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POLITICA

Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder

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Es más habitual de lo que se supone que tramas complejísimas de negocios se deshagan porque se salta un punto. Un episodio mínimo. Por ejemplo, alguien que, presionado por la ansiedad, habla de más. O lo que los psicoanalistas llaman “un fallido”. Ese ladrillo que se mueve puede provocar el derrumbe de toda una arquitectura de poder. Esta microfísica está quedando al desnudo por las novedades de una causa judicial estratégica. Es la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi para determinar qué delitos se cometieron durante la presidencia de Alberto Fernández con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Las maniobras con el comercio exterior son el nudo central de una red de negocios, por lo menos, irregulares. Allí se cruza el aprovechamiento de la brecha cambiaria por parte de financistas con llegada a funcionarios del Banco Central. Por esa vía, en apenas dos pasos, se llega a la AFA y los fabulosos movimientos de dinero de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

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Otro canal conecta con el negocio de las apuestas clandestinas. Pero hay una dimensión más importante en este circuito subterráneo: de las fortunas que se hicieron a través de estas operaciones habría salido parte del financiamiento de dos campañas electorales. Una sería la de Sergio Massa, que condujo el Ministerio de Economía mientras se ponían en circulación estos caudales. La otra campaña es menos evidente. Pero hay infinidad de versiones que aseguran que, a través de Massa y de su entorno, parte del dinero llegó a manos de los hermanos Milei.

El punto del tejido que se soltó es la declaración del excomisario de la Policía Metropolitana Carlos Smith en condición de imputado colaborador, es decir, de arrepentido. Smith confesó ante Picardi haber recibido 51.000 dólares del financista Elías Piccirillo a cambio de plantar a su socio, José Francisco Hauque, y a su pareja, Marisol Aquino, un arma y un paquete de cocaína de manera tal que terminen presos. Hauque presionaba a Piccirillo para recuperar 6 millones de dólares que le había prestado. Para evitar saldar esa deuda, Piccirillo invitó a su socio a comer, junto a su pareja, al hotel Hyatt de la avenida Alvear. Del encuentro salieron todos en el auto de Hauque, que es donde Piccirillo escondió la droga y el arma. No habían recorrido demasiados metros cuando Smith los interceptó, revisó el auto e incautó la droga y la pistola. Pronto se advirtió que todo había sido un montaje, por lo que Smith fue procesado. Interesado en aliviar su calvario, propuso ofrecer información sobre un complejo sistema delictivo.

La narración más completa de esta saga delictiva corresponde a Francisco Olivera, que viene dando cuenta de todos sus detalles desde que sucedían los hechos. El logorreico Smith ofreció datos sobre un universo que era bastante conocido en el submundo de la política. Una red de financieras cercanas a los funcionarios de Economía tenía acceso al dólar oficial, casi siempre simulando operaciones de importación. Las sumas obtenidas eran después vendidas en el mercado paralelo, con diferencias que en algunos períodos superaban el 200%. Además de generar fortunas, de las que se beneficiarían, hay que suponer, los funcionarios habilitantes, contribuían a la marcha del plan económico presionando hacia abajo el precio del dólar blue.

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Piccirillo saltó a la fama por alquilar el opulento yate Boldt por un millón y medio de dólares para circunnavegar Ibiza y Formentera, durante una semana, con su prometida de entonces, Jesica Cirio. Tiempos en que el enamorado era conocido en el ambiente financiero como “el rey del blue”. Su primer contacto con el poder se produjo cuando un funcionario de Alberto Fernández, al advertir que movía montañas de dólares hacia el norte del país, quiso conocerlo. En el encuentro el cuevero recibió esta instrucción: “A partir de ahora, esto que hacés para vos, lo vas a hacer también para mí”.

Además de esas martingalas con los tipos de cambio, bajo el imperio de Fernández-Massa se siguió practicando un negocio inveterado. Se le habrían cobrado de manera muy regular coimas de entre el 10 y el 15% a importadores convencionales. Cuando se libere el secreto de sumario, tal vez se verifique lo que ya informó Olivera: Picardi cuenta con, por lo menos, cuatro pruebas de ese tipo de sobornos. Con nombres y apellidos.

