Después de semanas de incertidumbre en el Senado, entre el indefendible ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ramillete de traspiés relacionados con la ley de propiedad privada -sesión con cuarto intermedio hasta el 6 de agosto próximo-, la Casa Rosada continuó con fotos y augurios relacionados con la reforma política -objetivo central, eliminar las PASO- y promociona una resolución pronta. En la Cámara alta ni siquiera se menciona esto y, pese a una desconexión alarmante entre lo posible y lo real desde Balcarce 50, el oficialismo tratará de dar vuelta la página desde agosto para avanzar con los dictámenes de varios proyectos demorados, entre los que se destacan una potencial sanción del súper RIGI y varias modificaciones -complejas- relacionadas con el sistema de salud mental.

Según deslizaron desde La Libertad Avanza a Infobae, durante la próxima semana -de receso invernal- se intentaría definir la convocatoria a diversas comisiones para comenzar con la discusión de ambas iniciativas. Con RIGI ya vigente, el Gobierno confía en el apoyo de la oposición dialoguista para el súper RIGI. En Diputados, las cuentas estuvieron más justas y la jefa oficialista, Patricia Bullrich, tendrá que estar atenta a un puñado de legisladores resbaladizos para evitar líos con este articulado. Esta ley ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y beneficios fiscales- mega millonarias, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera.

En tanto, las comisiones de Salud; y de Legislación de la Cámara alta realizaron tres reuniones, entre abril y mayo pasado, por la ley de salud mental. La primera es la cabecera del tema y la preside la libertaria puntana Ivanna Arrascaeta (San Luis). En junio, un referente en las negociaciones reconoció a este medio un pedido desde la Casa Rosada que fue, desde el vamos, casi imposible: que la ley salga unánime, con todos los bloques de acuerdo con el texto. Durante dicho mes, libertarios activaron túneles con silvestres provinciales, peronistas y kirchneristas. Pocos fueron los predispuestos a proponer ideas. Más tarde, se convirtió en inviable. El “no” ya estaba cantado desde que aterrizó el articulado.

Bajo ese escenario, Bullrich y Arrascaeta empujan conversaciones con todos los aliados para dejar al cristinismo lo más solo posible y que, entre oficialismo y dialoguistas, no se caiga una sola voluntad. De hecho, desde los despachos de dos legisladores confirmaron a Infobae la circulación de un semáforo con los ítems que más y menos consenso tienen hasta el momento, más allá de que todo está en revisión constante. Son 14 puntos. La mitad, se encuentran en verde; cinco, en amarillo; y dos, en fuerte conflicto. En el último lote aparecen las obligaciones de familiares y representantes legales, que sería lo que mayor trifulca genera.

Alejado de todo esto, pero con la lupa principal para cuando terminen las vacaciones que se regala siempre el Senado, el pleno volverá al recinto para definir la ley de propiedad privada. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, asistió el jueves pasado a la oficina de la ex ministra. De todo ello surgió la posibilidad, pese a que la porteña dijo otra cosa, de un nuevo borrador post dictamen. Sería el 16. Si para el 6-8 no llegaran a estar las adhesiones blindadas, habrá aroma de final para esta iniciativa. La ex candidata presidencial del PRO en 2023 -salió tercera- cree, ya por quinta o sexta vez, que llegará a la meta.

Más allá de este embrollo, quienes mejor conocen y caminan los pasillos de la Cámara alta advierten que un constante cambio de opiniones de Balcarce 50 sobre lo que negocia Bullrich con los aliados -la legisladora tuvo marcados errores, pero no toda la culpa- significará la pérdida de peso de cada proyecto que envíe el Ejecutivo. Varios opositores huelen esto. Y deriva en algo central: la cantidad de oportunidades perdidas durante el primer semestre en el Congreso. Si los estrategas libertarios quieren comenzar la campaña por la reelección de Javier Milei, también lo harán las otras bancadas, pese a no tener indicios de nada y encontrarse, en la actualidad, a la deriva. Las insólitas jugadas -más infantiles internas- libertarias queman chances casi gratis y, sobre todo, liman lo más sagrado: el poder.

Hay una decisión política de acelerar el traspaso de los juzgados laborales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica disolver los que funcionan a nivel nacional y que desde el oficialismo, la oposición y el empresariado son vistos como “hostiles” y “cercanos al kirchnerismo”, pero la instrumentación sigue empantanada entre trabas económicas, legales y judiciales que surgieron.

