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POLITICA

Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder

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Es más habitual de lo que se supone que tramas complejísimas de negocios se deshagan porque se salta un punto. Un episodio mínimo. Por ejemplo, alguien que, presionado por la ansiedad, habla de más. O lo que los psicoanalistas llaman “un fallido”. Ese ladrillo que se mueve puede provocar el derrumbe de toda una arquitectura de poder. Esta microfísica está quedando al desnudo por las novedades de una causa judicial estratégica. Es la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi para determinar qué delitos se cometieron durante la presidencia de Alberto Fernández con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Las maniobras con el comercio exterior son el nudo central de una red de negocios, por lo menos, irregulares. Allí se cruza el aprovechamiento de la brecha cambiaria por parte de financistas con llegada a funcionarios del Banco Central. Por esa vía, en apenas dos pasos, se llega a la AFA y los fabulosos movimientos de dinero de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

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Otro canal conecta con el negocio de las apuestas clandestinas. Pero hay una dimensión más importante en este circuito subterráneo: de las fortunas que se hicieron a través de estas operaciones habría salido parte del financiamiento de dos campañas electorales. Una sería la de Sergio Massa, que condujo el Ministerio de Economía mientras se ponían en circulación estos caudales. La otra campaña es menos evidente. Pero hay infinidad de versiones que aseguran que, a través de Massa y de su entorno, parte del dinero llegó a manos de los hermanos Milei.

El punto del tejido que se soltó es la declaración del excomisario de la Policía Metropolitana Carlos Smith en condición de imputado colaborador, es decir, de arrepentido. Smith confesó ante Picardi haber recibido 51.000 dólares del financista Elías Piccirillo a cambio de plantar a su socio, José Francisco Hauque, y a su pareja, Marisol Aquino, un arma y un paquete de cocaína de manera tal que terminen presos. Hauque presionaba a Piccirillo para recuperar 6 millones de dólares que le había prestado. Para evitar saldar esa deuda, Piccirillo invitó a su socio a comer, junto a su pareja, al hotel Hyatt de la avenida Alvear. Del encuentro salieron todos en el auto de Hauque, que es donde Piccirillo escondió la droga y el arma. No habían recorrido demasiados metros cuando Smith los interceptó, revisó el auto e incautó la droga y la pistola. Pronto se advirtió que todo había sido un montaje, por lo que Smith fue procesado. Interesado en aliviar su calvario, propuso ofrecer información sobre un complejo sistema delictivo.

La narración más completa de esta saga delictiva corresponde a Francisco Olivera, que viene dando cuenta de todos sus detalles desde que sucedían los hechos. El logorreico Smith ofreció datos sobre un universo que era bastante conocido en el submundo de la política. Una red de financieras cercanas a los funcionarios de Economía tenía acceso al dólar oficial, casi siempre simulando operaciones de importación. Las sumas obtenidas eran después vendidas en el mercado paralelo, con diferencias que en algunos períodos superaban el 200%. Además de generar fortunas, de las que se beneficiarían, hay que suponer, los funcionarios habilitantes, contribuían a la marcha del plan económico presionando hacia abajo el precio del dólar blue.

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Piccirillo saltó a la fama por alquilar el opulento yate Boldt por un millón y medio de dólares para circunnavegar Ibiza y Formentera, durante una semana, con su prometida de entonces, Jesica Cirio. Tiempos en que el enamorado era conocido en el ambiente financiero como “el rey del blue”. Su primer contacto con el poder se produjo cuando un funcionario de Alberto Fernández, al advertir que movía montañas de dólares hacia el norte del país, quiso conocerlo. En el encuentro el cuevero recibió esta instrucción: “A partir de ahora, esto que hacés para vos, lo vas a hacer también para mí”.

Además de esas martingalas con los tipos de cambio, bajo el imperio de Fernández-Massa se siguió practicando un negocio inveterado. Se le habrían cobrado de manera muy regular coimas de entre el 10 y el 15% a importadores convencionales. Cuando se libere el secreto de sumario, tal vez se verifique lo que ya informó Olivera: Picardi cuenta con, por lo menos, cuatro pruebas de ese tipo de sobornos. Con nombres y apellidos.

