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El Gobierno pagará en mayo el Salario Social Complementario, tal como ordenó la Justicia

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El gobierno de la La Libertad Avanza afrontará el pago de $72.384.624.000 correspondiente al Programa Volver al Trabajo, que se abonará los primeros días de mayo, a partir de una orden judicial que obliga a sostener este esquema de asistencia social suspendido en su reformulación. La medida fue dictada el 21 de abril de 2026 por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a mantener vigentes las transferencias económicas a los beneficiarios del programa hasta que se dicte sentencia definitiva sobre su continuidad dado que la cartera a cargo de Sandra Pettovello apeló la medida, tal como anticipó Infobae.

El impacto inmediato de la resolución se refleja en la magnitud de los fondos: el pago comprende a más de un millón de personas transferidas desde el anterior esquema “Potenciar Trabajo”, según consta en la Resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

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En detalle, 1.012.357 titulares pasaron al Programa Volver al Trabajo y otros 260.911 fueron transferidos al Programa de Acompañamiento Social, ambos bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. La advirtió en un comunicado que la medida judicial impide, por el momento, aplicar las políticas de capacitación laboral y la extensión de la doble jornada escolar en contextos vulnerables.

La resolución judicial dentro del expediente colectivo “LEDESMA, ANDREA LILIANA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO s/AMPARO COLECTIVO” llevó a la administración de Javier Milei a autorizar el pago directo a los beneficiarios mediante el Banco de la Nación Argentina.

Documento oficial muestra la resolución que aprueba el Programa Volver al Trabajo (VAT), asignando $72.384.624.000 para la liquidación de fondos a sus participantes

Este medio ya había informado que el ministerio a cargo de Pettovello no había puesto en dudas el pago del beneficio social. “Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sostuvieron las fuentes oficiales.

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Esta postura implica acatar la orden judicial y al mismo tiempo promover una apelación para revertir la cautelar, que bloquea el redireccionamiento presupuestario de estos fondos.

El conflicto se originó en el proceso de transformación de los programas de asistencia. El Programa Volver al Trabajo fue creado en febrero de 2024 para reemplazar la modalidad de inclusión laboral anterior y, según el Poder Ejecutivo, su objetivo era fortalecer la capacitación y la inserción en empleos formales. La medida cautelar interrumpe este proceso, consolidando el esquema de transferencia directa sin contraprestaciones, según detallaron los funcionarios consultados por Infobae.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

La descripción oficial fue tajante: “Esto es la perpetuidad del asistencialismo”, en referencia a la obligación de mantener el modelo previo, considerado un obstáculo respecto al objetivo de reemplazar los planes sociales por políticas activas de empleo y educación.

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El diagnóstico de la administración de La Libertad Avanza apunta a que la continuidad de estos programas “cristaliza la pobreza”, lo que impide una transición hacia mecanismos de intervención estructurales y de largo plazo, como la extensión de escolaridad gratuita y los vouchers de formación profesional.

La gestión de Pettovello promueve una reingeniería del sistema: reasignar partidas para implementar vouchers de capacitación laboral en articulación con centros formativos provinciales y financiar la doble escolaridad en escuelas de contextos vulnerables.

A través de un comunicado oficial emitido la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano informó que, a raíz del fallo que hacía lugar al recurso de amparo impulsado por organizaciones sociales enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) , ambas políticas “no podrán llevarse a cabo”, al menos hasta que se resuelva el litigio.

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Volver a Trabajar es la continuidad del programa Potenciar Trabajo

La medida, dictada por el juez Adrián González Charvay, obliga al Estado nacional a mantener activas las transferencias económicas del Programa Volver al Trabajo, que beneficia a más de 900 mil personas con un ingreso mensual de $78.000 y bloqueando temporalmente el uso de esos recursos en las nuevas políticas de capacitación y educación que se habían proyectado.

Con la apelación realizada por los abogados de Capital Humano las autoridades buscan de revertir la medida y recuperar autonomía en la asignación de partidas presupuestarias para políticas sociales. En su momento, desde los despachos oficiales interpretaron que el Poder Judicial “termina haciendo política pública y nos dice cómo asignar los recursos”.

En la segunda foja de la resolución de Capital Humano, dejaron constancia de lo siguiente: “Sin perjuicio de la interposición de los recursos judiciales correspondientes por parte de esta Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Huamno, corresponde efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente, disponiendo el pago de la prestación económica prevista en el Programa Volver al Trabajo (VAT), y sin que ello comporte una modificación del marco normativo vigente».

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Desde la perspectiva oficial, la indefinición judicial ante la apelación genera incertidumbre y frena transformaciones consideradas prioritarias por la Casa Rosada.

