POLITICA
El caso YPF lleva 20 años empantanado: exhortos fallidos y peritajes interminables
Hace 20 años, cuando Lionel Messi daba sus primeros pasos con la Selección y no había debutado todavía en los mundiales, nacía en el juzgado de Ariel Lijo la causa por el presunto vaciamiento de YPF.
Desde entonces, el expediente fue sumando fojas y nuevos ejes sin exhibir avances significativos que permitan esclarecer la compleja trama que se tejió en derredor de la petrolera.
El último movimiento de la causa fue la semana pasada, en la Cámara Federal. El tribunal aceptó como querellante a Integridad Republicana, una asociación civil que desde ahora podrá incidir en el desarrollo del proceso, proponer pruebas y cuestionar resoluciones.
El movimiento fue leído como una nueva señal emitida por la Sala I de la Cámara para darle vida a un expediente abandonado. En noviembre pasado, los mismos jueces, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, habían convertido en acusadoras a dos de las provincias involucradas en el conflicto, Mendoza y Chubut.
Quienes conocen el caso en toda su dimensión reconocen que se trata de un expediente “difícil”, en el que se fueron apilando capas y capas hasta sumar hoy más de 4000 fojas. Pese a ello, señalan que está prácticamente detenido, con medidas pendientes desde hace varios años, como un ambicioso e inconcluso peritaje y una serie de exhortos al exterior que aguardan respuesta.
La denuncia original, formulada por Elisa Carrió a principios de 2006, apuntaba a la supuesta ausencia de control por parte del Estado sobre la explotación que ejercía la petrolera española Repsol.
Pero con el ingreso en 2008 de la familia Eskenazi a la compañía, el expediente incorporó un segundo nudo.
En una maniobra a dos tiempos, dos empresas del Grupo Petersen -desprovistas de recorrido en el rubro- se hicieron con el 25% de las acciones de la petrolera. La operación se ejecutó a través de un esquema de crédito bancario que implicó el desembolso de alrededor de 1000 millones de dólares por parte de al menos cuatro bancos privados.
Esa deuda fue parcialmente cancelada con los dividendos que la compañía giraba a sus accionistas, lo que afianzó una hipótesis preexistente en la causa: que aquellos giros no salían de ganancias genuinas de la compañía, sino de un proceso de endeudamiento que se profundizó con la llegada de los Eskenazi.
Según las estimaciones que constan en las actas de la causa, entre 2005 y 2012, YPF habría repartido unos 34.000 millones de pesos. Y para hacer frente a esa salida de dinero, la empresa se habría endeudado en un 800%.
Una parte de la madeja financiera pretendía ser desenredada por un ambicioso peritaje. En diciembre de 2016, hace casi 10 años, Lijo ordenó la realización de este amplio trabajo interdisciplinario, pero la respuesta que llegó desde los organismos que debían llevarlo a cabo fue que no se contaba con recursos técnicos suficientes para hacerlo, al menos no en su totalidad.
Con ese trabajo pericial se pretendía esclarecer si hubo una sobreexplotación de los recursos de la empresa y si existió una maniobra para vaciarla; también, si existieron irregularidades en el ingreso de los Eskenazi a la compañía.
Más allá de algún informe parcial, el peritaje no pudo realizarse y este año cumplirá una década de solicitado.
Otra de las medidas que aguarda cumplimiento desde hace años es un pedido de información a España. Es sobre la quiebra de las dos empresas del Grupo Petersen que se hicieron de las acciones de YPF.
Fue como consecuencia del otro vuelco que tuvo la historia en 2012, con la estatización de YPF que impulsó el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof. El movimiento abrió un frente internacional aún en curso.
El Estado retomó así el control de la empresa petrolera y prohibió el giro de utilidades. Con Julio De Vido como interventor, rompió el esquema de pagos con el que Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U., las dos empresas de la familia Eskenazi, pagaban sus deudas. Las empresas entraron en concurso y los bancos acreedores se quedaron con una porción de sus acciones en YPF.
En febrero de 2019, Lijo pidió a un juzgado de Madrid información sobre aquel proceso de quiebra. Sin conseguir respuestas, el juez insistió cuatro años después y de nuevo en diciembre pasado, cuando libró un nuevo exhorto reiterando el pedido. A la fecha, no hay novedades, según fuentes informadas sobre el devenir de la causa.