El expresidente Alberto Fernández y el exministro de Economía Sergio MassaMARIA EUGENIA CERUTTI – Presidencia

Piccirillo y su socio Hauque integraban un conjunto de financieras a través de las cuales circulaban los fondos extraídos con esos ardides del Banco Central. A este club pertenecía Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Sobre esta empresa, muy ligada a Martín Insaurralde, puso su lupa ARCA. La agencia tributaria está a cargo del experimentado Andrés Vázquez, y reporta a Santiago Caputo. La conexión entre ambos fue gestionada por el empresario Leonardo Scatturice, cercanísimo a Caputo. Esos vínculos habilitan un sinfín de conjeturas. La más obvia: ¿el avance sobre estas “cuevas” es una de las batallas entre Caputo y Guillermo Michel por el control de la Aduana? Michel, que hoy es un poderoso diputado por Entre Ríos, fue el director de la Aduana durante la gestión ministerial de Massa. Quiere decir que fue una viga maestra del montaje que hoy indaga Picardi. Otros eslabones fueron el exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, y el exsubsecretario de Gestión Comercial, Germán Cervantes.

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Sur Finanzas fue el boquete a través del cual ARCA primero y, después, la Justicia, ingresó en la AFA. Allí se encontró con las mil y una noches de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La financiera de Vallejo fue la correa de transmisión entre la asociación futbolística y los clubes necesitados de salvatajes económicos. Por allí también circularían sumas impresionantes procedentes de las apuestas clandestinas en los partidos de fútbol, sobre todo en los clubes del ascenso. Una “industria” que no podría prosperar sin la complicidad de los árbitros, que siempre son designados por la AFA, en particular, por Toviggino. Ya se sabe quién es uno de los grandes gerentes políticos del juego en la provincia de Buenos Aires: Insaurralde.

Omar Galdurralde, expresidente de Loterías de Buenos Aires, con Martín Insaurralde

Las habilidades con el dinero de, entre otros, Vallejo, Piccirillo y Hauque, sirvieron para canalizar sumas de distinto origen. Las fortunas procedentes de los permisos de importación y de las operaciones inventadas para conseguir dólares oficiales. Los montos derivados de los contratos de la AFA, intermediados por el matrimonio de Javier Faroni y Erica Gillette, ambos ligados a Massa por vínculos casi familiares. También las valijas atiborradas de dólares traídas de Catar, casi a hombro, por una barra de “buenos muchachos” que multiplicaron su patrimonio varias veces con estas prestaciones. Allí están Gonzalo “Gonzalote” Caló, Pablo Lapelosa y Alejandro “Turco” Calián, quien se habría ufanado entre sus amigos de haber recaudado más de 25 millones de dólares sólo por conectar dirigentes de la AFA con operadores cambiarios. Calián es el compañero de todas las horas de Rodrigo de Paul, a quien escoltó en travesías transatlánticas y con quien estuvo a punto de hacer algunos negocios en Miami. La camaradería en esa ciudad aproximó a dos tipos audaces: Calián y Scatturice. Pero el escándalo de la AFA habría interrumpido lo que se encaminaba a ser una rentabilísima amistad.

La información sobre estas maniobras navegaba sin luces hasta que alguien hizo sonar una alarma. Fue Guillermo Francos. El 12 de julio de 2025, el entonces jefe de Gabinete señaló que habría que investigar la adjudicación de las SIRA porque existían indicios de que para obtenerlas se pagaban coimas. Ocho días más tarde, señaló que Tapia y Toviggino ejercían una manipulación política cuando deciden si el público puede volver a las canchas. Ese día Toviggino le dedicó una respuesta surrealista, acusándolo de “tener los dientes amarillos”, y deseándole un rápido final. El 22 de julio, Francos reaccionó por lo de los dientes preguntándose si Toviggino no tendrá los dedos verdes. Un mes más tarde, desde la plataforma Carnaval, cuya propiedad se atribuye a Toviggino y al senador santiagueño Gerardo Zamora, se divulgaron los audios de Diego Spagnuolo revelando que a través de contratos suscriptos por la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), Karina Milei cobraría coimas de 3%.

