POLITICA
Un año sin el papa Francisco: la Iglesia reivindicará en Luján y Flores un legado pastoral, social y también político
La Iglesia iniciará esta semana una secuencia de homenajes al Papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su muerte, con una agenda que combinará liturgia, memoria pastoral, señales políticas y un trasfondo social atravesado por una creciente manifestación de fervor religioso. El primer hito será en la Basílica de Luján, donde se realizará el acto central con presencia de autoridades nacionales, mientras que la segunda estación será en la Basílica de San José de Flores, un templo profundamente ligado a la biografía espiritual y pastoral de Jorge Mario Bergoglio.
La secuencia no es meramente conmemorativa. La Iglesia busca, en esta semana, ordenar una narrativa sobre el legado de Francisco que exceda el recuerdo y lo proyecte como una referencia activa en la Argentina contemporánea. En ese intento confluyen dimensiones diversas: la pastoral —anclada en su prédica sobre la misericordia y la cercanía—, la política —inevitable por el peso simbólico del pontífice— y la social, donde emerge con fuerza una religiosidad popular que vuelve a ocupar el espacio público.
El acto en Luján concentrará la mayor densidad institucional. Fuentes oficiales informaron a Infobae que habrá presencia del Gobierno nacional en la ceremonia central en un gesto que introduce una lectura política inevitable. Funcionarios del gabinete confirmaron su asistencia, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel participará en su carácter de titular del Poder Ejecutivo durante el viaje de Javier Milei.
La escena, por lo tanto, no se limitará a una conmemoración religiosa: será también una instancia de representación estatal en uno de los santuarios más significativos del país.
La Basílica de Luján no es un escenario neutro. Históricamente, ha funcionado como un punto de convergencia entre fe, identidad nacional y poder político. Las peregrinaciones, las celebraciones patrias y las presencias oficiales han consolidado ese carácter. En ese marco, el homenaje a Francisco adquiere una dimensión adicional: se convierte en un espacio donde se pone en juego la interpretación de su legado en el presente.
Para la Iglesia, ese legado remite a una pastoral centrada en la inclusión, la opción por los pobres y el compromiso con las periferias. Para la dirigencia política, en cambio, la figura de Francisco puede operar como referencia moral, como punto de contraste o como territorio de disputa simbólica. Esa tensión —latente pero persistente— atravesará la ceremonia.
La participación de la vicepresidenta refuerza ese carácter. No se trata solo de un gesto protocolar, sino de una intervención en un ámbito cargado de significación histórica. La imagen de Villarruel en Luján en el marco de un homenaje a Francisco, proyecta múltiples lecturas: institucionales, políticas y también culturales, en un país donde la religiosidad popular sigue siendo un factor de cohesión social.
Ese trasfondo social se volvió visible en los días previos. El fin de semana estuvo marcado por manifestaciones multitudinarias de fe que funcionaron como antesala de la semana conmemorativa. En la Plaza de Mayo, miles de personas participaron de un evento en homenaje al Papa, con una puesta que combinó elementos litúrgicos y expresiones culturales contemporáneas, incluyendo la actuación del DJ portugués Guilherme Peixoto.
La escena, inusual por su formato, condensó una tendencia más amplia: la reconfiguración de la religiosidad popular en clave contemporánea. No se trató de una ceremonia tradicional, sino de una experiencia colectiva que integró música, espiritualidad y espacio público. La masividad del encuentro evidenció que la figura de Francisco sigue movilizando a sectores diversos de la sociedad, más allá de las estructuras formales de la Iglesia.
Ese mismo pulso se replicó este domingo con las celebraciones por el Día de San Expedito, una de las devociones más extendidas en la Argentina. Iglesias y capillas registraron una concurrencia masiva de fieles, en lo que constituye uno de los fenómenos más visibles de la religiosidad popular urbana. La coincidencia temporal con los homenajes a Francisco refuerza la percepción de un clima de movilización espiritual.