Para el Poder Ejecutivo nacional, el conflicto supera el debate sobre un programa específico, abriendo la discusión sobre el modelo de política social en el país: la disyuntiva entre la asistencia monetaria directa y mecanismos estructurales como la formación laboral y la intervención educativa.

Los fondos destinados serán imputados a la Jurisdicción 88, Subjurisdicción 03 – Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo la partida de “Ayudas Sociales a Personas”, con financiamiento del Tesoro Nacional, según formaliza la resolución administrativa que ejecuta la orden judicial.

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Crece el malestar con Bullrich en el Gobierno y se espera una reunión “cara a cara” con Milei

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La foto de la reunión que mostró Patricia Bullrich el martes a la tarde junto a sus principales referentes legislativos y políticos rebalsó el vaso de la paciencia en algunos sectores del gobierno de Javier Milei.

“Es un desafío abierto a la autoridad del Presidente”, afirmaron a muy cerca del primer mandatario, desde donde aseguran que en esa reunión Bullrich planteó “abiertamente” la posibilidad de ser candidata a presidenta el año que viene, obteniendo apoyos y resistencias en partes iguales desde su propia tropa.

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En tensa calma luego de cada uno de los gestos de diferenciación de Bullrich, repetidos desde hace semanas y tolerados sobre todo por la resistencia del Presidente a confrontar con ella, en la Casa Rosada consideran que la exministra de Seguridad “cruzó un límite”.

Luego de la inminente visita del papa León XIV al país, aseguran cerca del primer mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habrá un planteo “cara a cara” con Bullrich, y de no obtener respuestas positivas, nadie descarta un quiebre, que a esta altura redefiniría al oficialismo, en el inicio de la temporada preelectoral. Incluso, el oficialismo hizo circular otras alternativas como eventual compañero de Milei en la fórmula presidencial para 2027.

“Una cosa es decir que hace falta cambiar cosas del plan económico, o que hay que reconocer la victoria de Lula (Da Silva) en Brasil, o que hay que tratar mejor al periodismo. Otra cosa es mostrar que tiene 15 diputados que nos pueden bloquear las iniciativas”, se despachó una alta fuente del Gobierno, al tanto del enojo de Karina Milei y sus aliados dentro de la mesa política, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

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“¿Para qué se reúne con sus diputados? ¿Cómo lo explica? Si todos entraron en las listas de La Libertad Avanza. Así no se puede seguir”, expresaron, con altas dosis de dramatismo, funcionarios que conocen el pensamiento de Karina Milei, que ayer encabezó una jornada sobre gestión pública de las provincias de Neuquén y Salta en el Congreso junto a Martín Menem y la senadora libertaria Nadia Márquez, convertida en referente principal del karinismo en la Cámara alta, y su par salteña Emilia Orozco, que tiene aspiraciones de gobernar su provincia.

Karina Milei y Martín Menem compartieron un acto en el Congreso con las senadoras Márquez y Orozco

“Estamos trabajando con compromiso y convicción para consolidar el crecimiento en cada rincón de nuestra provincia y de todo el país, fortalecer nuestros equipos y seguir impulsando el proyecto de transformación que lidera el presidente Javier Milei”, dijo Márquez según la gacetilla distribuida a los medios sobre la actividad, de la que no participó Bullrich, pero sí Silvana Giúdici, una de las incondicionales de la exministra de Seguridad y que participó de la cuestionada reunión.

En las últimas horas, y en tren de contrarrestar la ofensiva bullrichista, tanto Martín Menem como el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteraron que “hay un solo candidato a Presidente” en La Libertad Avanza, y que es Javier Milei.

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La certeza de que Bullrich está “jugando con fuego” pone en duda su continuidad en la mesa política y otros espacios de decisión libertarios. “Cuando se vaya el Papa, se la llamará al orden. O cambia su tesitura, o se rompe todo”, afirmó otro funcionario que no podía ocultar su enojo.

Cerca de Bullrich no ocultaron el objetivo político de la foto. “Nos vienen ninguneando, te dan las cosas tarde, mandan proyectos sin avisar ni consultar. Si nos organizamos, no les va a resultar tan sencillo”, destacó uno de los presentes en la foto del martes, que congregó (salvo alguna ausencia por viaje) al núcleo duro del bullrichismo.

“Linda reunión con el grupo”, escribió el diputado Damián Arabia en su cuenta de la red social X, para blanquear el cónclave bullrichista, llevado a cabo en unas oficinas del barrio de Palermo y a la que también asistieron los diputados nacionales Sabrina Ajmechet, Patricia Vázquez, Alejandro Bongiovanni, Belén Avico, Giúdici, Mariano Campero y María Luisa González Estevarena, el senador provincial y exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, entre otros.

