POLITICA
“Que alguien le dé un tiro en la frente”: comienza el juicio contra una mujer de Entre Ríos que amenazó a Macri
“¡Por favor, que alguien le dé un tiro en la frente!”, escribió Stefanía Belén Troncoso. Su comentario era uno de los tantos que había en la noticia que anticipaba la visita presidencial del entonces mandatario Mauricio Macri en el muro del medio local Elonce.com. Este viernes 17 se realizará el juicio en su contra. Enfrentará una pena de entre 2 y 6 años.
Macri arribó por 13ª vez a Entre Ríos el 17 de julio de 2019. Ese día participó de la inauguración de maquinarias en un frigorífico cercano a la capital de la provincia Paraná. El contexto era poco favorable. Había caída de reservas internacionales, el riesgo país trepaba a 900 puntos, la inflación interanual acumulaba una suba del 54,4 % y el peso se había devaluado un 10 % desde marzo.
En ese contexto llegaría a las primarias de agosto acompañado de Miguel Ángel Pichetto como vice en la fórmula. Enfrente estarían quienes luego ganarían los comicios, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Mientras el entonces mandatario recorría las instalaciones de la nueva línea de faenado, dos personas llamaron al 0800 del Ministerio de Seguridad y advirtieron del posteo de Troncoso.
El caso se derivó a la Policía Federal. La fuerza conducida por Néstor Roncaglia (hoy ministro de Seguridad de Entre Ríos) radicó la denuncia en el Juzgado Federal de Julián Ercolini. El magistrado, por una cuestión de competencia territorial, derivó las actuaciones a su par de Paraná, Leandro Ríos.
Troncoso es una mujer joven. Su padre era miembro de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). El comentario que formuló quedó encuadrado en los lineamientos que había fijado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de tolerancia cero.
A raíz del episodio de un muchacho que posteó en Twitter una foto con balas y el nombre del presidente, la actual senadora había manifestado: “La política del Gobierno es la persecución penal de todas aquellas personas que generan amenazas de este tipo y quieren generar un clima de violencia”.
“Avanzamos con los departamentos de cibercrimen y con las denuncias a la línea 0800 del ministerio. Cuando esto ocurre, inmediatamente judicializamos los casos y los seguimos para que no queden sin resultados”, sentenció en la oportunidad.
Cómo continuó el caso
Cuando el expediente llegó a Paraná, pasó al fiscal Carlos García Escalada. El funcionario calificó de “grave” el incidente y solicitó la indagatoria de la mujer. Esta primera declaración se realizó el 3 de agosto de 2020 y la acusada prefirió guardar silencio. El juez Ríos resolvió procesarla el 14 de diciembre de ese año.
La defensa apeló la determinación, pero la Cámara de Apelaciones de Paraná ratificó lo decidido por el magistrado el 29 de abril de 2021. Durante la instrucción se produjeron una serie de pruebas que incrementaron el grosor del expediente.
Las fojas se fueron sumando con informes de empresas de telecomunicaciones, declaraciones testimoniales, informes de antecedentes penales e incluso un socio ambiental de Troncoso.
La acusada, en medio de la investigación, pidió declarar. En esa exposición confirmó que la cuenta desde la que se produjo la amenaza era de ella. Pero alegó que se la habían hackeado. Su defensa no presentó ningún elemento material para fundar el planteo.
Fue la Fiscalía la que pidió un peritaje de la cuenta. No se encontraron indicios que permitan sostener el argumento defensivo.
Troncoso está siendo representada por la Defensa Pública. Sus letrados pidieron el lunes el sobreseimiento por vulneración del plazo razonable. El fiscal José Ignacio Candioti se opuso y el juez que intervendrá en el juicio, Sebastián Gallino, rechazó el planteo. Horas antes de que se produzca la audiencia, la Defensa interpuso un pedido de probation. Será analizado a las 11 hs del viernes. Si hay acuerdo, se dispondrán medidas alternativas. De lo contrario, comenzará el juicio.
