Cuatro gremios de la UBA (Feduba, Aduba, Apuba y UTE) anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles en respuesta al comunicado del Ministerio de Capital Humano que exigió a los rectores un “plan de contingencia” para recuperar los días de clase perdidos por medidas de fuerza, bajo amenaza de no enviar partidas presupuestarias. “Esto es el colmo de los absurdos. El Gobierno que no está cumpliendo con la ley ni con la Constitución nos exige un plan de contingencia”, sostuvo Jorge Anró, de la federación Fatun.

Los gremios calificaron el comunicado oficial de “chantaje” y reivindicaron el derecho a huelga: “Parar es un derecho, incumplir la ley es un delito”, señaló la Conadu en un comunicado. Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que “cualquier afectación a la normalidad plena del sistema universitario deriva, en lo sustancial, del incumplimiento estatal de obligaciones legales expresamente establecidas por el Congreso Nacional”.

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— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) April 27, 2026

El rector de la Universidad de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, apuntó que “las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6% desde 2023 a la fecha” y que “estamos en el punto de inversión más bajo de la historia, el 0,4% del PBI”. Le pidió al Gobierno “cordura y sensatez” y que “abandone la provocación y se aboque a resolver el problema, empezando por cumplir la ley, que hace más de 180 días que fue aprobada”.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, respondió con ironía al comunicado oficial: “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación”. Desde el Gobierno, el subsecretario Alejandro Álvarez replicó: “Para la burocracia política de las universidades públicas, lo único importante es derrocar al Gobierno. Nunca vamos a dejar de defender a los alumnos de la casta política que se apropió de las universidades que pagamos todos”.

La disputa se encamina a una nueva marcha federal universitaria prevista para el 12 de mayo, que será la cuarta desde que comenzó el conflicto y tiene como eje el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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En una entrevista exclusiva, Silvia Lospennato anticipó que la presentación de Manuel Adorni ante el Congreso se dará en un clima de alta tensión política y defendió la necesidad de cumplir con el informe constitucional que exige la fiscalización parlamentaria.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, la legisladora porteña resaltó el rol del jefe de Gabinete como “quien debe conocer el termómetro del recinto”.

Recordó la preparación minuciosa de cada sesión: “Sabiendo con qué temas iba a salir cada bloque”. Defendió el respeto por la Constitución: “No todos los jefes de Gabinete incumplieron esto. Nuestro jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el que tuvo mayor cumplimiento desde que se reformó la Constitución Nacional”.

El informe de Adorni y la tensión en el Congreso

La presentación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete ante el Congreso se produce en un momento marcado por la discusión sobre el respeto a las instancias constitucionales y el rol de fiscalización parlamentaria. “Creo que todos imaginamos que mañana va a ser una sesión difícil y compleja para el jefe de Gabinete y también para los legisladores que tienen que preguntar”, advirtió Lospennato, quien admitió la expectativa de un cruce intenso: “Ojalá se dé un debate a la altura, donde los legisladores tienen derecho a preguntar todo lo que quieran. El jefe de Gabinete tiene derecho a responder lo que pueda en ese momento y si no, mandar las respuestas por escrito, que eso está habilitado en el reglamento, pero en un marco de respeto. Yo espero que sea así mañana”.

Lospennato profundizó sobre el valor institucional de la instancia: “Son una instancia constitucional, es necesario cumplirlo, es muy relevante porque es la oportunidad de conocer cómo marcha el gobierno”.

Recordó su experiencia parlamentaria: “Teníamos un grupo de WhatsApp que se llamaba Artículo 101, con el que preparábamos las visitas del jefe de Gabinete, que son una instancia muy relevante”. Además, subrayó que la transparencia y el control legislativo son una deuda pendiente de la política.

Críticas al cierre de la sala de periodistas y la convivencia con la prensa

El cierre de la sala de periodistas en el Congreso generó un fuerte rechazo por parte de Lospennato, quien lo consideró un retroceso en materia de libertad de prensa. “No estoy de acuerdo. Hay que aprender a convivir con la incomodidad del periodismo. El trabajo de ustedes los periodistas es incomodarnos”, afirmó.

Ante la consulta sobre la reacción del PRO si esta medida la hubiese tomado otro espacio político, remarcó: “Hubiéramos dicho lo mismo si hubiera sucedido durante el gobierno del kirchnerismo. Nosotros de ninguna manera apoyamos eso. Sacamos un comunicado de nuestro partido diciendo que creemos y esperamos que lo antes posible, la sala vuelva a abrir”.

Lospennato advirtió sobre los riesgos institucionales de estas decisiones: “No conozco bien cuál fue el motivo, pero si inclusive entendió el gobierno que había alguien que no hizo lo que tenía que hacer, eso no implica de ninguna manera que hubiera que tomar una represalia contra todo el resto de los trabajadores de prensa. Espero que revean esta decisión”.

