El posible desdoblamiento de las elecciones provinciales incorporó una nueva variable a la disputa por el liderazgo del peronismo para 2027. La posibilidad de que algunos distritos elijan gobernador antes de la presidencial podría modificar las relaciones de fuerza dentro del PJ y fortalecer la capacidad de negociación de quienes consigan victorias territoriales, mientras las principales facciones del partido mantienen diferencias sobre las candidaturas y el mecanismo para definirlas.

La discusión adquiere especial importancia en Buenos Aires y San Juan, donde las decisiones sobre el calendario todavía están pendientes. Axel Kicillof evalúa volver a separar los comicios bonaerenses, mientras Sergio Uñac apuesta a que Marcelo Orrego haga lo mismo en San Juan.

Aunque ambos buscan fortalecer su proyección nacional, sus necesidades políticas son diferentes. El gobernador bonaerense debe resolver su sucesión sin perder influencia en el principal distrito electoral del país y el exmandatario sanjuanino pretende recuperar una gobernación que el peronismo perdió en 2023.

La interna bonaerense condiciona la estrategia electoral

Kicillof necesita acordar las condiciones de su sucesión y la conformación de las listas, mientras La Cámpora busca conservar su influencia en esas definiciones. Las diferencias también alcanzan al mecanismo para elegir candidatos, en momentos en que el gobernador intenta consolidar su proyección presidencial.

La tensión se profundizó después de que Kicillof planteara ante más de 20 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) la posibilidad de competir en internas, incluso frente a Cristina Kirchner o Sergio Massa. La posición provocó cuestionamientos del camporismo. El senador provincial Emmanuel González Santalla recordó que fue la expresidenta quien impulsó su candidatura a gobernador en 2019, mientras que el diputado Facundo Tignanelli también salió a criticarlo.

Con ese conflicto todavía abierto, el gobernador convocó para este miércoles, a las 17, al Consejo Provincial del PJ en La Plata. La reunión deberá avanzar en la convocatoria al Congreso partidario, que presidirá Máximo Kirchner según el acuerdo alcanzado en febrero, y abordar las definiciones pendientes sobre la Junta Electoral. Esas instancias tendrán intervención en las decisiones partidarias y electorales que el peronismo deberá resolver antes de 2027.

En paralelo, Kicillof acelera el despliegue del MDF en todo el país y suma dirigentes que lo pueden acercar a un electorado más esquivo, como Juan Grabois, y sigue su recorrido por el interior del país. La negociación también involucra a los intendentes, que reclaman modificar la ley que limita sus reelecciones. La iniciativa todavía no reúne los acuerdos necesarios en la Legislatura y suma otra diferencia entre los sectores que deberán negociar, tanto la sucesión bonaerense como el armado nacional.

La disputa por el liderazgo del peronismo también está condicionada por la situación judicial de Cristina Kirchner. Pese a su inhabilitación para ejercer cargos públicos, el kirchnerismo no resigna la posibilidad de que vuelva a competir por la Presidencia, una posición que Máximo Kirchner ratificó públicamente y que mantiene abierta la discusión sobre el papel de la expresidenta en el armado electoral de 2027.

En ese escenario, La Cámpora sigue de cerca el trámite iniciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y espera que antes de fin de año haya una respuesta sobre la medida cautelar solicitada para suspender la inhabilitación. El organismo advirtió que el análisis de la cuestión de fondo podría demorar varios años, pero esa demora no implica necesariamente el mismo plazo para resolver el pedido cautelar.

Las elecciones provinciales y el peso de los gobernadores

La posibilidad de que San Juan vote antes de las elecciones nacionales tiene una importancia particular para Uñac, que busca recuperar la gobernación mientras trabaja en su proyección presidencial. Una victoria provincial anticipada no es una condición indispensable para sostener sus aspiraciones presidenciales, pero le permitiría llegar a la discusión por las candidaturas del PJ con mayor respaldo territorial. La decisión sobre el calendario, sin embargo, depende de Orrego.

Por eso su proyección nacional se apoya además en su actividad fuera de San Juan. Este lunes viajará a La Rioja, donde Ricardo Quintela también busca ordenar su sucesión sin perder influencia en las negociaciones nacionales. En Buenos Aires, Uñac abrió una oficina política en Rivadavia y Ayacucho, cerca del Congreso, desde donde organiza parte de su actividad y reúne a sus equipos de campaña.

Pero mientras desarrolla esa agenda nacional, todavía debe resolver quién encabezará la propuesta del peronismo para recuperar San Juan. Entre los dirigentes que impulsa para disputar la gobernación están los diputados nacionales Cristian Andino y Jorge Chica, cuyas posibilidades analizará con mediciones electorales. La definición provincial forma parte de una estrategia más amplia, en la que el resultado de los comicios sanjuaninos podría incidir en su posición dentro del armado presidencial.