El expresidente Alberto Fernández y el exministro de Economía Sergio MassaMARIA EUGENIA CERUTTI – Presidencia

Piccirillo y su socio Hauque integraban un conjunto de financieras a través de las cuales circulaban los fondos extraídos con esos ardides del Banco Central. A este club pertenecía Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Sobre esta empresa, muy ligada a Martín Insaurralde, puso su lupa ARCA. La agencia tributaria está a cargo del experimentado Andrés Vázquez, y reporta a Santiago Caputo. La conexión entre ambos fue gestionada por el empresario Leonardo Scatturice, cercanísimo a Caputo. Esos vínculos habilitan un sinfín de conjeturas. La más obvia: ¿el avance sobre estas “cuevas” es una de las batallas entre Caputo y Guillermo Michel por el control de la Aduana? Michel, que hoy es un poderoso diputado por Entre Ríos, fue el director de la Aduana durante la gestión ministerial de Massa. Quiere decir que fue una viga maestra del montaje que hoy indaga Picardi. Otros eslabones fueron el exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, y el exsubsecretario de Gestión Comercial, Germán Cervantes.

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Sur Finanzas fue el boquete a través del cual ARCA primero y, después, la Justicia, ingresó en la AFA. Allí se encontró con las mil y una noches de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La financiera de Vallejo fue la correa de transmisión entre la asociación futbolística y los clubes necesitados de salvatajes económicos. Por allí también circularían sumas impresionantes procedentes de las apuestas clandestinas en los partidos de fútbol, sobre todo en los clubes del ascenso. Una “industria” que no podría prosperar sin la complicidad de los árbitros, que siempre son designados por la AFA, en particular, por Toviggino. Ya se sabe quién es uno de los grandes gerentes políticos del juego en la provincia de Buenos Aires: Insaurralde.

Omar Galdurralde, expresidente de Loterías de Buenos Aires, con Martín Insaurralde

Las habilidades con el dinero de, entre otros, Vallejo, Piccirillo y Hauque, sirvieron para canalizar sumas de distinto origen. Las fortunas procedentes de los permisos de importación y de las operaciones inventadas para conseguir dólares oficiales. Los montos derivados de los contratos de la AFA, intermediados por el matrimonio de Javier Faroni y Erica Gillette, ambos ligados a Massa por vínculos casi familiares. También las valijas atiborradas de dólares traídas de Catar, casi a hombro, por una barra de “buenos muchachos” que multiplicaron su patrimonio varias veces con estas prestaciones. Allí están Gonzalo “Gonzalote” Caló, Pablo Lapelosa y Alejandro “Turco” Calián, quien se habría ufanado entre sus amigos de haber recaudado más de 25 millones de dólares sólo por conectar dirigentes de la AFA con operadores cambiarios. Calián es el compañero de todas las horas de Rodrigo de Paul, a quien escoltó en travesías transatlánticas y con quien estuvo a punto de hacer algunos negocios en Miami. La camaradería en esa ciudad aproximó a dos tipos audaces: Calián y Scatturice. Pero el escándalo de la AFA habría interrumpido lo que se encaminaba a ser una rentabilísima amistad.

La información sobre estas maniobras navegaba sin luces hasta que alguien hizo sonar una alarma. Fue Guillermo Francos. El 12 de julio de 2025, el entonces jefe de Gabinete señaló que habría que investigar la adjudicación de las SIRA porque existían indicios de que para obtenerlas se pagaban coimas. Ocho días más tarde, señaló que Tapia y Toviggino ejercían una manipulación política cuando deciden si el público puede volver a las canchas. Ese día Toviggino le dedicó una respuesta surrealista, acusándolo de “tener los dientes amarillos”, y deseándole un rápido final. El 22 de julio, Francos reaccionó por lo de los dientes preguntándose si Toviggino no tendrá los dedos verdes. Un mes más tarde, desde la plataforma Carnaval, cuya propiedad se atribuye a Toviggino y al senador santiagueño Gerardo Zamora, se divulgaron los audios de Diego Spagnuolo revelando que a través de contratos suscriptos por la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), Karina Milei cobraría coimas de 3%.

