POLITICA
Avanza en La Pampa la denuncia colectiva en contra de la Ley de Glaciares

El juez federal Juan José Baric se declaró competente para intervenir en el amparo colectivo ambiental presentado por La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos contra la reforma de la Ley de Glaciares.
Además, inscribió la acción en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que cualquier amparo o reclamo colectivo similar que se inicie en el país deberá tramitarse en su juzgado de Santa Rosa.
La medida busca declarar la nulidad de los cambios al régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial establecido en 2010.
Según los demandantes, la norma introduce un “retroceso normativo verificable” al transferir a las provincias la definición de criterios técnicos de protección, lo que fragmentaría los estándares uniformes de tutela ambiental y podría habilitar proyectos mineros en la zona de glaciares mendocinos, con impacto directo sobre el río Colorado.
El amparo sostiene que la reforma es inconstitucional porque vulnera los artículos 41, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que protegen el derecho a un ambiente sano, la tutela judicial efectiva y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
“Se compromete la vida digna, la salud y derechos de naturaleza alimentaria de sectores socialmente vulnerables”, señaló la demanda presentada.
Esta decisión permite que otras personas o entidades afectadas, por ejemplo las provincias de Mendoza, Neuquén o Chubut, se sumen al amparo o eviten iniciar acciones paralelas.
El expediente ya avanzó a la segunda instancia y ahora el juez deberá ahora resolver sobre la medida cautelar solicitada, que pide suspender la aplicación de la reforma hasta que se defina su validez constitucional.
La reforma de la ley
La reforma de la ley de Glaciares redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y al ambiente periglaciar que cumplan “funciones hídricas específicas”.
Cada provincia puede determinar qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería. Aunque establece que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglaciar deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental.
La reforma modifica, además, el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y registra todos los glaciares y geoformas periglaciares.
Este seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que deberá actualizarlo cada cinco años con datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación.
En cuanto a las actividades prohibidas, se encuentran aquellas que puedan “alterar de modo relevante” la condición natural o las funciones hídricas de glaciares y ambientes periglaciales.
Esto incluye acciones que impliquen su destrucción, traslado o que afecten su avance, como la explotación de hidrocarburos, la instalación de industrias o la construcción de obras.
ley de glaciares, La Pampa, Justicia
POLITICA
Reforma electoral, Presupuesto y Discapacidad: el Congreso enfrenta sus diez días más exigentes del año

Mientras los organizadores de la visita del papa León XIV y los legisladores nacionales se preparan para las últimas dos semanas de sesiones ordinarias, crecen las expectativas de que, nuevamente, el Gobierno nacional publique el decreto por el cual se convoca a sesiones extraordinarias.
Quedan diez días de trabajo intenso en los que el oficialismo buscará impulsar varios temas. En Diputados hay tiempo, por reglamento, para dictaminar hasta el 20 de noviembre. En el Senado no existe esa restricción, pero la última semana ya tiene una de las dos jornadas habilitadas para sesionar ocupada por el informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En lo que respecta a Diputados, el bloque libertario deberá buscar un rápido dictamen en Presupuesto mientras se prepara para ir a una sesión la próxima semana. En el cronograma acordado con los bloques aliados se buscará dictaminar el proyecto esta semana, para llegar al recinto el próximo 25 de noviembre.
En el medio, el 18 de noviembre, Menem abrirá el recinto para tratar el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ya cuenta con dictamen y con un principio de acuerdo para buena parte del texto.
En la misma sesión se llevará adelante el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que vuelve del Senado con modificaciones y se vota a libro cerrado. Es decir, se vota con los cambios o se insiste con el proyecto original. Es muy probable que suceda lo primero.

En el caso del Senado, el ritmo será similar. El martes está previsto el llamado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo buscará dictaminar el proyecto de reforma electoral con el eje puesto en, como mínimo, la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Además, la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, comunicó el viernes por la tarde que el miércoles, a pedido del bloque de La Libertad Avanza, se convoca a los presidentes de bloque al Plenario de Labor Parlamentaria, en los términos del artículo 56 del Reglamento del H. Senado, para el miércoles 18 de noviembre a las 15, en el Salón Gris dependiente de la Presidencia del H. Senado.