El calendario plantea también escenarios diversos en otros distritos. Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo, votará el 9 de mayo, mientras Santa Fe celebrará sus elecciones generales el 13 de junio, en medio de las negociaciones del peronismo provincial para intentar superar sus divisiones. Catamarca, en cambio, mantendrá la simultaneidad con la elección presidencial por decisión de Raúl Jalil.

En el armado nacional también miran cómo se mueven dirigentes que conservan autonomía respecto de las principales conducciones del PJ. En Córdoba, Martín Llaryora mantiene su construcción provincial, mientras Miguel Ángel Pichetto busca sumar dirigentes alejados del peronismo. Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero, es mencionado entre las alternativas presidenciales.

La diversidad de posiciones entre los dirigentes provinciales también forma parte de las negociaciones de Sergio Massa, que mantiene contactos frecuentes con gobernadores peronistas, Cristina Kirchner y dirigentes territoriales y busca ampliar los acuerdos para lograr la unidad del PJ. Aunque sostiene su papel de articulador, el líder del Frente Renovador deja correr las versiones sobre su eventual candidatura presidencial y, al mismo tiempo, fortalece sus vínculos construidos durante años con dirigentes del Partido Demócrata estadounidense.

Elecciones 2027, Peronismo, PJ

A menos de una semana de la visita del papa León XIV, el Gobierno ajusta los tiempos legislativos para intentar acelerar las principales reformas antes de que concluya el período ordinario en el Congreso. Para eso, la mesa política volverá a reunirse este martes a las 13, en medio de las diferencias internas en torno al futuro de la reforma electoral.

La visita del Sumo Pontífice, prevista del 8 al 11 de noviembre, se convirtió en una de las principales prioridades de la Casa Rosada, que sabe que la gestión quedará relegada a un segundo plano durante esos días. En paralelo a los últimos preparativos, el ala política debate internamente si el oficialismo contará con los apoyos necesarios para eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) antes de fin de año.

Por un lado, un sector del reducido círculo considera que los plazos se acortan para avanzar con la sanción del ambicioso proyecto, ante las dificultades para conseguir el respaldo de algunos gobernadores aliados, en particular el de Alfredo Cornejo (Mendoza), quien se resiste a acompañar los principales puntos de la normativa.

“Todavía no están cerrados los acuerdos. Ellos se resisten y nosotros tampoco vamos otorgar todo. Hay que encontrar el punto intermedio”, expresó un funcionario que observa complejo el panorama. Según confesó ante este medio, los gobernadores del Norte Grande aún no dieron garantías de querer avanzar en la eliminación.

Desde el entorno de los mandatarios provinciales radicales anticiparon ante Infobae que no acompañarán la eliminación de las PASO, pero ven favorable la suspensión de las mismas. “Hay que ver la negociación para eso”, expresaron.

Los más optimistas del Gobierno, entre quienes figuran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, aseguran que cuentan con los votos necesarios, aunque aclaran que buscan sancionarla “con la mayor cantidad de apoyos posibles”.

Incluso, una fuente al tanto de las negociaciones vaticina que el oficialismo podría reunir al menos 39 votos en el Senado. Al bloque libertario, que cuenta con 21 integrantes, y a los 10 radicales y tres representantes del PRO, en Casa Rosada suman al poroteo a cuatro legisladores vinculados a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén). A ese número agregan al senador Camau Espínola.

Mientras continúan las negociaciones políticas, el Gobierno ultima los detalles de la agenda que desarrollará León XIV durante su visita al país. Con ese objetivo, celebrará este lunes por la tarde el último encuentro con la avanzada del Vaticano en el Palacio San Martín, donde repasarán las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

De la reunión participarán el secretario de Culto, Agustín Caulo, y el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida. Junto con Mara Gorini, la mano derecha de Karina Milei, serán los encargados de articular con la delegación eclesiástica que llegará este lunes al país. Entre los representantes del Vaticano estarán el responsable de coordinar el viaje, integrante de la Oficina de Viajes, y el conductor del papamóvil.

El pasado domingo, Jorge Macri y Karina Milei recorrieron los preparativos para la Misa y la Vigilia de los Jóvenes en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo, programadas para el lunes 9 y el martes 10.

En Balcarce 50 saben que la semana próxima estará atravesada por la visita del Sumo Pontífice, que llegará al país tras 39 años sin visitas papales. Su agenda contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

La visita también obligará a postergar la reunión de la mesa política, prevista para el martes. Además, se aplazará la conferencia de prensa a cargo de Adrián Ravier, debido a que buena parte de la plana mayor del Gobierno estará abocada a las actividades del Santo Padre.

Sin una fecha definida para debatir la reforma electoral y con la posibilidad de que el Presupuesto 2027 se trate durante la última semana de noviembre, el oficialismo busca optimizar los tiempos profundizar las negociaciones con los gobernadores y los espacios aliados para reunir los votos necesarios y avanzar con su agenda legislativa antes de fin de año.