Ahora, sin embargo, aparecieron señales alentadoras para que se pueda cumplir a pleno con la autonomía porteña establecida por la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994: la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires prevé aprobar en agosto una ley que desbloquearía el traspaso y ya circula una fecha tentativa para que funcione el fuero laboral porteño: febrero de 2027.

Para definir todos los detalles del nuevo fuero laboral porteño, el jefe de Gobierno, Jorge Macri delegó esa tarea en su ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno, dos funcionarios clave para una misión tan estratégica.

Hace un mes y medio, Jorge Macri presentó en la Legislatura de la ciudad un paquete de proyectos de ley vinculados con la reestructuración del Poder Judicial en el distrito, con eje en la transferencia de competencias del gobierno nacional acerca de la justicia laboral.

Pero los promotores del traspaso aclararon a Infobae que “no hay transferencia de la justicia” en el sentido habitual que muchos esperaban sino que “lo que se firmó fue un traspaso de competencias judiciales, no de jueces ni de tribunales nacionales en bloque”.

Ese esquema, destacaron, supone que los actuales magistrados del fuero nacional laboral no pasarán automáticamente a la órbita porteña. Los expedientes que ya estén en trámite seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución, mientras que las nuevas causas ingresarán al sistema de la ciudad una vez que se cumplan ciertas condiciones y venza el plazo operativo de 6 meses, que llevaría el cronograma a febrero.

Entre esas condiciones figura que el traspaso sea ratificado por el Congreso Nacional (algo que ya sucedió con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral), que sea ratificado por la Legislatura porteña y, además, que haya un convenio específico en materia de transferencia de recursos desde Nación a Ciudad.

El sensible tema de las partidas presupuestarias para que funcione la justicia laboral de la ciudad se convirtió en estas últimas semanas en el principal obstáculo para avanzar con el traspaso. Es que los funcionarios porteños aún está negociando con sus pares del gobierno nacional para que también deriven los fondos: aunque el costo estimado del nuevo esquema estaría entre 0,5% y 0,8% de un punto de coparticipación (que significaría entre $48.000 millones y $76.800 millones por mes). La discusión se concentra en cuánto dinero transferirá Nación para sostener juzgados, jueces y estructura administrativa cuando el sistema empiece a funcionar.

El problema presupuestario atraviesa hoy toda la discusión. Si la transferencia llega con recursos asignados por la Nación, el esquema será uno, pero si eso no ocurre la Ciudad tendrá que evaluar qué partida incorpora en el Presupuesto de 2027 para sostener la nueva competencia. La lógica esperable sería que la administración nacional transfiriera a la Ciudad los fondos que hoy destina al funcionamiento del fuero laboral. ¿Es sólo un tema económico o netamente político por parte del gobierno de Javier Milei? Es el gran interrogante que tienen dentro del andamiaje de poder macrista.

Pese a esa incertidumbre, y aunque el tema no deja de ser relevante, algunos dirigentes del PRO relativizaron el efecto inmediato del costo fiscal: este año podría impactar menos porque ya transcurrió buena parte del calendario y la instrumentación demandará tiempo.

En la Legislatura porteña, por su parte, están seguros de que las trabas para el traspaso podrían resolverse en agosto próximo si antes se resuelven las discusiones sobre fondos, estructura judicial y cambios normativos que acompañan la transferencia.

Ese proceso, de todas formas, no se limita a una sola votación, donde habría mayoría en favor del traspaso del fuero laboral a CABA. El paquete enviado por el Ejecutivo porteño incluye al menos cuatro iniciativas: la aprobación del convenio de traspaso, la modificación de la llamada Ley 7 (la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires) sobre la estructura del fuero local, la reforma del Código Procesal Laboral y la creación de un sistema de mediación como existe a nivel nacional con el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

En realidad, esta secuencia es similar a la que se aplicó con el traspaso de la Policía Federal a CABA, que comenzó en 2016, pero como no se concretaba también fue creada la Policía de la Ciudad mientras seguía pendiente el pase completo de la competencia.

En estos días, además del fuero laboral, Nación y Ciudad dieron un paso decisivo para el traspaso de la justicia penal a CABA: el 3 de julio pasado, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia, firmaron el convenio por el cual se transfieren las competencias judiciales en materia penal como delitos contra el honor, como calumnias e injurias; la integridad sexual, como abuso sexual y explotación, y la libertad, como privación ilegítima y amenazas coactivas. También incorpora delitos vinculados a la propiedad intelectual y a la protección de fauna, entre ellos el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria.