Los antecedentes marcan que la Justicia Federal no condenó a quienes realizaron amenazas a través de redes sociales contra Macri. En abril de 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi absolvió a un grupo de tuiteros. El magistrado consideró que los posteos fueron “meras expresiones sin ningún tipo de finalidad delictiva”.
Además, evaluó que formaron parte de “un repudio contra ciertas políticas que se llevan a cabo desde el Estado Nacional”. En esa línea, sopesó que se hicieron “sin la intencionalidad de provocar temor público, tumultos o desórdenes, y menos aún de lastimar o poner en riesgo la integridad física del presidente de la Nación”.
POLITICA
El Gobierno celebró las declaraciones de Trump sobre Malvinas y analiza una posible mediación de EE.UU. en la disputa con el Reino Unido
El Gobierno celebró las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre Malvinas y evalúa la posibilidad de avanzar con alguna modalidad de participación de Estados Unidos en la disputa con el Reino Unido.
En la Casa Rosada consideran que el pronunciamiento del mandatario norteamericano fortalece la estrategia que Javier Milei puso en marcha durante las últimas semanas. “Es importante”, aseguran en Nación sobre el ofrecimiento.
Ante la posibilidad de aceptar formalmente una mediación estadounidense, sin embargo, en el Ejecutivo aclaran que todavía no hay una definición sobre el mecanismo que podría utilizarse ni sobre los pasos diplomáticos que seguiría la Argentina.
Trump volvió a referirse a las Malvinas este sábado durante una visita a Irlanda. El presidente estadounidense sostuvo que Argentina y el Reino Unido atraviesan una disputa que podría convertirse en un “desastre potencial” y afirmó que, si termina involucrado, cree que estaría en condiciones de ayudar a resolverla.
La lectura política de la Casa Rosada es favorable. “Todo lo que sea tema Malvinas nos sirve”, resumen en el Gobierno. En Nación consideran que las declaraciones ayudaron a mantener el reclamo en la agenda internacional y remarcan que la intención de Milei es profundizar la ofensiva diplomática, económica y legislativa iniciada a comienzos de septiembre.
En el Ejecutivo sostienen además que los sucesivos pronunciamientos de Trump no son hechos aislados. Aseguran que la Argentina mantiene desde hace meses conversaciones con funcionarios y referentes de la administración estadounidense sobre Malvinas y que las señales públicas del presidente republicano son leídas como consecuencia de ese trabajo previo.
“Lo que viene sucediendo no es casualidad”, expresan en ámbitos oficiales. La Casa Rosada ubica esos contactos dentro del alineamiento estratégico con Washington y destaca que Estados Unidos es actualmente uno de sus principales aliados en materia diplomática, económica, tecnológica, militar y de seguridad.
La diferencia con las declaraciones anteriores es que Trump avanzó ahora sobre su eventual participación directa en una salida diplomática. Hasta el momento, Washington había dado señales políticas favorables a revisar aspectos de su posición histórica, pero no se había instalado con tanta claridad la posibilidad de que el mandatario norteamericano interviniera personalmente.
Leé también: El Gobierno ajusta los detalles del proyecto sobre Malvinas y podría ampliar las sanciones a todas las actividades productivas
La Casa Rosada evita por eso anticipar si pedirá formalmente una mediación. La posición argentina sigue siendo que Buenos Aires y Londres deben retomar negociaciones por la soberanía, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas, y cualquier participación estadounidense deberá ser analizada en función de ese objetivo.
El tema tendrá una instancia política relevante durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Milei y Trump tienen previsto volver a encontrarse en ese marco, donde Malvinas quedará atravesada por una agenda bilateral más amplia entre ambos gobiernos.
Para el Ejecutivo, ese contacto permitirá medir hasta dónde está dispuesto a avanzar Washington. La Casa Rosada quiere saber si el ofrecimiento de Trump puede traducirse en una acción diplomática concreta o si permanecerá, por ahora, como una señal política destinada a alentar el diálogo entre la Argentina y el Reino Unido.
