ECONOMIA
Juicios por riesgos del trabajo: la reforma laboral no frenó la avalancha y se proyecta otro año récord
El sistema de riesgos del trabajo inició 2026 con una dinámica de litigiosidad en alza que no se desaceleró tras la sanción de la nueva Ley de Modernización Laboral. A poco más de un mes de su aprobación, los datos del primer trimestre confirmaron que el volumen de demandas continuó en aumento y consolidó una tendencia que proyecta un nuevo récord para el año.
Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante marzo se notificaron 13.260 juicios contra las ART, el registro mensual más alto en lo que va del año. El dato elevó el total acumulado a 26.700 en los primeros tres meses de 2026. Esta marca superó los niveles del mismo período de 2025 y representó un salto respecto de febrero, a pesar del impacto estacional por la feria judicial de enero.
En la comparación interanual, marzo registró un incremento del 13% frente al mismo mes del año pasado. El comportamiento del primer trimestre sostuvo una tendencia creciente que ya se observaba en los meses previos y que se mantuvo sin cambios tras la entrada en vigencia del nuevo marco normativo, que reforzó algunos de los ejes que ya estaban en la reforma del sistema del 2017 (Ley 27.348) y sumó nuevas disposiciones.
Ingresaron 135.000 juicios, con un promedio superior a 11 mil demandas mensuales. Este ritmo permite proyectar un cierre para el 2026 en torno a los 138.000 litigios
La magnitud del fenómeno quedó aún más expuesta al ampliar el análisis al último año móvil: ingresaron 135.000 juicios, con un promedio superior a 11 mil demandas mensuales. Este ritmo permite proyectar un cierre para el 2026 en torno a los 138.000 litigios, por encima del récord de 134.000 causas registrado el año anterior.
Este aumento se sostiene sobre un flujo constante de demandas y en la persistencia de factores estructurales que impulsaron la judicialización.
La UART advirtió sobre el impacto del fenómeno para el sistema. Su presidenta, Mara Bettiol, dijo en diálogo con Infobae: “Los valores objetivos son lapidarios. Son muy mala noticia. Es otro aumento sobre un valor que ya había sido pico”.
El crecimiento reciente también fue subrayado por Bettiol: “Ahora este año, en el primer trimestre, los juicios crecieron 3,4% respecto del mismo período del año pasado”.
El crecimiento no resultó homogéneo, aunque se concentró en las jurisdicciones con mayor volumen de actividad. Aunque la suba no fue homogénea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lideró el incremento entre los distritos con mayor volumen. Fue allí donde se verificó una suba del 26,2% respecto de febrero y del 27,5% comparado con marzo de 2025, cifras que Bettiol calificó de “graves”.
En la provincia de Buenos Aires, el nivel de litigios mostró una baja en marzo frente a los picos de febrero, pero mantuvo un aumento cercano al 10% interanual. En tanto, Santa Fe sostuvo su trayectoria ascendente, con un incremento del 16% respecto del mismo período del año anterior.
El crecimiento no resultó homogéneo, aunque se concentró en las jurisdicciones con mayor volumen de actividad
En contraste, Mendoza y Córdoba presentaron una dinámica descendente en la comparación interanual, en un contexto de medidas orientadas a ordenar el funcionamiento del sistema en esas jurisdicciones.
El comportamiento del primer trimestre se dio en paralelo con la sanción de la nueva Ley de Modernización Laboral, aprobada a comienzos de marzo con el objetivo de introducir cambios estructurales en el sistema y reducir la litigiosidad. Sin embargo, en este primer tramo de aplicación, los datos no reflejaron una desaceleración en el ingreso de demandas. Es más, aumentó, lo cual fue analizado por el sector como una situación habitual cuando está al salir una nueva regulación.
La norma incorporó una serie de herramientas orientadas a mejorar la previsibilidad y ordenar aspectos clave del proceso judicial. Uno de los cambios centrales se vinculó con los honorarios periciales. A partir de la reforma, los peritos deben dejar de cobrar un porcentaje de la indemnización que ellos mismos determinan y pasan a un esquema de montos fijados por el juez según la tarea efectivamente realizada.
A partir de la reforma, los peritos deben dejar de cobrar un porcentaje de la indemnización que ellos mismos determinan y pasan a un esquema de montos fijados por el juez
El objetivo de esa modificación es reducir los incentivos a la sobreestimación de incapacidades y limitar la generación de diferencias entre los dictámenes administrativos y judiciales. En la misma línea, la ley estableció la obligación de los jueces laborales de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema, con la posibilidad de considerar su incumplimiento como causal de mal desempeño.