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¿Es una secuencia azarosa de acusaciones o se trató de una cadena cifrada de chantajes? Imposible determinarlo. Sí se puede verificar que a partir de la divulgación de esos audios se multiplicaron los dolores de cabeza para Tapia y, en especial, para Toviggino. El más mortificante fue provocado por la aparición de un pendrive en el que un excolaborador de Toviggino habría atesorado información sobre las intimidades de la AFA y, sobre todo, de la mansión de Villa Rosa atribuida al tesorero de Tapia. Esa información, al parecer, carecería de valor judicial. Pero tiene un impacto político incalculable. Quienes accedieron a material aseguran que sólo trascendió el 5% del contenido. Alcanza y sobra. No sólo hay detalles sobre el patrimonio de Toviggino. Aparecen también fiestas electrizantes con los nombres de los asistentes, entre los que figuran algunos funcionarios judiciales.

Quinta de Villa Rosa, Pilar, que estaría vinculada de dirigentes de AFARicardo Pristupluk

Hubo un intento por detener la guerra de acusaciones e intimidades. Un acercamiento de colaboradores de la señorita Milei con Toviggino. La versión más confiable asegura que gracias a esas negociaciones la hermana del Presidente habría accedido a una colección de grabaciones de Spagnuolo mucho más extensa que la que se filtró a través de Carnaval. A cambio se le habría prometido al dueño de la playlist y tesorero de la AFA el control de las causas que lo tienen como imputado. Hay una decisión que convierte esta especulación en un dato verosímil: la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.

Es imposible que Milei y su hermana ignoraran que estaban designando a un delegado de la AFA en la FIFA. Al exvicerrector de la dudosa universidad de la AFA. Al gestor judicial que recomendó a su alter ego, el atribulado Ignacio Jakim, como abogado de Toviggino. Al hermano de Esteban Mahiques, exintegrante del Tribunal de Disciplina de la AFA. Al hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques, que festejó su cumpleaños en la mansión de Villa Rosa. Es decir: es imposible que Milei y su hermana ignoraran que estaban designando al frente del Ministerio de Justicia a un hombre de Tapia y Toviggino. La moral como política de Estado.

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Si Mahiques tenía la misión de mejorar la situación de sus amigos de la AFA hasta ahora logró poco. No pudo conseguir que el juez penal-económico Diego Amarante procesara a Tapia y Toviggino por infracciones cambiarias y fiscales. Tampoco logró que la causa en la que están complicados por sospechas de lavado de dinero pase del juzgado de Marcelo Aguinsky al del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Los camaristas de Casación Marcelo Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma todavía no resolvieron el destino de la investigación. ¿Podría volver al severo Daniel Rafecas? Es lo que opinó el fiscal de Casación Mario Villar.

Mahiques no consiguió para sus compinches del fútbol algo más delicado: que no circule la información del pendrive. Tampoco lo logró Marcelo Rochetti, abogado de Toviggino que se había hecho célebre por patrocinar a una institución: el “Rafa” Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca.

El juez Ariel LijoMarcos Brindicci

El titular de Justicia está ahora ante un desafío más exigente. Controlar las derivaciones de la causa SIRA. Primer inconveniente: el juez del caso es Ariel Lijo, su rival en la captura de la Procuración General de la Nación. Ese expediente es delicadísimo porque existen muchas sospechas de que parte de los caudalosos fondos que se capturaban a través de esas maniobras habrían sido destinados al financiamiento de campañas. No sólo a la de Massa. También a la de Milei. Dirigentes cercanos a Massa que, por razones obvias, se niegan a ser identificados, confiesan que “varias intendencias del conurbano siguen siendo peronistas porque sostuvimos con dinero las candidaturas libertarias, dividiendo de ese modo al electorado opositor”.

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Estas versiones son salpimentadas con escenas, tal vez imaginarias, de alta tensión política. Por ejemplo, las que sostienen que el encargado de entregar los fondos a los Milei era el titular de la Aduana, Guillermo Michel, o su alter ego, el habilidoso Sergio “Nono” Vargas, que integró las listas libertarias bonaerenses de la mano de su amigo Carlos Kikuchi. Vargas y Kikuchi militan hoy en la denominada línea libertaria “blue” de la provincia de Buenos Aires. Cuando todo era armonía, ellos orbitaban alrededor de la señorita Milei. ¿Es verdad que ahora Kikuchi y Vargas están midiendo el encanto electoral de Victoria Villarruel? Son nimiedades. Lo inquietante es que entre estas especulaciones figura la posibilidad de que esas manualidades con plata hayan sido filmadas. Habladurías.

