INTERNACIONAL
Corrupción y falta de transparencia: diez años después del terremoto en Ecuador, las zonas afectadas siguen esperando la reconstrucción
Diez años después del terremoto del 16 de abril de 2016, en la costa ecuatoriana conviven dos paisajes que no terminan de encajar entre sí. En uno, hay mercados reconstruidos, carreteras nuevas, sistemas de agua que sí funcionan. En el otro, hay casas que nunca se levantaron, escuelas que siguen siendo provisionales y comunidades que todavía dependen de tanqueros para acceder a agua potable. Entre ambos escenarios, se instala una pregunta que no ha terminado de responderse del todo: qué pasó con la reconstrucción y por qué, a una década, sigue incompleta.
El terremoto de magnitud 7,8 sacudió especialmente a Manabí y Esmeraldas. En cuestión de días, el Estado desplegó un aparato institucional y financiero sin precedentes recientes: se creó el Comité de Reconstrucción, se aprobó la Ley de Solidaridad y se estimó un costo de más de USD 3.300 millones para la recuperación. La narrativa inicial impulsada por el gobierno de Rafael Correa, que entonces estaba en el cargo, fue la de una respuesta rápida, centralizada y con capacidad de movilizar recursos.
En los primeros años, esa promesa pareció materializarse parcialmente. Portoviejo recuperó su mercado central; en Pedernales se avanzó en sistemas de agua potable; se rehabilitaron tramos viales estratégicos y se levantaron centros de salud. La reconstrucción, en ese momento, se podía mostrar: había obras visibles, inauguraciones, cifras de ejecución. Pero ese impulso no se tradujo en un cierre integral del proceso.
Con el paso del tiempo, las brechas empezaron a hacerse más evidentes. La vivienda, que debía ser uno de los pilares de la recuperación, se convirtió en uno de los principales pendientes. En Pedernales, más de mil familias seguían esperando soluciones definitivas. En Muisne, el reasentamiento quedó a medio camino, con comunidades desplazadas que nunca lograron reconstruir completamente su vida en nuevos territorios. Incluso proyectos emblemáticos, como la donación internacional para miles de viviendas, no llegaron a ejecutarse.
El saneamiento básico es otro de los puntos críticos. A diez años del desastre, Pedernales sigue sin un sistema de alcantarillado completo. En Bahía de Caráquez y en zonas de Esmeraldas, el acceso a agua segura continúa siendo irregular. En educación, hay escuelas que no han sido reemplazadas definitivamente y que operan aún en condiciones provisionales. En salud, aunque se inauguró un hospital básico en Pedernales, no se alcanzó el nivel de atención originalmente prometido, y otros proyectos hospitalarios siguen sin concretarse.
Este conjunto de rezagos no es solo técnico. También refleja problemas e irregularidades en la forma en que se gestionó la reconstrucción. La ejecución de recursos fue desigual, los cambios institucionales fueron constantes y nunca existió un sistema público consolidado que permitiera seguir, con claridad, el avance de cada obra. A nivel fiscal, el proceso tampoco se cerró: incluso en 2025 y 2026 se seguían registrando recursos vinculados a la reconstrucción, lo que evidencia que el ciclo nunca terminó de completarse.
En paralelo a estas deudas materiales, se fue construyendo otra historia: la de las denuncias de corrupción. No apareció de inmediato, sino que se fue configurando con el tiempo, a medida que se revisaban contratos, se auditaban procesos y avanzaban investigaciones judiciales.
En ese contexto, el nombre de Jorge Glas se volvió inevitable. Como vicepresidente y presidente del Comité de Reconstrucción en ese momento, fue la figura política más visible del proceso. Su posterior condena en el Caso Odebrecht no estuvo directamente vinculada al terremoto, pero sí impactó la percepción pública sobre la integridad del manejo de recursos durante ese periodo.