La reforma también incluyó la transferencia del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de ordenar la estructura judicial en esa jurisdicción, y la incorporación de parámetros técnicos vinculados a los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para reducir la discrecionalidad en las pericias.
En este último punto, la implementación plena de los CMF se mantuvo como uno de los principales desafíos. La falta de designación o funcionamiento efectivo en varias provincias generó incertidumbre en la evaluación de incapacidades y sostuvo un esquema con criterios dispares.
Mara Bettiol vinculó directamente ese aspecto con el crecimiento de la litigiosidad. “A efectos de atacar la judicialización, es clave que no haya brecha entre lo que dice el perito judicial y el porcentaje de la comisión médica. Mientras esa brecha exista, habrá un incentivo a litigar”, explicó.
La dirigente sostuvo que esa diferencia operó como motor de las demandas: “Si siempre el perito pone un plus, todos van a ir por más. Se están llevando puesto un sistema gracias a esos adicionales”. En ese sentido, planteó que el rol de la Justicia debería ser acotado: “Si no hubiera brecha, para qué vas a ir si sabés que el perito va a dictaminar lo mismo. La revisión judicial debería ser la excepción. No está la justicia para que todos los casos acudan ahí”.
El diagnóstico también incorporó una mirada de largo plazo sobre la evolución del sistema. Según detalló Bettiol, en 2003 se registraron alrededor de 3 mil juicios por año. A partir de 2004, la cantidad creció de manera sostenida hasta alcanzar un pico en 2017, lo que motivó la sanción de la Ley 27.348.
Es clave que no haya brecha entre lo que dice el perito judicial y el porcentaje de la comisión médica (Bettiol)
Tras la implementación de esa norma, el volumen de litigios descendió, pero la tendencia volvió a crecer a partir de 2019, en un contexto de incumplimiento de algunos de sus ejes centrales. Desde entonces, el número de demandas avanzó de forma sostenida hasta alcanzar los niveles actuales.
El impacto del aumento de juicios también se reflejó en los costos del sistema. La alícuota vigente se ubica en torno al 2,8/2,9% de la nómina salarial, un nivel que consideró insuficiente frente al volumen de litigiosidad. “La alícuota debería ser el doble de la actual. Pero no lo podés cobrar”, afirmó la presidente de la UART.
La información del sistema también mostró una fuerte concentración geográfica. En 2025, el 73% de los juicios se registró en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, un patrón que se mantuvo como rasgo estructural del esquema de litigiosidad.
Los indicadores de seguridad laboral siguieron una trayectoria diferente. Según datos del sector, los accidentes laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos descendieron un 80% desde la implementación del sistema, mientras que la judicialización avanzó en sentido contrario.
La comparación internacional también evidenció diferencias significativas. Mientras países como Chile y España registraron niveles considerablemente más bajos de juicios por cada 10 mil trabajadores, el índice local alcanzó 132,8, lo que ubicó a la Argentina muy por encima de esos parámetros.
En paralelo a las reformas legales, el sistema incorporó algunas iniciativas en distintas jurisdicciones para ordenar el proceso. En Santa Fe, la Corte Suprema provincial tomó juramento a peritos médicos forenses especializados y la Legislatura avanzó con una reforma procesal que estableció su intervención obligatoria. En Mendoza, en tanto, se anunció la ampliación del número de peritos dependientes del Poder Judicial.
También se registraron avances en la provincia de Buenos Aires con el fallo “Galarza” de la Suprema Corte, que buscó unificar criterios y limitar la generación de montos considerados desproporcionados. A nivel nacional, el Congreso aprobó el convenio para el traspaso de la Justicia del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y avanzó el proceso de selección de nuevos jueces laborales.
El Congreso aprobó el convenio para el traspaso de la Justicia del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y avanzó el proceso de selección de nuevos jueces laborales
“Ante un 2026 que proyecta cifras récord de demandas, la aprobación de la Ley de Modernización Laboral en febrero podría surgir como un pilar adicional para contener la industria del juicio. Este nuevo marco normativo, sumado al compromiso asumido por algunos gobiernos provinciales, sienta las bases para recuperar la seguridad jurídica perdida”, remarcó un informe de la UART.
