POLITICA
El Gobierno acelera cambios en la regularización de armas y busca prorrogar la entrega voluntaria hasta 2027
El Gobierno reactivó en las últimas horas un proyecto que aprobó en Diputados en 2024 y ya agendó un plenario de comisiones de cara a pasado mañana, para que el Senado apure su trámite y sancione una ley que introduce cambios a la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y que prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027.
La reunión involucra a las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico; y de Justicia y Asuntos Penales. La primera es la cabecera para discutir una iniciativa que la Casa Rosada envió hace poco menos de dos años con las firmas de Javier Milei; la entonces ministra de Seguridad y actual jefa oficialista de la Cámara alta, Patricia Bullrich; y el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. El texto en cuestión perderá estado parlamentario en febrero próximo.
Al mandar al Congreso el proyecto, en mayo de 2024, la Casa Rosada fundamentó en su mensaje “la necesidad de establecer una opción clara a la ciudadanía en relación con las armas de fuego: o bien su tenencia legal, para lo que se ofrece un procedimiento de regularización excepcional, o bien la entrega voluntaria y anónima, para su destrucción a cambio de un incentivo”.
“Resulta esencial, para cualquier política de seguridad pública, garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas”, añadió el Ejecutivo libertario.
En otro de los argumentos, el oficialismo manifestó: “Todavía existe un número significativo de armas de fuego en circulación en todo el territorio nacional que carecen de registración o que, teniéndola, sus titulares entienden prudente su entrega voluntaria. Por tanto, deben ser contemplados ambos supuestos, que son concurrentes al propósito de una mejora significativa en el control del circulante de armas de fuego en nuestro país”.
“Las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a la falta de registración de la tenencia de armas de las cuales se estima que más de ochocientas mil (800.000) están en una situación irregular”, aseveró el Gobierno.
Tras la aprobación en Diputados, el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, aterrizó en el Senado para defender la ley y explicó: “En cuanto a la digitalización, cuando nosotros asumimos, los legítimos usuarios tenían que hacer 500 kilómetros, 300 kilómetros para poder estar a derecho. Hoy, eso se achicó muchísimo, pero nuestro objetivo final es que todos puedan hacer el trámite desde la casa. Por supuesto que tienen que hacer los requisitos previos de ley, que son la aptitud de tiro, el psicofísico, todo eso”.
“Una vez que entra a la ANMAC -hoy, RENAR-, que pueda ser de punta a punta digital. Eso ahorra tiempos, ahorra costos y le es mucho más fácil a la gente estar dentro de la ley. Ese es nuestro objetivo: que sea fácil estar dentro de la ley. ‘Fácil’ no significa modificación de fondo de los requisitos. No estamos tocando los requisitos para la tenencia, ni para la portación, ni para legítimo usuario; siguen siendo los mismos”, sentenció Allan.
El plenario es una de las pocas actividades que tiene confirmadas, hasta ahora, la Cámara alta. Además, la comisión de Relaciones Exteriores analizará mañana un puñado de convenios y acuerdos internacionales. Queda pendiente la continuidad o no de la discusión sobre la iniciativa libertaria que “blinda” la propiedad privada. Dialoguistas ya perfilan objeciones en cuanto a tierras rurales en manos extranjeras y las modificaciones sobre el registro nacional de barrios populares.
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POLITICA
El Gobierno sostiene a Adorni, pero desconfía del compromiso de Bullrich para defenderlo en el Senado
El Gobierno sigue decidido a sostener en el cargo a Manuel Adorni, a pesar de que las más recientes explicaciones del jefe de Gabinete, lejos de blindarlo, terminaron de convencer al arco político de activar los resortes institucionales para forzar su salida.
Javier y Karina Milei se quedaron en silencio después de la entrevista que le dio Adorni a LN+, y que funcionó como parteaguas. Las contradictorias versiones del jefe de Gabinete sobre el crecimiento de su patrimonio provocaron que incluso miembros del propio oficialismo -por Patricia Bullrich- lo repudiaran. Pero la cúpula del Gobierno dejó trascender off the record que Adorni se mantiene intacto como ministro coordinador, e inclusive que planean que retome nuevamente sus conferencias de prensa con anuncios de gestión a partir de la semana que viene.