Más adelante, las investigaciones se concentraron específicamente en la reconstrucción. El Caso Reconstrucción derivó en una sentencia por peculado que concluyó que existió direccionamiento de contratos en obras financiadas con fondos del 16A y estableció una reparación económica de USD 225 millones para el Estado. Ese fallo no solo confirmó irregularidades, sino que reforzó una percepción extendida en las zonas afectadas: que parte del dinero no llegó a donde debía.
Hablar de corrupción en este caso no implica reducir todo el proceso a un esquema ilícito, pero sí obliga a reconocer que existieron fallas graves en la gobernanza. La ausencia de un sistema de seguimiento transparente, la priorización de ciertas obras sobre otras y la fragmentación institucional crearon condiciones en las que el control fue débil.
Para quienes viven en Pedernales, Chamanga o Canoa, la corrupción no es un concepto abstracto ni un caso judicial lejano. Se traduce en preguntas concretas: por qué no se construyeron las casas prometidas, por qué el alcantarillado sigue pendiente, por qué hay obras que se quedaron a medio camino. En esas preguntas, el paso del tiempo pesa tanto como las cifras.
También hay una dimensión económica que ayuda a entender el malestar. Tras un impulso inicial impulsado por la reconstrucción, la reactivación productiva no logró consolidarse. La economía local, especialmente en Manabí, perdió dinamismo pocos años después del sismo, lo que reforzó la sensación de que la reconstrucción fue más visible en infraestructura que en desarrollo sostenido.
A diez años del 16A, el balance no es de ausencia de obra, sino de incompletitud. Hay activos construidos, pero también procesos inconclusos. Hay inversión ejecutada, pero con resultados desiguales. Y hay responsabilidades políticas y judiciales que siguen marcando la interpretación de lo ocurrido.
Las poblaciones afectadas, en ese contexto, no están esperando una nueva reconstrucción, sino el cierre de la que comenzó en 2016. Eso implica terminar lo pendiente, pero también aclarar lo ocurrido con los recursos y garantizar que los errores no se repitan. Porque en la memoria colectiva del 16A no solo quedó el momento del terremoto, sino también la década posterior: una en la que la promesa de reconstrucción avanzó, pero nunca terminó de cumplirse del todo.
INTERNACIONAL
Irán intensifica la represión con arrestos y ejecuciones en plena guerra con Estados Unidos
Irán ha intensificado la represión durante la guerra y la posterior tregua con Estados Unidos, con una oleada de ejecuciones y arrestos, denuncian los activistas, que piden que se incluyan los derechos humanos en las negociaciones.
La tregua de dos semanas que el presidente estadounidense Donald Trump ha prolongado indefinidamente para favorecer el diálogo no ha supuesto ningún respiro en la represión.
Casi a diario el régimen de los ayatollahs lleva a cabo ejecuciones en la horca de condenados considerados presos políticos y personas detenidas a veces simplemente por haber enviado vídeos a un medio de comunicación en el extranjero.
La última de ellas este miércoles: Mehdi Farid, condenado por vínculos con la agencia de espionaje israelí Mosad, informó el poder judicial.
Todo en un contexto de restricción de internet con un «apagón» que, según el observatorio Netblocks, empezó hace 53 días.
«La liberación inmediata de todos los presos políticos detenidos antes o después del estallido de la guerra debe ser una condición fundamental de cualquier acuerdo con la república islámica», estima Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la oenegé Iran Human Rights, con sede en Noruega.
El martes esta organización afirmó que al menos 3.646 personas han sido detenidas desde que estalló la guerra el 28 de febrero. De ellas por lo menos 767 desde el comienzo del alto el fuego el 8 de abril.
Los cargos incluyen espionaje, transmisión de imágenes o coordenadas de lugares a medios de comunicación con sede en el extranjero, intento de establecer células operativas o posesión de un terminal de internet Starlink.
El martes las autoridades también ejecutaron a un octavo hombre por las protestas antigubernamentales de enero pasado, que fueron reprimidas a sangre y fuego por las fuerzas de seguridad.