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“No vamos a hacer nada, la idea es jugar en tándem, y poner un freno a los atropellos y el verticalismo”, agregaron cerca de la jefa de los senadores libertarios.

Desde Balcarce 50, con preparativos para la llegada de León XIV y sin el Presidente, quien participa de la Cumbre Iberoamericana en Madrid, no descartan una ruptura con una de las figuras clave del Gobierno. “Nuestro votante quiere que estemos juntos y que ella esté adentro. Es ella la que se está peleando con nosotros”, dijeron, inusualmente duros, cerca de la secretaria general de la Presidencia.



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Suspendieron al juez de San Isidro acusado de acoso sexual y ordenaron embargarle parte del sueldo

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender al juez Ernesto García Maañón, denunciado por acoso sexual y laboral por una funcionaria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. Además, dispuso embargarle el 40% de su sueldo mientras avanza el proceso que podría terminar con su destitución.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una audiencia realizada el 3 de noviembre, según consta en la resolución judicial a la que accedió TN. El tribunal consideró que existen elementos suficientes para admitir formalmente las acusaciones contra el magistrado.

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En el documento, el jurado resolvió “declarar la verosimilitud de los cargos imputados y, en consecuencia, admitir la acusación” contra García Maañón, quien había sido apartado preventivamente de sus funciones en agosto.

La resolución también establece “suspender a partir de la fecha de notificación” al magistrado y disponer “el embargo sobre el 40% de su sueldo”. La medida deberá ser comunicada al Poder Ejecutivo bonaerense, la Procuración General y la Suprema Corte de Justicia provincial.

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Murió Patricia Walsh, histórica dirigente de la izquierda y una de las impulsoras de los juicios por los crímenes de la dictadura

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La histórica dirigente política de izquierda Patricia Walsh falleció hoy a los 74 años tras una larga enfermedad.

Fue diputada nacional (2001-2005), legisladora porteña (2007-2010) y dos veces candidata a presidenta de la Nación. Trabajó como periodista, siguiendo el legado de su padre, Rodolfo Walsh, autor de Operación Masacre y desaparecido durante la última dictadura militar. Fue una incansable luchadora por los derechos humanos y una de las impulsoras de los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura militar.

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Fue candidata a presidenta por Izquierda Unida en 1999. Asumió luego como diputada nacional e impulsó las nulidades de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas finalmente en 2003. Actualmente, era querellante en el juicio por la “Masacre de la Calle Corro”. Una de las víctimas era su hermana María Victoria.

Como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, integró las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Entre los proyectos que presentó se destacaron: Nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la Convocatoria a Elecciones para una Convención Constituyente Libre y Soberana.

En las elecciones porteñas de 2007, obtuvo cerca del 4% de los votos, consiguiendo una banca como legisladora. Fue su último cargo público.

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Walsh inició su militancia política como estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, de donde se recibió como psicóloga social. Activista y militante, se sumó en 1972 a la izquierda peronista.

Patricia Walsh accedió a una banca de diputada nacional en 2001, antes de la caída de De la RúaNATACHA PISARENKO

Trabajó como periodista y fue delegada gremial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Fue despedida por la última dictadura militar en 1976, pero fue reincorporada en 1984, tras el regreso de la democracia.

En 1984 denunció ante la Conadep la desaparición de su padre, el escritor y autor de Operación Masacre, la primera novela de no ficción periodística que reveló el asesinato de prisioneros el 9 de junio de 1956, conocidos como los “fusilamientos de José León Suárez”, cometidos durante la dictadura que se autodenominó “Revolución Libertadora”.

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Patricia Walsh, en su despacho de la Cámara de Diputados, en 2005; atrás, un cuadro con el rostro del Che GuevaraRICARDO PRISTUPLUK – IMAGEN DIGITAL/NIKON D2-H

Patricia Walsh fue, además, una de las denunciantes en la causa por las muertes y torturas en la ESMA y formaba parte de la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Como querellante de la causa ESMA, hizo en 2025 una presentación judicial en conjunto con Myriam Bregman exigiendo la preservación de los archivos de la Armada ante la posibilidad de “depurar” y “triturar” papeles por una mudanza que planificaba la gestión de Javier Milei. “Esa documentación es imprescindible para la búsqueda de verdad y justicia”, señaló en ese momento.

Siempre ligada a la izquierda, sus últimos movimientos políticos la acercaron a proyectos alternativos, como lo fue Proyecto Sur, de Pino Solanas, o Camino Popular, de Claudio Lozano.

Con mensajes de afecto, la despidieron hoy Bregman y Rubén Sobrero, entre otros, dirigentes de la izquierda.

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pic.twitter.com/YFvvbkCDSx,November 5, 2026,November 5, 2026,Frente de izquierda y de los Trabajadores,Conforme a

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