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La motosierra que viene implementando Javier Milei en el Estado nacional sigue sin pausa. Ya se eliminaron más de 75.000 empleos públicos desde que asumió. La dotación de personal del Estado cayó de 341.465 a 266.205 trabajadores desde diciembre de 2023.

Solo durante septiembre se perdieron otros 2.199 puestos de trabajo, lo que representa una contracción del 0,8% respecto de agosto, según los últimos datos del INDEC. La reducción acumulada representa una caída cercana al 22% de la dotación durante la gestión libertaria.

Esta política no se replicó de la misma forma en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Según el análisis de Infobae de los datos publicados por la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial, que depende del Ministerio de Economía, el número de empleados públicos en los 24 distritos del país muestra fuertes diferencias entre las distintas jurisdicciones.

El ranking de aquellas donde hay mayor cantidad en relación con la población lo encabeza el distrito más austral, Tierra del Fuego, con 139,7 empleados cada 1.000 habitantes, incluyendo cargos de planta permanente y transitoria.

Le siguen Neuquén con 113,6 sobre la misma base poblacional; La Rioja con 109,8 empleados públicos provinciales; Santa Cruz con 107,1; y Catamarca con 102,7 personas trabajando en el estado provincial cada 1.000 residentes en ese distrito.

En el extremo opuesto, con menor cantidad de cargos estatales se ubican Córdoba (32,9 por cada 1.000 habitantes); Buenos Aires (37,6); Santa Fe (41,5); y Mendoza (43,9 empleados por cada 1.000 habitantes de esa provincia). Se trata de las jurisdicciones más pobladas del país y de mayor peso productivo, que registran menor proporción de empleo público en relación al sector privado.

En total, en todo el país hay 2.308.763 puestos en la Administración Pública no financiera (APNF) de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, entre cargos de planta permanente y transitoria, con datos a diciembre de 2025. A este número, se suman 156.204 contratados y becarios, por lo que el total de empleados asciende a 2.465.097.

Esta cifra comprende a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de organismos descentralizados y abarca las áreas de administración general, educación, salud, seguridad, justicia y Poder Legislativo. No incluye bancos ni entidades financieras, ni empresas estatales, así como tampoco a los empleados en dependencias nacionales en cada distrito, ni la planta municipal.

Cuándo fue el pico

En los últimos 20 años, el valor máximo de empleo público provincial se registró en 2016, cuando alcanzó 51,17 cargos por cada 1.000 habitantes. Desde entonces tuvo un paulatino descenso, con una nueva suba a partir de 2021 – en la salida de la pandemia – y hasta 2024.

En 2025 el número promedio fue de 49,77 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes.

Gasto mensual promedio por empleado

En cuanto al gasto mensual medio por empleado provincial, para 2025, los montos más elevados fueron en la Patagonia. El valor más alto lo tiene Neuquén, con $3.559.104 por cada uno, seguido por Santa Cruz con $2.647.924; y Tierra del Fuego con $2.627.071.

Vale aclarar que estos valores no equivalen al salario promedio ya que incluyen los aportes patronales y otros conceptos vinculados a las distintas formas de contratación.

En el otro extremo, el gasto promedio por mes más bajo lo tiene La Rioja con $1.225.318 por empleado provincial; seguida de Jujuy, con $1.322.163; y San Luis, con $1.360.428.

En el principal distrito del país, Buenos Aires, el gasto mensual medio por empleado es de $1.725.963.

Otras 16 provincias tienen una erogación más alta que PBA para ese indicador.

Las provincias donde más creció

Al analizar la evolución del empleo público provincial desde 2017 hasta fines del año pasado, el mayor aumento se dio en San Luis, un 37% más.

Le sigue Tierra del Fuego con un 15% de aumento en los últimos ocho años; Neuquén con 11% más; la Ciudad de Buenos Aires, con una suba del 10%; y La Rioja, con un 9% más de empleados públicos provinciales.

En el otro extremo, en Santiago del Estero se redujo un 17% desde 2017 al pasar de 62 empleados por cada 1.000 habitantes a 51 al cierre del año pasado. Le siguen Corrientes y Mendoza un 10%; en Salta un 8%; y en Entre Ríos y Buenos Aires, hubo una reducción del 7% en la planta de empleados públicos.

Pero la mayor suba del empleo público provincial se dio en la década anterior, entre 2005 y 2016, período en el que – incluyendo a todas las jurisdicciones – arrojó un aumento porcentual del 31%.

En ese lapso, Chaco – gobernada desde 2007 hasta 2015 por el peronista Jorge Capitanich – lideró el aumento con un 68% más en la cantidad de empleados públicos por cada 1.000 habitantes.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander