Después de dos semanas de viajes y, pese a que habrá otros senadores que sumarán millas dentro de poco, el oficialismo intentará reactivar la agenda y acelera un acuerdo con la oposición dialoguista para modificar ley de salud mental, un tema delicado que genera un constante ida y vuelta entre el Gobierno y las provincias.

Hasta la noche del jueves último, la intención de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que comanda la porteña Patricia Bullrich (Capital Federal), era realizar una conferencia en los próximos días para anunciar los cambios trabajados en los recientes días con aliados, según confiaron desde diversos bloques a Infobae. El texto final no está cerrado.

Este medio obtuvo, durante el transcurso de la semana, un borrador de dictamen que fue girado a las bancadas. En particular, a los senadores que forman parte de las comisiones que trabajan el tema: Salud; y Legislación General. Ambas son presididas por mileístas: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

Un primer punto a considerar es la dosis de intervención de los psicólogos -necesarios- no sólo durante el proceso de una internación -como contó semanas atrás Infobae-, sino en una casi equiparación con psiquiatras a la hora de tomar la decisión principal en una eventual internación. Desde dos despachos reconocieron, por lo bajo, la llamativa -y fuerte- presión que partió desde ministerios de salud de gran parte del interior del país. Por ahora no lograron quebrar esa barrera y los médicos primarían -con lógica- en ese sentido.

Otro ítem a contemplar es cómo y dónde tendría que interactuar la pata judicial. “No pueden decidir sólo ellos. La idea es no judicializar, pero sí que sean notificados y formen parte del sistema”, expresaron desde un despacho a este medio. También habrá aclaraciones relacionadas con internaciones en contra de la voluntad del paciente.

Sobre esta cuestión, aparece un inciso -el “q”-, que señala que “toda persona con plena capacidad puede consentir o rechazar anticipadamente determinados tratamientos y decisiones relativas a su salud mental, así como designar a una o más personas para que expresen su consentimiento cuando no pueda hacerlo por sí misma”. En tanto, las directivas deberán “ser aceptadas por el equipo interdisciplinario interviniente, salvo aquellas que constituyeran riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”. Además, “la declaración de voluntad puede ser revocada en todo momento”.

Por otra parte, en la propuesta que circula -sobre la cual falta el aval final- se deja claro que “la autoridad de aplicación” impondrá “los lineamientos para que cada jurisdicción defina las características de conformación de sus equipos interdisciplinarios, según la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción, pudiendo preverse la intervención del médico psiquiatra mediante teleconsulta sincrónica cuando su presencia física no pueda garantizarse”. Esto ocurre debido a las cifras compartidas entre senadores, que mencionan la presencia de poco menos de 4.000 psiquiatras generales y 454 “infantojuveniles”, versus 100.000 psicólogos matriculados.

Además, los familiares, representantes legales y quienes ejerzan funciones de apoyo de personas con una afección o trastorno de salud mental tendrían derecho a “recibir información y contenidos psicoeducativos sobre la afección, los tratamientos disponibles y su evolución previsible”; “conocer los recursos y dispositivos de la red de salud mental disponibles en su territorio; “acceder a instancias de orientación y apoyo para el autocuidado”; y “ser escuchados en cada etapa significativa del proceso de atención”.

En caso de cerrarse un consenso -no oficial aún-, se convocará al plenario de comisiones para dictaminar. La Libertad Avanza desearía ir al recinto el 22 del corriente mes -el mejor escenario, aunque complejo- o el 29. No obstante, la pre campaña electoral y las rencillas internas en la Cámara alta podrían dilatar, una vez más, el asunto.

La interna del Gobierno se mantiene en tensa calma desde hace casi cinco meses, cuando el “affaire Rufus” llevó las diferencias entre libertarios a su máxima expresión. En los últimos días, sin embargo, reaparecieron roces entre funcionarios y legisladores de Milei de bandos opuestos, que intentaron contener.

Tras aquel fuerte cruce de mayo -el primero donde se atacaron con nombre y apellido por la cuenta anónima @PeriodistaRufus, que Santiago Caputo y el Gordo Dan atribuyeron a Martín Menem—, las Fuerzas del Cielo aceptaron no meterse en los asuntos de “la política” (partidaria, legislativa, etc) que los Menem siempre reclamaron como propios. Los riojanos, a su vez, frenaron la contraofensiva lanzada contra sus “enemigos”. Desde entonces, cada sector consideró conveniente mantenerse en el molde. Pero durante los últimos días se activaron nuevos focos de incendio.

