POLITICA
Jones Huala inició una huelga de hambre en reclamo de “un juicio justo” y condiciones carcelarias “dignas”
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Facundo Jones Huala comenzó esta semana una huelga de hambre líquida para reclamar, según sostiene, por la vulneración de derechos que viene sufriendo de parte del Poder Judicial y del Gobierno.
A mediados del año pasado, el líder mapuche fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Rawson (Chubut) tras ser detenido en El Bolsón durante un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA). En octubre de 2025, Jones Huala ya había iniciado otra huelga de hambre para exigir un “juicio justo” y el traslado a la Unidad 14 de Esquel, para estar más cerca de su familia.
Ahora, tal como informaron sus abogados, Jones Huala volvió a subrayar esa demandas, además de “condiciones carcelarias dignas, aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), medidas diferentes al encarcelamiento, y cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuche”.
A Huala se lo investiga por asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público. Si bien en la audiencia de junio del año pasado se había definido que Jones Huala permaneciera preso por 90 días, a mediados de septiembre pasado, la Justicia le negó la excarcelación y prorrogó la prisión hasta diciembre. Y en marzo de este año, volvieron a prorrogar la prisión preventiva.
Esta semana, antes de iniciar la huelga de hambre, el líder mapuche envió un escrito al Juzgado Federal de Bariloche en el que explica las razones de su decisión. Según denunciaron sus abogados defensores, “el escrito fue retenido por las autoridades de la Unidad 6, en acto claramente ilegal”.
En la nota dirigida al Juzgado Federal de Bariloche, al jefe de la Unidad Penitenciaria y al Poder Ejecutivo, Jones Huala indicó: “Me dirijo a ustedes en mi condición de preso político mapuche, con el fin de informar que nuevamente inicio huelga de hambre, líquida, de carácter indefinido, con posibilidades de convertirla en huelga seca. En carácter de lonko, autoridad tradicional de mi lof, comunidad, el velar por el respeto a mis derechos políticos y culturales es hacerlo para toda mi gente. No sólo vengo a denunciar la prisión política, sino, y por lo mismo, el agravamiento en las condiciones de detención”.
Además de subrayar que en la cárcel de Rawson “no existen condiciones carcelarias para nadie, menos para presos políticos de la cultura mapuche”, Jones Huala señaló: “En lo cotidiano no existe salida al patio, siendo obligatorio solo una vez por semana cuando quieren, incluso bajo lluvia y por procedimientos de requisa, donde en reiteradas ocasiones rompen pertenencias o hurtan. Dichos patios no tienen acceso a baños y debemos caminar entre orines y excrementos humanos”.
Y continuó: “En lo que atañe a mi cultura, es muy poco lo que se respeta. No puedo usar mi vestimenta, ni realizar mis prácticas más que cuando el servicio lo permite. Están rompiendo mis vínculos familiares y comunitarios, atentando a mi cultura y espiritualidad. No tengo acceso no solo al lawen (medicina), sino tampoco a alimentos mapuche, siendo que no sólo no estoy condenado ni siquiera procesado, aún con conducta diez”.
En tanto, sus abogados añadieron: “Como evidente represalia al inicio de la medida, inmediatamente le comunicaron a Facundo que no se le permitiría concurrir a clases, como lo viene haciendo cotidianamente, y se lo obligó a salir al patio durante el ‘recreo´ que los presos disponen como derecho, pero, desde ya, no como obligación. La razón de estas actitudes (como de la convergencia de fiscalía, juzgado y servicio penitenciario en negarle a Facundo su derecho a estar detenido en una cárcel más cercana a su familia y comunidad en Esquel) es su condición de preso político y su actitud de reivindicación de sus convicciones y de su derechos y los de todos los detenidos”.
Entre las demandas de Jones Huala figuran también la devolución del territorio ancestral a las lof en conflicto; la solución política, no judicial ni represiva, al conflicto histórico; la aplicación del artículo 75 inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional (reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos); así como la intervención de organismos de derechos humanos y mediadores internacionales para solución política acorde.
El líder mapuche también pide que se retire de la lista de organizaciones terroristas a todas las lof y organizaciones mapuche y considera que deben existir protocolos culturales acordes en el sistema penitenciario y toda institución que nos obligan a transitar. También demanda “el cese y retiro de mineras, petroleras, transnacionales y terratenientes del Wallmapu, y la libertad a todos los presos políticos mapuche”.
