El presidente Javier Milei se reunió este jueves con el empresario estadounidense Peter Thiel, en una Casa Rosada cruzada por la polémica a raíz de la decisión de prohibir el ingreso de la prensa acreditada.

Thiel es uno de los empresarios e inversionistas más influyentes de Silicon Valley, el área de Estados Unidos que agrupa a la mayor cantidad de empresas emergentes, tecnológicas y militares de Estados Unidos.

Se trató de la segunda visita de Thiel a Balcarce 50. En mayo de 2024 había llegado acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.

Antes de eso, Milei y Thiel ya se habían visto en el marco del foro del Milken Institute, en febrero de 2024.

Del encuentro de este jueves, del que no trascendieron detalles, participó también el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Thiel además ya se reunió la semana pasada con el asesor presidencial, Santiago Caputo, según confirmaron fuentes cercanas al asesor presidencial.

El encuentro con Thiel es el primer evento en la agenda del Presidente en suelo argentino tras haber vuelto al país este miércoles de la gira por Israel.

Thiel es propietario, entre otras firmas, de Palantir Technologies, creada en 2003 con apoyo de la CIA, que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales. Tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y el sector privado a nivel global.

Cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien apoyó en sus dos carreras rumbo a la presidencia, en 2020 y 2024, fue incluso socio del actual vicepresidente norteamericano, J.D. Vance.

Thiel tiene un patrimonio que ronda los 27.000 millones de dólares en una fortuna que construyó como cofundador de la plataforma PayPal en 1998, pionera en pagos digitales que luego fue adquirida por eBay.

De 58 años, uno de los picos de su carrera se dio cuando en 2004 invirtió US$500.000 en Facebook, fundada por Mark Zuckerberg.

Según confirmaron fuentes del Gobierno a , la baja de las huellas dactilares que permiten el ingreso de los acreditados a Casa Rosada abarca a todos los medios que tienen periodistas trabajando diariamente en Balcarce 50.

Las razones esgrimidas son la necesidad de profundizar la investigación interna que derivó en una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

Pese a la falta de una comunicación oficial, en Casa Rosada insistieron en que la decisión es “provisoria” y que apunta a establecer “qué más material puede haberse filmado en el lugar”, así como determinar las circunstancias en que se tomaron las imágenes ya difundidas, entre otros puntos.

“Es una medida preventiva, tiene que ver con una cuestión de seguridad del presidente”, dijo una fuente de Casa Rosada.

Hasta ahora, la única referencia oficial al tema fue el tweet del secretario de Prensa, Javier Lanari, quien sostuvo en su cuenta de la red social X: “Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional…”. La decisión se conoció esta mañana, cuando los acreditados intentaron ingresar a Balcarce 50 como hacen actualmente y allí tomaron conocimiento de la decisión que se decidió anoche y se implementó a partir de este jueves.

A dos semanas de su sanción en Diputados, el Gobierno promulgó la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Publicada este viernes en el Boletín Oficial bajo el número 27.804, la norma reduce las superficies bajo resguardo ambiental, habilita la actividad minera en zonas antes protegidas y otorga mayores competencias a las provincias para la gestión de sus recursos

El Ejecutivo apuntó sus cañones sobre esta ley con el fin de fomentar inversiones que impulsen la extracción de cobre y litio. En la Cámara baja, el trámite parlamentario obtuvo 137 votos positivos, 111 negativos y 3 abstenciones. En el Senado, el recuento final dio un saldo de 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.

La nueva ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial “con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas a fin de que puedan ser destinados para el consumo humano, para la agricultura, para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico”.

En el articulado también se establece que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) conserva la titularidad del registro técnico, pero las autoridades locales asumen la responsabilidad de retirar o incorporar áreas del listado de protección oficial, siempre de acuerdo con criterios científicos que lo justifiquen.

Quienes apoyaron este cambio legislativo afirman que se busca “destrabar” proyectos mineros que contribuyen al desarrollo energético nacional y se encontraban anteriormente paralizados por la normativa anterior. Según esta postura, las prohibiciones de exploración y explotación quedan ahora únicamente circunscritas a zonas con importancia hídrica comprobada.

En el apartado de “actividades prohibidas”, la Ley 27.804 estipula que “en los glaciares y en el ambiente periglacial identificados por la autoridad competente de la jurisdicción respectiva queda prohibida la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para investigación científica y las prevenciones de riesgos y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales”.

En términos generales, el sector científico argentino defendía la ley anterior ya que considera que los cuerpos de hielo son reservas estratégicas de agua. A su vez, esta comunidad critica las intenciones de descentralizar la interpretación y el análisis del Ianigla.

Encabezadas por miembros del Ianigla, son varias las asociaciones científicas que se manifestaron en contra de las reformas impulsadas en tiempo récord en el Congreso. Además, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales publicó un comunicado en el que alerta sobre las consecuencias en el acceso al agua, tanto en el presente como en el futuro.

En la misma línea, el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de la UBA y distintas redes científicas pidieron, sin éxito, que los diputados no aprueben la ley.