La medida estaría orientada a probar una de las hipótesis del caso: que los bancos que le prestaron el dinero al Grupo Petersen para su ingreso a la compañía tenían como garantía una porción de los “fondos de Santa Cruz”. Es decir, que parte del dinero que Néstor Kirchner retiró de la provincia cuando era gobernador y guardó en una cuenta del Credit Suisse, en Suiza.
La teoría, elaborada en parte por la Unidad de Información Financiera (UIF), se sustenta en que el Credit Suisse fue quien lideró el consorcio de bancos internacionales que otorgaron aquel crédito a los Eskenazi.
En octubre del año pasado, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, que representa los intereses del Estado en el conflicto, le pidió a Lijo que lanzara otra botella al mar y le requiriera al Credit Suisse información sobre aquella ingeniería financiera para confirmar si los fondos públicos de Santa Cruz fueron efectivamente utilizados como garantía. Pero la medida, a pesar de obtener un dictamen fiscal favorable, hasta el momento no fue ordenada.
También solicitó incorporar a la causa prueba producida en otros expedientes, como el caso de los cuadernos de las coimas. Entre ellas, las declaraciones de los arrepentidos Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner, y Ernesto Clarens, el financista que hacía de nexo con los empresarios.
Más exhortos
Con los Estados Unidos, el juzgado de Lijo tiene otro canal de información, más fluido que el de España, sostienen fuentes judiciales. Está basado principalmente en la causa que tramita en Nueva York, abierta tras la estatización de 2012, cuya implementación desatendió dos artículos del estatuto de la compañía, establecido con la privatización de YPF en 1993.
Esas normas internas obligaban a quienes se hacían con un determinado piso de acciones a extender esa misma oferta al resto de los accionistas. Por incumplirlas, el país sufrió un primer revés con el fallo de Loretta Preska que ordenó el pago de más de 16.000 millones de dólares, sentencia que fue luego revocada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de New York, en marzo de este año.
El intercambio con los Estados Unidos empezó en agosto de 2023. El juez Lijo solicitó a la Corte de Nueva York que remitiera a su juzgado de Comodoro Py el fallo de Preska. Fue correspondido en julio de 2024.
Lijo amplió su requerimiento solicitando no solo el fallo, sino también un informe sobre el estado general de la causa en suelo estadounidense.
En diciembre último, un mes después de que la causa se moviera con la llegada de las provincias de Mendoza y Chubut como querellantes, el juez Lijo envió un nuevo exhorto con el que puso a la jueza Preska en formal conocimiento de la existencia de la investigación penal en Argentina.
aceptó como querellante,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
El búnker del Papa en Buenos Aires: la Nunciatura donde León XIV tendrá sus reuniones fuera de agenda
El Palacio Fernández Anchorena tiene entrada por avenida Alvear 1637, en Recoleta, a metros de la esquina con Montevideo. Es uno de los edificios más imponentes de una avenida: fachada francesa, techos altos, jardín interior y salones concebidos para recibir a la elite porteña de comienzos del siglo XX. Desde 1952 funciona allí la Nunciatura Apostólica, residencia oficial del representante del Papa en la Argentina. En noviembre, durante cuatro noches, será además la casa de León XIV.
Pero la Nunciatura no será solamente el lugar donde el Pontífice duerma al terminar cada jornada. La preparación de la visita reserva márgenes para al menos dos encuentros privados que no formarán parte del programa público, según pudo saber Infobae, y la residencia diplomática aparece como el escenario natural para esas conversaciones. Allí comienza la segunda agenda de un viaje papal.
Una agenda es la que ya distribuyó la Sala de Prensa de la Santa Sede: horarios, discursos, ceremonias, traslados, autoridades y cámaras. La otra se arma alrededor de los espacios que quedan entre esos actos y responde a una lógica diferente: conversaciones sin transmisión, sin fotografías y sin necesidad de incorporarse a la narrativa pública de la visita. En las próximas semanas, mientras avance la organización, una de las preguntas que circulará con mayor insistencia entre dirigentes políticos, empresarios, referentes sociales y miembros de la Iglesia será quién conseguirá cruzar la puerta de Alvear 1637.