En julio de 2024, mientras permanecía preso en Chile por una condena impuesta en 2018, Jones Huala inició una huelga de hambre seca. Mantuvo la medida durante más de un mes y su estado llegó a ser de “de extrema gravedad”, según indicaron en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, a unos 35 kilómetros de la cárcel de Temuco. Finalmente, a mediados de agosto de 2024, la Corte Suprema de Chile resolvió que el líder mapuche estaba “ilegalmente privado de su libertad” en el país trasandino (había habido un error en el saldo de pena que le quedaba por cumplir) y dispuso su liberación.
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POLITICA
El audio en el que Adorni le ofrece ayuda a su contratista antes de declarar: “Te voy a dar todo lo que necesites”
Tan solo dos días después de que se oficializara la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, se conocieron algunos de los audios que el ex funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, le mandó a Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones en su casa de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, y lo complicó con sus declaraciones en la Justicia al decir que todo salió 245 mil dólares que fueron pagados en negro.
Desde hace más de un mes que existen trascendidos dan cuenta de que Adorni intentó un acercamiento con Tabar antes de que el contratista fuera a declarar a Comodoro Py para asistirlo con la declaración y lograr algún beneficio. Sin embargo, Tabar se negó y contó toda su versión ante el fiscal Pollicita.
El periodista Eduardo Feinmann, en su programa de A24, mostró uno de los audios. Allí se lo escucha decir a Adorni: “Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos“.
Luego el audio concluye con un tema de la casa del country: “Eso por un lado. Por otro lado, te cambio completamente de tema. Yo tengo una térmica, yo tengo el tablero afuera en la calle, un tablero que mira hacia el cerco, digamos, de la columna al cerco, que es, que es externo, digamos, a la columna, y del lado, del otro lado, del lado que mira la calle, tengo una llave, una sola llave, eh, adentro, como de un cubículo. Esa me salta, eh, sistemáticamente. Ahora, por ejemplo, otra vez me saltó, eeeh, rarísimo que me salte la de la calle. ¿Tenés idea? Y también me salta la de la bomba deeel… la general que está en, en la pileta. No sé si está relacionado o no, ¿eh? Yo creo que no, pero ¿tenés idea qué puede ser o qué, qué, qué se te ocurre que pueda hacer para solucionarlo? Que estoy desesperado».
El material se suma a las revelaciones que se sucedieron sobre el patrimonio del ex funcionario nacional y que derivaron en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y desataron una crisis política para el gobierno nacional.
Ese conflicto finalmente terminó con la salida de Adorni del Poder Ejecutivo. La versión oficial indicó que el ahora ex jefe de Gabinete insistió con su dimisión, algo que finalmente fue aceptado por el presidente Javier Milei. Ese desenlace se conoció este sábado con la carta de renuncia difundida por Adorni y con la comunicación formal de Diego Santilli, hasta entonces ministro del Interior, en su reemplazo.
Milei defendió hasta último momento la situación de Adorni, de quien dijo que “confía en su inocencia” y lo calificó como una “persona honesta”.
El presidente, no obstante, dijo que el apartamiento de Adorni descomprimiría su situación personal.
En materia de gestión, Milei se reunió el domingo en la Quinta de Olivos con Diego Santilli para delinear los próximos pasos de la gestión. En el encuentro en la residencia presidencial estaba presente también la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
Adorni ahora deberá enfrentar desde el llano la causa judicial en su contra en los tribunales de Comodoro Py.
POLITICA
Estudiantes debatieron en Diputados un proyecto contra la ludopatía mientras sigue frenada la iniciativa oficial en el Senado
En una sesión simbólica en la que estudiantes universitarios asumieron el rol de legisladores nacionales, se debatió la problemática de la ludopatía en el marco del programa “Cambio de Roles”, impulsado por el Círculo de Legisladores que preside el exdiputado Rafael Pascual.
La actividad se desarrolló en un contexto marcado por el crecimiento de las apuestas online durante el Mundial 2026 y mientras permanece sin tratamiento en el Senado el proyecto enviado por la Casa Rosada en mayo pasado para combatir el juego clandestino.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó el compromiso de los jóvenes participantes. “La democracia se fortalece cuando más ciudadanos deciden ser parte, cuando se interesan por los asuntos públicos y transforman sus ideas en propuestas concretas para mejorar la realidad. Por eso, más allá del resultado de este debate, el hecho de que hoy estén aquí constituye un valioso aporte para la vida democrática de nuestro país”, afirmó.
Por su parte, desde el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), el exdiputado Humberto Roggero valoró la continuidad del programa. “Nosotros iniciamos esto pensando cómo uníamos tres cosas separadas en la Argentina: la democracia, la academia y los jóvenes. Compartimentos que parecen estancos, cuando deben estar fluyendo, hablando, conversando y pensando lo mejor para cada sociedad”, sostuvo.
