Al cierre de una semana intensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debió reprogramar la reunión de mesa política prevista para este viernes por “problemas de agenda”, y postergará para el próximo lunes a las 14 la definición de la estrategia legislativa que desplegará el Gobierno y que ejecutarán los alfiles negociadores para intentar aprobar el proyecto de reforma electoral enviado recientemente al Congreso Nacional.

Con complicaciones en la coordinación de horarios, la cita que estaba programada para las 11 de este viernes, en las oficinas del Ministerio del Interior de Casa Rosada, se pospuso para principios de la semana entrante debido a que la titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, no podía dar el presente por cuestiones de agenda. La decisión se tomó a última hora del jueves luego de analizar la posibilidad de retrasar el horario.

Según anticiparon fuentes oficiales, el nuevo intercambio apunta a elaborar un primer estado de situación de la reforma, que ingresó al Congreso el pasado miércoles, para, en función de las primeras reacciones, diseñar una estrategia que permita avanzar con las modificaciones que el oficialismo aspira aplicar en el sistema democrático en la previa a las elecciones presidenciales de 2027.

Tras el anuncio del mandatario y el posterior envío al Senado, las bancadas aliadas, en particular el PRO y la Unión Cívica Radical manifestaron su rechazo al proyecto que contempla la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y una revisión profunda del sistema de financiamiento actual de los partidos políticos, entre otros puntos.

Ante ese escenario, el lunes, Adorni recibirá en su despacho a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y a la jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, para intentar ordenar el paso a paso parlamentario. Todo bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“La clave de la reforma son las PASO. También el tema del financiamiento, pero la prioridad son las PASO y sabemos que es probable que no apoyen, veremos alternativas”, garantizaba a este medio una fuente que transita los pasillos de Casa Rosada. Sin los votos para aprobarlo, un sector del oficialismo se muestra abierto a dar lugar a la posibilidad de plantear alternativas como la suspensión o, eventualmente, la eliminación de la obligatoriedad de la misma.

Asimismo, Bullrich activó los primeros contactos con los jefes de las bancadas aliadas el mismo miércoles con intención de diseñar un primer panorama de apoyos sobre los que trabajar, lo que habilitará a Santilli a entrar en acción, quien tiene previsto retomar las recorridas por las provincias. “El primer sondeo se está haciendo en el Senado por ahora, pero también estamos trabajando en el de Propiedad Privada”, expresó ante este medio un integrante del reducido círculo.

En el oficialismo vaticinan que el panorama podría complejizarse en Diputados, puntualmente con las modificaciones previstas en la Ley de Financiamiento sobre los Partidos Políticos, por lo que esperan la sesión en la Cámara Alta para diseñar la estrategia. “Es probable que el tema de financiamiento esté más difícil en Diputados porque hay varios sectores que hacen rosca con la plata del Estado, pero Ficha Limpia oficia de señuelo”, admitió ante este medio una fuente legislativa.

El intercambio tendrá además una instancia de repaso de las iniciativas enviadas hasta entonces para delimitar los próximos pasos y fijar fechas de las medidas prioritarias. La hoja de ruta legislativa prevista para los próximos meses contempla además la medida diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en defensa de la Propiedad Privada, pero también los cambios incorporados en la Ley de Salud Mental y el proyecto de Fraude de Pensiones por Invalidez.

La reunión se convocó sin la prensa acreditada, luego de que Milei ordenara la restricción en el acceso a Casa Rosada, y en la previa a una semana clave. El próximo miércoles, el ministro coordinador asistirá a la Cámara de Diputados a brindar su primer informe de gestión escoltado por el mandatario que confirmó hace algunas horas su asistencia.

Se espera que haya mención al detalle del contenido del mismo tras la recopilación de las más de 2200 preguntas en las que trabajan los equipos designados. Será el evento que marcará un quiebre en la dinámica comunicacional del exvocero, que se mantiene en reserva desde hace semanas, y activará la actividad legislativa suspendida desde la habilitación a las modificaciones a la Ley de Glaciares.

