POLITICA
Orrego le respondió a Quintela y crece el conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja por un proyecto minero

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, le contestó este miércoles a su par riojano, Ricardo Quintela, en relación a la polémica limítrofe que surgió por el proyecto minero Vicuña.
Quintela había cuestionado la validez de los acuerdos limítrofes entre las provincias vigentes desde 1968. Ahora, Orrego aseguró que defenderá el territorio y los recursos de San Juan “con la ley en la mano”.
La disputa por el proyecto minero lleva ya cinco años y las tensiones por el territorio y los recursos de los yacimientos de cobre, oro y plata fueron escalando.
Este año la problemática llegó a la Justicia, cuando La Rioja solicitó un informe de impacto ambiental a la empresa Vicuña Corp con el argumento de que el impacto ambiental podría alcanzar a la provincia: el proyecto se realiza a cinco kilómetros de la frontera, pero las autoridades sanjuaninas deben pasar por parte del territorio riojano para acceder a la zona de la iniciativa.
Este miércoles la Justicia de La Rioja restringió el acceso del camino de Guandacol, en territorio de dicha provincia, hacia el proyecto.
En declaraciones radiales, Quintela redobló la apuesta sobre la soberanía de la zona al asegurar que el acuerdo limítrofe firmado en 1968 que no tiene validez democrática, ya que fue firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Por ende, solicitó que el Senado nacional debería definir la pertenencia de la zona del yacimiento y del área de Ischigualasto (el parque provincial sanjuanino).
“El conflicto es con la empresa -afirmó Quintela-, pero la provincia de San Juan debe tener un gesto de generosidad. Lo he hablado antes con (Sergio) Uñac, no con el gobernador actual”, señaló en diálogo con AM750.
Este miércoles Orrego brindó una fuerte respuesta en un comunicado oficial. “El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos”, expresó.
Añadió que la soberanía de su provincia sobre el yacimiento es “clara, legal y reconocida”: “No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos. Y lo vamos a defender con la ley en la mano, no con declaraciones en los medios”.
Sostuvo, además, que aunque tienen “el mayor respeto por La Rioja”, que no se debe “abrir debates que no tienen sustento jurídico”. “La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones”, arremetió.
La disputa comenzó en 2021. El megaproyecto minero es el más importante de San Juan y uno de los más significativos del país.
Está instalado en dicha provincia, pero su logística pasa por La Rioja. Además, la iniciativa está a cinco kilómetros del borde fronterizo. En ese entonces Quintela argumentó que el proyecto podía afectar a las cuencas riojanas debido al uso del río que divide a ambas provincias. Por ello, la empresa se decidió a usar aguas subterráneas.
El año pasado el conflicto escaló cuando Quintela afirmó que el territorio de los yacimientos de cobre, oro y plata es, en realidad, territorio riojano. El gobernador cuestionó los acuerdos territoriales establecidos en 1968. Sin embargo, el conflicto no escaló por la vía legal hasta 2026.
Esta semana se presentó el momento más importante, ya que los inversores debían firmar para comenzar el proyecto de forma oficial. Fue entonces que La Rioja solicitó que la empresa Vicuña Corp presente una evaluación ambiental integral del proyecto al gobierno provincial.
Uno de los argumentos de Quintela es que el impacto ambiental de la iniciativa llegaría también al territorio riojano. Cuando se negaron a presentar el informe a otro distrito, Quintela avanzó con una medida judicial.
La jueza María Greta Decker dio lugar al reclamo y, poco después, suspendió por 30 días las actividades vinculadas al proyecto porque la empresa no presentó el estudio correspondiente. También bloqueó el tránsito de maquinaria y suministros y cerró los caminos estratégicos en territorio riojano.
El proyecto avanzaba con tareas de reconstrucción. Las inversiones que se esperaban para 2026 se acercaban a los US$1.000 millones.