En paralelo a esta pulsión por fingir demencia, a lo largo y ancho del oficialismo se impuso ayer una sensación de abatimiento y preocupación por la embestida opositora en el Congreso, donde desde los distintos partidos presentaron sendos pedidos de interpelación y una moción de censura que podrían determinar una salida forzada de Adorni.
Una de las preocupaciones centrales en Balcarce 50 surge por la sospecha de que Patricia Bullrich, que le marcó la cancha a Adorni dos veces, no trabaje para reunir los votos que le permitan a los Milei resistir la arremetida del kirchnerismo. La jefa del bloque de senadores libertarios se llamó a silencio después de sacudir el tablero del oficialismo y transformarse en la única referente del Gobierno dispuesta a plantear públicamente una crítica directa a Adorni. Y en su entorno, evasivos, aseguraron que por ahora no se sentó a evaluar cómo procederá en el Senado.
Una posibilidad de salvataje para el Gobierno sería que los karinistas Martín y Lule Menem, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, se dediquen a reunir los votos con los gobernadores más allá de Bullrich. Pero la eventual reticencia de la jefa del bloque de LLA en el Senado los inquieta.
El panorama luce desolador para el oficialismo. Todavía ven en el horizonte un margen de negociación con los gobernadores aliados y con algunos radicales. Pero vislumbran una muy probable negativa a ayudarlos de parte de los aliados de PRO y de la UCR, como del llamado “cordobesismo”. Y el antecedente reciente del fracaso de los Menem para retirar el pliego de la jueza Verónica Michelli en el Senado, la semana pasada, les augura problemas. Creen que están muy lejos de conseguir las voluntades para proteger a Adorni.
Además, en el Gobierno temen por la inminencia de un desenlace negativo forzado. Adorni buscó dilatar los tiempos y postergar su informe de gestión ante el Senado hasta “julio”, pero sin fijar fecha. Y la moción de censura podría demorarse algunas semanas, en caso de que se trate en la comisión de Asuntos Constitucionales. Pero hay temor en LLA por la posibilidad de que la oposición logre tratar sobre tablas la moción de censura contra Adorni, lo cual podría precipitar una definición.
En caso de que Adorni fuera destituido, se pregunten en La Libertad Avanza, ¿Milei volvería a designarlo como jefe de Gabinete? En la Casa Rosada no contestan a esa pregunta, que les parece propia de una realidad distópica. Pero en LLA deslizaron que la Constitución no lo prohíbe.
Mientras hacen proyecciones de posibles escenarios, en el Gobierno se impone el mutis por el foro. Solo en off the record ningunearon el comunicado donde el PRO prácticamente pidió remover a Adorni. “Son posiciones partidarias. No interferimos”, sostuvieron cerca de Karina Milei.
Milei rechaza la presión de Macri para echar a Adorni. Pero puertas adentro se pimponean nombres Para su eventual reemplazo. Unos apuestan por el canciller, Pablo Quirno, pero muchos están convencidos de que de no hay lugar para a otro que no sea Martín Menem, quizá el karinista más puro. Y hay quienes mencionan a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, de buena relación con los hermanos presidenciales. Por lo pronto Adorni está resguardado al calor de sus jefes y no parece registrar que el resto de los propios le quitaron el apoyo.
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POLITICA
El oficialismo apura la fecha para que Manuel Adorni brinde su informe de gestión en el Senado
La fecha para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurra al Senado a brindar su informe de gestión aparece como una posible salida a la presión de la oposición. La propuesta será llevada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, a la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el miércoles 17 a las 18.
Según pudo saber TN al consultar a una alta fuente libertaria, el planteo busca responder a una de las principales quejas de los bloques opositores: saber cuándo Adorni asistirá al Congreso. La Cámara alta tiene previsto sesionar el jueves 18 con una agenda que incluye temas de interés del oficialismo, aunque la oposición dialoguista pidió antes resolver la situación del ministro coordinador.
La presión de Villarruel y el reclamo opositor
“Esta obligación es, al menos, una vez al mes. Sin embargo, el jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en noviembre del 2025”, planteó Villarruel al convocar a los jefes de bancada para la semana próxima.