El primero llegó por el resultado en las elecciones en Brasil. Tras el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta contra Lula da Silva, y a la espera del ballotage, la joven militancia libertaria en redes, identificada con Caputo, lamentó que el año pasado no se les haya dado un espacio equivalente a los suyos. Y en el karinismo se sintieron atacados.

Ahí se produjo el cruce entre el legislador bonaerense Agustín Romo -quien planteó primero ese señalamiento- y la diputada nacional por Santa Fe, que responde a Karina Milei, Romina Diez.

Diez le respondió al tuitero, asiduo visitante de las oficinas de Caputo. Y después hizo lo propio con varios tuiteros libertarios de las FFCC que salieron a criticarla con vehemencia. Según afirmaron en ambos campamentos, esas respuestas fueron espontáneas y a título personal. En la Casa Rosada sostuvieron que Romo solo expresó una opinión; del lado de Diez, que ella avanzó porque sintió genuinamente que el planteo era injusto. De ambos lados quisieron apaciguar la discusión, que se descontroló entre inorgánicos en redes.

Un dirigente de la militancia digital insistió a Infobae, después: “Los que pone Romina son todos jóvenes terceras líneas liberales sin serlo. Quisieron copiarnos y no les salió. Los cielistas hicimos un grupo de élite y nos sacaron del medio. Ahora nos quieren copiar, pero son nuestro Temu. No tienen aura”. El joven dirigente de ese mundillo lo dijo convencido y dolido porque LLA “dejó de ser el recambio, para transformarse en un partido tradicional”.

La discusión sobre los jóvenes quedó atada a los lugares en 2027. En el sector de Karina Milei, ante eventuales intenciones de los jóvenes de las Fuerzas del Cielo de competir, anticipan que el año próximo es muy posible que haya incluso menos lugares que en las nóminas de las legislativas del 25. “No tienen en cuenta que el año que viene puede estar todavía más complicado porque van a haber menos espacios. Muchos de los nuestros reeligen, y además están los acuerdos políticos que va a haber que respetar”, aseguran. Mientras tanto, Sebastián Pareja, presidente de LLA en la Provincia, dio impulso a un masivo acto con jóvenes bonaerenses, que concretó ayer, y sus seguidores lanzaron un spot en redes con una actuación de mileístas de veintipocos años que reivindicaban su figura. En Rosario, tambiénayer, Romina Diez encabezó un evento de “Juventud LLA Santa Fe“ que anoche, tarde, resaltó en sus redes.

El otro tema clave fue la posición sobre el Islam, y allí los roles se invirtieron. Así como Romo no le contestó a Diez, los Menem no les respondieron a Daniel Parisini, alias ”el Gordo Dan», cuando los asoció a supuestos aprietes tras la denuncia que le hizo el Centro Islámico para, dijo, cercenar su libertad de expresión. El antecedente es de fines de diciembre, cuando el tuitero cuestionó al Islam y Zulemita Menem le respondió con una carta pública.

Y hay quienes coincidieron en interpretar el plan —aún incierto— del ministro de Justicia karinista, Juan Bautista Mahiques, de demandar a Irán ante la Corte Internacional de Justicia por el atentado a la AMIA como un modo de contar con una medida equivalente a la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se le atribuye a Santiago Caputo. Esa ley, enviada al Congreso el 17 de septiembre, va más allá de Malvinas: crea un Consejo de Seguridad Nacional y un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo. O, quizá, fue una manera de congraciarse con Milei, siempre dispuesto a mejorar aún más la relación con Israel.

La discusión de fondo es la que mantienen Javier y Karina Milei. Según cuentan altas fuentes del oficialismo, los hermanos volvieron a tener un encontronazo hace casi tres semanas, cuando Milei dispuso una reestructuración en Olivos que terminó con la salida de Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y una de las manos derechas de Karina. Desde entonces negaron cualquier diferencia públicamente. Pero quienes los frecuentan admiten que el vínculo estuvo tenso.