La estrategia argentina excede de todos modos una eventual mediación. Milei decidió llevar nuevamente el reclamo a la Asamblea General de la ONU, suspendió el viaje que evaluaba realizar a Londres y puso en marcha un paquete de medidas para elevar el costo de las actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización nacional.
El Gobierno enviará además al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones vigentes y ampliar su alcance. La Casa Rosada estudia extenderlas más allá de los hidrocarburos hacia pesca, minería, ganadería, agricultura, turismo y otras actividades productivas vinculadas con las islas.
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En paralelo, el Ejecutivo reforzó su despliegue en Tierra del Fuego. La estrategia contempla acelerar la Base Naval Integrada de Ushuaia, desarrollar un sistema permanente de vigilancia del Atlántico Sur con radares, telecomunicaciones e inteligencia de señales y fortalecer las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.
El vínculo con Estados Unidos atraviesa varios de esos capítulos. El Gobierno busca profundizar la cooperación con Washington en Defensa, infraestructura estratégica, tecnología y seguridad, mientras avanza además con requisitos para proveedores de infraestructura crítica y otras herramientas que acercan la política argentina a las prioridades de la administración Trump.
La definición pendiente es si ese alineamiento dará ahora un paso adicional en la cuestión Malvinas. La Casa Rosada considera que el ofrecimiento de Trump es una señal favorable y analiza sus alcances, pero todavía no resolvió aceptar formalmente una mediación. El próximo encuentro entre Milei y el presidente estadounidense en Naciones Unidas aparece como una de las primeras oportunidades para avanzar sobre esa posibilidad.
Gobierno, Donald Trump, Islas Malvinas
POLITICA
El exgobernador Sergio Urribarri fue trasladado a una cárcel de Gualeguaychú: cómo es la granja penal donde quedó alojado
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, fue trasladado durante la madrugada del viernes a la Unidad Penal N°9 – Granja Penal “El Potrero, de Gualeguaychú, para cumplir su condena por administración fraudulenta.
El exmandatario provincial fue trasladado desde la UPP1 de Paraná junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados por el mismo hecho de corrupción. El operativo comenzó cerca de las 4:30 y concluyó alrededor de las 8:20, cuando ingresaron al penal de Gualeguaychú bajo custodia del Servicio Penitenciario provincial.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná lo había condenado a Urribarri en abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Lo declaró culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Había sido detenido previamente en su domicilio de Concordia y alojado de manera transitoria en la cárcel de la capital entrerriana.
El esquema de penal granja
La llegada de los tres condenados se enmarca en un establecimiento que combina un régimen de seguridad con tareas agropecuarias, talleres de oficios y producción de alimentos.
La Unidad Penal 9 está ubicada sobre la ruta nacional 136, a la altura del kilómetro 26,5, y tiene capacidad para unos 500 reclusos. Dispone de diez pabellones para varones y uno para mujeres. Los internos son distribuidos según el tipo de causa que enfrentan y el régimen se apoya en la reinserción social mediante el trabajo.
La actividad agropecuaria es uno de los rasgos centrales de El Potrero. En el predio se crían cerdos, ovejas y gallinas, mientras que los detenidos participan en la faena, la producción de alimentos y el mantenimiento de la granja. La unidad cuenta además con una sala de faena de ovinos y una panadería que abastece de comida al penal, y ofrece tareas de albañilería, carpintería, tapicería y costura como parte de la capacitación laboral.
Uno de los proyectos desarrollados dentro de la cárcel es un taller de confección artesanal de pelotas de fútbol instalado en la biblioteca. La iniciativa surgió a partir de los conocimientos de un interno y luego se extendió a otros establecimientos penitenciarios de la provincia.
Además, durante el último año, la Unidad Penal 9 incorporó un Centro Operativo de Monitoreo para vigilar las áreas críticas del establecimiento en tiempo real. El sistema incluye domos de alta definición, cámaras en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, y permite supervisar el perímetro, atender situaciones críticas, controlar aspectos sanitarios y registrar incidentes durante las 24 horas.