La agenda del Senado incluye el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, solicitado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los pliegos ya dictaminados para cubrir cargos judiciales, principalmente en el fuero laboral. Sin embargo, la discusión quedó atravesada por el pedido para que Adorni se presente ante la Cámara alta.
Fijar una fecha para su exposición podría funcionar como una primera salida política ante la presión legislativa.
La declaración jurada que complicó al jefe de Gabinete
La situación política de Adorni se agravó a partir de la presentación de su declaración jurada de bienes y de sus declaraciones periodísticas para justificar el ocultamiento de 500.000 dólares en sus presentaciones anteriores.
A los cuestionamientos de sectores aliados como la UCR y el PRO se sumaron también dirigentes referenciados en Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez desde la Cámara de Diputados.
En el Senado, las bancadas del PRO y de la UCR, que lideran Martín Goerling Lara y Eduardo Vischi, también solicitaron la presencia del ministro en el recinto.
Leé también: El PRO presiona a Javier Milei: “Queremos que defienda el cambio en vez de defender a Manuel Adorni”
“Adorni nunca vino a rendir cuentas”, señaló Goerling Lara, y recordó que la última presentación de un jefe de Gabinete en la Cámara alta fue el 26 de junio de 2025, cuando concurrió el entonces ministro Guillermo Francos.
Los pedidos de interpelación son impulsados por la oposición más dura en ambas cámaras del Congreso. En el Senado ingresó una presentación firmada por legisladores del interbloque Justicialista, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria.
En Diputados, los reclamos fueron acompañados por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, los radicales críticos, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
El jefe de UxP, Germán Martínez, encabezó la presentación: “Manuel Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es urgente aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional”, dijo.
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece las facultades y obligaciones del jefe de Gabinete. Entre ellas, habilita al Congreso a interpelarlo, someterlo a una moción de censura y, eventualmente, removerlo mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió directamente su remoción: “Los argentinos no merecen un jefe de Gabinete que miente descaradamente para “justificar” su patrimonio. Es inadmisible que siga en su cargo”.
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Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunciaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025.
La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, contraviniendo los principios de transparencia exigidos por la Ley de Ética Pública.
En el texto de la denuncia, los legisladores subrayan que Adorni, quien posee formación profesional como contador, atribuyó las omisiones a un “error involuntario” por desconocimiento de las obligaciones legales.
Sin embargo, la presentación desestima el argumento y sostiene que el ocultamiento de bienes —que incluyen criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades— evidencia una “intención deliberada” de eludir tanto los controles de legalidad como las obligaciones tributarias correspondientes.
Todavía no se sorteó el juzgado que definirá si avanza con la nueva denuncia, pero es posible que finalmente quede en manos del juez Ariel Lijo, quien tiene en su poder las otras denuncias.
La denuncia también hace foco en el perjuicio institucional generado por las declaraciones públicas del funcionario, quien pasó de afirmar que su patrimonio estaba correctamente declarado a admitir ante la opinión pública que mantenía activos fuera del circuito formal.
Adorni reconoció el miércoles pasado que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000; según él, provenientes de una inversión previa a llegar al Gobierno. Aspira a que eso lo ayude en su causa por enriquecimiento ilícito, donde debe explicar el salto en su nivel de vida, pero quedó al límite de la confesión de otro delito: el de omisión maliciosa.
El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo” y a quien «maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas».
La pena de la “omisión maliciosa” es de quince días a dos años de prisión y de inhabilitación perpetua. Es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, que Adorni aspira a eludir con esta admisión.
En la investigación que está en marcha en los tribunales de Comodoro Py ya estaba claro que los ingresos declarados por él no bastaban para explicar los más de 406.681 US$ en gastos -sin contar los corrientes- que se le detectaron desde que es funcionario. A eso se suman los 335.000 US$ en nuevas deudas. Tal como informó , a los investigadores los números no les cierran (sobre todo, los gastos) y el fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para avanzar contra Adorni con un requerimiento para que justifique sus bienes.
reconoció el miércoles pasado,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Análisis. La “ocultación” como política de Estado,,Minuto a minuto. Santilli, ministro del Interior, se reunió con los gobernadores de Chaco y San Juan,,Repercusiones del caso Adorni. La publicación de Elisa Carrió sobre el Gobierno y la corrupción
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