Esto se debe a que el jueves se abrirá el Senado para tratar dos proyectos que podrían convertirse en ley. El primero es la sanción de la ley de Discapacidad, que llegó de Diputados con 237 votos a favor y que la senadora Bullrich adelantó que se aprobará.
El segundo proyecto es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), algo que vienen pidiendo el Ministerio de Economía y el de Desregulación.
El problema será la última semana de noviembre. Martín Menem quiere que el 25 de noviembre los diputados lleven adelante la sesión en la que se buscará dar media sanción al Presupuesto 2027. Sin embargo, ese mismo día está previsto que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, debute con un informe de gestión en el Senado. Esto genera dos problemas. Uno es que ambas cámaras estarán sesionando al mismo tiempo. No es la primera vez que sucede, pero sí con temas tan relevantes.
El otro punto, quizás el más importante, es que en el debate del Presupuesto resulta clave el rol que cumplan los gobernadores y sus diputados, ya que se trata de un proyecto que se negocia en medio del propio debate. Esas negociaciones las lleva adelante el jefe de Gabinete en representación del Gobierno —Santilli es también ministro del Interior—. Sin embargo, el funcionario estará en el Senado respondiendo preguntas y no podrá intercambiar mensajes o llamadas con los gobernadores si fuera necesario destrabar alguna discusión.
POLITICA
Una jueza de Río Grande ordenó a 19 empresas que dejen de pescar en aguas de Malvinas sin permiso argentino

La Justicia federal de Río Grande ordenó a doce empresas pesqueras con domicilio en España y a siete sociedades mixtas hispano-isleñas que se abstengan de pescar en aguas argentinas sin habilitación de la autoridad nacional, y la orden incluye expresamente el mar que rodea a las islas Malvinas. La jueza Mariel Borruto dictó la medida cautelar el 6 de noviembre, en el expediente FCR 16446/2026, promovido por la Fundación Agustina Lerena.
La cautelar fue firmada el viernes pasado y alcanza tanto al mar territorial como a la Zona Económica Exclusiva, incluidas las aguas que rodean a las islas Malvinas. Es provisoria, no llega a la alta mar y deja afuera, por ahora, a bancos, astilleros y aseguradoras. La notificación se dará a las empresas a través de Cancillería. “Es un hecho de absoluta relevancia”, aseguró el especialista Daniel Guzmán.
El fallo no declara culpable a nadie: la propia jueza aclara que no es un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas, pero fija una prohibición concreta y, sobre todo, una determinada interpretación jurídica del conflicto: para la magistrada, lo que se pesca alrededor de las islas no es un asunto aparte, sino parte del mismo ecosistema que la Argentina administra.
En este sentido, mientras no obtengan un permiso de la autoridad de aplicación de la Ley Federal de Pesca, las empresas alcanzadas deberán abstenerse, por sí o mediante buques que armen, operen, fleten o gestionen, de capturar o extraer recursos vivos marinos, con cualquier arte de pesca; procesar a bordo las capturas obtenidas en esos espacios; transbordar o descargar esas capturas; e iniciar nuevas mareas o temporadas, o incorporar nuevos buques para esas actividades.
Las firmas españolas tienen sede en Vigo, Marín, Cangas y Moaña, en Galicia. Las sociedades mixtas figuran en la resolución con vehículos societarios domiciliados en Puerto Argentino-Stanley, como South Atlantic Squid, Petrel Fishing Company o Golden Touza.
Además, deberán informar bajo juramento, en diez días judiciales desde que sean notificadas, qué buques operan en esas aguas, con qué licencias, cuánto capturaron desde 2023, qué descartes registran, a qué puertos descargan y cuál es su estructura societaria. También deberán preservar toda la documentación: partes de pesca, diarios y registros satelitales.
Consultado sobre la medida, Guzmán del portal Agenda Malvinas dijo que “es de una importancia trascendental que apunta a empresas que operan en aguas circundantes a Malvinas y cuyos registros fueron publicados, es su propia información la que sirve de prueba. Tiene la relevancia de la documentación propia de los que están robando”.