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ECONOMIA
Rematan departamentos sin herederos y oficinas en CABA: dónde están, cómo son y cuál es el precio inicial
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ECONOMIA
Según el proyecto de Presupuesto, el gasto por empleado del Congreso será de casi $6 millones mensuales en 2027
Para la elaboración del Presupuesto se explicita que el Poder Legislativo Nacional cerrará 2026 con una partida de $936.680 millones, supera en 22,7% la autorización de gasto vigente
- La planta total prevista se reduciría de 13.454 a 12.978 empleados.
- El recorte equivale a 476 cargos, una baja del 3,5 por ciento.
- El crédito legislativo tendría un incremento real del 17,5% frente a la autorización ampliada vigente para 2026.
- El Senado mantendría su dotación de 5.018 empleados.
- Diputados reduciría su planta en 422 cargos, hasta 4.135 empleados.
La combinación de mayor presupuesto corriente y menor planta se traduce en un incremento real promedio del 28,3% en la asignación por empleado
- Asistencia Bibliográfica del Congreso pasaría de 1.244 a 788 empleados, una baja de 456 cargos equivalente al 36,7%, mientras su partida de gastos crecería 121% en términos reales.
- Dirección de Ayuda Social del Congreso reduciría su planta de 788 a 544 agentes, 244 cargos menos, con una caída real del 64,3% en su asignación presupuestaria.
- “Otros” sumaría 646 cargos, un 61,1%, hasta 1.704 empleados, con un incremento real del 129,4% en su presupuesto.
- Imprenta del Congreso y la Procuración Penitenciaria mantendrían su dotación estable, con subas reales de 26,8% y 0,4%, respectivamente.
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ECONOMIA
En negro y sin jefe: a qué se dedica y cuánto gana el sector de trabajadores qué más crece en la Argentina
La publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de los datos de mercado laboral del segundo trimestre del año reveló mucho más que un crecimiento leve del desempleo. Entre los datos del instituto estadístico, se distinguió con claridad una tendencia que se separa nítidamente de todas las otras: un salto del 317% en un año del cuentapropismo informal, es decir del trabajo independiente y en negro, como forma de subsistencia ante la escasa demanda de empleo en blanco. El salto, que llevó a ese colectivo a superar los 2 millones de personas, hizo que los especialistas ahondaran en los números para intentar entender quiénes son, a qué se dedican y cómo viven las personas que no consiguen, ni siquiera, un empleo en negro.
Lo que muestran los datos del mercado de trabajo es una caída histórica del empleo asalariado, independientemente de que sea en blanco o negro. En el segundo trimestre de 2026, los asalariados representaron el 70,5% de las personas ocupadas, el valor más bajo de toda la serie que releva el CIAS desde 2016 e igual al registrado en el cuarto trimestre de 2020, durante la pandemia. La caída de la asalarización implica que una proporción menor de quienes tienen trabajo se desempeña bajo una relación de dependencia, registrada o no.
En sentido inverso, el cuentapropismo llegó al 25,5% de los ocupados, tras subir 1,8 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2025. El incremento equivale a unas 307.000 personas más que pasaron a trabajar por su cuenta en apenas un año. El nivel actual se acerca al máximo de la serie, que se había alcanzado en 2020, cuando las restricciones sanitarias y la destrucción de empleo empujaron a más trabajadores hacia actividades independientes.
El agregado es que ese trabajo por cuenta propia tiende a ser, a su vez, informal. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la cantidad total de ocupados aumentó en 265.000 personas, pero los empleos informales crecieron en 348.000, mientras que los registrados descendieron en 83.000. En ese contexto, la tasa de informalidad general alcanzó el 45%, el valor más alto desde que el Indec comenzó a publicar esta medición a fines de 2023.
Los especialistas reniegan contra la idea de que es una cuestión de preferencias: no se trata de emprendedores que no quieren tener jefes. Se trata de personas que recurren a la única opción disponible.
Para Santiago Poy, vicerrector del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), el crecimiento de esta modalidad está ligado principalmente a la falta de ingresos y no a la aparición de nuevos emprendimientos con capacidad de expandirse. “Es un cuentapropismo de necesidad”, explicó a Infobae, porque se trata de personas que “se lanzan o desarrollan una actividad por su cuenta, principalmente por falta de ingresos”. El investigador lo diferenció del cuentapropismo “de oportunidad”, que puede generar actividades productivas, y advirtió que los bajos ingresos y la baja productividad ayudan a explicar su condición informal.
“A veces se explica la informalidad y el trabajo por cuenta propia como una preferencia de los jóvenes, algo que puede llegar a ser cierto en niveles económicos más bien altos. Esto no es una opción, sino una necesidad: los datos de ingresos muestran que trabajar en negro o por cuenta propia implica ganar muchísimo menos, no es algo que se elige”, dijo Claudio Caprarulo de Analytica a este medio.
