POLITICA
Marcelo Pagano denunció a Javier Milei en la Justicia por impedir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada
La diputada nacional Marcela Pagano (Coherencia) presentó hoy una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por haber impedido el ingreso de los periodistas acreditados la Casa Rosada.
La exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) realizó una presentación en la Justicia para reclamar que se investigue al jefe del Estado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La denuncia también alcanza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, y el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. Y fue asignada por sorteo al juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González, quienes definirán si corresponde abrir una investigación.
El Ejecutivo argumentó que la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada “se tomó de manera preventiva” después de que la Casa Militar, encargada de la custodia de la Casa Rosada y la residencia presidencial de Olivos, denunciara penalmente a dos periodistas de la señal Todo Noticias (TN) por supuesto espionaje ilegal.
Se trata de Luciana Geuna e Ignacio Salerno, a quienes acusan por difundir una filmación realizada en el interior de la sede de gobierno. Para las autoridades, podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.
“Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95%) tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia. No es gratis”, escribió Milei en sus redes para defender la restricción a la prensa.
Semanas atrás, el Gobierno había decidido restringir el acceso a periodistas de medios que publicaron artículos identificados con una campaña de espionaje ruso para desacreditar a la administración de Milei durante 2024. Finalmente, revirtió la medida en todos los casos.
La legisladora Pagano calificó la decisión de Milei de prohibir el ingreso de periodistas acreditados a la sede de gobierno como “un hecho inédito desde el retorno de la democracia”. “La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”, remarcó Pagano en un mensaje que difundió a través de su cuenta en la red social “X”.
Y agregó: “La prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente, situación que en Argentina hemos experimentado en los momentos más oscuros de nuestro país. No nos van a callar”.
La medida dispuesta por el Presidente generó un fuerte repudio de entidades periodísticas, como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea)y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), que expresaron su “enorme preocupación” por las restricciones.
Desde la oposición también salieron a rechazar la disposición de la administración libertaria. Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica (CC), la fuerza que lidera Elisa Carrió, reclamó que Milei dé marcha atrás y restituya las acreditaciones de los periodistas.
“No hubo ningún espionaje ilegal. Déjenlos trabajar, porque así no se puede vivir en una República. Esto no es una medida preventiva de seguridad nacional, es un ataque más del Gobierno contra el periodismo, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, resaltó Ferraro, diputado nacional y hombre de confianza de Carrió.
El legislador subrayó que “solo a un gobierno populista se le puede ocurrir hostigar a quienes preguntan, repreguntan, investigan y cuentan lo que pasa”. “Sin eso, no hay República. Mi solidaridad con los periodistas acreditados en la Casa Rosada”, concluyó.
Por su parte, el exjefe de gobierno porteño y actual legislador de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta comparó la animosidad que tiene Milei hacia la prensa con la situación en países con regímenes autoritarios, como Irán, Venezuela, Cuba o Corea del Norte.
El diputado radical Pablo Juliano también condeno la medida de Milei: dijo que “la decisión lesiona la democracia y la República”. “El mundo empieza a mirar el desvío autoritario de nuestro país”, indicó.
Entre tanto, Esteban Paulón (Partido Socialista) reclamó “la urgente reapertura de la Sala de Periodistas” y presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar la medida.
“El PEN debe garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística y el acceso irrestricto a la información”, dijo. Graciela Ocaña y los radicales Karina Banfi y Luis Naidenoff o Nicolás Massot también se manifestaron en contra de limitar la actividad de la prensa.
Pasado el mediodía, Ferraro, Frade y legisladores de izquierda se acercaron a la Casa Rosada para pedir formalmente una reunión con el jefe de la Casa Militar y Lanari. “Si tiene miedo, escóndase. Si cumple la función por la que cobra todos los meses, aquí estamos, dispuestos a escuchar las razones de tanta persecución a la prensa”, dijo Frade.
En esa línea, la conducción nacional de la UCR emitió un comunicado para condenar la decisión y pedir que restablezca el acceso de los periodistas a la Casa Rosada.
Fue llamativo que Silvana Giudici, integrante del bloque de diputados de La Libertad Avanza y dirigente cercana a Patricia Bullrich, haya salido a manifestarse en contra de las restricciones. Giudici, referente de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) y extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), expresó: “La sala de periodistas de la Casa Rosada no debe cerrarse, ni se cerrará”.