El detalle de las condenas
Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Aguilera, expresidente del Partido Justicialista entrerriano y cuñado de Urribarri, recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva. El primero fue condenado por su intervención como funcionario y el segundo como autor material de los delitos investigados.
La sentencia determinó que Báez completará su pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. La resolución de la Corte Suprema habilitó al Ministerio Público Fiscal a pedir la detención inmediata de los tres condenados.
La investigación examinó maniobras iniciadas en 2010, cuando Urribarri encabezaba el gobierno provincial. La acusación sostuvo que se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas a Aguilera mediante un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos de la pauta oficial.
El proceso reunió a 13 imputados y abarcó cinco hechos principales. Entre ellos figuraron la contratación de la firma Global Means antes de su existencia formal, el manejo durante cinco años de la cartelería oficial a través de Tep SRL y Next SRL, y las operaciones identificadas como la causa del “Sueño Entrerriano”.
Las maniobras también incluyeron contratos para promocionar una Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador publicitario en Mar del Plata durante la temporada de verano. La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena el 31 de mayo de 2024 y rechazó una impugnación extraordinaria en agosto de ese año.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitó en octubre de 2024 el recurso ante la Corte Suprema, que dejó firme el fallo. Urribarri se convirtió así en el primer gobernador argentino que ingresó efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción.
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POLITICA
Representantes de la CGT y de movimientos sociales tendrán una audiencia con el papa León XIV antes de su visita a la Argentina
El papa León XIV mantendrá este sábado una audiencia privada con una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales, entre ellos dos referentes de la CGT, en el marco de los contactos previos a su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.
El encuentro se realizará a las 11 (16 hora argentina) en el Vaticano, como parte del IV Encuentro Sinodal “Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur”. Por la central obrera participarán Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, y Cristian Jerónimo, del gremio del vidrio y cotitular de la conducción cegetista, confirmaron fuentes gremiales a TN.
Los dos dirigentes viajaron a Roma como parte de una delegación del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (Cosate) de la OEA y aprovecharán el contacto con el Papa para pedirle una audiencia formal cuando llegue a la Argentina en noviembre. Además le entregarán un documento elaborado en el marco del encuentro sinodal, centrado en el diálogo social como “llave maestra” entre trabajadores y empresarios frente a la crisis socioambiental.
La CGT busca que la agenda de la visita papal incluya “desigualdad, protección de jubilados y niñez, migraciones y acceso a la salud”. En declaraciones previas al viaje, el dirigente también planteó la necesidad de un diálogo social tripartito en la región, el derecho a la negociación colectiva, la generación de trabajo decente y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.
El pedido de audiencia se da en un escenario de tensión entre la central obrera y el gobierno de Javier Milei, con el reclamo sindical puesto en la situación de los trabajadores durante la gestión libertaria. La visita de León XIV a la Argentina será la primera de su papado y genera expectativa por el peso que pueda tener su agenda social en medio de ese clima.
Los jefes de la CGT que viajan al Vaticano forman parte de una nutrida delegación internacional que reúne a centrales sindicales como la CSI, la CSA, la AFL-CIO y la Central Sindical de Canadá; cámaras empresariales de Estados Unidos y México; organismos como la OIT, la OEA, el BID y la CAF; conferencias episcopales; universidades católicas; movimientos populares argentinos como el MST y la UTEP; y empresas como Microsoft.
El objetivo ampliado del encuentro que impulsa León XIV es avanzar en una “agenda de responsabilidad compartida Norte-Sur para la cooperación multisectorial”, con conclusiones sobre seis ejes: inteligencia artificial y dignidad humana, formación para el diálogo socioambiental, organización comunitaria y cuidados, juventudes y adicciones, inteligencia artificial y amistad social, y transición energética y protección de territorios.
Un día antes de la audiencia con el Papa, este viernes 11 a las 13, está prevista una conferencia de prensa en la Sala Stampa de la Santa Sede, en la que hablarán, entre otros, el cardenal Jaime Spengler (presidente del CELAM), la titular de la AFL-CIO, Liz Schuler, y el propio Martínez.
papa León XIV, CGT
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