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Causa dólar blue: una de las empresas investigadas fue creada por un colocador de aire acondicionado y recibió $9.200 millones

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J. H. tiene 61 años y vive en una casa humilde en el barrio Centenario, en la periferia de la ciudad de Santa Fe. No tiene celular, ni correo electrónico y mucho menos redes sociales. Ante la Justicia, se definió como una “changarín” y dijo que se gana la vida colocando aire acondicionados. Pero a la vez figura como titular de una casa de cambio que hizo ventas por $9.200 millones en el mercado del dólar blue durante el cepo cambiario. Se trata de “Centenera”, una de las 30 empresas investigadas en el marco de la causa que examina la posible connivencia entre funcionarios del Banco Central (BCRA) y un grupo de financistas entre los que estaban Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas).

La casa de cambio que figuraba a nombre de J.H. fue protagonista del denominado “rulo” financiero, una maniobra que consistía en obtener dólares baratos y venderlos caro en el mercado paralelo. “La maniobra era sencilla: se inyectaban pesos en la cuenta de Centenera, luego pasaban a otra casa de cambio, y desde ahí se adquirían los dólares en el Banco Central”, explicó una fuente que conoce los detalles de la trama.

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Solamente un semestre le bastó a Centenera para mover miles de millones de pesos. En los primeros seis meses de 2023 realizó operaciones de cambio que alcanzan los $9200 millones en ventas y $11.100 millones en compras, según un informe del Banco Central. Para la segunda mitad de ese año, la casa de cambio se desactivó.

La casa de cambio Centenera, que tuvo como presidente a J.H., un hombre de 61 años que dijo a la Justicia se ganaba la vida como changarín

J. H. apareció en los registros de Centenera a partir de noviembre de 2022. En ese momento fue designado como gerente. Y un joven que tenía apenas 21 años adquirió un porcentaje menor de las cuotas sociales, según consta en los balances presentados ante la Inspección General de Justicia, a los que tuvo acceso .

“El señor J.A.H. suscribe 4750 cuotas por un total de $ 4.750.000 y el señor C.J.O. suscribe 250 cuotas por un total de $250.000. En este acto los socios integran el ciento por ciento (100%) de sus respectivas suscripciones en dinero en efectivo, lo que hace un total de $5.000.000″, dice el acta de la asamblea donde se ratificaron los nuevos cargos.

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La casa de cambio comenzó a recibir millones de pesos a partir de esos de esos movimientos accionarios en sus cuentas del BST. “Todas las operaciones fueron legales y cumpliendo, en todo momento, las disposiciones y regulaciones del BCRA”, dijeron fuentes de esa entidad.

Parte del dinero era enviado a Gallo Cambios, una de las firmas investigadas por el Banco Central por vender US$474 millones. El sumario expone un pasamanos millonario: “Gallo Cambios compró dólares estadounidenses en mayor medida a los operadores Mega Latina y Stema Cambios”. Y el 92,7% de los dólares que vendió Gallo Cambios salió en billete a otros operadores del sistema. Dentro de esa nómina, el documento menciona a Centenera.

Sobre Gallo Cambios, el Central también destacó que 12 operadoras de cambio que le transfirieron pesos tuvieron su autorización revocada entre 2022 y 2024, es decir, durante la gestión de Miguel Ángel Pesce y la actual.

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Sumario del BCRA contra Gallo Cambios

En otro expediente judicial, que tramita en el fuero Criminal y Correcional, se investiga desde 2024 quién estaba detrás de Centenera y del changarín santafesino.

Centenera ahora aparece en un listado de más de 30 empresas, la mayoría agencias y casas de cambio, que están siendo investigadas por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo en una de las causas vinculadas al dólar blue. El expediente arrancó en diciembre del año pasado a partir de unos audios encontrados en un pendrive aportado por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo.

En uno de esos audios, presuntamente se escucha a Piccirillo decir que en esta maniobra del “rulo” está metida toda la política» y que Hauque podría llegar al presidente Javier Milei para denunciar a todos los supuestamente involucrados. En otra grabación adjudicada a una funcionaria del BCRA identificada como Romina García, asegura había “gente de arriba entongada” en el denominado “rulo”.

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Audio entre Elías Piccirillo y Romina García

El contenido de esos audios, cuestionados por varios de los imputados ante la Cámara Federal, activó una serie de allanamientos realizados en diciembre pasado a cinco funcionarios del Banco Central. Les secuestraron teléfonos y computadoras que aportaron nuevas pruebas. En marzo hubo otra tanda de allanamientos. Los investigadores fueron a buscar documentación relacionada con más de 30 empresas entre las que se destacan Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus, y la mencionada Centenera.