Sería muy paranoico atribuir todo lo que pasa en La Libertad Avanza a las enemistades de Karina Milei con Santiago Caputo. Pero anteayer sucedió un episodio misterioso. Desde su cuenta de X, el “Mago” reenvió un tuit que registraba la última explicación de Francisco Olivera sobre el escándalo de las SIRA. Hay un pormenor significativo: durante la campaña de 2023 Caputo no tocó una moneda.




narración más completa de esta saga delictiva,Carlos Pagni,Conforme a

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POLITICA

La CGT se encamina a anunciar esta semana un plan de lucha contra el Gobierno y analiza medidas de fuerza escalonadas para el segundo semestre

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La Confederación General del Trabajo (CGT) buscará este jueves darle forma a un plan de lucha que viene discutiendo desde hace semanas y que podría traducirse en medidas de fuerza escalonadas impulsadas por distintos sindicatos en el segundo semestre. La definición quedará en manos del Consejo Directivo, que se reunirá a las 14 en la sede de la calle Azopardo para analizar el impacto de la reglamentación de la reforma laboral, el estado de la estrategia judicial y los pasos a seguir para enfrentar las políticas del Gobierno de Javier Milei, según pudo saber TN.

La conducción cegetista ofrecerá una conferencia de prensa al término del encuentro, prevista entre las 16.30 y las 17. Allí se espera que informe las conclusiones de una discusión que ganó intensidad después de la publicación del decreto reglamentario de la reforma laboral.

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La reunión será encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. Aunque dentro de la CGT conviven posiciones diferentes sobre el alcance de las medidas a adoptar, en los últimos encuentros se consolidó la idea de construir una estrategia sostenida que involucre a distintos gremios antes de evaluar un nuevo paro general.

Esa decisión ya había quedado reflejada en las reuniones que la central obrera mantuvo con las confederaciones que integran su estructura y también en los contactos iniciados con las dos CTA para explorar acciones coordinadas.

Reforma laboral y frente judicial

Uno de los ejes centrales de la reunión de este jueves será el análisis de la reglamentación de la reforma laboral y de las consecuencias que los sindicatos advierten sobre la actividad gremial y la negociación colectiva.

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Sola planteó este lunes que todavía existen cuestiones pendientes de resolución judicial vinculadas al derecho de huelga, la acción sindical y distintos aspectos de la reforma. En diálogo con Radio Continental, cuestionó la posibilidad de avanzar hacia esquemas de negociación por empresa. “Lo que están intentando es abrir sindicatos por empresa, eso atomiza”, sostuvo.

Los gremios combativos mantienen la presión para que la CGT convoque a un nuevo paro general (Foto: ATE).

Dentro de la CGT consideran que la publicación del decreto abrió una nueva etapa de disputa. Por ese motivo, el Consejo Directivo también evaluará el estado de las presentaciones judiciales impulsadas por distintos gremios para intentar frenar aspectos de la reglamentación que consideran inconstitucionales.

La central obrera le había anticipado a este medio que buena parte de esos planteos serían promovidos por cada sindicato en forma individual y no necesariamente mediante acciones institucionales de la CGT.

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Coordinación sindical

El encuentro también incluirá un repaso de la reunión que la CGT mantuvo la semana pasada con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

Ese encuentro concluyó con el compromiso de fortalecer la coordinación entre las tres centrales sindicales y de avanzar en una agenda común frente a los conflictos laborales que atraviesan distintos sectores. Señalaron la necesidad de sostener espacios de articulación permanentes y trabajar en la construcción de un plan de lucha unificado.

La posibilidad de ampliar la coordinación sindical aparece como uno de los elementos que la CGT pretende incorporar a la mesa de debate, en un contexto marcado por los cuestionamientos a la reforma laboral, pero también por reclamos vinculados al empleo y a la actividad productiva.

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La discusión sobre las medidas concretas sigue abierta, aunque en la conducción cegetista viene ganando terreno la idea de acciones escalonadas, los gremios combativos no abandonan la presión para que la CGT convoque a un paro general.

En ese marco, Sola anticipó que la central obrera trabaja en una estrategia de mayor alcance para el segundo semestre y que “el plan de lucha de la CGT va a ir en camino hacia una gran medida nacional”. La definición sobre cómo se instrumentará ese esquema comenzará a resolverse este jueves.