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La XI edición de Cambio de Roles contó con la participación de representantes de 12 universidades de Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador, consolidándose como uno de los principales programas de formación parlamentaria y democrática para jóvenes universitarios de la región.
El debate
Los estudiantes elaboraron un proyecto de ley que propone un marco integral de salud pública para la prevención, detección temprana, asistencia, rehabilitación y control del trastorno por juego.
La iniciativa contempla medidas de protección para niñas, niños y adolescentes; regulación de la publicidad y de las plataformas de apuestas; programas de prevención; asistencia a las familias; capacitación profesional; y la creación de organismos federales para coordinar políticas públicas en todo el país.
De la jornada participaron el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Kelly Olmos (Unión por la Patria); el director del Círculo de Legisladores, Matías Mejuto; y los exlegisladores Fernanda Bendinelli, Alicia Besada, Cristina Guevara, Patricia De Ferrari, Mabel Müller, Liliana Gurdulich, Miguel Jobe, Luis Di Giacomo y Walter Ceballos. También estuvieron presentes los embajadores Joaquín De Aristegui (España) y José Roberto Acosta Ramos (Colombia), el secretario parlamentario Adrián Pagán y el director de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Argentina, Luis Scasso.
El proyecto en el Senado
En mayo de este año, La Libertad Avanza envió al Senado un proyecto para combatir el juego clandestino como parte de una estrategia para enfrentar la ludopatía. La iniciativa busca ordenar el mercado virtual de apuestas y juegos de azar en línea, fortalecer la protección de los menores de edad y promover campañas de concientización sobre los efectos del juego compulsivo.
Sin embargo, la propuesta todavía no logró iniciar su tratamiento en la Comisión de Salud del Senado y, por el momento, no existen señales de que el debate vaya a comenzar en el corto plazo.
El texto reconoce que la prevención del juego patológico debe ser abordada como una política sanitaria a nivel nacional. En ese marco, el Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), tendría un rol central en el diseño y coordinación de estrategias de prevención, asistencia y abordaje integral, en articulación con las 24 jurisdicciones del país.
Entre las medidas previstas figuran programas de prevención y sensibilización dirigidos especialmente a niños y adolescentes, familias, instituciones educativas y organizaciones sociales. También contempla capacitaciones para agentes estatales y equipos técnicos vinculados al abordaje de los consumos problemáticos y la salud mental.
Además, la iniciativa propone la articulación entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y NIC Argentina para bloquear el acceso a recursos técnicos y económicos de plataformas ilegales.
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En esa línea, establece que las entidades financieras, los proveedores de servicios de pago y los operadores de activos virtuales, como las criptomonedas, no podrán brindar servicios a operadores de juegos de azar no autorizados. Asimismo, NIC Argentina quedaría facultada para suspender, inhabilitar o dar de baja dominios denunciados por las autoridades competentes.
Entre otras medidas para combatir el juego ilegal, el proyecto prohíbe la promoción, patrocinio y difusión de plataformas no autorizadas en televisión, radio, vía pública, redes sociales y entornos digitales. También obliga a medios de comunicación, agencias, entidades y creadores de contenido a verificar que los operadores promocionados cuenten con autorización oficial. Del mismo modo, quedaría prohibida la difusión de direcciones de sitios de juego ilegales en cualquier medio.
Rechazo de la oposición
La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, impulsora de la unificación de los distintos proyectos sobre ludopatía presentados en la Cámara de Diputados y que obtuvieron media sanción a fines de 2024, cuestionó la propuesta oficialista.
Según sostuvo, el proyecto del Gobierno no apunta a prevenir la ludopatía, sino a regular y bloquear plataformas ilegales. A su entender, se trata de una iniciativa destinada a combatir exclusivamente el juego clandestino, lo que marca una diferencia sustancial con el texto aprobado por la Cámara baja.
“Este no es un proyecto de prevención de la ludopatía sino de reafirmación de apoyo a las apuestas online”, afirmó Frade al conocerse la propuesta del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, los jóvenes participantes del programa dejaron sus propuestas a diputados y senadores con el objetivo de aportar nuevas herramientas para la lucha contra la ludopatía.
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POLITICA
Aún no está terminada la brigada aérea de Tandil que albergará los aviones F-16 comprados a Dinamarca
A la espera de que antes de fin de año llegue al país el segundo lote de seis aviones caza F-16, sobre un total de 24 aeronaves con capacidad supersónica adquiridas en 2024 a Dinamarca, el gobierno de Javier Milei pagó ya tres de las cinco cuotas anuales acordadas, en una operación que alcanzó un precio total de 301,2 millones de dólares. El monto abonado por los compromisos de esos tres años ascendería a unos 180 millones de dólares.
