotributista ligados a la AFA adquirieron la mansión con helipuerto en un precio irrisorio,,Tensión entre Pro y LLA. Jorge Macri no descartó recurrir a la Corte si fracasa la negociación con Caputo por los fondos,,Sur Finanzas. Procesaron con prisión preventiva a la tesorera de la financiera vinculada a Chiqui Tapia
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