CGT, reforma laboral, CTA autónoma, CTA de los Trabajadores

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POLITICA

La mano derecha de Kicillof evitó confrontar con Máximo Kirchner, pero no hay señales de acercamiento

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“Los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a ver a la compañera y preguntarle cómo está, qué necesita”. La frase del discurso del diputado nacional, Máximo Kirchner, durante el acto que el kirchnerismo llevó adelante el último sábado en Parque Lezama, al cumplirse un año de detención de la expresidenta Cristina Kirchner, tuvo destinatarios puntuales: uno de ellos, quizá el de mayor magnitud, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La demanda no es nueva, pero ratifica y profundiza las diferencias existentes dentro del peronismo. Este lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, evitó referirse a ese asunto, puntualizó en que Kicillof “le pidió a nuestro sector que es el Movimiento Derecho al Futuro y al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que convoque y participe” y ponderó la inocencia de Cristina en el marco de la causa Vialidad.

“La convocatoria del sábado fue muy clara, era muy claro el objetivo: conmemorar el año de prisión injusta de Cristina y por eso justamente el gobernador le pidió tanto a nuestro sector, que es el movimiento Derecho al Futuro, que convoque y que participe en distintos referentes y en general a los compañeros y compañeras. Hizo lo propio también como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Fueron dos convocatorias públicas. Participaron compañeros y compañeras de ambos espacios. Nuestra propuesta y nuestra posición siempre fueron muy claras respecto de la injusta prisión de Cristina”, dijo el ministro provincial ante la consulta de Infobae durante la conferencia de prensa de este lunes en la gobernación bonaerense.

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El ministro de Gobierno bonaeresne, Carlos Bianco

Si bien en la antesala se especuló con la posible presencia del mandatario bonaerense en el acto en Parque Lezama, finalmente Kicillof no estuvo. En su discurso, sin dar nombres propios más allá del del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, Máximo Kirchner se encargó de enfatizar los sectores del peronismo que hoy muestran distancia de la base política que conduce su madre. Allí entra el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que conduce el gobernador.

Bianco enfatizó con respecto a la situación de Cristina Kirchner que “nuestra posición siempre fue muy clara. Nosotros creemos que esa condena es absolutamente injusta y que Cristina es inocente. Eso siempre fue muy claro y esa es la razón por la cual desde los sectores que conduce el gobernador Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, hemos decidido convocar y participar”.

De momento no habrá encuentro en San José 1111 entre el mandatario bonaerense y la ex presidenta. La última vez que se reunieron fue tras los comicios provinciales del 7 de septiembre y en la antesala de la elección a diputados nacionales de octubre: es decir, con la pena de prisión domiciliaria ya en curso. Este lunes, Bianco evitó precisar si habrá alguna reunión entre los dirigentes a la brevedad.

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En este contexto, ambos espacios transitan caminos paralelos y así se advierte que continuará la relación. La próxima parada en la dinámica peronista será el 1 de julio. Para ese día, como adelantó este medio, está previsto que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reúna, aunque será un encuentro de carácter institucional y no un acto político. Ese día se cumplen 52 años del fallecimiento del expresidente Juan Domingo Perón y desde el PJ bonaerense piensan en realizar un encuentro con las autoridades de los PJ de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La locación elegida será la Quinta de San Vicente.

Kicillof reunirá a los presidentes de los PJ locales el próximo 1 de julio

Del acto en Parque Lezama, sí hubo participación de algunos integrantes del espacio político de Kicillof como el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien no subió a las gradas; o el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascalles, que además es el Secretario General del PJ bonaerense.

Otro dirigente cercano a Kicillof que estuvo en las gradas del escenario de Parque Lezma fue el exjefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina. Semanas atrás se reunió con Kicillof. Este sábado escuchó el discurso de Máximo Kirchner. En declaraciones a Infobae a las 9, consideró: “Tuve y tengo diferencias con Cristina. La enfrenté en momentos en que tenía muchísimo poder. El acto no me gustó. No me gustó el discurso de Máximo para nada. Fue muy internista, pegándole a Axel”. Y explicó que su presencia en el acto respondió a una convicción personal: “Creí que tenía que estar ahí, más que nada por el primer año de ese momento de ella”.