Desde que se reanudaron las ejecuciones el 19 de marzo, las autoridades iraníes también han ejecutado a ocho miembros del grupo opositor Muyahidines del Pueblo (MEK), prohibido en el país.
Iran Human Rights teme que otros detenidos sigan la misma suerte dado que «cientos de manifestantes se enfrentan actualmente a cargos que conllevan la pena capital, y al menos 30 ya han sido condenados a muerte».
El jefe del poder judicial, Qolam Hosein Mohseni Eyei, ordenó juicios por vía rápida para los detenidos por las protestas. Y el lunes dijo que aquellos considerados «colaboradores de un agresor hostil» serán tratados «sin clemencia».
El presidente estadounidense afirmó el martes a Irán que podría aumentar las posibilidades de éxito en las negociaciones de paz si libera a ocho mujeres que, según él, se exponen a ser ejecutadas.
Trump reproduce la afirmación de un activista proisraelí en Estados Unidos que sostiene en X que ocho mujeres se enfrentan a morir en la horca. El joven acompaña el mensaje con ocho fotografías sin nombres.
Según grupos de derechos humanos, incluido el Centro Abdorrahman Boroumand con sede en Estados Unidos, una mujer identificada como Bita Hemmati ha sido condenada a muerte por las protestas. Se le acusa de tirar bloques de hormigón desde un edificio contra la policía.
La organización con sede en París Together Against the Death Penalty (ECPM) y el IHR dieron cuenta la semana pasada de al menos a 48 mujeres ejecutadas en 2025 en Irán. Es el número más alto en más de 20 años.
Entre los detenidos figura la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh.
Su hija, Mehraveh Khandan, escribió en Instagram el sábado que su madre había llamado por teléfono por primera vez desde su arresto el 2 de abril. No se le permitió revelar dónde estaba detenida.
«La república islámica demostró en enero que no tiene reparos en matar a los manifestantes a gran escala», denuncia Roya Boroumand, cofundadora del Centro Abdorrahman Boroumand.
«En ese contexto, el silencio en torno al destino de los iraníes en las negociaciones actuales no hace más que tranquilizar al régimen (acerca) de que el costo político de otra represión masiva será bajo», añadió.
INTERNACIONAL
Corrupción en Turquía: un tribunal dictó prisión preventiva para 19 detenidos por supuestos sobornos y manipulaciones de licitaciones
Un tribunal de Turquía ordenó la prisión preventiva de una veintena de personas, incluido el alcalde del distrito de Atasehir, en Estambul, en el marco de una investigación por presunta corrupción que involucra al principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). La justicia turca informó que el alcalde Onursal Adigüzel y otras 18 personas enfrentan cargos que incluyen soborno, manipulación de licitaciones y pertenencia a organización criminal.
Los detenidos aguardan ahora el inicio del juicio, en una causa que investiga el presunto cobro de sobornos a cambio de licencias de construcción y permisos de urbanismo, según la agencia estatal Anadolu.
Tras la detención, el Ministerio del Interior anunció la destitución temporal de Adigüzel como regidor de Atasehir, en aplicación de la Constitución y la Ley de Municipios de Turquía.
El alcalde destituido de Estambul, Ekrem Imamoglu, también miembro del CHP, fue enviado a prisión preventiva en marzo del año pasado, coincidiendo con su designación como candidato opositor a las elecciones presidenciales previstas para 2028. Imamoglu es investigado por supuestamente liderar una red criminal, por lo que la Fiscalía solicita una condena de más de 2.300 años de cárcel.
La oposición, encabezada por el CHP, denunció en reiteradas ocasiones que el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan utiliza la justicia para acallar a sus críticos, en el contexto de las aspiraciones de Imamoglu de competir en las próximas elecciones presidenciales.
A su vez, Amnistía Internacional denunció el martes en su informe anual que Turquía mantuvo en 2025 una política de persecución judicial contra defensores de derechos humanos y amplió estas acciones a políticos de la oposición y sus simpatizantes. La organización señaló que se intensificaron las investigaciones infundadas, los procesamientos y las sentencias condenatorias contra defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas, además de injerencias del Ejecutivo en el Poder Judicial.
