Indagados hoy en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, los empresarios ligados al kirchnerismo Cristóbal López y Carlos Fabián de Sousa, dueños y directivos del Grupo Indalo, negaron haber pagado sobornos y cargaron contra el grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

“Sacaron a quien habían imputado el primer día, que era el Grupo Petersen, para ponernos a nosotros”, arremetió De Sousa. “Era mucho más fácil ponernos a nosotros que al grupo Petersen”, completó.

Minutos antes y en la misma línea, frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 7, declaró su socio López. “Sacaron a los Eskenazi y me metieron a mí y a mis socios”, sostuvo, aunque sin dar mayores explicaciones.

Sobre ellos y Osvaldo Manuel De Sousa, hermano y socio de Fabián, que también declaró hoy, pesa la acusación fiscal de haber realizado al menos 6 pagos irregulares, entre agosto de 2011 y agosto de 2012, por un total de 12 millones de pesos.

La acusación tiene por base un señalamiento del financista Ernesto Clarens, señalado como nexo entre algunos empresarios y la cúpula del kirchnerismo.

“Doy certezas -dijo Fabián De Sousa- que mi empresa, CPC, mis socios y mis funcionarios, jamás le pagaron al Gobierno, jamás le pagaron al funcionario públicos, jamás le pagamos dinero a interpósitas personas, como era Clarens”.

Los empresarios sostuvieron que la causa estaba “armada” y moldeada por “presiones mediática”; hablaron también de “aprietes” durante las declaraciones e “inconsistencias” en las acusaciones.

En su defensa, López intentó apuntar contra una supuesta serie de contradicciones en las declaraciones de Clarens, quien dijo no conocer a López durante una de sus primeras declaraciones en la causa, porque este “tenía línea directa” con el poder.

“En el nuevo acuerdo -marcó López- el señor Clarens mete 6 anexos, con importes y nombres. Y en el anexo 6 aparece mágicamente CPC [S.A], que es la empresa constructora del Grupo Indalo. Hasta ese día éramos desconocidos por Clarens, porque teníamos línea directa, pero ahí aparecemos en un escrito”.

El empresario reconoció luego cuán estrecho era su vínculo con la expresidenta Cristina Kirchner: “…es cierto, yo tenía [línea] directo, yo me podía sentar con la Presidenta y decirle doctora me están pidiendo plata, [pero] nunca me pidieron”.

Acusada de ser la cabeza de un sistema de recaudación ilegal, Cristina Kirchner es la principal apuntada en el juicio de los Cuadernos, nacido tras una investigación de . Está acusada de ser jefa de una presunta asociación ilícita y de cohecho pasivo, es decir, de haber recibido coimas durante el tiempo en que estuvo al frente del Poder Ejecutivo.

La expresidenta, que cumple una condena de 6 años por corrupción en la causa Vialidad, ya fue indagada en los Cuadernos a mediados de marzo. En su descarog, intentó desacreditar el proceso y cargó en duros términos contra el fiscal que instruyó la causa, Carlos Stornelli y el Poder Judicial en general.

Los ataques contra el modo en que el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli llevaron la instrucción fue una de las principales líneas en la estrategia de defensa de empresarios y funcionarios. A ella se plegaron hoy López y los hermanos De Sousa. “Esta causa, en lo que mí se refiere, y a CPC, es totalmente falsa y armada por el fiscal [Carlos] Stornelli y el juez [Caludio] Bonadio”, sostuvo López.

El empresario afirmó que él y sus socios fueron incorporados al expediente en la causa por una presunta “deuda” que, a criterio de López, el juez Bonadío mantenía con Sebastián Esnekazi, hijo de Enrique Eskenazi, quien fuera la cabeza del grupo Petersen.

“Bonadio mantenía una relación de amistad y algo más con la familia Eskenazi, especialmente con Sebastián Eskenazi”, explicó, y afirmó que el hijo del juez, que es músico y productor, fue sobreseído en una causa luego de justificar 1 millón de dólares mediante dos préstamos: uno de Sebastián Eskenazi, de 600 mil dólares de Sebastián Eskenazi; y otro de 400 mil dólares del empresario Mario Montoto.

Noticia en desarrollo

La prohibición del ingreso de periodistas a la Casa Rosada, dispuesta este jueves por el Gobierno, generó un fuerte repudio de entidades periodísticas que condenaron la medida y solicitaron que sea eliminada. Organizaciones periodísticas como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) marcaron la “máxima preocupación” que genera la decisión, su “gravedad institucional” y su carácter de “intempestiva”. La administración del presidente Javier Milei justificó el bloqueo al acceso del periodismo por la existencia de una investigación judicial abierta tras un informe televisivo en el que se grabaron instalaciones de la sede gubernamental y el presunto espionaje ruso con financiamiento a algunos medios.

ADEPA manifestó “su máxima preocupación por la decisión del gobierno nacional de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina”.

En un comunicado, ADEPA (entidad que conduce Martín Etchevers) subrayó que “el acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada, y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno”.

“ADEPA advierte que la existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública. La decisión adoptada, además, impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático”, advirtió la entidad periodística.

En el cierre de su comunicado, ADEPA le solicitó al Gobierno “revisar de manera urgente esta medida”, además de “restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados, en resguardo de la transparencia institucional y del pleno ejercicio de la libertad de prensa”.

Por su parte, Fopea expresó “su rechazo ante la decisión del gobierno nacional de no permitir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que afecta de manera generalizada a la totalidad de los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo”. La entidad periodística remarcó que “se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.

“Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”, subrayó Fopea.

Según argumentó el gobierno nacional, la prohibición de ingreso para la totalidad de los periodistas acreditados en la Casa Rosada (se les retiró el registro de sus huellas digitales para el acceso) se implementó porque existe la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa (hecho por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas) y por una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

Fopea sostuvo que “la denuncia presentada [contra los periodistas de TN] por la Casa Militar no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular” y que “resulta desproporcionado e injustificado accionar penalmente tanto como adoptar una medida de alcance general que suspende las acreditaciones de todos los periodistas”.

El foro de periodismo destacó que “este tipo de decisiones, por su alcance, no se corresponden con los principios que deben regir en un sistema democrático y generan un efecto que excede ampliamente el caso invocado como fundamento”.

“El foro insta al gobierno nacional a revisar de manera urgente esta decisión, restablecer el sistema de acreditaciones y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada, en línea con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho a la información”, reclamó Fopea, entidad que preside Fernando Stanich.

El bloqueo total a la prensa acreditada en la Casa de Gobierno dispuesto por la administración de La Libertad Avanza motivó también el rechazo de Apera, organización periodística que conduce Fernando Ramírez. Expresó “su enorme preocupación porque a los acreditados en la Casa de Gobierno se les impide hoy el ingreso para desarrollar sus tareas profesionales”.

“Exhortamos a las autoridades de la Casa de Gobierno, y en especial al presidente Javier Milei, a que dispongan el cese de la intempestiva y arbitraria medida, que impide a los periodistas ejercer su derecho constitucional a trabajar. En una democracia no se cierra la Sala de Periodistas de la Casa Rosada”, se subrayó en el comunicado de Apera. “La Sala de Periodistas ‘Decano Roberto Di Sandro’ debe abrirse en forma urgente”, exigió la asociación.

También hubo un rechazo por la medida por parte del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), que denunció “otro impotente y desesperado intento del Gobierno de silenciar a la prensa”.