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A dos semanas de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma de la Ley de Glaciares (Ley N° 27.804), este viernes a la madrugada el Gobierno nacional promulgó las modificaciones que quedaron asentadas en el Boletín Oficial. A partir de esto, se introdujo un cambio sustancial en el régimen de protección de los glaciares y ambientes periglaciares en Argentina.

“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.804 (IF-2026-35955743-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 8 de abril de 2026″, comunicaron por medio de la publicación del Decreto N° 271/2026.

De esta manera, entraron en vigencia los cambios realizados a la normativa que fue originalmente promulgada en 2010, con la intención de regular la preservación de glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, encuadrándolos como bienes públicos para el consumo, la recarga de cuencas hidrográficas, el turismo, la investigación científica y la protección de la biodiversidad.

No obstante, la nueva ley redefinió el alcance de esa protección, debido a que le otorgó a las provincias la facultad de establecer criterios propios para determinar qué glaciares y ambientes periglaciares serán preservados, una demanda sostenida por distritos con actividad minera. En ese caso, dejarán de estar cubiertos específicamente por esta legislación, aunque seguirán comprendidos bajo la Ley General del Ambiente y otras normas vigentes.

Uno de los cambios centrales residió en el enfoque sobre los Glaciares de Escombros (GdE) y las áreas periglaciares. Mientras la ley original establecía una protección general, la reforma limitó su resguardo a aquellos cuerpos y geoformas que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”.

Por este motivo, solo estas zonas serán protegidas estrictamente, lo que habilitará la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en sectores antes vedados. Durante las audiencias públicas realizadas previas al tratamiento, este se constituyó como un punto que generó cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales.

Por otro lado, la sanción también desplazó el control científico nacional, debido a que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que hasta ahora tenía el rol principal en la identificación de glaciares, pasará a una función más acotada y registral.

El inventario nacional elaborado por el IANIGLA será de “ineludible consulta y consideración” para las provincias, pero sin restarles atribuciones. No obstante, cuando se trate de zonas fronterizas aún no demarcadas, la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto será obligatoria antes de registrar los datos en el inventario.

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Otra de las modificaciones relevantes corresponde al cambio en el sistema de prohibiciones. Se deja atrás el esquema de prohibiciones generales y se adopta un sistema basado en la evaluación de impacto ambiental caso por caso, bajo control de las mismas provincias. Así, la autorización de actividades productivas dependerá del análisis de impacto y no de un veto previo general.

Luego de que la reforma fuera aprobada con un total de 137 votos afirmativos frente a 111 negativos y tres abstenciones en la Cámara Baja, el Poder Ejecutivo Nacional defendió la reforma señalando que permitirá ordenar el marco normativo, evitar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental, dando mayor protagonismo a las provincias en la gestión de sus recursos.

“Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley”, enumeraron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente.

Al mismo tiempo que celebraron que eliminará «las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”, enfatizaron que los cambios legislativos reafirmaron que “el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”.

Y concluyeron que “los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.

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Un correo interno del Pentágono filtrado en las últimas horas expuso las alternativas que Estados Unidos analiza ante la negativa de algunos países europeos a respaldar las operaciones militares en la guerra contra Irán. Una de esas medidas, y según indicó Reuters, incluye la reconsideración del apoyo diplomático tradicional de Washington sobre la soberanía británica de las Islas Malvinas.

De manera puntual, el documento incluye entre las posibles represalias del gobierno de Donald Trump la revisión del apoyo diplomático estadounidense a las reclamaciones europeas sobre “posesiones imperiales”, en particular las Islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina.

El Departamento de Estado mantiene en su sitio oficial que las Islas están bajo administración británica, pero reconoce la reivindicación argentina. La información sobre esta posible medida fue replicada por varios medios británicos, como The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian.

Desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, Trump manifestó en reiteradas oportunidades su disgusto con el primer ministro británico Keir Starmer y, entre otras cosas, lo acusó de cobarde por su renuencia a unirse a la guerra contra Irán.

Otro elemento a tener en cuenta es la sintonía entre el presidente argentino, Javier Milei, y Donald Trump. En esta línea, el subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas G. DiNanno, en el marco de una vista al país que concluyó esta semana, reconoció el “compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán” y adelantó que EEUU ampliará la asistencia en equipamiento militar, ciberdefensa y adiestramiento combinado de las fuerzas de seguridad.

Sobre este último punto, en mayo comenzará Daga Atlántica, un ejercicio militar conjunto sin precedentes que comenzará en mayo y se extenderá por 42 días, con una fase táctica y una operacional, y en las sedes de Puerto Belgrano, Moreno y Córdoba.

En las últimas semanas, Trump criticó públicamente a los socios europeos por no participar en el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz. Según la información citada por Reuters, la administración estadounidense manifestó una creciente frustración por la reticencia de varios aliados a conceder derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO) para las fuerzas de Estados Unidos.

El correo electrónico, que circula en los niveles más altos del Pentágono, indica que EEUU contempla la suspensión de España de la OTAN, a raíz de la decisión del presidente Pedro Sánchez de no permitir el uso de sus bases o espacio aéreo para ataques contra Irán, situación que generó malestar particular en Washington. Estados Unidos cuenta con 2 bases clave en territorio español: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

Agenda bilateral

DiNanno, que responde al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, cumplió una exigente agenda en la Argentina. Mantuvo encuentros con los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También con funcionarios de Cancillería y con el Subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro.

Durante su estadía, además, recorrió el Centro Nacional Antiterrorista de Argentina, la sede de la AMIA, y brindó una conferencia de prensa en la residencia del embajador, Peter Lamelas.

Entre otros puntos, el funcionario norteamericano alertó sobre la presencia de China en infraestructura estratégica dentro de la Argentina. “No buscamos una relación confrontativa, pero no aceptaremos una posición de debilidad. Así que competiremos económica y militarmente. Sí, algunas de esas áreas de infraestructura nos preocupan”, planteó.

A finales de febrero de este año, el Congreso de EEUU difundió un alarmante informe sobre infraestructura espacial china de uso civil-militar en Argentina. La investigación apuntó, al menos, a once instalaciones espaciales vinculadas al gigante asiático establecidas en el país, y mencionó los casos de Neuquén, San Juan y Santa Cruz. También en Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.

“Yo entiendo que tanto Estados Unidos como Argentina tienen una relación comercial muy compleja con los chinos. Tenemos que equilibrar nuestros intereses comerciales con nuestros intereses de seguridad nacional. Es un verdadero reto para nosotros, pero el Presidente (por Trump) va a viajar allí dentro de un par de semanas, y somos optimistas en cuanto a que podremos equilibrar ambos aspectos”, destacó.

Además, y ante la consulta de Infobae, aseguró: “Tanto el Presidente Trump como el Presidente Milei tienen el compromiso de enfrentar los retos de seguridad en la región. Sobre esos retos específicos, y hemos sido muy claros, hemos utilizado las facultades que tenemos en el Departamento de Estado para designar a los narcoterroristas como terroristas. Eso desbloquea una enorme cantidad de recursos y herramientas que, hasta que emprendimos esa iniciativa, no estaban disponibles para los Estados Unidos”.

Y amplió: “Tendremos un aumento significativo de recursos en el futuro para desmantelar agresivamente el crimen organizado transnacional. Lo haremos en estrecha alineación no solo con Argentina, sino con nuestros otros socios regionales”. En esta línea, indicó que habrá más presencia del FBI y la DEA, junto con incremento de asistencia técnica, capacitación y equipamiento para las autoridades argentinas.