En términos sociológicos, la convergencia de estos eventos sugiere un proceso de revitalización de la fe en el espacio público. No necesariamente bajo formas institucionales clásicas, sino a través de expresiones híbridas que combinan tradición, cultura y participación masiva. En ese contexto, la figura de Francisco opera como catalizador: un símbolo capaz de articular distintas formas de religiosidad.
La iglesia de Bergoglio
La segunda estación de la semana será el martes, a las 20, en la Basílica de San José de Flores. Allí, el Arzobispado de Buenos Aires convocó a una misa por el primer aniversario del fallecimiento del Papa, que será presidida por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva y transmitida en vivo. A diferencia de Luján, donde predominará la dimensión institucional, en Flores la Iglesia buscará enfatizar el vínculo personal y pastoral de Bergoglio con su ciudad.
El templo de Flores ocupa un lugar singular en esa historia. Inaugurado en 1831, es reconocido por el cariño que Francisco le tenía y por su significado en la construcción de su identidad sacerdotal. La elección de ese escenario no es casual: apunta a recuperar la dimensión más íntima de su figura, la del pastor que recorrió parroquias, villas y barrios antes de convertirse en pontífice.
En esa clave, la misa en Flores funcionará como un contrapunto necesario frente a la carga política de Luján. Allí, el eje estará puesto en la memoria espiritual, en la oración comunitaria y en la evocación de un legado pastoral que la Iglesia busca mantener vigente. Es, en términos narrativos, el retorno a la fuente: el Bergoglio anterior al Papa, el arzobispo de Buenos Aires que construyó su identidad en el territorio.
La semana de homenajes se inscribe, además, en la agenda interna de la Iglesia. La ceremonia en Luján coincidirá con el encuentro plenario de la Comisión Episcopal Argentina, donde los obispos analizarán la situación del país y definirán líneas pastorales para los próximos meses. La figura de Francisco, en ese contexto, funciona como eje de referencia doctrinal y también como punto de articulación para el debate interno.
No es un dato menor. A un año de su muerte, el legado sigue siendo objeto de interpretaciones dentro de la propia Iglesia. Su pontificado dejó una impronta fuerte, pero también abrió discusiones sobre el rol de la institución frente a los desafíos contemporáneos. La conmemoración, entonces, no es solo un acto de memoria: es también un momento de redefinición.
Para el Gobierno, la participación en los homenajes representa un equilibrio delicado. La relación con la Iglesia ha tenido momentos de tensión, especialmente en torno a cuestiones sociales y económicas. Sin embargo, la figura de Francisco introduce una variable particular: su condición de argentino y su proyección global obligan a una calibración cuidadosa de los gestos.
La presencia de funcionarios en Luján puede interpretarse como un reconocimiento de ese peso simbólico. No implica necesariamente una convergencia con la agenda eclesial, pero sí el entendimiento de que la Iglesia sigue siendo un actor relevante en la configuración del clima social y político. En la relación entre la Casa Rosada y la Curia argentina emergió en las últimas semanas un interlocutor con mayor vocación de diálogo: el canciller Pablo Quirno.
En paralelo, la participación de dirigentes sociales, referentes políticos y actores institucionales en los distintos homenajes refuerza el carácter transversal de la figura de Francisco. Su legado no pertenece a un solo espacio: atraviesa sectores diversos y, en ese cruce, adquiere una potencia particular.
Esa transversalidad es, en buena medida, el núcleo de su vigencia. Francisco logró, durante su pontificado, construir un lenguaje capaz de interpelar a distintos públicos, muchas veces en tensión entre sí. La semana de homenajes parece replicar esa lógica: una multiplicidad de actores convergiendo en torno a una figura común.
El desafío para la Iglesia será sostener el eje pastoral en medio de esa complejidad. Evitar que la conmemoración derive en una disputa puramente política y preservar el sentido espiritual del homenaje. Al mismo tiempo, no puede desentenderse de la dimensión pública de la figura de Francisco, que inevitablemente la sitúa en el centro del debate.