Las nunciaturas vienen cumpliendo ese papel durante los viajes de León XIV desde el comienzo de su pontificado. Son territorio diplomático de la Santa Sede y, al mismo tiempo, la residencia del Papa durante sus estadías, un espacio capaz de quedar al margen del ceremonial del país anfitrión. En distintos viajes del último año, León XIV las utilizó para encuentros religiosos, diplomáticos o personales que requerían un nivel de reserva diferente al de los grandes actos públicos.
Un ejemplo claro fue lo sucedido durante el viaje a España en junio pasado: allí la Nunciatura fue sede de encuentros que figuraban en el programa (como la reunión con el Presidente de Gobierno Pedro Sánchez) y de otras reuniones que no aparecían en la agenda oficial, como la que León XIV mantuvo el lunes 8 de junio con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. Ayuso sabía con varios días de anticipación que el pontífice la recibiría en la sede diplomática y aceptó la “máxima discreción” que le había pedido el Vaticano antes de la reunión. Se espera un procedimiento similar en Buenos Aires con los dirigentes argentinos que vayan a ver a Robert Prevost al edificio de Recoleta.
En África, por ejemplo, recibió en privado en la Nunciatura de Yaundé a representantes religiosos y celebró en Luanda una misa privada antes de continuar con la agenda oficial. En otras escalas, las residencias pontificias sirvieron también para conversaciones con autoridades civiles, miembros de comunidades religiosas y referentes que no necesariamente participaron de las ceremonias abiertas. La lógica se repite: lo que admite cámaras puede ocurrir afuera; lo que exige reserva encuentra en la Nunciatura un escenario propio.
Francia, el viaje más reciente, ofreció otra señal sobre el valor que el Vaticano asigna a ese espacio. Más allá de las ceremonias organizadas por el país anfitrión, el Papa mantuvo la Nunciatura como residencia y centro operativo. Es territorio del Pontífice y de la diplomacia de la Santa Sede, y lo que ocurre allí no queda determinado por el protocolo local.
En Buenos Aires, esa lógica tendrá además una particularidad: el hombre que abrirá la puerta de la casa fue elegido hace apenas unos meses por el propio León XIV. Monseñor Michael Wallace Banach fue designado nuncio apostólico en la Argentina el 14 de mayo de este año. Hasta entonces era representante pontificio en Hungría y llevaba décadas en el servicio diplomático de la Santa Sede. Su nombramiento llegó cuando la preparación de la visita papal ya formaba parte del horizonte de las relaciones entre Roma y Buenos Aires.
Banach será, por eso, mucho más que el anfitrión formal del Papa durante esas cuatro noches. Será también una de las personas encargadas de administrar los accesos a la residencia y ordenar las solicitudes de audiencia privada que llegarán desde distintos sectores. La última palabra será de León XIV y de su entorno inmediato, pero en Buenos Aires el nuncio sabrá quién entra y quién queda afuera.
Quiénes buscan entrar
El programa oficial del domingo 8 de noviembre concentrará buena parte de las imágenes institucionales de la visita: las autoridades nacionales, el encuentro con el presidente Javier Milei, las ceremonias previstas en el centro porteño y el discurso de León XIV ante referentes de la sociedad civil. Todo eso tendrá horarios, protocolo, listas de invitados y cámaras. La Nunciatura ofrece exactamente lo contrario.
Entre quienes pueden aspirar a una audiencia privada aparecen dirigentes sindicales y de movimientos sociales, referentes políticos por fuera del oficialismo, empresarios y figuras del mundo eclesiástico. Para cualquiera de esos sectores, una conversación en Alvear 1637 permite algo que un encuentro público no permite: interlocución sin necesidad de producir una fotografía institucional. No significa necesariamente apoyo, respaldo ni toma de posición; justamente una de las utilidades diplomáticas de la Nunciatura es permitir una conversación sin convertirla inmediatamente en un gesto político.