@JMilei,pic.twitter.com/ecSMtM6lnY,April 23, 2026,April 23, 2026,la decisión de Milei,https://t.co/zEvzt8rjPD,April 23, 2026,April 23, 2026,https://t.co/qZmD0UVGGj,April 23, 2026,pic.twitter.com/YO9GmIMld4,April 23, 2026,#Comunicado,pic.twitter.com/G0ce32zL0i,April 23, 2026,Conforme a
POLITICA
El presidente de Uruguay negó la instalación de un cable submarino entre Malvinas y Montevideo
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, negó que se vaya a tender un cable submarino de fibra óptica para conectar el país con las Islas Malvinas, en plena tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago y la próxima explotación por parte de empresas extranjeras de petróleo cerca de las islas.
“Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo. No se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada”, dijo el presidente uruguayo a la prensa en la Expo Rural del Prado, en la ciudad de Montevideo.
Además, afirmó que una empresa de Estados Unidos trabaja en un proyecto de fibra óptica, pero sostuvo que la iniciativa no incluye a las Malvinas. “Es una noticia falsa”, insistió luego de que se difundieran imágenes de un buque de una empresa holandesa navegando aguas uruguayas.
Noticia en desarrollo
cable submarino de fibra óptica para conectar el país con las Islas Malvinas,Conforme a
POLITICA
Patricia Bullrich dijo que no le avisaron del recorte en Discapacidad: “Quedás como tonto o que engañás, eso resiente las relaciones”
Patricia Bullrich aseguró esta mañana que no estaba al tanto de los cambios en el sistema de discapacidad que el gobierno de Javier Milei introdujo en el proyecto de Presupuesto 2027, a pesar de integrar la mesa política del oficialismo. La declaración expone una fisura en la coordinación interna de la coalición gobernante en un momento en que la aprobación del presupuesto se vuelve estratégica para el año electoral.
La senadora y presidenta del PRO admitió -en declaraciones al periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia- que el tema “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política, y que el presupuesto llegó con esos cambios sin previo aviso para los socios de la coalición. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó la legisladora, que luego expresó cierta molestia porque cuando los legisladores aliados llegan al Congreso sin haber sido informados, quedan expuestos ante sus propios bloques y ante la oposición. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.
En el mismo sentido, Bullrich reconoció que en Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores opositores para discutir el tema de discapacidad “de determinada manera”, acuerdo que ahora quedaría en cuestión con la aparición de estos artículos en el texto presupuestario. El Senado actúa como cámara revisora en materia presupuestaria, por lo que deberá esperar a ver qué texto llega desde la cámara baja antes de definir su postura. “Está bastante peliaguda la discusión”, reconoció.
Desde los bloques opositores, las reacciones fueron inmediatas. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como “ilegales e inconstitucionales” y denunció que el proyecto busca “desmantelar” la Ley de Emergencia en Discapacidad. El legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, subrayó que los cambios aparecieron luego de que La Libertad Avanza había impulsado junto a bloques afines una iniciativa propia para tratar la emergencia, sin revelar su contenido real.
El Presupuesto derogó puntos históricos del sistema de discapacidad que rigen desde 1997
El proyecto enviado al Congreso incluye, en su Capítulo VI, los artículos 36 a 41, que modifican en forma permanente pilares del sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más sensibles figura la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios profundos en la ley 24.901, que desde 1997 sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral.
El corazón de la reforma apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas: el texto establece que ya “no incluirá valores universales”, lo que elimina los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores. En la práctica, las familias de personas con discapacidad deberán negociar individualmente el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, lo resumió con crudeza en Radio Con Vos: “Es letal la desregulación del nomenclador único”.
Otro de los cambios centrales reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral, lo que implica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no funcionará como garantía directa de acceso a las prestaciones. Además, quienes cuenten con empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderán la compatibilidad con ese beneficio, una modificación que hasta ahora permitía a muchas personas con discapacidad trabajar sin perder su cobertura.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que la reforma “elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria”. “En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto”, señaló desde su cuenta de X.
Los cambios en los valores de las prestaciones también dejarán de ser automáticos y mensuales. El Gobierno fijará esos montos a su propio criterio de forma trimestral, y solo se recurrirá al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC si ese ajuste no se realiza en tiempo y forma. Se elimina además el estudio anual de costos de cada prestación, que incorporaba a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en la inflación general.
