El juez federal Ariel Lijo prorrogó en las últimas horas el secreto de sumario en la causa que investiga la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central con financistas para acceder al dólar oficial y donde se detectaron coimas de hasta 15% en al menos cuatro permisos para importar.

Fuentes judiciales confirmaron a que la causa seguirá bajo secreto otros diez días hábiles “para terminar de hacer las medidas de prueba que están pendientes”. Es la tercera vez que se prorroga ese plazo, algo poco habitual.

La causa investiga la relación entre funcionarios del Banco Central y un grupo de financistas entre los que estaban Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas), entre otros. Ese vínculo quedó expuesto en una serie de audios grabados por Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. En una de esas grabaciones, una funcionaria del BCRA, Romina García, aseguraba que había “gente de arriba entongada”. Se refería a las autoridades del Central durante la gestión de Miguel Ángel Pesce.

El fiscal Franco Picardi, que tiene delega la investigación, tiene en la mira a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras, encargados de controlar a las casas de cambio. Todos fueron allanados el 30 de diciembre en sus domicilios. Les secuestraron teléfonos y computadoras que ahora están siendo analizadas.

En marzo se realizó otra tanda de allanamientos. La Justicia fue a buscar documentación sobre una veintena de empresas entre las que se destacan Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus, y Goat SA, entre otras.

Entre las personas allanadas aparecía Alejandro “El Turco” Calian, conocido en el mundo del fútbol por su llegada directa a un grupo reducido de la Selección argentina, especialmente a Rodrigo De Paul.

La causa apunta al denominado rulo financiero, que hace referencia a la adquisición de dólares oficiales y su comercialización en el mercado paralelo. Es decir, comprar barato y vender caro. El esquema está compuesto por tres elementos clave: dólares físicos, casas o agencias de cambio, y compradores o personas que demandaran las divisas.

Durante la investigación se encontraron pruebas, tal como adelantó , que por lo menos cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar durante el último lapso del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, en la parte más restrictiva del cepo cambiario.

El esquema, que evaluaba la capacidad económica y financiera de las empresas que requerían importar, dependía de varios organismos en simultáneo: la DGI, la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio, todas dependencias en las que Massa tuvo en su momento una influencia decisiva.

El fiscal Picardi tendría detectado no solo a los empresarios que habrían aceptado pagar y los respectivos porcentajes, sino los montos de las operaciones en cuestión, que hasta el momento superan los US$3,5 millones. Se trata, en los cuatro casos, de permisos por importaciones que efectivamente se hicieron, no de operaciones simuladas, como ha ocurrido y se investiga en otras causas.

“Vine a ver al domado”, dijo el presidente Javier Milei, mientras estrechaba la mano del periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada. Corría junio de 2024, y el Presidente llegaba por primera y única vez a la sala de conferencias de la Casa Rosada en lo que va de su mandato. No fue hasta allí para dar declaraciones ni una conferencia de prensa –algo que no lo haría nunca en sus dos años de gestión- sino para chicanear a uno de los periodistas acreditados en la sede de Balcarce 50.

El retiro de las acreditaciones a los más de 60 periodistas que cumplen diariamente funciones en la sala de prensa de la Casa Rosada no es, por cierto, un hecho aislado. La denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra dos periodistas de TN, efectivizada por la Casa Militar, que depende de Karina Milei, fue la razón esgrimida para la sanción colectiva, aunque combina a la perfección con los insultos que, día a día, salen de las redes sociales del Presidente y son replicadas por funcionarios y simpatizantes libertarios. Para Milei, lo repitió recientemente en una conversación en la TV Pública, “el 95 por ciento de los periodistas son delincuentes y ensobrados”. Ayer, a Luciana Geuna e Ignacio Salerno, los dos profesionales de TN denunciados, los calificó de “bauras repugnantes”. Hace apenas unos días, en tanto, el blanco de sus críticas fueron columnistas de , a los que atacó con insultos.

Los insultos del Presidente a la prensa se convirtieron en una constante y se potenciaron en las últimas semanas al compás de los vaivenes del plan económico y las novedades judiciales sobre el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete, Manuel Adorni; los avances en la causa $LIBRA, en la que se investiga una presunta mega estafa, y la acusación de corrupción del fiscal que impulsa la causa por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Tal como publicó , la cuenta de Milei en X se viene convirtiendo en una ametralladora de mensajes contra el periodismo en general, los medios de comunicación y distintos profesionales a los que insultó y acusó de conspirar contra su gobierno. La novedad no fue la línea argumental sino la magnitud: en los cuatro días del fin de semana de Pascua, por caso, escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos.

En relación a la sala de prensa, los chispazos tampoco son nuevos. A principios de abril, el Gobierno quitó las acreditaciones a periodistas de los medios El Destape, La Patriada, Ambito Financiero, Tiempo Argentino, C5N y América 24, acusados de participar de un presunto complot orquestado por el Kremlin para distribuir noticias favorables a Rusia en el conflicto bélico con Ucrania, y atacar al Gobierno. Devolvió las acreditaciones recién la semana pasada.

A diferencia de lo que ocurrió con otros gobiernos, los periodistas no tienen permitido transitar libremente por determinadas alas de la Casa Rosada, como el Salón de los Científicos. Además, se les corta el paso hacia el Patio de las Palmeras cada vez que el Presidente ingresa o sale del edificio. Funcionarios de la Casa Militar suelen interponerse delante de las puertas vidriadas que apuntan a la explanada de la calle Rivadavia, con el objetivo de impedir siquiera la visión de los movimientos del primer mandatario. Las conferencias de prensa del entonces vocero Manuel Adorni tenían como cometido ser “la voz del Presidente”. Pero el jefe de Gabinete espació cada vez más las conferencias, guiadas siempre por un ida y vuelta tenso.

Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei nunca dio una conferencia de prensa. Sí, en cambio, conversó con distintos programas de streaming, radio o televisión, en su mayoría afines al oficialismo. El Presidente, pese a sus reiteradas críticas a los medios tradicionales, publicó columnas de opinión en , Clarín e Infobae.

Mientras que en la Casa Rosada se cerraban oficinas y se ocultaban con papeles o vidrios opacos salones habitualmente abiertos, se impusieron luego medidas más estrictas para renovar las acreditaciones de prensa, de acuerdo a un protocolo establecido por resolución el año pasado. Los periodistas debieron firmar una declaración jurada en la que debían prestar conformidad a ciertas restricciones, que incluían hasta la implementación de un código de vestimenta, que hasta ahora no se efectivizó.

El episodio de hoy con la quita de la huella digital del personal de prensa acreditado registra pocos antecedentes. Según los memoriosos asistentes a la Casa Rosada, luego del golpe militar de marzo de 1976, el ingreso de la prensa estuvo suspendido por unos días. Desde entonces, no volvieron a registrarse episodios similares.