Según el documento, esta política, habitual en los últimos años bajo el gobierno del partido islamista AKP, se extendió por primera vez a gran escala en 2025 al principal bloque opositor parlamentario, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Las autoridades abrieron investigaciones y procesos penales contra decenas de representantes electos y miembros del CHP en todo el país, en el marco de una represión generalizada.
El caso más destacado es el del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, candidato presidencial del CHP, quien permanece en prisión preventiva desde marzo de 2025 por cargos de corrupción. Su detención desató protestas ciudadanas, en parte reprimidas por la policía mediante el uso de fuerza ilícita y malos tratos, según detalló la organización.
Amnistía Internacional documentó también prohibiciones y restricciones a marchas y protestas cívicas, como el Día de la Mujer, el Día del Trabajo y la marcha del Orgullo. El informe incluye detenciones y encarcelamientos de activistas y periodistas vinculados a grupos legales de izquierda, así como de defensores de los derechos de los kurdos y otras minorías.
Permanecen en prisión los ex dirigentes del partido prokurdo HDP, Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, encarcelados desde 2016, y el empresario cultural Osman Kavala, detenido en 2017, pese a sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenaron su liberación.
El informe también menciona el inicio de un proceso para destituir a la cúpula del Colegio de Abogados de Estambul, acusada de “propaganda terrorista” tras pedir investigar la muerte de dos periodistas turcos en un ataque aéreo en Siria en 2024. Amnistía Internacional resaltó además el caso de dos activistas turkmenos detenidos y posiblemente deportados, cuyo paradero se desconoce.
La violencia machista persiste como un problema grave en Turquía, con 294 mujeres asesinadas y otras 297 encontradas muertas en circunstancias sospechosas durante 2025.
(Con información de Europa Press y EFE)
Crime,Europe,Middle East,Government / Politics
INTERNACIONAL
Hezbollah disarmament deadlock risks civil war, analysts say, as US prepares for Israel–Lebanon talks
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As Israel and Lebanon return to U.S.-brokered talks Thursday in Washington, the central question is the one that has derailed every previous attempt at a lasting deal: What happens to Hezbollah, an Iran-backed terror organization?
An Israeli official told Fox News Digital that the meeting, hosted by Secretary of State Marco Rubio, will include senior U.S. officials — U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee, U.S. Ambassador to Lebanon Michel Issa and Counselor Michael Needham — alongside Israeli Ambassador Yechiel Leiter and Lebanese Ambassador Nada Hamadeh.
A State Department spokesperson called the initial April 14 meeting «productive.» «We will continue to facilitate direct, good-faith discussions between the two governments,» the spokesperson told Fox News Digital.
The meeting comes as a fragile U.S.-brokered ceasefire, reached in mid-April, is holding for now, offering what officials describe as a narrow window for diplomacy after weeks of cross-border fighting.
ISRAEL-HEZBOLLAH TRUCE IN JEOPARDY AFTER ROCKET BARRAGE KILLS 6
From left, Michael Needham, counselor for the U.S. Dept. of State, U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz, Secretary of State Marco Rubio, U.S. Ambassador to Lebanon Michel Issa, Lebanese Ambassador to the U.S. Nada Hamadeh Moawad, and Israeli Ambassador to the U.S. Yechiel Leiter pose for a photo before a meeting at the State Department in Washington, April 14, 2026. (Jacquelyn Martin/AP Photo)
But the truce has not resolved the underlying conflict — only paused it.
The latest escalation began March 2, when Hezbollah launched attacks on Israel’s northern border, opening a new front in the regional war days after U.S.–Israeli strikes on Iran Feb. 28, according to prior reporting.
Israel responded with sustained air and ground operations across southern Lebanon aimed at pushing Hezbollah forces away from the border, while Hezbollah continued firing rockets and drones into northern Israel.