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La militancia que se acercó a Parque Lezmana pidió no solo por la libertad de CFK, sino también por una eventual candidatura presidencial

La actual situación no exime a Kirchner y Kicillof de reunirse al momento de las definiciones, sobre todo electorales. ¿Cuál sería la herramienta para acordar una estrategia electoral que sostenga un marco de unidad dentro del peronismo? Las PASO. Al menos, así lo entienden cerca de Kicillof. Las elecciones primarias están vigentes pese a la intención del gobierno nacional de eliminarlas en el Congreso. En el plano legislativo, la gestión de Milei hoy no tiene los votos para modificar el escenario electoral.

“A mí me parece que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo, del campo popular en su conjunto”, planteó este lunes Bianco sobre unas PASO. “Me animo a decir no solo del peronismo, sino del campo popular en su conjunto. Y en ese caso, los distintos compañeros y compañeras que quieran representar a nuestra fuerza política o al campo popular tendrán la posibilidad y el espacio para presentarse. Después, la gente votará y definirá quién es el mejor candidato posible del campo popular para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha, porque va a haber un candidato de la derecha, seguramente lo va a elegir el círculo rojo en su momento, de acuerdo a las circunstancias vigentes. Será Milei, será otra persona, pero seguramente vamos a tener un candidato que exprese el voto más de la derecha y tenemos que poner un candidato que exprese el voto de los intereses del campo popular».

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POLITICA

ARA San Juan: la fiscalía solicitó penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exoficiales de la Armada

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EL CALAFATE.- El Ministerio Público Fiscal solicitó entre cinco y tres años y medio de prisión para los cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina juzgados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, que costó la vida a sus 44 tripulantes.

La acusación recayó sobre el contralmirante (re) Luis Enrique López Mazzeo, con cinco años; el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide, también con cinco años; el capitán de navío (re) Héctor Aníbal Alonso, con cuatro años; y el capitán de fragata (re) Hugo Miguel Correa, tres años y seis meses.

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Los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzán y Lucas Colla, junto a la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Garmendia, pidieron además de la prisión, la inhabilitación especial perpetua, accesorios legales y las costas del proceso por considerar a los cuatro marinos autores penalmente responsables del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de los 44 tripulantes del submarino.

Con el alegato fiscal se inició así el tramo final del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos presidido por Mario Reynaldi y que en la jornada de hoy se extendió entre las 9 y las 19.

El equipo del MPF afirmó que el submarino ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata para cumplir la orden de operaciones “en condiciones técnico-operativas deficientes de las cuales los cuatro imputados estaban en conocimiento que no se había dado cumplimiento a los ciclos de mantenimiento correctivo programados y establecidos en la reglamentación, ni atendido a los informes técnicos de inspección y pedidos que recibieron”, según detalló el fiscal Gastón Prozán.

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Uno de los momentos de la exposición de la fiscal María Garmendia, de la PIAcaptura zoom

La acusación fiscal sostiene que lo sucedido con el submarino el 15 de noviembre “no fue un hecho instantáneo, fortuito, imprevisible, sino que hubiera podido ser evitado por parte de los cuatro imputados, quienes tenían una especial situación de garantía en función de sus cargos con específicas funciones de seguridad, alistamiento, adiestramiento y sostén de los medios del poder naval”.

El juicio, que comenzó el 3 de marzo de 2026, reconstruyó con precisión el derrotero del ARA San Juan desde que ingresó en 2007 a la reparación de media vida que estuvo a cargo del Proyecto Submarino hasta el 2015, momento en que salió del dique seco y acumuló desperfectos técnicos documentados por los distintos comandantes del buque que fueron expuestos en las audiencias.

Como quedó documentado en las audiencias, al iniciar su última travesía, el submarino había excedido largamente el intervalo reglamentario establecido entre puestas en seco para las tareas de mantenimiento planificado previstas por su empresa fabricante.

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Para los fiscales, cuando el 25 de octubre de 2017 la nave zarpó desde la Base Naval Mar del Plata con destino a la Base Naval Ushuaia lo hizo «en condiciones técnico operativas deficientes para realizar las tareas encomendada, según el requerimiento de elevación a juicio leído en la apertura del debate, sobre los cuales hoy los fiscales construyeron su imputación.