Las miradas están puestas hoy en el ritmo de las obras de infraestructura de la VI Brigada Aérea de Tandil, la unidad de la Fuerza Aérea elegida para albergar las aeronaves danesas de cuarta generación con equipamiento militar provisto por los Estados Unidos. Aún no hay certezas de que los trabajos de remodelación para la construcción de una pista central, nuevos hangares, áreas técnicas y de mantenimiento estén terminados para esa fecha.
Hasta que la nueva brigada se encuentre en condiciones, los F-16 se destinan al Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Para financiar las obras de modernización y actualización tecnológica de la infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y los trabajos en Río Cuarto, el presupuesto 2026 prevé partidas por $20.000 millones. Fuentes castrenses indicaron a que la mayor parte de los recursos se destinaron a las obras en la unidad de Córdoba.
El Gobierno no informa el grado de avance de las obras de infraestructura de Tandil y las operaciones contractuales del Programa F-16, amparado en el secreto militar dispuesto por los decretos 370, 807 y 1073 firmados por Milei en 2024. A ese argumento –expresado por Adorni en su informe- recurren en la Fuerza Aérea para no dar detalles, lo que reactiva la incertidumbre por el estado de esas obras.
Lo seguro es que el segundo lote de seis aviones caza F-16 llegará antes de fin de año a la Argentina. Serán enviados al Área Militar Río Cuarto, que en diciembre pasado recibió las primeras aeronaves.
Las obras de infraestructura iniciadas hace dos años en la VI Brigada Aérea de Tandil comprenden trabajos de movimiento de suelos, superficies aeroportuarias, readecuación eléctrica, sistemas de frenado en pista, modernización y ampliación de plataformas y renovación de depósitos de material aeronáutico y polvorines, entre otras tareas, según trascendió. pudo saber que, en el caso extremo de que las demoras se extiendan, la Fuerza Aérea ya prevé que los F-16 permanezcan en Río Cuarto, incluidos los seis aviones que arribarán en los próximos meses.
“Si la VI Brigada Aérea no estuviera lista para operar los F-16 de manera segura, no se operaría allí y se está siguiendo el plan de actividades previsto por la Fuerza Aérea, bajo la supervisión de los Estados Unidos”, confiaron fuentes aeronáuticas a este diario.
Mientras tanto, pilotos y técnicos de la Fuerza Aérea se entrenan en la Guardia Aérea Nacional de Arizona, con sede en Tucson, Estados Unidos, para capacitarse en el manejo del sistema de armas F-16. La formación también se desarrolla en Río Cuarto, a través de la empresa de origen canadiense Top Aces. Los primeros aviones aterrizaron en la Argentina en diciembre de 2024, conducidos por oficiales de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca y se espera que antes de fin de año los pilotos de nuestro país puedan realizar aquí su vuelo de bautismo.
El informe del Gobierno
“Actualmente se han realizado los pagos correspondientes al año 2024, 2025 y 2026, restando solo dos cuotas pendientes”, explica el informe de Adorni, en respuesta a la pregunta número 1929 que hicieron llegar los diputados nacionales, en la sesión del 29 de abril pasado.
El sistema de armas F-16 Fighting Falcon incluye 16 aeronaves monoplazas y ocho biplazas, de acuerdo al contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa y la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés. A esas unidades se suma la “unidad número 25”, que cumple las funciones de un “avión escuela”, para que los pilotos y técnicos de la Fuerza Aérea se familiaricen con el nuevo sistema. Esas tareas se llevan adelante en Tandil, donde sí se inauguró en marzo último el Centro de Instrucción y Capacitación para Mantenimiento de Aeronaves.
Tras el informe de Adorni, fuentes de la Fuerza Aérea interpretaron que “la infraestructura y el equipamiento de apoyo en tierra no están adecuados para operar los F-16 de forma segura”, con equipos que tienen 30 años de antigüedad.
En su presentación al Congreso, el Gobierno aseguró que el acuerdo de transferencia de los F-16 “no contiene cláusulas que limiten” el despliegue geográfico ni el uso del armamento, lo que garantiza la plena operatividad de los sistemas en todo el territorio nacional.
“Todos los sistemas adquiridos responden a las necesidades y capacidades de la defensa nacional según la legislación vigente”, se insiste en el informe.
El Ministerio de Defensa informó que el Programa F-16 cuenta con acuerdos de confidencialidad, cooperación tecnológica y protocolos de seguridad suscriptos con el gobierno de Estados Unidos, el Reino de Dinamarca y las empresas contratistas vinculadas al mantenimiento, modernización y provisión de armamento de las aeronaves”.
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