En las Fuerzas del Cielo aseguran que los Menem, con el aval de Karina Milei, muchas veces “hace lo contrario de lo que quiere el Presidente”: por ejemplo, acercar posiciones e incluso ayudar a Claudio “Chiqui” Tapia, pese a que Milei pretende avanzar contra la conducción de la AFA. En la oposición están convencidos de que estas supuestas diferencias son parte de un juego de “policía bueno y policía malo” para disimular intenciones que en realidad están consensuadas. Pero en el Gobierno aseguran que son reales (y las lamentan).

La disputa sigue latente, pero ambas tribus buscan bajar el tono. La paz no responde a una sintonía: el único acuerdo vigente es no meterse en terreno ajeno. Hasta ahora lo respetan, aunque los chispazos parecen inevitables

El oficialismo en la Cámara de Diputados se mostró en las últimas semanas receptivo como pocas veces a los planteos de los aliados y bloques provinciales. Las concesiones incluyeron una promesa de restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros, la marcha atrás con el ajuste en el área de Discapacidad y una primera ronda de conversaciones sobre las obras públicas que cada provincia recibirá en el marco del Presupuesto 2027.

Este jueves el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados para comenzar con el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Será el miércoles 14, un día antes de la sesión especial pedida por la oposición, y los libertarios prevén sumar un capítulo sobre extranjerización de la tierra.

La intención es ofrecer una alternativa a los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los partidos provinciales, que cuestionan la eliminación de los límites para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros, aunque rechazan una derogación completa del mega DNU 70/23.

Un artículo del mega decreto dejaba sin efecto la Ley de Tierras y habilitaba las compras sin restricciones por parte de extranjeros, pero su aplicación había quedado en suspenso por una cautelar judicial. Sin embargo, la cuestión recuperó centralidad hace dos semanas tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto la sentencia de la Justicia Federal de La Plata que había frenado la desregulación.

El miércoles por la tarde, en las conversaciones entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los representantes de los bloques dialoguistas, nuevamente surgió el pedido de a establecer límites. Una de las opciones que reúne mayor respaldo es restaurar el máximo del 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio en manos extranjeras.

Ese límite regía antes de la derogación de la norma mediante el DNU 70/23. El oficialismo considera que puede incorporarlo al proyecto de Propiedad Privada porque el capítulo referido a tierras fue retirado durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, antes de la votación en el recinto. La discusión todavía no tiene un texto definitivo. Mientras algunos sectores aliados plantearon recuperar el esquema anterior, otros impulsan fijar un porcentaje mayor.

La estrategia del Gobierno apunta a que los bloques que suelen acompañar a La Libertad Avanza tengan argumentos para no aportar al quórum en la sesión de la oposición (15 de octubre), que necesita 129 diputados presentes para abrir el recinto y, hasta ahora, no tiene garantizados todos los votos necesarios.

Por otro lado, Menem y el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman, también se comprometieron el miércoles a mostrar las partidas presupuestarias que se van a destinar al sector de discapacidad y dejaron trascender que harán otras modificaciones al texto del dictamen para asegurarse el apoyo de los bloques que firmaron “en disidencia” porque aún desconfiaban de las intenciones reales del Gobierno.

Para destrabar este tema particularmente sensible ante la opinión pública La Libertad Avanza se comprometió ante los aliados a eliminar la reforma del área que estaba incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 y redactó un nuevo proyecto que retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión.

No obstante, todavía quedan pendientes algunos reclamos de los aliados, como una redacción clara que ratifique que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación y el cronograma de pago de las compensaciones adeudadas, el oficialismo prevé llevar el tema al recinto el próximo 21 de octubre.

En la misma reunión el Secretario de Hacienda escuchó los primeros planteos de la UCR, que reclamó preservar el financiamiento de las universidades nacionales, y de los bloques provinciales que se mostraron particularmente interesados por la obras, especialmente viales, asignadas para sus distritos en el Presupuesto de cara al año que viene. Las obras y los fondos que recibirán las provincias serán moneda de cambio en una negociación mucho más importante para el Gobierno: la eliminación de las PASO.

La reforma política, que tiene como principal objetivo suspender las elecciones primarias para simplificar el calendario y dificultar la organización de la oposición, necesita del apoyo de los gobernadores, principalmente del norte del país. Los mandatarios provinciales no solo siguen con atención las planillas presupuestarias sino los movimientos políticos de La Libertad Avanza en sus respectivos distritos. Si bien algunos descartan una alianza electoral con los violetas, sí esperan garantías de que el oficialismo no jugará a fondo con candidatos propios.