El 11 de noviembre de 2017, el ARA San Juan zarpó desde la Base Naval Ushuaia hacia el área de patrulla asignada. Tres días después, entre las 22.35 y las 23.42 del 14 de noviembre, se produjo un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías N° 3, lo que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio. Al día siguiente, el 15 de noviembre a las 10.51, se produjo la pérdida de plano y la posterior implosión de la unidad al superar la profundidad de colapso. Los 44 tripulantes murieron.

A su turno, el fiscal Lucas Colla, quien conoce la causa desde el principio ya que fue parte de la instrucción en Caleta Olivia, se explayó sobre las responsabilidad de Lopez Mazzeo, “la infracción del deber de cuidado aumentó el peligro en los submarinistas a partir de su zarpada el día 25 de octubre de 2017 y su ulterior pérdida, la emisión de ordenes operativas en las condiciones que se encontraba el submarino más la información que contaba Lopez Mazzeo luego de la navegación de julio constituye el eje central del quebrantamiento de los deberes que le reprochamos y explican prevalentemente el resultado imputado. Entendemos así, que era su deber y hubiera evitado el resultado si hubiere priorizado la seguridad por sus ambiciones personales y sus objetivos opertivos”.

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Por su parte, la fiscal María Garmendia, del equipo de la PIA, tuvo a su cargo la exposición de la acusación de Villamide y según su alegato las defensas de los marinos intentaron durante el juicio orientar los interrogatorios de los testigos para responsabilizar al comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, de las decisiones tomadas en el buque.

“Lo que si vemos es un intento de poner en cabeza del comandante la responsabilidad sobre todos estos eventos para deshacerse de la responsabilidad. Pero el informe que dejó Fernandez reconociendo la maniobra que hizo, (en referencia a una prueba en la válvula E-19 durante la navegación de julio) no sabía que iba a ser la única voz en este juicio explicando que es lo que pasó y nosotros lo ponemos en valor. El MPF lo pone en valor porque no puede ser usado como un ausente útil para desligarse de responsabilidad”.

Los exmarinos Luis Enrique Lopez Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel CorreaWALTER DIAZ – AFP

La fiscalía construyó su acusación sobre las funciones específicas que cada uno de los imputados ejercía en la cadena de mando y que, según el MPF, incumplieron de manera determinante.

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A Claudio Javier Villamide, titular del Comando de la Fuerza de Submarinos entre febrero y noviembre de 2017, la fiscalía le atribuye haber permitido que el submarino participara de su última misión pese a conocer el vencimiento del mantenimiento, el pedido de ingreso a dique seco formulado por el comandante de la nave en marzo de 2017 y las graves deficiencias registradas en la navegación de julio de ese mismo año.

En tanto que a Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), tenía a su cargo fijar y supervisar el cumplimiento de las normas de alistamiento de todos los medios del Poder Naval. Según la acusación, no ejerció esa supervisión respecto del ARA San Juan pese a conocer la falta de mantenimiento programado, el deterioro del equipamiento y las anomalías registradas en navegaciones anteriores.

Por su parte, Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador del Alistamiento, suscribió la Orden de Operaciones COFS 04/17 en ausencia del titular del Comando; para la fiscalía, lo hizo sabiendo las dificultades que el submarino enfrentaría: las millas a navegar, los objetivos a cumplir y las condiciones hidrometeorológicas del Atlántico Sur en noviembre de ese año.

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Finalmente, Hugo Miguel Correa, jefe de Comunicaciones y de la Central de Comunicaciones de Submarinos (Cencomsub), es acusado de no haber asegurado un servicio de comunicaciones rápido y seguro entre el ARA San Juan y el Comando de la Fuerza de Submarinos durante la última navegación. La fiscalía considera que participó activamente en la confección de la orden de operaciones que envió al submarino a su misión final.

Para los fiscales, cada uno de los cuatro imputados posibilitó, con sus conductas u omisiones, que se dieran las condiciones necesarias para elevar el riesgo permitido en la actividad submarina. “Hoy, señores jueces, nos encontramos aquí frente a un punto de inflexión y que nos interpela a todos, pero no solo la Armada Argentina, sino a todo el Estado nacional y los componentes que lo conforman con nosotros incluidos, el accionar imprudente de los cuatro imputados debe ser objeto de la condena solicitada por este Ministerio Público Fiscal, conforme la prueba expuesta”, sostuvo en las palabras finales el fiscal Pruzán.




Mariela Arias,Conforme a

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