El argumento: un mismo mar
La jueza parte de una premisa jurídica: la Disposición Transitoria Primera de la Constitución ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos. Por eso, sostiene, que las empresas sean extranjeras o actúen con licencias de la administración isleña “no enerva (debilita) la plena vigencia del derecho argentino”. La Ley de Pesca exige un permiso argentino para pescar en esos espacios.
En una aclaración que es política además de técnica, el fallo advierte que cuando los informes oficiales hablan de “aguas en disputa” o de la “ZEE disputada con el Reino Unido”, esas expresiones no alteran la condición jurídica de esas aguas.
Para acreditar la verosimilitud del reclamo la jueza se apoyó en informes y datos del Instituto Nacional de Investigación Pesquera (INIDEP). Entre ellos, que desde 1989, la administración isleña otorga licencias de pesca que le dejan ingresos promedio de más de 20 millones de libras anuales, con unas 230 licencias por año desde 2013. Los principales adjudicatarios, según el INIDEP, son España, Gran Bretaña con puerto de asiento en las islas, Corea del Sur y Taiwán.
Las capturas de buques de bandera española en ese sector pasaron de 59.001 toneladas en 2013 a 34.036 en 2017. Las de buques británicos con puerto en las islas fueron de 60.474 toneladas en 2013 y 63.859 en 2017. Las capturas de merluza común en ese sector subieron de 14.681 toneladas en 2014 a 62.829 en 2022.
Finalmente, se detalla que, en la temporada de calamar de 2026, el INIDEP estimó 110 poteros extranjeros operando en la zona económica exclusiva, frente a 84 poteros de bandera argentina. En 2025 hubo hasta 108 buques extranjeros por semana.
El tribunal subrayó otro punto: la Argentina no recibe partes de pesca ni declaraciones de captura de esa actividad, no embarca observadores ni inspecciona. El INIDEP debe estimar lo que se pesca a partir de imágenes satelitales y de rendimientos de buques argentinos. Esa falta de datos, razonó la jueza, impide fijar capturas máximas y cuotas realistas, y debilita las vedas que sí cumple la flota nacional.
Hay además un argumento de calendario. El calamar es una especie “cuya abundancia poblacional se renueva totalmente cada año”, según el INIDEP: lo que se extrae en una temporada reduce los reproductores que deberían asegurar la siguiente.
Para la jueza, esperar la sentencia definitiva implicaría que la pesca continúe temporada tras temporada sobre las mismas poblaciones.
Demanda colectiva por daño ambiental
La Fundación Agustina Lerena, que preside César Lerena, promovió una demanda colectiva por daño ambiental. Su patrocinante es el constitucionalista Eduardo Barcesat.
La fundación reclama la recomposición del daño y una indemnización que la fundación estima en US$26.465 millones por capturas entre 1989 y 2025.
Ese monto es una estimación de la parte demandante. La jueza había reconocido la competencia del juzgado y la legitimación de la fundación el 2 de noviembre. El fiscal federal se había pronunciado a favor de la admisibilidad de la acción y de la cautelar.
La medida es provisoria: cuando las demandadas se presenten, la jueza deberá revisarla, y podrá mantenerla, ampliarla, modificarla o levantarla. La notificación a las empresas, incluidas las radicadas en el exterior, queda a cargo de la fundación, que deberá hacerlo por la vía que corresponda en cada caso. La efectividad práctica de la orden sobre sociedades extranjeras dependerá de esas notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables, advirtió la prensa regional.
El fallo incluye una pieza que puede pesar más adelante: la carga de la prueba. Como los datos sobre buques, licencias y capturas están en manos de las mismas empresas, la jueza dispuso que, si alguna niega pescar en esas aguas o invoca un permiso argentino, deberá respaldarlo con documentos.
Sol Agusti,Conforme a
POLITICA
Se fue el Papa, volvió la interna del poder

Apenas concluida la visita de León XIV -potente por el mensaje y por la respuesta masiva que generó a cada paso-, el oficialismo expuso sin disimulo la interna del poder. Dedicó algo de tiempo a ensayar lecturas parciales y forzadas de los dichos del Papa, un ejercicio parecido al del kirchnerismo en la otra vereda, como si la realidad social y económica les fuera ajena por completo. El eco nítido del paso del Papa por el país hizo más contrastante la reposición pública del tema doméstico. No se trató sólo de un más que sugerente gesto de Javier Milei en redes sociales, sino de una movida más amplia que alimenta y expone las tensiones con Patricia Bullrich, en la mira de Karina Milei.