En definitiva, la semana que comienza funcionará como un punto de condensación de distintas dinámicas que atraviesan a la sociedad argentina: la persistencia de la fe, la centralidad de ciertos símbolos compartidos y la constante intersección entre religión y política. En ese entramado, la figura del Papa Francisco vuelve a ocupar un lugar central.
A un año de su muerte, su legado no se presenta como una memoria cerrada, sino como un campo en disputa, en construcción y en permanente actualización. La Iglesia, el Estado y la sociedad civil se encontrarán, una vez más, en torno a su figura. Y en ese encuentro se pondrá en juego algo más que un homenaje: la manera en que la Argentina decide leer, interpretar y proyectar a uno de los liderazgos más influyentes de su historia reciente.
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POLITICA
Discapacidad: cómo influyeron la Iglesia, las organizaciones y los gobernadores en el acuerdo que logró el oficialismo
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley para las personas con discapacidad, después de varios días de intensas negociaciones en las que participaron organizaciones del sector, representantes de la Pastoral Social y legisladores vinculados a gobernadores provinciales. El oficialismo debió modificar su propuesta original para conseguir los apoyos necesarios. Durante el tramo final del debate, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo presente en el Congreso.
El acuerdo tuvo como uno de sus principales protagonistas al diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, referente de Argentina Federal, cuyo bloque resultó clave en las conversaciones con La Libertad Avanza. Su intervención permitió incorporar reclamos vinculados al financiamiento, la cobertura médica y las deudas con los prestadores.
La participación de la Iglesia también fue relevante. La Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, encabezada por monseñor Dante Braida, mantuvo reuniones con representantes de distintos espacios políticos y presentó una serie de pedidos que terminaron formando parte de la negociación parlamentaria.
La intervención de la Iglesia y el papel clave de los diputados vinculados a gobernadores
El proceso comenzó con la presión opositora para tratar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.
La iniciativa del diputado de Unión por la Patria Juan Marino llevó a que el pleno de Diputados estableciera plazos para que las comisiones avanzaran con el tratamiento de la propuesta.
En septiembre, La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, encabezadas por Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, respectivamente.
En paralelo, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector de Provincias Unidas y otros bloques provinciales respaldaron un dictamen alternativo para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad.
Las diferencias abrieron una negociación que se extendió durante varias semanas y en la que adquirió protagonismo la Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, conducida por monseñor Dante Braida.
Sus representantes mantuvieron encuentros con legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el MID y La Libertad Avanza.
En un documento, la Pastoral Social explicó que el objetivo de las reuniones fue compartir su preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad y presentar una serie de pedidos concretos, dando continuidad a lo planteado ante el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 5 de octubre de 2026.
El martes por la noche se produjo una reunión decisiva para acercar posiciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encontró con los libertarios Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, además de Herrera Ahuad y Oscar Zago, del MID.
Durante ese encuentro se discutieron diferencias con el dictamen oficialista y se avanzó sobre modificaciones vinculadas a los reclamos de las organizaciones y de la Iglesia.
La participación de Herrera Ahuad fue determinante. Argentina Federal cuenta con nueve diputados y mantiene vínculos políticos con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones.
El peso parlamentario de ese sector lo convirtió en un interlocutor importante para La Libertad Avanza, que necesitaba ampliar su base de apoyo.
Herrera Ahuad explicó que las propuestas surgieron de conversaciones con organizaciones que representan a personas con discapacidad y que se presentaron cinco modificaciones de fondo para garantizar previsibilidad.
Entre ellas, mencionó la incorporación de partidas presupuestarias, la continuidad de la cobertura de Incluir Salud y la necesidad de establecer mecanismos para ordenar las deudas con los prestadores.
Pedido de la Iglesia
La comisión de Discapacidad de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, que conduce Monseñor Dante Braida, mantuvo varias reuniones con legisladores de diferentes sectores: con Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, MID y La Libertad Avanza.
El martes por la noche el jefe de los Diputados, Martín Menem, junto a los legisladores Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoráz, y Gisell Castelnuovo de La Libertad Avanza; Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal y Oscar Zago del MID, se reunieron y se plantearon varias diferencias con el dictamen del oficialismo, pero la participación del misionero Herrera Ahuad jugó a favor de varios puntos solicitados por la Iglesia argentina.
La razón fundamental fue que la bancada Argentina Federal, que conduce Herrera Ahuad y tiene terminales con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y de Misiones, Hugo Passalacqua, está integrada por nueve legisladores, fundamentales para definir una elección polarizada en el recinto de la Cámara Baja.
El documento de la Pastoral Social definió que el objetivo de las reuniones en el Congreso fue:” Compartir nuestra preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país y presentar una serie de pedidos concretos, dando continuidad a lo planteado ante el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 5 de octubre de 2026”.
Las concesiones del oficialismo y el financiamiento que deberá garantizar el Presupuesto 2027
El acuerdo permitió avanzar con la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que recoge buena parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero reemplaza el esquema transitorio de emergencia por un régimen permanente.
La principal concesión de La Libertad Avanza estuvo vinculada al financiamiento. La norma establece que los gastos deberán afrontarse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y dispone que los recursos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Esa garantía fue uno de los puntos centrales para conseguir el acompañamiento de los distintos bloques.
También se incorporaron disposiciones sobre la actualización del nomenclador de prestaciones, la continuidad de la cobertura médica y la regularización de las deudas con los prestadores.
Para estas últimas, el proyecto establece que deberá comunicarse el cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y prevé completar las compensaciones pendientes dentro de los 90 días para quienes hayan concluido los trámites administrativos.
Otro de los cambios garantiza la cobertura del programa Incluir Salud tanto para los titulares de pensiones por discapacidad como para los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral.
La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz destacó ese punto: “La cobertura médica del Incluir Salud será no solamente a titulares de pensiones por discapacidad sino también a titulares de pensiones por invalidez laboral”.
El proyecto también contempla la compatibilidad de las pensiones no contributivas por discapacidad con actividades laborales cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Además, establece un plazo de 160 días para que las personas cuyas pensiones sean observadas durante una auditoría puedan presentar sus descargos antes de una eventual suspensión del beneficio.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, defendió la posición del oficialismo. “La discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas. Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea. Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo”, sostuvo.
Por su parte, la diputada libertaria Lorena Villaverde afirmó: “No podemos seguir viviendo de emergencias. Los derechos no pueden depender de una prórroga: las familias necesitan respuestas sostenidas y certezas para organizar su vida”.
El entendimiento no eliminó todas las diferencias políticas. Los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano votaron en contra, mientras que Marcela Pagano, de Coherencia, acompañó la iniciativa.
El próximo desafío del oficialismo será trasladar los compromisos asumidos al Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en comisión está previsto para la próxima semana.
El artículo que garantiza las partidas presupuestarias tendrá una incidencia directa en esa discusión, porque obliga a sostener los recursos destinados al sistema de discapacidad en términos reales.
POLITICA
Por falta de consensos, no se aprobó ningún proyecto sobre endeudamiento familiar y el tema volvió a comisión
La maratónica sesión en la Cámara de Diputados terminó con un debate fallido donde el oficialismo no consiguió los votos para aprobar su proyecto sobre educación financiera para aliviar el endeudamiento familiar pero sí logró bloquear las propuestas de la oposición y que la discusión vuelva a comisión.
Los bloques críticos del Gobierno denunciaron que devolver los temas a comisión sin especificar de antemano una fecha límite para dictaminar es una maniobra “burda” para “cajonear” los proyectos.
“El problema es que los libertarios no contaban con el rechazo de los cordobeses”, explicó un diputado aliado del Gobierno, en referencia a un sector de Provincias Unidas. Sin embargo, los cinco legisladores cercanos al gobernador Martín Llaryora luego se abstuvieron ante la moción del oficialismo para devolver los proyectos a comisión. La votación terminó 121 a favor y 117 en contra. “Si los cordobeses rechazaban el pase a comisión, después se caía el proyecto del oficialismo”, lamentaron desde el peronismo.