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POLITICA
La CGT se encamina a anunciar esta semana un plan de lucha contra el Gobierno y analiza medidas de fuerza escalonadas para el segundo semestre

La Confederación General del Trabajo (CGT) buscará este jueves darle forma a un plan de lucha que viene discutiendo desde hace semanas y que podría traducirse en medidas de fuerza escalonadas impulsadas por distintos sindicatos en el segundo semestre. La definición quedará en manos del Consejo Directivo, que se reunirá a las 14 en la sede de la calle Azopardo para analizar el impacto de la reglamentación de la reforma laboral, el estado de la estrategia judicial y los pasos a seguir para enfrentar las políticas del Gobierno de Javier Milei, según pudo saber TN.
La conducción cegetista ofrecerá una conferencia de prensa al término del encuentro, prevista entre las 16.30 y las 17. Allí se espera que informe las conclusiones de una discusión que ganó intensidad después de la publicación del decreto reglamentario de la reforma laboral.
La reunión será encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. Aunque dentro de la CGT conviven posiciones diferentes sobre el alcance de las medidas a adoptar, en los últimos encuentros se consolidó la idea de construir una estrategia sostenida que involucre a distintos gremios antes de evaluar un nuevo paro general.
Esa decisión ya había quedado reflejada en las reuniones que la central obrera mantuvo con las confederaciones que integran su estructura y también en los contactos iniciados con las dos CTA para explorar acciones coordinadas.
Reforma laboral y frente judicial
Uno de los ejes centrales de la reunión de este jueves será el análisis de la reglamentación de la reforma laboral y de las consecuencias que los sindicatos advierten sobre la actividad gremial y la negociación colectiva.
Sola planteó este lunes que todavía existen cuestiones pendientes de resolución judicial vinculadas al derecho de huelga, la acción sindical y distintos aspectos de la reforma. En diálogo con Radio Continental, cuestionó la posibilidad de avanzar hacia esquemas de negociación por empresa. “Lo que están intentando es abrir sindicatos por empresa, eso atomiza”, sostuvo.
Dentro de la CGT consideran que la publicación del decreto abrió una nueva etapa de disputa. Por ese motivo, el Consejo Directivo también evaluará el estado de las presentaciones judiciales impulsadas por distintos gremios para intentar frenar aspectos de la reglamentación que consideran inconstitucionales.
La central obrera le había anticipado a este medio que buena parte de esos planteos serían promovidos por cada sindicato en forma individual y no necesariamente mediante acciones institucionales de la CGT.
Coordinación sindical
El encuentro también incluirá un repaso de la reunión que la CGT mantuvo la semana pasada con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.
Ese encuentro concluyó con el compromiso de fortalecer la coordinación entre las tres centrales sindicales y de avanzar en una agenda común frente a los conflictos laborales que atraviesan distintos sectores. Señalaron la necesidad de sostener espacios de articulación permanentes y trabajar en la construcción de un plan de lucha unificado.
La posibilidad de ampliar la coordinación sindical aparece como uno de los elementos que la CGT pretende incorporar a la mesa de debate, en un contexto marcado por los cuestionamientos a la reforma laboral, pero también por reclamos vinculados al empleo y a la actividad productiva.
La discusión sobre las medidas concretas sigue abierta, aunque en la conducción cegetista viene ganando terreno la idea de acciones escalonadas, los gremios combativos no abandonan la presión para que la CGT convoque a un paro general.
En ese marco, Sola anticipó que la central obrera trabaja en una estrategia de mayor alcance para el segundo semestre y que “el plan de lucha de la CGT va a ir en camino hacia una gran medida nacional”. La definición sobre cómo se instrumentará ese esquema comenzará a resolverse este jueves.