Corrupción estructural, reforma judicial y el futuro del PRO

Consultada por los desafíos institucionales, Lospennato insistió en que la Argentina enfrenta “un problema de corrupción estructural muy serio” y reclamó avanzar sobre leyes pendientes: “Durante muchos años impulsé junto al movimiento ciudadano de Ficha Limpia la Ley de Ficha Limpia. Pero no es solo eso. Hay que impulsar la extinción de dominio y una reforma muy profunda en la justicia”.

La legisladora destacó el rol del periodismo en el análisis de pliegos judiciales: “Por primera vez en mucho tiempo empezamos a mirar un poder del Estado que es bastante oscuro para la luz pública, que es el Poder Judicial, y ahora se está mirando”. Pidió también que la ciudadanía asuma su parte de responsabilidad: “La gente reclama anticorrupción, pero después no vota anticorrupción”.

Ante la pregunta sobre candidaturas presidenciales en el PRO, Lospennato valoró la figura de Mauricio Macri: “Creo que Mauricio Macri es el líder más sano que tiene la Argentina. Si él deseara ser candidato, a mí me encantaría. Es el líder de mi partido”. También elogió a Rogelio Frigerio como “un muy buen gobernador y una buena persona”, pero se mostró cauta sobre definiciones anticipadas.

Sobre la disputa política entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, respondió con dureza a las críticas del ministro de Seguridad bonaerense: “El caradurismo de un ministro que no puede hacerse cargo de la crisis de seguridad que tiene la provincia de Buenos Aires, donde los bonaerenses sufren cada día, es impresionante. Que la provincia hable de otro gobierno, sobre todo el nuestro, que ha mostrado los índices de seguridad mejores de la historia con Jorge Macri gobernando, me parece un caradurismo impresionante”.

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silvia lospennato

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires lanzó este martes un duro reclamo al gobernador Axel Kicillof y a la Legislatura. Exigieron que avancen con la designación de los jueces faltantes y completen las cuatro vacantes que mantienen incompleto al máximo tribunal bonaerense.

El planteo se hizo durante un acto institucional encabezado por el presidente de la Corte, Sergio Gabriel Torres, junto al vicepresidente Daniel Fernando Soria y la ministra Hilda Kogan. También participó el procurador general, Julio Conte-Grand.

Aunque la convocatoria era para presentar un proyecto de “fortalecimiento del Poder Judicial”, el foco estuvo puesto en la falta de integración del tribunal, que lleva más de seis años sin cubrir todos sus cargos.

“Nuestra Suprema Corte está incompleta desde hace más de seis años. Transcurrieron 2292 días desde la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia de Luis Genoud”, señaló Torres al leer un documento consensuado por los integrantes del cuerpo.

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El magistrado remarcó que la Constitución bonaerense establece un plazo de 15 días para que el Poder Ejecutivo envíe al Senado los pliegos de los candidatos una vez producida una vacante. Sin embargo, advirtió que esa obligación fue incumplida de manera reiterada. “El mandato constitucional fue desoído en forma sistemática, acumulando 152 incumplimientos”, afirmó.

La designación de los jueces es potestad del gobernador, que debe proponer los candidatos, y del Senado provincial, que debe prestar acuerdo. Desde diciembre, el oficialismo cuenta con mayoría propia en la Cámara alta, pero no se concretaron avances.

Torres también alertó sobre el impacto que tiene esta situación en el funcionamiento del Poder Judicial. “La labor asignada para siete jueces hoy la realizamos tres, lo que implica un aumento de la carga de trabajo y la necesidad de recurrir a tribunales inferiores para completar integraciones”, explicó. En ese sentido, agradeció a los jueces de Casación que intervienen como subrogantes para permitir el funcionamiento del tribunal.

El titular de la Corte advirtió que la falta de designaciones afecta la institucionalidad. “Una Corte incompleta limita la capacidad de conducción. Postergar las designaciones es debilitar el sistema; avanzar en ellas es fortalecer el Estado de derecho”, sostuvo.

Sobre el cierre, el máximo tribunal exhortó formalmente al Ejecutivo y al Senado bonaerense a avanzar “con urgencia” en la cobertura de las vacantes para garantizar el funcionamiento pleno de la Justicia provincial.

En paralelo, el reclamo de la Corte reactivó en la Legislatura un proyecto presentado en 2025 por el diputado Valentín Miranda, que propone otorgar autonomía presupuestaria al Poder Judicial para dejar de depender de las partidas del Ejecutivo.

La iniciativa establece que la Corte elabore su propio presupuesto —que deberá ser incorporado sin cambios al cálculo general— y prevé un mecanismo de financiamiento automático equivalente al 8,95% de los recursos provinciales y nacionales, transferidos mensualmente por el Banco Provincia.

Axel Kicillof, Justicia, Corte Suprema