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¿Es una secuencia azarosa de acusaciones o se trató de una cadena cifrada de chantajes? Imposible determinarlo. Sí se puede verificar que a partir de la divulgación de esos audios se multiplicaron los dolores de cabeza para Tapia y, en especial, para Toviggino. El más mortificante fue provocado por la aparición de un pendrive en el que un excolaborador de Toviggino habría atesorado información sobre las intimidades de la AFA y, sobre todo, de la mansión de Villa Rosa atribuida al tesorero de Tapia. Esa información, al parecer, carecería de valor judicial. Pero tiene un impacto político incalculable. Quienes accedieron a material aseguran que sólo trascendió el 5% del contenido. Alcanza y sobra. No sólo hay detalles sobre el patrimonio de Toviggino. Aparecen también fiestas electrizantes con los nombres de los asistentes, entre los que figuran algunos funcionarios judiciales.

Quinta de Villa Rosa, Pilar, que estaría vinculada de dirigentes de AFARicardo Pristupluk

Hubo un intento por detener la guerra de acusaciones e intimidades. Un acercamiento de colaboradores de la señorita Milei con Toviggino. La versión más confiable asegura que gracias a esas negociaciones la hermana del Presidente habría accedido a una colección de grabaciones de Spagnuolo mucho más extensa que la que se filtró a través de Carnaval. A cambio se le habría prometido al dueño de la playlist y tesorero de la AFA el control de las causas que lo tienen como imputado. Hay una decisión que convierte esta especulación en un dato verosímil: la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.

Es imposible que Milei y su hermana ignoraran que estaban designando a un delegado de la AFA en la FIFA. Al exvicerrector de la dudosa universidad de la AFA. Al gestor judicial que recomendó a su alter ego, el atribulado Ignacio Jakim, como abogado de Toviggino. Al hermano de Esteban Mahiques, exintegrante del Tribunal de Disciplina de la AFA. Al hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques, que festejó su cumpleaños en la mansión de Villa Rosa. Es decir: es imposible que Milei y su hermana ignoraran que estaban designando al frente del Ministerio de Justicia a un hombre de Tapia y Toviggino. La moral como política de Estado.

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Si Mahiques tenía la misión de mejorar la situación de sus amigos de la AFA hasta ahora logró poco. No pudo conseguir que el juez penal-económico Diego Amarante procesara a Tapia y Toviggino por infracciones cambiarias y fiscales. Tampoco logró que la causa en la que están complicados por sospechas de lavado de dinero pase del juzgado de Marcelo Aguinsky al del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Los camaristas de Casación Marcelo Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma todavía no resolvieron el destino de la investigación. ¿Podría volver al severo Daniel Rafecas? Es lo que opinó el fiscal de Casación Mario Villar.

Mahiques no consiguió para sus compinches del fútbol algo más delicado: que no circule la información del pendrive. Tampoco lo logró Marcelo Rochetti, abogado de Toviggino que se había hecho célebre por patrocinar a una institución: el “Rafa” Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca.

El juez Ariel LijoMarcos Brindicci

El titular de Justicia está ahora ante un desafío más exigente. Controlar las derivaciones de la causa SIRA. Primer inconveniente: el juez del caso es Ariel Lijo, su rival en la captura de la Procuración General de la Nación. Ese expediente es delicadísimo porque existen muchas sospechas de que parte de los caudalosos fondos que se capturaban a través de esas maniobras habrían sido destinados al financiamiento de campañas. No sólo a la de Massa. También a la de Milei. Dirigentes cercanos a Massa que, por razones obvias, se niegan a ser identificados, confiesan que “varias intendencias del conurbano siguen siendo peronistas porque sostuvimos con dinero las candidaturas libertarias, dividiendo de ese modo al electorado opositor”.