En el mundo sindical y de los movimientos sociales hay interlocutores históricos de la Iglesia argentina que buscarán mantener abiertos sus canales con Roma. También existen sectores políticos que tienen relación con la Santa Sede y empresarios con los que el Vaticano mantiene diálogos sobre asuntos sociales, económicos e institucionales. Los donantes de la visita serán uno de los grupos que con seguridad se reunirán con el Papa en la Nunciatura.
A eso se suma el propio universo eclesial, donde una visita papal abre conversaciones internas que rara vez se producen delante de una cámara: relaciones entre obispos, movimientos, congregaciones religiosas, organismos vaticanos y figuras de la Iglesia local.
La casa del Papa
La historia del edificio añade otra capa al escenario. El palacio fue encargado al arquitecto francés Édouard Le Monnier por Juan Antonio Fernández y Rosa de Anchorena, que residían en París y nunca llegaron a habitarlo. Décadas después pasó a manos de Adelia Harilaos de Olmos, marquesa pontificia y una de las grandes benefactoras católicas argentinas de su tiempo, quien terminó legándolo a la Santa Sede para que se convirtiera en sede de la representación pontificia.
Desde 1952 funciona allí la Nunciatura Apostólica. El edificio alojó también a Juan Pablo II durante sus visitas a la Argentina de 1982 y 1987 y guarda todavía las marcas de décadas de relación entre la Iglesia local, Roma y algunas de las familias que colaboraron con su mantenimiento y sus sucesivas refacciones. En las semanas previas a la llegada de León XIV, los trabajos se concentrarán especialmente en distintos sectores de la residencia, entre ellos la fachada y la capilla.
Otros proyectos quedarán para después. Banach incluso imagina para una etapa posterior una nueva parrilla que permita convertir parte de la casa en un espacio más habitual de recepción para visitantes argentinos, en una adaptación bastante local de una de las residencias diplomáticas más particulares de Buenos Aires.
Cuando se vayan las cámaras
La Nunciatura tiene además una condición jurídica que refuerza su carácter reservado. Como sede diplomática, sus instalaciones están protegidas por el principio de inviolabilidad previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Las autoridades del Estado receptor no pueden ingresar en los locales de una misión sin consentimiento y sus archivos, documentos y comunicaciones diplomáticas cuentan también con protecciones específicas. Según pudo saber Infobae, hace dos semanas se reforzó la seguridad informática y de comunicaciones.
Pero durante una visita papal su verdadera ventaja es más sencilla: detrás de esa puerta puede celebrarse una conversación sin atril, sin transmisión y sin obligación de incorporarla al programa público. El domingo, las cámaras seguirán a León XIV hasta la Casa Rosada y el Palacio Libertad. En los días siguientes estarán en cada misa, cada ceremonia y cada traslado. Por la noche, el Papa volverá a Alvear 1637. Durante cuatro noches dormirá allí. Y en Buenos Aires ya empieza a circular otra pregunta: quiénes serán los que entren cuando las cámaras se hayan ido.
POLITICA
La Casa Rosada descarta que Karina Milei viaje a China este año y deja abierta la puerta a una visita del canciller Quirno
La Casa Rosada descarta que Karina Milei viaje a China durante 2026 y deja abierta la posibilidad de que Pablo Quirno encabece una misión oficial a Beijing antes de fin de año. La definición modifica el esquema que el propio canciller había hecho público en los últimos meses, cuando había anticipado una visita junto con la secretaria General de la Presidencia y Luis Caputo.
“No tenemos previsto un viaje a China”, aseguran en Nación. Ante la consulta específica sobre Karina Milei, responden que no viajará este año y que esa misión “nunca estuvo en agenda” de la Casa Rosada.
La respuesta contrasta con las declaraciones públicas que hizo Quirno. El 29 de julio, el canciller había afirmado: “Estamos buscando fechas. Tenemos planeado ir con Karina Milei y Luis Caputo”, y vinculó la visita con las negociaciones comerciales abiertas con las autoridades chinas.
Quirno volvió a ratificar esa hoja de ruta el 15 de septiembre. En esa oportunidad afirmó que estaban terminando de definir aspectos de la negociación bilateral para confirmar la visita y volvió a incluir a Caputo y a Karina Milei en la eventual comitiva. Dos semanas después, la posición que transmiten en Balcarce 50 es diferente.
