Mientras el presidente Javier Milei intensifica día a día sus ataques verbales contra la prensa, y la sala de periodistas de la Casa Rosada lleva una semana cerrada por disposición oficial, la Argentina pierde terreno en el ámbito de la libertad de prensa.

Según el último informe de la organización Reporteros Sin Fronteras, el país registró un severo retroceso en el ranking que evalúa la Libertad de Prensa en el mundo. Ocupa el puesto 98 sobre un total de 180, cayó 11 puestos en el último año y registra un descenso de 69 lugares desde 2022 “por el auge de la hostilidad institucional hacia la prensa y los actos de violencia contra los periodistas que cubren las manifestaciones”, según reza el texto del informe al que accedió .

“Los fervientes defensores de Donald Trump en América Latina, Javier Milei y Nayib Bukele, reproducen el manual del inquilino de la Casa Blanca contra los medios de comunicación y, como era de esperar, siguen la misma línea en el ránking. La Argentina (98; -11) y El Salvador (143; -8) registran un retroceso significativo, debido, entre otros factores, al declive de los indicadores del clima político y social, lo que confirma el aumento de la hostilidad y de las presiones gubernamentales hacia la prensa”, dice el informe.

Los números del país que gobierna Milei están lejos de los de sus socios del Mercosur: Uruguay, dónde gobierna el Frente Amplio de Yamandú Orsi, es el mejor posicionado, en el puesto 48, Brasil ocupa el 52 (con mejoras con respecto al informe anterior) y Paraguay el 88, mientras Bolivia, recientemente incorporado al bloque regional, también está mejor evaluado, en el puesto número 91.

Noruega, Países Bajos y Estonia son, según el ranking, los tres países de mayor respeto por la libertad de empresas periodísticas y periodistas. Reporteros sin Fronteras califica de “buena” la situación en esos países, y la de la Argentina como “difícil”, en un contexto mundial de graves amenazas al ejercicio del periodismo.

Según el informe, “por primera vez en la historia de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave”.

“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió los ataques regulares a la prensa y a los periodistas en una práctica sistemática, relegando a su país al puesto 64, una caída de siete posiciones este año”, dice el informe. Añade que allí “donde el crimen organizado mata”, como Ecuador, Perú y Mexico, los periodistas viven una situación “muy grave”.

En el fondo de la tabla regional se mantienen Nicaragua (172), Cuba (165) y Venezuela (160), países en los que “la libertad de prensa permanece en su nivel más bajo”, reza el informe.

Rusia, Irán, Corea del Norte y China figuran entre los últimos diez lugares en el ranking de la organización, que evalúa la situación de la prensa en 180 países.

La organización Reporteros sin Fronteras fue creada en 1985 en Montpellier, Francia, por los periodistas Robert Ménard, Rémy Loury, Jacques Molénat y Émilien Jubineau, que se inspiraron en otras organizaciones sin fines de lucro y de alcances similares, como Médicos Sin Fronteras. Su presidente actual es el periodista francés Pierre Haski.

Dedicada a la defensa de la libertad de prensa y el acceso a la información en todo el mundo, su sede central está en París. Es una institución reconocida como entidad consultiva por las Naciones Unidas, la Unesco, el Consejo de Europa y la Organización Internacional de la Francofonía (OIF). En 2005 recibió el Premio Sájarov a la libertad de conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo.

En vísperas de su anunciada movilización a Plaza de Mayo contra la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) contraatacó en la Justicia para buscar anular la vigencia de esa norma.

La central obrera planteó una batería de recursos para evitar que la jueza contencioso administrativo federal Macarena Marra Giménez resuelva si es constitucional o no la norma. La CGT anunció que acudirá a la Corte Suprema para que la causa quede en la Justicia del Trabajo.

La batalla judicial por la ley de reforma laboral que impulsó el Gobierno se transformó en un laberinto procesal.

La CGT desplegó una triple ofensiva que incluye una declaración de guerra al fuero Contencioso Administrativo, un planteo de competencia entre tribunales y una denuncia contra los camaristas laborales que fallaron a favor de lo que pretendía el Poder Ejecutivo, al dejar la ley en vigor.

El apoderado de la CGT, Pablo Arnaldo Topet, se presentó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que ayer se declaró competente para resolver en el caso.

Allí, hizo reserva formal para interponer un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, para atacar la decisión de la Sala IV del tribunal de arrogarse la competencia de la causa.

Para la CGT, la maniobra de arrebatarle el expediente a la Justicia del Trabajo para enviarlo al fuero Contencioso Administrativo representa una violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso adjetivo y una arbitrariedad manifiesta. El argumento de los abogados es que el derecho laboral exige la intervención de jueces especializados.

En su presentación, la CGT se apoyó en pactos internacionales y en jurisprudencia acerca de qué normas laborales deben ser interpretadas por la Justicia Nacional del Trabajo.

En caso de que se rechacen sus planteos de nulidad y recusación contra la jueza contencioso Macarena Marra Giménez, los abogados dijeron que acudirán a la Corte por la existencia de “grave lesión de derechos de máxima raigambre constitucional, como de no discriminación, libertad sindical, defensa en juicio y derecho al debido proceso”.

Mientras tanto, el juez del trabajo Raúl Ojeda, que suspendió la vigencia de 81 artículos de la reforma laboral, dijo que si bien tomaba nota del fallo del fuero contencioso que le sacó la causa, armó un incidente y elevó el asunto a su propio tribunal superior: la Cámara del Trabajo.

El objetivo es que sea esta Cámara Laboral la que resuelva no solo el conflicto de competencia, sino también las apelaciones pendientes sobre las medidas cautelares dictadas en su momento.

De este modo, se consolida el choque de competencia entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal que, a la larga, definirá la Corte Suprema.

Pero la CGT presentó además un escrito en la Cámara del Trabajo, donde señala que los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, que suspendieron el fallo del juez Ojeda, prejuzgaron al dejar vigente la ley de reforma laboral.

Atacaron particularmente a Pesino porque dijeron que está inmerso en un conflicto de intereses. Argumentaron que la imparcialidad del juez Pesino está viciada por haber “recibido un beneficio de importancia por el Estado Nacional”.

Es que el Gobierno comenzó los trámites para enviar el pliego del juez Pesino al Senado para que le otorguen un nuevo acuerdo por cinco años más, ya que el 27 de julio cumple 75 años, fecha en la que debería jubilarse.

El escrito detalla que un día después de que Pesino fallara a favor de la reforma laboral del Gobierno (suspendiendo la cautelar que la frenaba), el Ministerio de Justicia de la Nación publicó en el Boletín Oficial la propuesta oficial para extenderle su cargo.

Para la CGT, esto representa un inaceptable intercambio de favores. Además del pedido de recusación por este gesto del Gobierno, la central obrera recusó a Pesino y González por prejuzgamiento.

Los acusan de haber dictado fallos carentes de fundamentos razonables y de haber ignorado la vulnerabilidad social de los trabajadores y el carácter alimentario de sus derechos al darle aire a la reforma de Javier Milei.