Las brechas de ingresos, en este sentido, son muy claras. De acuerdo con datos del Instituto Universitario CIAS para el primer trimestre de 2026, los trabajadores por cuenta propia informales tuvieron un ingreso mensual promedio de $ 541.000 y una mediana de $ 400.000. El monto equivale a menos de la mitad del promedio de $ 1.391.000 que percibieron los cuentapropistas formales y quedó por debajo del ingreso medio de $ 1.104.000 para el conjunto de los ocupados.
La diferencia se sostuvo incluso al considerar la carga horaria: quienes trabajan por cuenta propia en la informalidad dedicaron en promedio 30,5 horas semanales a su actividad y obtuvieron $ 4.435 por hora, frente a las 38 horas y los $ 9.154 por hora de los formales. Además, el 55% de los informales ganó menos que el valor de la canasta básica de un adulto y el 29% declaró que trabajaba menos horas de las que deseaba.
A la hora de buscar cuáles son las salidas labrales que encuentra en estas personas, los números de la encuesta permanente de hogares muestran que la inserción laboral de ese grupo se concentra, ante todo, en actividades de baja escala y vinculadas al consumo cotidiano. El comercio reúne a 635.000 cuentapropistas informales, el 30% del total, con presencia en almacenes y kioscos, venta de mercaderías, ropa, calzado, ferias, puestos y comercialización por internet o redes sociales. La pequeña construcción agrupa a otros 402.000 trabajadores, el 19%, y está dominada por las changas y arreglos en casas particulares, mientras que los servicios personales suman 354.000 personas, el 17%, en rubros como peluquería, estética, jardinería, cuidado y recreación. También aparecen la producción artesanal e industrial, la reparación de autos y electrodomésticos, el traslado de pasajeros y la gastronomía, donde cocinar en casas particulares reúne 62.000 trabajadores. En varias de esas ocupaciones, la informalidad supera el 80% de quienes trabajan por cuenta propia.
En cuanto a su formación y ubicación geográfica, el perfil de los cuentapropistas informales combina una mayoría con niveles educativos medios o bajos y una fuerte presencia en el conurbano bonaerense. El 46% vive en los partidos del Gran Buenos Aires, aunque esa región reúne al 43% de los ocupados; le siguen la región pampeana, el Noroeste y Cuyo. El 49% no completó el secundario y otro 33% tiene el nivel medio terminado, mientras que solo el 7% alcanzó estudios superiores completos. La edad promedio es de 43 años y las mujeres representan el 42% del total, aunque su participación es mayoritaria en actividades como gastronomía, comercio de indumentaria, elaboración de alimentos, peluquería y cuidado personal.
Para Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, esta modalidad reúne mayormente a mujeres y adultos jóvenes con formación media o medio-baja, insertos en tareas de comercialización minorista y servicios personales. El especialista señaló a Infobae que se trata de “trabajo refugio frente a la pérdida de empleo”, pero también de una fuente complementaria de ingresos para personas ya ocupadas o integrantes de sus hogares. Las condiciones relevadas por CIAS reflejan esa precariedad: el 76% no dispone de un local, el 78% desarrolla su actividad en la casa del cliente o en la calle y el 22% no cuenta con máquinas, local ni vehículo para trabajar.
El deterioro de esos ingresos aparece en paralelo con el último dato de pobreza. El Indec informó el el jueves que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población y la indigencia al 7,5% durante el primer semestre de 2026, lo que equivale a 15,56 millones de personas bajo la línea de pobreza y 3,61 millones bajo la línea de indigencia. En ese período, el ingreso per cápita familiar aumentó en promedio 11,5%, por debajo de la suba de 21,4% de la canasta básica alimentaria —que determina la línea de indigencia— y del alza de 19,6% de la canasta básica total, utilizada para medir la pobreza.
La distancia entre ingresos y canastas permite poner en contexto el avance de las ocupaciones de menor remuneración y sin protección laboral. Entre los hogares pobres, el ingreso familiar promedio fue de $ 922.755, mientras que la canasta básica total necesaria para ese mismo grupo alcanzó los $ 1.440.395, una brecha de 35,9%. En ese marco, la expansión del cuentapropismo informal refleja la búsqueda de ingresos ante la falta de empleos formales, aunque los niveles de remuneración que ofrece esa actividad resultan insuficientes para cubrir el costo de las necesidades básicas en una parte significativa de los hogares.
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