Además, la Ciudad asumirá en forma exclusiva el conocimiento y juzgamiento de los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, así como la adopción de medidas de protección para menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos, para los que se prevé una intervención tutelar.

El desafío de transferir los juzgados nacionales del trabajo es mucho mayor. El fuero laboral porteño fue diseñado con una estructura más reducida, con una cantidad limitada de juzgados para un esquema incipiente y no para administrar todos los conflictos laborales de la Capital.

Por esa razón, una de las reformas que el oficialismo considera necesarias a través de la Legislatura es ampliar esa capacidad. La modificación de la ley de creación del fuero apunta a dotarlo de más juzgados y más herramientas para que pueda absorber la competencia que hoy permanece en la órbita nacional.

De la misma forma, el Código Procesal Laboral aprobado por la Ciudad debe ser revisado: había sido pensado para litigios individuales y que ahora debe incorporar aspectos que no estaban contemplados en el diseño original.

Los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral contemplan el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral” y allí “se encomienda al Poder Ejecutivo nacional a transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo de la Ciudad, garantizando el adecuado funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo”.

Según el convenio firmado entre ambas jurisdicciones, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.

Pero los 180 días no corren desde la promulgación de la reforma laboral, que llevaría a instrumentar el nuevo fuero del trabajo porteño desde el 1° de septiembre próximo, sino desde que queden cumplidas las condiciones legales requeridas (que el traspaso sea ratificado por el Congreso Nacional, que sea ratificado por la Legislatura porteña y que haya un convenio específico en materia de transferencia de recursos desde Nación a Ciudad). Mientras tanto, el fuero nacional laboral sigue funcionando como siempre, aunque con vacantes que serán cubiertas mediante subrogancias.

La consecuencia práctica de ese esquema es doble. Para Nación, se reduce el costo de los salarios de jueces; para la Ciudad, la preocupación es que el nuevo sistema no se active sin una transferencia suficiente para financiar a los magistrados, el personal y el funcionamiento.

El diseño institucional en estudio en la Ciudad no replica de manera automática la estructura nacional. Aunque la justicia laboral nacional tiene 80 juzgados y la legislación local está “espejada” con ese esquema, la intención no es abrir la misma cantidad en CABA.

Ya hubo concursos para nuevos juzgados y en agosto habrá 10 jueces nuevos. Después se abrirá otro concurso para cubrir entre 30 y 40 cargos adicionales, dentro de una proyección total de entre 40 y 50 juzgados.

La Cámara de Apelaciones del Trabajo local también crecería. Hoy existen 2 salas y el plan es sumar otras 3, mientras que los actuales camaristas nacionales no serán absorbidos por el sistema porteño.

Sobre el destino del fuero nacional laboral, la idea es que pase a una etapa residual. Seguirá resolviendo las causas ya iniciadas hasta su resolución, un proceso que podría demandar entre 2 y 7 años, según el tiempo que insuma el trámite de los expedientes pendientes.

De todas formas maneras, la negociación política entre Nación y Ciudad no se agota en lo jurídico y en lo económico. Hay una fuerte resistencia del peronismo y un lobby judicial en contra de la disolución del fuero nacional laboral y su pase a la órbita de CABA.

De por sí, rige una medida cautelar del 17 de marzo pasado que frenó el traspaso, impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, e incluso la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó en mayo pasado el recurso extraordinario que presentaron el Consejo de la Magistratura de CABA y el gobierno porteño para revertir la suspensión preventiva de la Ley 6789, que habilita la creación del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en el gobierno porteño interpretan que, una vez que la Legislatura complete la aprobación y el traspaso quede convertido en ley plena, la encerrona judicial perderá sustento para detener el proceso.

reforma laboral

Existe dentro del peronismo la necesidad imperiosa de evitar que todo vuele por los aires en lo que resta del año y llegar al inicio del proceso electoral con alguna señal clara de que, al final del camino, prosperará la cordura y la necesidad de ganar, y se construirán las bases para un acuerdo amplio. Un acuerdo que no implique una candidatura a dedo, pero que esclarezca la vocación de jugar todos bajo el mismo techo.