La firma a nombre del changarín también aparece en otra causa a cargo de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli. Ahí también se investiga el rulo financiero. “Entre los meses de enero y agosto de 2023, 17 casas de cambio habrían recibido un total de 141.596.000.000 pesos provenientes de 2765 personas físicas y de 647 personas jurídicas pudiendo resultar -al menos una parte de dichos fondos- de origen ilícito”, detalla esa investigación. Centenera es una de las 17 casas de cambio.

En la causa de Picardi y Lijo, que está bajo secreto de sumario hace más de un mes, se investiga la maniobra del dólar blue pero aparecieron pruebas, tal como adelantó , sobre presuntas coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar durante el último lapso del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Se trata del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023.

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Picardi hizo un pedido de informes urgentes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al BCRA, y solicitó a su vez que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de varias personas físicas y jurídicas.




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En un nuevo aniversario del atentado a la embajada, Milei ratificó su alianza con Israel y advirtió que “no puede haber tregua” con el terrorismo

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Eran las 14.32 y la lluvia caía, impiadosa, sobre la calle Arroyo. Con la capucha de su piloto en la cabeza y mientras un colaborador sostenía un paraguas que lo protegía de las inclemencias del clima, el presidente Javier Milei llegó al lugar en el que se erigía la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires, para conmemorar el aniversario número 34 de aquel ataque terrorista que redujo a escombros la sede diplomática provocó la muerte de 29 personas e hirió a más de doscientas.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el Presidente llegó a la plaza seca con el claro objetivo de reafirmar su alianza y apoyo con el Estado hebreo, hoy embarcado en una durísima guerra contra Irán, en conjunto con Estados Unidos.

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Argentina es socia de Israel en la defensa de los valores de libertad y el combate al terrorismo», dijo el Presidente, en sus nueve minutos de discurso, ante diplomáticos, dirigentes políticos y unas pocas decenas de asistentes que desafiaron el mal tiempo y sortearon las estrictas medidas de seguridad dispuestas por la embajada de Israel, en conjunto con autoridades nacionales y porteñas.

“El ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía, ya que se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”, dijo Milei, en un discurso escrito que le mandó nueve minutos. Fue su segunda participación en un aniversario de ese ataque, aunque en 2024 no habló.

Javier Milei al llegar, bajo la lluvia y con capucha, al acto por la Embajada de IsraelFabián Marelli

“Israel encarna los valores fundamentales de Occidente y es un ejemplo de resiliencia”, dijo el Presidente, acompañado en el escenario cubierto por Karina Milei, Adorni, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri (a quien saludó con un efusivo abrazo), el embajador de Israel, Eyal Sela; el empresario Marcelo Mindlin, y el presidente del Museo Yad Vashem de Jerusalén, Dani Dayán.

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“Frente al terrorismo no puede haber tregua”, afirmó el Presidente, en referencia a los atentados a la embajada y la AMIA, atribuidos por la Justicia argentina a la organización terrorista Hezbollah, financiado y apoyado por el gobierno iraní. Allí destacó que su gestión “impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia”, en referencia al inminente juicio en ausencia a los ex funcionarios del régimen iraní, acusados de la planificación del atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, y que continúan con pedido de captura de Interpol.

No se olvidó, tampoco, de destacar el ataque de la organización terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, “la mayor matanza de judíos desde el Holocausto”. Reafirmó su decisión de firmar un “memorándum de entendimiento con Israel”, a quien calificó de “aliado estratégico”, y se diferenció sin mencionarlos a los gobiernos kirchneristas, “que firmaban memorándum con Irán”, en referencia al pacto de enero de 2013, refrendado por el Congreso y que establecía la creación de una comisión para reexaminar el atentado a la AMIA, pero que nunca se concretó.

El público que se congregó sobre la plaza seca de la calle PasteurFabián Marelli

Días después de recibir una amenaza concreta del régimen de Teherán a través de una editorial del Tehran Times, que lo acusó de “haber cruzado una línea roja” por su alineamiento con los presidentes Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el Presidente aludió en varias oportunidades a Irán. Lo acusó de “tener cautiva a su población”, y de “exportar el terror”, además de avalar la “decisión de Estados Unidos e Israel de acabar con el régimen” que gobierna Irán desde 1979. También se mostró enfático en la “lucha contra el antisemitismo”, que es –dijo- “la pelea por defender nuestros valores”. Y sumó algo de política local al afirmar que “combatir la pobreza” era una herramienta para desterrar prejuicios y violencia.