The fighting displaced more than a million people in Lebanon and forced Israeli civilians into shelters, underscoring the scale of the escalation.
MACRON UNDER FIRE OVER IRAN, HEZBOLLAH POLICY AS TRUMP ADMIN HOSTS ISRAEL-LEBANON TALKS
The truce has not resolved the underlying conflict — only paused it. (Ammar Awad/Reuters)
Now, even as the guns have temporarily quieted, the core conditions that led to the war remain unchanged — leaving negotiators to grapple with the same unresolved question at the heart of the conflict.
A senior U.S. official familiar with the negotiations described the core dilemma: Hezbollah will not agree to disarm without a full Israeli withdrawal from southern Lebanon, while Israel will not withdraw without Hezbollah disarming.
International mechanisms — including the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) and a multilateral coordination group — have been working to bridge that gap since late 2024, without success.
The same official also indicated that Lebanon’s president, Joseph Aoun, is not necessarily the decisive factor in these discussions, but Nabih Berri, speaker of the nation’s House, is the one with true authority, not Aoun.
At the same time, Hezbollah has remained opposed to any contact with Israel and continues to exert significant influence over Lebanon’s political and security decisions, complicating U.S. efforts to advance talks.
Inside Lebanon, however, frustration with Hezbollah appears to be growing.
ISRAEL ‘MOVING FORWARD’ ON POSSIBLE HEZBOLLAH CEASE-FIRE, OFFICIAL SAYS
An explosion erupts from a building following an Israeli strike in central Beirut, Lebanon, March 18, 2026. (Hussein Malla/AP Photo)
«There is a growing sense across Lebanon that any U.S.-brokered negotiation track could be a rare opportunity to restore balance to the state,» said Rami Naeem, a Lebanese journalist and analyst with Jusoor News.
«Hezbollah’s continued military and political dominance is widely seen as a central driver of the collapse, and even a gradual or indirect opening with Israel could help rebuild state institutions and their role.»
Mariam Kasrawani, a Lebanese analyst at Jusoor News, said criticism is becoming more explicit.
«It is becoming harder to ignore the depth of the crisis,» she said. «Some are now saying it plainly: Hezbollah has taken Lebanon as a whole — and Shia in particular — to a very bad place.»
«I’m not at all optimistic,» said Barak Seener of the Henry Jackson Society think tank.
«Lebanon is far too weak and divided to force Hezbollah to disarm. And Hezbollah … is so enmeshed in Lebanon’s political system. Any attempt to disarm Hezbollah risks civil war.»
CARTEL CONNECTION: HEZBOLLAH AND IRAN EXPLOIT MADURO’S VENEZUELA FOR COCAINE CASH
As Israel and Lebanon return to U.S.-brokered talks Thursday in Washington, the central question is the one that has derailed every previous attempt at a lasting deal: What happens to Hezbollah, an Iran-backed terror organization? (Fadel Itani/NurPhoto via Getty Images)
Instead, Seener said, the talks are focused on limited, tactical goals.
«Talks are focused on ceasefire expansion, Hezbollah withdrawal from border zones, and an expanded presence of the Lebanese army … talks are not at all focused on disarmament.»
That gap underscores what he described as the real nature of the process.
«I think that these talks are doomed to failure,» Seener said. «I think Israel is currently engaged in conflict management.»
Adding to the uncertainty are reports from the Saudi daily Asharq Al-Awsat that the U.S. may press Lebanon to repeal its 1955 Israel Boycott Law, which bans contact with Israelis.
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The meeting comes as a fragile U.S.-brokered ceasefire, reached in mid-April, is holding for now, offering what officials describe as a narrow window for diplomacy after weeks of cross-border fighting. (Adri Salido/Getty Images)
The report frames such a move as a step toward normalization but provides no details and has not been confirmed by U.S. or Lebanese officials.
Fox News Digital reached out for comment from the State Department and the Lebanese Embassy in D.C. but did not receive a response in time for publication.
middle east foreign policy, lebanon, counter terrorism, israel, state department
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