El primer semestre estuvo marcado por una balla extensa entre los Kirchner y Kicillof. Que, llegando al invierno, se convirtió en una avanzada cristinista sobre la resistencia kicillofista, ya que el gobernador bonaerense decidió encontrar en el silencio la herramienta clave para que la interna se lo degluta a toda velocidad. Esa relación parece no tener solución, pero tal vez el silencio termine siendo un neutralizador de la guerra.

En ambos lados del mostrador kirchnerista aseguran que hay que hacer los esfuerzos necesarios para ganarle a Javier Milei en el 2027, pero las fricciones por el rol de Cristina Kirchner desvían ese objetivo común y terminan por centralizar una parte de la discusión en el lugar que debe ocupar y no en el proyecto que tiene que sostener las ambiciones justicialistas. De ese círculo vicioso, por momentos, parece no haber escapatoria.

Esa guerrilla de poder se da en la escala nacional de la provincia de Buenos Aires. En el segundo escalón, donde se pelea la sucesión de Kicillof, la situación tiene otro color. Decididos, una vez más, a que el sillón de gobernador sea de un intendente, varios de ellos empezaron a mostrar la cartas electorales del segundo semestre.

La primera en hacerlo fue la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien este domingo hará un acto para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, que intentó ser un encuentro de unidad. La jefa comunal invitó a Kicillof y Máximo Kirchner para unirlos en un entorno bonaerense. No lo logró. El Gobernador ya avisó que no va.

El otro intendente que empezó a jugar fuerte es Jorge Ferraresi. Prolijo, lo primero que hizo fue tomarse licencia de la intendencia de Avellaneda. Unos días después saltó al territorio y empezó a encabezar pequeños encuentros para dejar a la vista su voluntad de competir por la gobernación. A él es probable que pronto se le sume Gabriel Katopodis y Federico Achával, dos de los nombres con peso que tienen intenciones claras de meterse en la pelea.

La interna, por el momento, no complicó esa convivencia que deben tener los distintos actores peronistas en el camino electoral. Hasta ahora no hay candidatos fuertes del cristinismo en la cancha, lo que genera una tensa calma en día a día. Si no hay competencia interna, no hay argumentos para se rompa el status quo. De aquí en adelante, y hasta el momento del cierre de listas, puede pasar cualquier cosa. Lo importante para el peronismo, según sienten muchos dirigentes, es no desgastarse en el camino. Esa es una tarea difícil de realizar en el medio de un descalabro absoluto en el orden nacional de la fuerza política.

Mientras en el territorio bonaerense la calma mundialista se mantiene en el tiempo, en el resto de las vertientes del peronismo avanzan con mayor claridad por el camino electoral. Cada uno a su tiempo, con sus herramientas y haciendo pie donde pueden. Sergio Uñac, por ejemplo, suma caminatas en el interior del país para instalar su idea de ser candidato a presidente y hacer conocer su cara en las calles donde los dirigentes de la política nacional no llegan.

Los integrantes del PJ Federal se mantienen activos en los medios dando explicaciones sobre hacia dónde creen que tiene que ir el peronismo. Orden fiscal, renovación de liderazgos, prioridad para las economías regionales y una PASO para sostener la unidad en la diversidad. En breve tendrán un acto en el norte y después uno en el sur. Es la forma de mantenerse activos y vigentes. Dentro de ese armado todos saben y aceptan que cuando llegue fin de año tendrán que encontrar un nombre, con proyección presidencial, que identifique el proyecto que están discutiendo en el interior del país.

Mientras eso sucede, en el entorno de Sergio Massa deslizan la posibilidad de que empiece a jugar más fuerte en el plano público en este segundo semestre. La figura del líder del Frente Renovador siempre está latente en el peronismo, al igual que las posibilidades de que juegue en los próximos comicios. En privado sigue empujando la idea de que debe haber un acuerdo entre las partes el año que viene. Con PASO o sin ella, pero con todos adentro. Las chicanas y los mensajes con destinatarios a los que no se nombra pero se señala con claridad, en algún momento deben llegar a su fin.

El peronismo necesita estar competitivo cuando termine el año. Las distintas encuestas que miran los principales dirigentes marcan que, si hay orden, capacidad de reinvención y originalidad, existen posibilidades concretas de pelear, mano a mano, la presidencia con Milei. Pero si sucede todo contrario, como hasta ahora, entonces el camino estará allanado para que el gobierno libertario sigue cuatro años más. Depende de los actores que dicen querer volver a la Casa Rosada. Tienen que encontrar la forma de resolver las tensiones y los rencores sin que la sangre llegue al río.