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Apenas terminó el discurso, que comenzó varios minutos antes de lo pautado, y 18 minutos después de llegar, Milei y su comitiva se retiraron, por motivos “de agenda”. Con el canciller Pablo Quirno en el escenario como representante del Gobierno, el rabino Ioni Shalom recitó la oración Kadish en memoria de las víctimas, mientras monseñor Raúl Pizarro, secretario del Episcopado, recordó la memoria del sacerdote Juan Carlos Brumana, que falleció en el atentado mientras cumplía funciones en la Iglesia Madre Admirable, ubicada frente a la sede diplomática israelí.

Los oradores que siguieron aludieron al Presidente como si estuviese presente. Tres sobrevivientes del ataque, por caso, leyeron un discurso conjunto en el que renovaron su reclamo “para que la Corte Suprema diga quienes fueron los colaboradores locales que dieron la logística”, para el ataque de marzo de 1992 y que se cumpla una ley aprobada en 2017 para que en las escuelas del país “se recuerde a las víctimas” del ataque terrorista.

Fuerte operativo de seguridad en torno al acto por el atentado a la embajada de IsraelFabián Marelli

El embajador Sela, en tanto, la emprendió contra “el régimen dictatorial iraní”, y lo acusó de “acciones terroristas” en distintas partes del mundo. “Frente a ellos, el silencio es complicidad”, sostuvo el diplomático israelí. Justificó, además, el ataque conjunto contra Irán “para impedir el plan nuclear” de Teherán, y recogió aplausos al elogiar la “voz firme” del Presidente en su condena a Irán.

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La lluvia impidió un momento musical previsto, y obligó a acortar los tiempos. El Gobierno dijo presente, además, con la mayoría del gabinete nacional, y legisladores como Patricia Bullrich, Luis Petri y Sabrina Ajmechet, mientras que de la oposición estuvieron el ex diputado de la CC-ARI, Juan Manuel López, el ex jefe de gobierno Jorge Telerman y el senador peronista Juan Manzur.

“Pasaron 34 años y el barrio está igual. Lo único que falta es el edificio de la embajada”, dijo a Jorge Cohen, exsecretario de prensa en la sede diplomática que la bomba redujo a escombros, a modo de resignado resumen.




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Piden agravar la acusación contra Tapia y Toviggino por evasión de $19.000 millones

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El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió este viernes que se agrave la acusación contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la causa por presunta retención indebida de aportes.

En un dictamen presentado ante el Tribunal de Apelaciones, solicitó que se incorpore a la imputación contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino un tramo que había quedado fuera del procesamiento: el vinculado a la falta de depósito en término de aportes a la seguridad social sobre ingresos por publicidad de los torneos.

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Además del presidente y el tesorero de la AFA, el planteo apunta además a otros tres dirigentes ya procesados en el expediente. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, la decisión de excluir ese componente de la acusación debe ser revisada por la Cámara.

La presentación fue dirigida a los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes deberán resolver si confirman o modifican los procesamientos dictados en primera instancia por el juez Diego Amarante. En ese marco, Pérez Barberá sostuvo la apelación impulsada previamente por el fiscal de grado, Claudio Navas Rial.

Leé también: Caso AFA: el fiscal analiza dos estrategias para insistir con el pedido de detención de Tapia y Toviggino

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En su dictamen, el fiscal general cuestionó que el procesamiento haya dejado afuera la imputación vinculada a una “alícuota aplicada sobre los ingresos derivados del patrocinio oficial –con fines publicitarios– de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional de Fútbol”. Esa alícuota, explicó, está destinada a cancelar cotizaciones correspondientes a los regímenes de la seguridad social y, por lo tanto, integra el esquema de financiamiento del sistema.

Pérez Barberá advirtió que los montos involucrados en ese concepto —identificado como “subconcepto 551”— constituyen, según surge de las constancias de la causa, “una de las principales fuentes de financiamiento del sistema”. En esa línea, reclamó que el Tribunal de Apelaciones revoque la decisión de no incluir ese punto en la acusación y lo incorpore al análisis penal de los dirigentes.

El planteo del fiscal se inscribe en una causa más amplia que investiga la presunta retención indebida de más de 19.300 millones de pesos en impuestos y contribuciones previsionales. De acuerdo con la investigación, la AFA habría retenido esos montos a empleados, proveedores y terceros, sin depositarlos en tiempo y forma en las cuentas correspondientes.

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En ese expediente, los dirigentes fueron procesados por apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social. El juez Amarante consideró acreditado que existió una conducta sistemática consistente en demorar el ingreso de fondos retenidos, lo que —según señaló— habría permitido obtener beneficios financieros a partir del manejo de esos recursos.