El viaje del canciller, en cambio, sigue siendo una posibilidad. “Quizás va Quirno”, explican en Nación. Por ahora no existe una fecha cerrada ni una agenda oficial para la misión y tampoco está definido quiénes acompañarían al ministro de Relaciones Exteriores si finalmente viaja.
Las conversaciones con Beijing continúan concentradas principalmente en comercio e inversiones. Quirno viene planteando que la Argentina busca reducir el déficit bilateral mediante una mayor apertura para las exportaciones nacionales y avanzar sobre protocolos y autorizaciones pendientes para distintos productos.
La relación financiera tuvo este año una definición importante. El Banco Central argentino y el Banco Popular de China renovaron en agosto el acuerdo de intercambio de monedas por 130.000 millones de yuanes y extendieron su vigencia de tres a cinco años. También mantuvieron activo el tramo equivalente a unos US$5000 millones que utiliza la Argentina.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el estratégico sindicato de los colectiveros, afrontará entre el 7 y el 8 de octubre una elección de alto voltaje para definir sus autoridades nacionales. El actual secretario general, Roberto Fernández, buscará revalidar por quinta vez su cargo al frente del gremio, que conduce desde hace 18 años.
A diferencia de las últimas tres veces, Fernández se enfrentará a un escenario inédito: competirán otras tres listas que buscarán desplazarlo. La atomización opositora, sin embargo, favorece al oficialismo. Sus retadores serán Maximiliano Escriba, líder de la seccional Mar del Plata, una de las cinco jurisdicciones que el oficialismo perdió en 2022; Alberto Patiño, actual secretario de Organización que decidió desafiar al jefe, y Claudio Gómez, con raíces en la izquierda.
Las casi dos décadas de conducción de Fernández, que tiene 82 años, se encuentran marcadas por un perfil negociador con las cámaras empresarias, adaptación a los distintos gobiernos y verticalismo interno. Su hegemonía, sin embargo, se pondrá a prueba frente a fallos judiciales sensibles que propiciaron una mayor apertura electoral en la UTA y abrieron paso a los opositores. En las urnas, esas expresiones buscarán canalizar el descontento por el deterioro del poder adquisitivo, de las condiciones laborales y la cobertura médica. Todo en un contexto signado por la caída de los aportes y la crisis de rentabilidad de las empresas del sector.
El sindicato de los colectiveros tiene alrededor de 70.000 afiliados en todo el país y conserva un alto poder de fuego al momento de instrumentar medidas de fuerza por su capacidad para paralizar el transporte público. Con la votación en dos jornadas, prevista para los choferes de larga distancia, la disputa también se replica a nivel regional, ya que se renovarán las autoridades de las 25 seccionales. El oficialismo será el único que tendrá candidato propio en todas las seccionales e intentará revertir el crecimiento de la oposición en cinco distritos: Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy.
Para la pulseada entre la CGT y la Casa Rosada, no parece resultar menor en manos de quién quedará la UTA. Fernández cortó vínculo con la central obrera y, en desacuerdo con el último cambio del triunvirato, ordenó retirar a su tropa del consejo directivo. En paralelo, adoptó una relación diplomática coyuntural con el gobierno de Javier Milei, condicionada por la dependencia de los fondos públicos, que no escaparon a la motosierra de la administración libertaria. En el último trimestre, la UTA viene de acordar un aumento salarial del 10,5% para los choferes de corta y mediana distancia en AMBA. En septiembre, sin contar viáticos, el salario básico quedó en $1.707.175.
Desde enero de 2024, los ingresos en el área metropolitana aumentaron un 181% en términos nominales ante una inflación acumulada que rondó el 246% desde entonces. Esa disparidad impactó en la capacidad adquisitiva de los colectiveros, que ya acarreaban retrocesos significativos, con el pico del 211% del IPC anual en 2023. Pero el escenario más agudo se sitúa en el resto del país, donde las paritarias están atravesadas por acuerdos fragmentados, ingresos básicos congelados por debajo del millón e incumplimientos por las dificultades para trasladar incrementos a las provincias, que ya no disponen del Fondo Compensador del Transporte del Interior.