CGT, reforma laboral, CTA autónoma, CTA de los Trabajadores
POLITICA
La mano derecha de Kicillof evitó confrontar con Máximo Kirchner, pero no hay señales de acercamiento

“Los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a ver a la compañera y preguntarle cómo está, qué necesita”. La frase del discurso del diputado nacional, Máximo Kirchner, durante el acto que el kirchnerismo llevó adelante el último sábado en Parque Lezama, al cumplirse un año de detención de la expresidenta Cristina Kirchner, tuvo destinatarios puntuales: uno de ellos, quizá el de mayor magnitud, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La demanda no es nueva, pero ratifica y profundiza las diferencias existentes dentro del peronismo. Este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, evitó referirse a ese asunto, puntualizó en que Kicillof “le pidió a nuestro sector que es el Movimiento Derecho al Futuro y al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que convoque y participe” y ponderó la inocencia de Cristina en el marco de la causa Vialidad.
“La convocatoria del sábado fue muy clara, era muy claro el objetivo: conmemorar el año de prisión injusta de Cristina y por eso justamente el gobernador le pidió tanto a nuestro sector, que es el movimiento Derecho al Futuro, que convoque y que participe en distintos referentes y en general a los compañeros y compañeras. Hizo lo propio también como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Fueron dos convocatorias públicas. Participaron compañeros y compañeras de ambos espacios. Nuestra propuesta y nuestra posición siempre fueron muy claras respecto de la injusta prisión de Cristina”, dijo el ministro provincial ante la consulta de Infobae durante la conferencia de prensa de este lunes en la gobernación bonaerense.

Si bien en la antesala se especuló con la posible presencia del mandatario bonaerense en el acto en Parque Lezama, finalmente Kicillof no estuvo. En su discurso, sin dar nombres propios más allá del del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, Máximo Kirchner se encargó de enfatizar los sectores del peronismo que hoy muestran distancia de la base política que conduce su madre. Allí entra el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que conduce el gobernador.
Bianco enfatizó con respecto a la situación de Cristina Kirchner que “nuestra posición siempre fue muy clara. Nosotros creemos que esa condena es absolutamente injusta y que Cristina es inocente. Eso siempre fue muy claro y esa es la razón por la cual desde los sectores que conduce el gobernador Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, hemos decidido convocar y participar”.
De momento no habrá encuentro en San José 1111 entre el mandatario bonaerense y la ex presidenta. La última vez que se reunieron fue tras los comicios provinciales del 7 de septiembre y en la antesala de la elección a diputados nacionales de octubre: es decir, con la pena de prisión domiciliaria ya en curso. Este lunes, Bianco evitó precisar si habrá alguna reunión entre los dirigentes a la brevedad.
En este contexto, ambos espacios transitan caminos paralelos y así se advierte que continuará la relación. La próxima parada en la dinámica peronista será el 1 de julio. Para ese día, como adelantó este medio, está previsto que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reúna, aunque será un encuentro de carácter institucional y no un acto político. Ese día se cumplen 52 años del fallecimiento del expresidente Juan Domingo Perón y desde el PJ bonaerense piensan en realizar un encuentro con las autoridades de los PJ de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La locación elegida será la Quinta de San Vicente.

Del acto en Parque Lezama, sí hubo participación de algunos integrantes del espacio político de Kicillof como el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien no subió a las gradas; o el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascalles, que además es el Secretario General del PJ bonaerense.
Otro dirigente cercano a Kicillof que estuvo en las gradas del escenario de Parque Lezma fue el exjefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina. Semanas atrás se reunió con Kicillof. Este sábado escuchó el discurso de Máximo Kirchner. En declaraciones a Infobae a las 9, consideró: “Tuve y tengo diferencias con Cristina. La enfrenté en momentos en que tenía muchísimo poder. El acto no me gustó. No me gustó el discurso de Máximo para nada. Fue muy internista, pegándole a Axel”. Y explicó que su presencia en el acto respondió a una convicción personal: “Creí que tenía que estar ahí, más que nada por el primer año de ese momento de ella”.

La actual situación no exime a Kirchner y Kicillof de reunirse al momento de las definiciones, sobre todo electorales. ¿Cuál sería la herramienta para acordar una estrategia electoral que sostenga un marco de unidad dentro del peronismo? Las PASO. Al menos, así lo entienden cerca de Kicillof. Las elecciones primarias están vigentes pese a la intención del gobierno nacional de eliminarlas en el Congreso. En el plano legislativo, la gestión de Milei hoy no tiene los votos para modificar el escenario electoral.