El proyecto de los libertarios evitaba cualquier tipo de intervención en el mercado crediticio como topes de tasas, refinanciaciones o descuentos de intereses. En línea con la concepción del presidente Milei, que aseguró que el aumento del endeudamiento es “un problema entre privados”, la propuesta de La Libertad Avanza buscaba que los usuarios puedan conocer con precisión el costo de un préstamo antes de aceptarlo. Por eso obligaba a las entidades a informar el monto efectivamente financiado, la tasa de interés, las cuotas, las comisiones, los seguros, las consecuencias de la mora y el total que el cliente deberá pagar.
Por otro lado, los créditos contratados por internet debían requerir autenticación reforzada y doble validación de la identidad del consumidor y de su aceptación de las condiciones. Las empresas también tendrían que ofrecer herramientas para corregir errores u omisiones antes de la contratación. Finalmente, aclaraban que el silencio, la inacción y las opciones marcadas por defecto no podrán considerarse consentimiento.
“Si ponemos topes o regulaciones vamos a generar una retracción del crédito, como pasó con la Ley de Alquileres que terminó agravando el problema”, habían explicado a Infobae.
En tanto, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponían declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicaría la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total. Quienes adhirieran al régimen de refinanciación podrían pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrían superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarían todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.
El tercer dictamen había sido elaborado por los representantes de Argentina Federal: declaraba la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período fijaba un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope sería 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.
También creaba un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contemplaba refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.
Durante el debate, los libertarios insistieron en que el problema del endeudamiento ya se estaba resolviendo sin intervención estatal y explicaron que se generó por un aumento del crédito.
“El crecimiento exponencial del crédito que hubo tiene un consiguiente aumento de la mora, pero también hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a tomar un crédito en Argentina”, aseguró la libertaria Silvana Giudici, que luego propuso la moción para que los proyectos vuelvan a comisión.
Al término de la sesión, diputados del peronismo aseguraban que sus pares libertarios les reconocieron abiertamente que la idea era “cajonear” el proyecto. “Giudici es una embustera”, arremetió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, en referencia a una de las principales espadas legislativas de LLA.
“El oficialismo no tenía los votos para imponer su no dictamen (solo cursos de educación financiera para que quienes no tienen dinero y contrajeron deudas sepan administrarse) y tuvo que pedir que el proyecto regresara a comisiones. Allí lo cajonearán. LLA y sus secuaces siempre quisieron que esta delicada situación cayera en saco roto”, publicó el radical disidente Pablo Juliano en sus redes.
POLITICA
Cheques, contratos y propiedades: las pruebas contra Máximo Kirchner que se presentarán en el juicio Hotesur-Los Sauces
A dos días del inicio del juicio por Hotesur y Los Sauces, la acusación contra Máximo Kirchner pone el foco en su participación en la administración de las empresas familiares. La documentación del expediente registra cobros de cheques, representación de la inmobiliaria y pagos por propiedades que luego fueron alquiladas a empresarios vinculados al Estado.
El diputado nacional será juzgado junto con su madre, Cristina Kirchner, en un proceso cuyo comienzo está previsto para este viernes 23 de octubre. La Cámara de Casación resolvió el martes que ambos expedientes se debatan de manera conjunta. En el tramo de Los Sauces, la fiscalía le atribuye el papel de organizador de una asociación ilícita, además de lavado de dinero.
El planteo acusatorio sostiene que Máximo tuvo una intervención activa en las operaciones: representó a Los Sauces, suscribió contratos, realizó movimientos bancarios y retiró fondos. Esas actuaciones forman parte de las pruebas con las que los fiscales buscarán acreditar su responsabilidad penal durante el debate.
La investigación también reconstruyó el crecimiento patrimonial de la inmobiliaria. Según la acusación, su patrimonio neto pasó de los $100.000 iniciales a más de $12,1 millones, un incremento superior al 12.000%. Se trata de la evolución de la sociedad, no del patrimonio personal del diputado.
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