POLITICA
Fuerte crítica de Yacobitti por los fondos para universidades: denunció que hay partidas que perdieron 85%
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, criticó este jueves el Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso, en el que la administración de Javier Milei estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Y es que los rectores, en cambio, habían adelantado que los fondos necesarios para el próximo año ascendían a $11 billones. En ese contexto, el exdiputado aseguró que hay partidas que perdieron un 85% de inversión.
“El presupuesto consolida cuáles son las prioridades del Gobierno y, dentro de esas prioridades, no está el sistema público de universidades. Tampoco está cumplir la ley [de financiamiento universitario]”, sostuvo Yacobitti y marcó que la pérdida del salario docente es del 30,5% respecto a diciembre de 2023.
En diálogo con radio Mitre, enumeró la caída de la inversión del Gobierno en partidas que son para la UBA: “En el mundo donde el conocimiento es el protagonista, la inversión para las partidas de ciencia y tecnología desde 2023 hasta hoy el presupuesto consolida que bajaron 85%. El plan de obras para las universidades bajó al 92% en obras y mantenimiento. Eso es para comprar equipamientos que hacen falta para estudiar, desde carreras tradicionales hasta las carreras que implican nuevas tecnologías”.
“La inversión por alumno es muchísimo menor que la que se hace en otras universidades similares, como la de San Pablo o la UNAM de México. En algunos casos es 10 y otras veces 15 veces menos. La inversión por alumno en los últimos tres años bajó 28%. Hace 20 años que no teníamos una inversión tan baja”, advirtió Yacobitti.
Al ser consultado sobre el próximo accionar de la UBA, si será con una marcha, el vicerrector de la UBA dijo que “seguramente el reclamo se haga de ahora en adelante como foco también la Justicia” porque el Gobierno sigue, según Yacobitti, incumpliendo la ley.
“El Gobierno dice que está cumpliendo la ley; las universidades dicen que no. ¿Quién tiene razón? Tiene que haber alguien que diga, ‘no, mirá, esto es así’. Eso es lo que hoy desespera a muchos. Yo creo que eso no nos puede hacer abandonar el sueño de tener una universidad pública como la que tenemos hoy», sostuvo y no descartó una medida de fuerza.
“En una medida de fuerza perjudicás a los estudiantes, que también son los que están reclamando por lo mismo. No nos queda otra que tratar de concientizar a la sociedad, como lo hicimos hace pocos días en la Plaza de Mayo, poniendo los haberes a disposición de la sociedad, independientemente de que las universidades estaban abiertas y funcionando. Es un doble esfuerzo”, completó.
El Presupuesto 2027
Los rectores de universidades públicas buscaron el miércoles apoyo en el Congreso en protesta al presupuesto que envió el Gobierno al Congreso, que contempla menor inversión en las casas de estudios.
Tal como publicó , los gastos para el personal, por ejemplo, estimados en $8368 billones, ya superan al presupuesto total para las universidades contemplado para 2027.
Sumando los fondos y programas específicos que integran el financiamiento universitario contemplado en el artículo 12, la propuesta de las universidades alcanza los $10 billones. A eso le agregan partidas para recomponer los gastos de funcionamiento, el programa Fundar (Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional) y las becas Manuel Belgrano.
Plantearon el monto de $11,005 billones como el punto de partida para el sistema, que debería actualizarse el año que viene dado que no incorpora la inflación proyectada.
El proyecto oficialista contempla un crédito de $7.349.082.049.312 para el conjunto de las universidades nacionales. Ese monto se divide en $6.326.177.949.919 en gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes. Y $1.022.904.099.393 en partidas “debajo de la línea”, que incluyen ciencia y técnica, hospitales universitarios, fortalecimiento de recursos humanos y colegios preuniversitarios, entre otros ítems.
Este jueves el Gobierno se reunirá con los universitarios. Está convocado nuevamente un encuentro con los gremios y representantes de los rectores, a las 11 la docente y a las 15 la del personal no docente. En el último mano a mano, el 1° de septiembre pasado, no hubo acuerdo y los gremios convocaron a un paro nacional al día siguiente. Rechazaron el 3% de aumento ofrecido en el encuentro que encabezó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
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