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Estas versiones son salpimentadas con escenas, tal vez imaginarias, de alta tensión política. Por ejemplo, las que sostienen que el encargado de entregar los fondos a los Milei era el titular de la Aduana, Guillermo Michel, o su alter ego, el habilidoso Sergio “Nono” Vargas, que integró las listas libertarias bonaerenses de la mano de su amigo Carlos Kikuchi. Vargas y Kikuchi militan hoy en la denominada línea libertaria “blue” de la provincia de Buenos Aires. Cuando todo era armonía, ellos orbitaban alrededor de la señorita Milei. ¿Es verdad que ahora Kikuchi y Vargas están midiendo el encanto electoral de Victoria Villarruel? Son nimiedades. Lo inquietante es que entre estas especulaciones figura la posibilidad de que esas manualidades con plata hayan sido filmadas. Habladurías.

Sería muy paranoico atribuir todo lo que pasa en La Libertad Avanza a las enemistades de Karina Milei con Santiago Caputo. Pero anteayer sucedió un episodio misterioso. Desde su cuenta de X, el “Mago” reenvió un tuit que registraba la última explicación de Francisco Olivera sobre el escándalo de las SIRA. Hay un pormenor significativo: durante la campaña de 2023 Caputo no tocó una moneda.




narración más completa de esta saga delictiva,Carlos Pagni,Conforme a

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Elisa Carrió cuestionó el rumbo económico del Gobierno: “Se está aniquilando a la clase media”

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Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, criticó este lunes las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y aseguró que “se está aniquilando a la clase media”.

En diálogo con el programa Solo una vuelta más por TN, la dirigente profundizó: “Hoy en la Argentina, la enajenación del Presidente, en el sentido de que no entiende que se está eliminado la clase media y se está aniquilando también la idea de una vida mejor para nuestros adolescentes, para nuestros hijos”.

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Y amplió: “Se está dando en las redes, por culpa del algoritmo, una idea de polarización absolutamente falsa”.

“Los dueños de la Argentina son los mismos”, remarcó la exfuncionaria.

Consultada sobre si podría presentarse para ocupar algún cargo en las próximas elecciones o a quién votaría, Carrió fue contundente: “Me da asco la política. No voy a ir a votar. No lo voté a Milei, menos a Sergio Massa. A Axel Kicillof tampoco lo pienso votar. Él es un hombre decente rodeado de corruptos”.

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Elisa Carrió, este lunes, en TN, cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. (Foto: captura TN)

“No podemos estar con un capitalismo terrible y una falta de humanismo”, añadió Carrió.

Sobre los anuncios económicos del Gobierno, la exdiputada lanzó: “Luis ‘Toto’ Caputo puede hacer magia, pero ya no sabe qué hacer. Mucho menos convencer a un presidente que está aislado”.

“Estamos en una especie de convertibilidad con un dólar barato falso. Es lo que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno. La clase media tiene que reaccionar. Ya están en la pobreza”, reiteró Carrió.

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POLITICA

“Se busca ampliar la impunidad”: duras críticas de Poder Ciudadano al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia

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En su tradicional cena anual, y con escasa presencia de representantes del oficialismo, Poder Ciudadano apuntó este lunes en duros términos contra el Gobierno al destacar que “la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica” y que “en los últimos años no sólo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad”.

Así lo dijo en su discurso el presidente de la organización, Martín D’Alessandro, quien remarcó que es “imperioso ocuparse en serio de la corrupción de una buena vez”, ya que, puntualizó, “en las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía y en el Índice de Percepción de la Corrupción que confecciona anualmente Transparencia Internacional para 182 países, Argentina se ubica recién en el puesto 104, con apenas 36 puntos sobre 100″. “Es el peor resultado de los últimos 10 años, consolidando la tendencia declinante de los últimos 6 años”, afirmó el titular de Poder Ciudadano.

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En un salón del hotel Sheraton, en Retiro, lo escuchó un variado auditorio en el que se destacó la presencia de dirigentes de la oposición, miembros del Poder Judicial, empresarios y pocos referentes libertarios: estuvieron Luis Petri, Sebastián Pareja y Nicolás Mayoraz, por ejemplo, pero no concurrió ningún miembro del Gabinete nacional ni las máximas autoridades de los bloques legislativos de La Libertad Avanza.