Dentro del universo sindical, Fernández ha mantenido una pelea crónica con Hugo Moyano y su familia. Asumió la conducción de un gremio de colectiveros golpeado por el escándalo patrimonial protagonizado por su antecesor, Juan Manuel Palacios, quien dejó el cargo en 2006 después de 22 años al frente. Fernández era entonces su secretario adjunto y, lejos de retirarse junto a su mentor político, decidió quedarse para completar el mandato. Aquella decisión fue interpretada como una traición para el moyanismo y un golpe duro a su esquema de alianzas. Palacios era un dirigente de extrema confianza del líder de Camioneros, con el que conformó el ala combativa contra el menemismo en los noventa.
En consecuencia, el clan Moyano respaldó incursiones internas de rivales para intentar desplazar a Fernández de la UTA. El pico de tensión por el control del gremio colectivero llegó en 2019, con la violenta toma de la sede de la calle Moreno por parte de grupos disidentes. Fernández resistió la avanzada desde el techo del edificio y posteriormente acusó a Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros e hijo de Hugo, de haber pergeñado la ofensiva en connivencia con Cristian Jerónimo, titular del sindicato de Empleados del Vidrio y actual integrante del triunvirato que conduce la CGT. Ese antecedente quedó como la razón de la ruptura de Fernández con la central obrera, concretada después de la elección de Jerónimo en noviembre de 2025 .
En las últimas elecciones de la UTA, realizadas en 2022, los Moyano —que siempre negaron haber participado de aquella revuelta— respaldaron abiertamente al principal rival de Fernández, Miguel Bustinduy, a quien también le atribuían una presunta participación en la toma. Fernández se impuso otra vez, mientras que Bustinduy se retiró de la UTA y se refugió en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), el gremio alternativo de los colectiveros que integra la CTA y al que arribó con el grueso de los choferes del Grupo DOTA.
La flexibilización del estatuto
Históricamente, el estatuto de la UTA impuso fuertes trabas para evitar que hubiera oposición, como la obligación de presentar listas completas en todo el país. Esas condiciones, calificadas de “proscriptivas” por sus críticos, dieron origen a un extenso periplo judicial impulsado por Bustinduy con el patrocinio del abogado Leandro Recalde. El proceso recayó en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dio lugar al reclamo y falló a favor de la anulación de artículos claves, con una consecuente flexibilización del régimen electoral del sindicato.
De acuerdo a las decisiones de la justicia laboral a las que accedió LA NACIÓN, quedaron anuladas la obligación de presentar candidatos en todas las seccionales y delegaciones para competir por la conducción nacional, la exigencia de una “carrera sindical” previa y el requisito de haber realizado cursos de capacitación dictados o acreditados por la propia conducción. Además, por primera vez, los afiliados tendrán la opción de cortar boleta, por lo que podrán votar candidatos distintos para la conducción nacional y las seccionales.
Con Bustinduy fuera de la UTA, al frente de la opositora “Agrupación La Palacios” (bautizada así en honor a Juan Manuel Palacios) quedó Maximiliano Escriba, líder de la seccional Mar del Plata, una de las cinco jurisdicciones que el oficialismo perdió en 2022. En esta ocasión, Escriba disputará directamente la conducción nacional como candidato de la Lista Negra. Aunque no contará con la palanca del grupo DOTA, su espacio llega con el mayor despliegue territorial del arco opositor: competirá en 14 seccionales.
La Lista Marrón está encabezada por Alberto Patiño, referente de la “Agrupación 2 de Julio”, una escisión surgida de las propias entrañas de la conducción de la UTA. Patiño rompió con Fernández después de más de una década a su lado. Todavía es el secretario de Organización, considerado el puesto número tres en la jerarquía del sindicato, el mismo cargo que tuvo Bustinduy. En diálogo con este medio, Patiño justificó su ruptura con Fernández por “su gran pasividad frente a la mala situación de los trabajadores”, “su acomodo frente a los distintos gobiernos” y “su afinidad con los empresarios”.
La Lista Bordó representará a la izquierda sindical a través de Claudio Gómez, chofer de la línea 86 y referente de la “Agrupación 460”.
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