“A mí me parece que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo, del campo popular en su conjunto”, planteó este lunes Bianco sobre unas PASO. “Me animo a decir no solo del peronismo, sino del campo popular en su conjunto. Y en ese caso, los distintos compañeros y compañeras que quieran representar a nuestra fuerza política o al campo popular tendrán la posibilidad y el espacio para presentarse. Después, la gente votará y definirá quién es el mejor candidato posible del campo popular para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha, porque va a haber un candidato de la derecha, seguramente lo va a elegir el círculo rojo en su momento, de acuerdo a las circunstancias vigentes. Será Milei, será otra persona, pero seguramente vamos a tener un candidato que exprese el voto más de la derecha y tenemos que poner un candidato que exprese el voto de los intereses del campo popular».
POLITICA
ARA San Juan: la fiscalía solicitó penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exoficiales de la Armada

EL CALAFATE.- El Ministerio Público Fiscal solicitó entre cinco y tres años y medio de prisión para los cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina juzgados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, que costó la vida a sus 44 tripulantes.
La acusación recayó sobre el contralmirante (re) Luis Enrique López Mazzeo, con cinco años; el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide, también con cinco años; el capitán de navío (re) Héctor Aníbal Alonso, con cuatro años; y el capitán de fragata (re) Hugo Miguel Correa, tres años y seis meses.
Los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzán y Lucas Colla, junto a la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Garmendia, pidieron además de la prisión, la inhabilitación especial perpetua, accesorios legales y las costas del proceso por considerar a los cuatro marinos autores penalmente responsables del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de los 44 tripulantes del submarino.
Con el alegato fiscal se inició así el tramo final del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos presidido por Mario Reynaldi y que en la jornada de hoy se extendió entre las 9 y las 19.
El equipo del MPF afirmó que el submarino ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata para cumplir la orden de operaciones “en condiciones técnico-operativas deficientes de las cuales los cuatro imputados estaban en conocimiento que no se había dado cumplimiento a los ciclos de mantenimiento correctivo programados y establecidos en la reglamentación, ni atendido a los informes técnicos de inspección y pedidos que recibieron”, según detalló el fiscal Gastón Prozán.
La acusación fiscal sostiene que lo sucedido con el submarino el 15 de noviembre “no fue un hecho instantáneo, fortuito, imprevisible, sino que hubiera podido ser evitado por parte de los cuatro imputados, quienes tenían una especial situación de garantía en función de sus cargos con específicas funciones de seguridad, alistamiento, adiestramiento y sostén de los medios del poder naval”.
El juicio, que comenzó el 3 de marzo de 2026, reconstruyó con precisión el derrotero del ARA San Juan desde que ingresó en 2007 a la reparación de media vida que estuvo a cargo del Proyecto Submarino hasta el 2015, momento en que salió del dique seco y acumuló desperfectos técnicos documentados por los distintos comandantes del buque que fueron expuestos en las audiencias.
Como quedó documentado en las audiencias, al iniciar su última travesía, el submarino había excedido largamente el intervalo reglamentario establecido entre puestas en seco para las tareas de mantenimiento planificado previstas por su empresa fabricante.
Para los fiscales, cuando el 25 de octubre de 2017 la nave zarpó desde la Base Naval Mar del Plata con destino a la Base Naval Ushuaia lo hizo «en condiciones técnico operativas deficientes para realizar las tareas encomendadas», según el requerimiento de elevación a juicio leído en la apertura del debate, sobre los cuales hoy los fiscales construyeron su imputación.
El 11 de noviembre de 2017, el ARA San Juan zarpó desde la Base Naval Ushuaia hacia el área de patrulla asignada. Tres días después, entre las 22.35 y las 23.42 del 14 de noviembre, se produjo un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías N° 3, lo que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio. Al día siguiente, el 15 de noviembre a las 10.51, se produjo la pérdida de plano y la posterior implosión de la unidad al superar la profundidad de colapso. Los 44 tripulantes murieron.
A su turno, el fiscal Lucas Colla, quien conoce la causa desde el principio ya que fue parte de la instrucción en Caleta Olivia, se explayó sobre las responsabilidad de Lopez Mazzeo, “la infracción del deber de cuidado aumentó el peligro en los submarinistas a partir de su zarpada el día 25 de octubre de 2017 y su ulterior pérdida, la emisión de ordenes operativas en las condiciones que se encontraba el submarino más la información que contaba Lopez Mazzeo luego de la navegación de julio constituye el eje central del quebrantamiento de los deberes que le reprochamos y explican prevalentemente el resultado imputado. Entendemos así, que era su deber y hubiera evitado el resultado si hubiere priorizado la seguridad por sus ambiciones personales y sus objetivos opertivos”.
Por su parte, la fiscal María Garmendia, del equipo de la PIA, tuvo a su cargo la exposición de la acusación de Villamide y según su alegato las defensas de los marinos intentaron durante el juicio orientar los interrogatorios de los testigos para responsabilizar al comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, de las decisiones tomadas en el buque.
“Lo que si vemos es un intento de poner en cabeza del comandante la responsabilidad sobre todos estos eventos para deshacerse de la responsabilidad. Pero el informe que dejó Fernandez reconociendo la maniobra que hizo, (en referencia a una prueba en la válvula E-19 durante la navegación de julio) no sabía que iba a ser la única voz en este juicio explicando que es lo que pasó y nosotros lo ponemos en valor. El MPF lo pone en valor porque no puede ser usado como un ausente útil para desligarse de responsabilidad”.
La fiscalía construyó su acusación sobre las funciones específicas que cada uno de los imputados ejercía en la cadena de mando y que, según el MPF, incumplieron de manera determinante.
A Claudio Javier Villamide, titular del Comando de la Fuerza de Submarinos entre febrero y noviembre de 2017, la fiscalía le atribuye haber permitido que el submarino participara de su última misión pese a conocer el vencimiento del mantenimiento, el pedido de ingreso a dique seco formulado por el comandante de la nave en marzo de 2017 y las graves deficiencias registradas en la navegación de julio de ese mismo año.
En tanto que a Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), tenía a su cargo fijar y supervisar el cumplimiento de las normas de alistamiento de todos los medios del Poder Naval. Según la acusación, no ejerció esa supervisión respecto del ARA San Juan pese a conocer la falta de mantenimiento programado, el deterioro del equipamiento y las anomalías registradas en navegaciones anteriores.
Por su parte, Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador del Alistamiento, suscribió la Orden de Operaciones COFS 04/17 en ausencia del titular del Comando; para la fiscalía, lo hizo sabiendo las dificultades que el submarino enfrentaría: las millas a navegar, los objetivos a cumplir y las condiciones hidrometeorológicas del Atlántico Sur en noviembre de ese año.
Finalmente, Hugo Miguel Correa, jefe de Comunicaciones y de la Central de Comunicaciones de Submarinos (Cencomsub), es acusado de no haber asegurado un servicio de comunicaciones rápido y seguro entre el ARA San Juan y el Comando de la Fuerza de Submarinos durante la última navegación. La fiscalía considera que participó activamente en la confección de la orden de operaciones que envió al submarino a su misión final.
Para los fiscales, cada uno de los cuatro imputados posibilitó, con sus conductas u omisiones, que se dieran las condiciones necesarias para elevar el riesgo permitido en la actividad submarina. “Hoy, señores jueces, nos encontramos aquí frente a un punto de inflexión y que nos interpela a todos, pero no solo la Armada Argentina, sino a todo el Estado nacional y los componentes que lo conforman con nosotros incluidos, el accionar imprudente de los cuatro imputados debe ser objeto de la condena solicitada por este Ministerio Público Fiscal, conforme la prueba expuesta”, sostuvo en las palabras finales el fiscal Pruzán.
Mariela Arias,Conforme a
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