La cena anual de Poder Ciudadano (Fotos: Jaime Olivos)

Entre los representantes de la oposición estuvieron, entre otros, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Martín Lousteau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Carolina Losada, Laura Alonso, Nicolás Massot, Luis Naidenoff, Mario Negri, Gabriel Katopodis, Germán Martínez, Juan Manuel Abal Medina, Diego Bossio, José Octavio Bordón, Karina Banfi, Ricardo Gil Lavedra, Daniel Arroyo y Marcelo Stubrin. Además, hubo empresarios como Martín Rappallini, Jorge Brito, Gustavo Weiss y Cristiano Ratazzi, y economistas como Hernán Lacunza, Carlos Melconian, Alfonso Prat Gay y Marina Dal Poggetto.

Además, concurrió una nutrida representación de jueces y fiscales: Julián Ercolini, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Diego Luciani, Diego Barroetaveña, Inés Weinberg de Roca, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Sergio Mola Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Eduardo Taiano y Alejandra Mángano, entre otros.

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En su discurso, D’Alessandro consideró que la corrupción tiene dimensiones morales, colectivas, estatales, republicanas, democráticas y económicas, al tiempo que señaló que afecta la igualdad ante la ley, debilita la confianza en las instituciones, perjudica las políticas públicas y distorsiona la asignación de bienes públicos.

Gustavo Weiss, Fabián Perechodnik y Cristiano Ratazzi

El titular de Poder Ciudadano cuestionó que desde el Gobierno no se hayan implementado políticas específicas para elevar la transparencia y denunció intentos del oficialismo de reducir la cantidad de juzgados con capacidad para investigar hechos de corrupción cometidos por funcionarios. También criticó el proyecto de inocencia fisca”, enviado al Congreso durante este año, porque inicialmente permitía a funcionarios blanquear dinero no declarado sin dar explicaciones.

El proyecto oficial de reforma política fue otro de los puntos objetados por D’Alessandro: sostuvo que la iniciativa contempla liberar los límites a las donaciones privadas para campañas electorales y habilitar campañas paralelas sin controles, en sentido contrario a las prácticas internacionales en la materia.

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También cuestionó el incremento del gasto en agencias de inteligencia sin rendición de cuentas y las demoras o versiones contradictorias que, según dijo, buscaron ocultar enriquecimientos sospechosos de funcionarios. Describió esos episodios como una combinación de “arrogancia y tozudez, de tragedia y de comedia”.

Los libertarios Sebastián Pareja y Nicolás Mayoraz

Tras mencionar que la Argentina quedó en el último lugar de América Latina en recepción de inversiones extranjeras, de acuerdo con el último relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el presidente de Poder Ciudadano vinculó ese retroceso con el deterioro institucional y sostuvo que las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad reducen la incertidumbre económica.

D’Alessandro mencionó estimaciones según las cuales la corrupción le hace perder al país entre 8% y 10% del PBI cada año. A partir de esa cifra, planteó que combatirla podría tener un efecto económico rentable.

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Por otra parte, rechazó la idea de que la corrupción desaparecería solamente con la reducción del Estado. Admitió que las regulaciones excesivas pueden generar oportunidades de corrupción, pero advirtió que una desregulación sin controles también facilita el aprovechamiento de la debilidad estatal.

Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Ricardo Sanz, Alfonso Prat Gay y Martín Rappallini

Como ejemplo, recordó una denuncia presentada por la organización que dirige ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en diciembre del año anterior luego de descubrir que, tras la eliminación de trámites y controles, ingresaban al país autos de lujo declarados como vehículos de colección, una maniobra que permitía evadir millones de pesos en impuestos.

La denuncia derivó en la detección de un posible delito de contrabando agravado, sanciones a funcionarios, cambios normativos y la elevación del caso a la Justicia Penal Económica. Para D’Alessandro, ese episodio mostró la necesidad de instituciones sólidas y de una sociedad civil que controle las decisiones públicas.

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El presidente de Poder Ciudadano aseguró que la democracia no puede depender del crecimiento económico. Recordó que ningún país que sufrió golpes de Estado tuvo ingresos superiores a los de Argentina en 1976, al referirse a la relación entre desarrollo, estabilidad democrática e instituciones.