Sin embargo, al dictar los procesamientos, el magistrado resolvió excluir de la imputación las retenciones vinculadas a ingresos por publicidad, equivalentes a un 7,50% a cargo de los clubes. Para el juez, en ese aspecto la AFA no habría actuado como agente de retención o percepción, además de haber emitido los certificados correspondientes. Esa fue la interpretación objetada por el Ministerio Público Fiscal.

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En paralelo, la causa sigue abierta y atraviesa otras discusiones procesales. Días atrás, la defensa de Toviggino impulsó un planteo para cerrar el expediente mediante una reparación integral, bajo el argumento de que la deuda con el fisco había sido cancelada, incluso con intereses. Esa estrategia fue acompañada por Tapia y el resto de los imputados.

Leé también: Chiqui Tapia avanza con su plan para que las causas en su contra se investiguen en un juzgado de Campana

El fiscal Navas Rial rechazó esa solicitud. En su dictamen, sostuvo que el pago de la deuda no equivale a reparar el daño generado al sistema de recaudación y a la seguridad social. “El presunto pago de la deuda no puede ser equiparable a la reparación del daño ocasionado al sistema de recaudación impositiva y de la seguridad social por quien reviste el carácter de agente de retención”, afirmó.

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Además, el fiscal señaló que los acusados no precisaron con claridad cuál sería la suma efectivamente cancelada ni cómo se compone el monto que invocan como pago total de las obligaciones.

Con este escenario, la Cámara en lo Penal Económico deberá resolver tanto la apelación del Ministerio Público Fiscal para ampliar la acusación como los planteos de las defensas. Su decisión será clave para definir el alcance final de los cargos y el futuro del expediente, que podría avanzar hacia la instancia de juicio oral.

AFA, Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Chiqui Tapia, AFA (Asociación de Fútbol Argentino)

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Diputados de Unión por la Patria proponen una “reparación histórica” económica para los veteranos de Malvinas

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Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley de “Reparación Histórica Malvinas”, que propone otorgar un beneficio económico excepcional a exsoldados conscriptos que participaron en combate durante la guerra de 1982, así como a civiles que cumplieron funciones de apoyo en el Teatro de Operaciones.

“Malvinas es memoria y también una deuda que la democracia tiene que saldar. Por eso, junto a @AldoAdolfoLeiva presentamos este proyecto de Reparación Histórica que reconoce a quienes, siendo muy jóvenes, fueron enviados a la guerra y cargaron durante décadas con el abandono, el dolor y el silencio”, enfatizó la diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, quien presentó el proyecto junto a su colega Aldo Leiva, veterano de Malvinas.

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El proyecto fue acompañado por una veintena de diputados de Unión por la Patria.

Victoria Tolosa PazFabián Marelli

“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia”, indicaron.

Según propone el proyecto, el monto debe equivaler a 104 haberes mínimos jubilatorios, a pagarse en 24 cuotas actualizadas por movilidad, exento del Impuesto a las Ganancias. En caso de fallecimiento, el beneficio podrá ser percibido por familiares directos bajo un esquema de prioridades y distribución.

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La iniciativa establece además que quienes accedan al beneficio deberán renunciar a reclamos judiciales o administrativos vinculados a pensiones previas y dispone que la implementación estará a cargo de Anses, con certificación del Ministerio de Defensa. El objetivo es ampliar el universo de reconocimiento, incluyendo también a las familias de los excombatientes, muchas de las cuales cargaron con las consecuencias del conflicto.

Acto en recuerdo de la guerra de Malvinas, anoche, en Río GrandeAriel Montenegro

En sus fundamentos, el proyecto señala que se trata de una deuda pendiente de la democracia con quienes combatieron siendo muy jóvenes y luego enfrentaron años de abandono estatal, secuelas físicas y psicológicas, y dificultades de reinserción social. También destaca que, si bien hubo avances desde 2004 en materia de reconocimiento, aún persiste la necesidad de una reparación integral que salde el desamparo de las primeras décadas y honre el sacrificio de los veteranos y sus familias.




Malvinas,Cámara de Diputados,Conforme a,Malvinas,,Mail filtrado. Estados Unidos analiza retirar su apoyo al Reino Unido por Malvinas y el gobierno de Starmer reafirma su soberanía,,»Indignación». La reacción de los medios británicos al mail filtrado que pone en duda el apoyo de Trump por Malvinas,,Tensión. El informe del Pentágono que filtró Reuters sobre cómo EE.UU. evalúa revisar su apoyo a Reino Unido en Malvinas

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