Carlos Melconian, Rogelio Frigerio y Martín Lousteau

La participación de organizaciones y ciudadanos debe ser considerada un aporte al control de los gobiernos y no una interferencia, enfatizó D’Alessandro. Sin embargo, denunció que el Gobierno avanza en una dirección opuesta mediante decretos y proyectos legislativos que limitarían la intervención de la sociedad civil.

Entre esas medidas mencionó un decreto que restringió el acceso ciudadano a la información pública y otro que eliminó la participación y la consulta ciudadana en el proceso de designación de jueces. Según expuso, ambas decisiones contradicen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

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También objetó el proyecto de regulación del lobby, que, según describió, busca someter a miles de organizaciones no gubernamentales a un régimen de vigilancia que las obligaría a informar al Estado prácticamente todos sus movimientos. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, agregó, pretende limitar la libertad de opinión.

Emilio Monzó y Diego Bossio

Ambas iniciativas prevén delitos de prisión formulados de manera ambigua, señaló. D’Alessandro consideró que ese tipo de disposiciones acerca al país a modelos como los de Venezuela, Hungría y Nicaragua, en lugar de aproximarlo a Estados Unidos o a Europa.

“Los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos”, resumió el presidente de Poder Ciudadano. A partir de esa premisa, se preguntó cómo podría recuperarse la confianza en la política y en las instituciones si el Estado desconfía de su propia ciudadanía.

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Recordó que la fundadora de la organización, Marta Oyhanarte, había definido ese objetivo durante la primera convocatoria pública de Poder Ciudadano, en abril de 1989: “Hemos iniciado un camino que pretende reavivar nuestra conciencia cívica -dijo-. Esto implica un cambio de modalidad en nuestra forma de pensar y de actuar, porque somos copropietarios de esta democracia”.

El juez Sebastián Casanello

Oyhanarte agregó entonces: “Intentamos ser promotores de participación para vivir en un país normal, con un sistema de normas claras que sean cumplidas por gobernantes y gobernados”. También sostuvo que el espíritu de la entidad era “la suma de muchos que hacen poquito y no a la inversa”.

D’Alessandro afirmó que esa definición continúa orientando las convicciones y la propuesta de Poder Ciudadano. La organización que preside, según precisó, configuró la corrupción como un problema público y promovió el activismo social como complemento de los controles y las sanciones estatales.

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Inés Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

D’Alessandro sostuvo que la organización “no adoptó una posición antipolítica ni alentó escándalos, fanatismo punitivo o la idea de que algunas personas son moralmente inferiores por sus opiniones partidarias”. En cambio, salió en defensa de una visión pluralista basada en la transparencia, los controles, la rendición de cuentas y la calidad institucional.

Cuando los ciudadanos se repliegan en la vida privada, la esfera pública se debilita y aumenta la vulnerabilidad frente al autoritarismo, advirtió. Según D’Alessandro, una sociedad organizada que exige explicaciones fortalece la confianza entre la población y el Estado, reduce las probabilidades de autocratización y mejora las condiciones para el desarrollo.

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Malvinas: el Gobierno denunció a una empresa británica por realizar vuelos sin autorización hacia Chile

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El Gobierno denunció este lunes las operaciones realizadas por la empresa británica THALES UK LIMITED en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.

El presidente Javier Milei ordenó a los equipos de Gobierno “dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”.

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“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e Internacional. Las Malvinas son argentinas”, cierra el texto.

Explotación de hidrocarburos

En tanto, el Gobierno intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para “impedir el inicio o la continuación” de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.

Milei también instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo, según el comunicado, es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion, y evitar el otorgamiento de nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.

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El comunicado del gobierno (Foto: captura)

Si Londres no cumple con la intimación, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. El comunicado sostiene que la explotación unilateral de esos recursos es “contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable”.

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”, publicó Milei en sus redes tras compartir el comunicado. En el texto oficial, el Gobierno también manifestó su “rechazo categórico” a la respuesta del Reino Unido frente al discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y remarcó: “La pretendida denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas».

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