El Gobierno parece moverse sin considerar los efectos más extendidos de sus disputas, que superan los límites de la política y son anotados especialmente en el mundo de la economía. Las reacciones, según la magnitud de cada entrega de la interna, tienen registro inmediato en el tablero financiero, pero importan además para el cálculo de mediano plazo en materia de inversiones.
Tal vez eso explique algunas expresiones contradictorias. De un lado, los mensajes hacia el circuito empresarial -por la vía de los trascendidos y también en boca de operadores- que buscan minimizar los alcances de las pulseadas y dicen que el ruido irá disminuyendo en la medida que avance el plan reeleccionista de Milei. Y del otro, la evidencia de que el foco en el interior libertario se corrió definitivamente hacia las tensiones entre Olivos y Bullrich, por ahora sin un cierre efectivo.
La cuestión de fondo -también para la lectura económica- es que no se trata de un simple cambio de protagonistas en la cartelera de las peleas violetas. Lo que se modificó de manera sustancial es la naturaleza de la interna. Queda en segundo plano la competencia por espacios de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo, y lo que emerge con final abierto es una disputa por el poder encarnada por Bullrich, con vaivenes como los de estas horas. Dicho de otra forma: no se discute centralmente quién pesa más en el entorno presidencial, sino hasta qué punto puede escalar un proyecto diferente del que sostiene al Presidente. Y eso aumenta en la medida que se acercan las definiciones electorales para el 2027.
Por eso mismo, la señal de Milei resultó más que sugerente. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, fue el mensaje compartido por el Presidente en redes sociales. Ocurrió en las últimas horas de la visita del Papa, pero, de hecho, creció después en repercusión. Fue amplificado por fuentes del oficialismo que lo destacaron como respuesta directa a la jefe del bloque de senadores de LLA, a pesar de que no es mencionada expresamente.
Sin exagerar el análisis, la frase trasmite que Olivos le estaría atribuyendo a Bullrich más capacidad de daño que de construcción propia. Como sea, está lejos de asomar como elemento único. Al contrario, fue acompañado por muestras práctica de la intención de limar a la ex ministra en respuesta a sus gestos de diferenciación. Y eso mismo refuerza la impresión de que los cruces importan más por lo que representan que por lo que dicen formalmente.

En la superficie, Bullrich operó del mismo modo. Con un tuit, se mostró a tono con el clima marcado por el Papa, que por estas horas desarrolla en Perú la última etapa de su gira regional. Destacó en X que el Senado tiene todo listo para convertir en ley el proyecto sobre discapacidad, aprobado por mayoría infrecuente en Diputados luego de que el oficialismo cediera en sus posiciones iniciales por presión de aliados y para no perder una batalla de esta magnitud con la oposición. Y remató: “El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.
Suficiente el texto para su interpretación en clave de interna. Con un añadido nada menor en esa atmósfera: de hecho, fijó la prioridad de tratamiento para la ley de discapacidad casi al mismo tiempo que el Gobierno insistía con su propia prioridad, es decir, la reforma electoral como objetivo central del Senado. Fijar agenda fue para Olivos una manera de presionar efectivamente sobre Bullrich, como jefa del bloque de LLA.
El proyecto del Ejecutivo -reducido como interés real a la eliminación de las PASO-, llegó al Senado hace seis meses y nunca avanzó. Bullrich hace tiempo transmitió la dificultad para reunir la mayoría exigida en esta materia -la mitad más uno de los senadores- y, en rigor, la negociación fundamental quedó planteada fuera de la Cámara alta. Las tratativas con los gobernadores están a cargo de Diego Santilli, pero una pieza clave sigue siendo Luis Caputo. Como se sabe, son dos los rubros de negociación: acuerdos electorales y plata.
El Gobierno decidió decir que está todo dado para avanzar. Y sobre todo, transmitió -y dejó trascender- el mensaje a Bullrich para que avance con el tema. La intención es tratar el proyecto en comisión, el martes próximo, y llevarlo al recinto la semana siguiente. No está claro si están asegurados los votos o si la intención es meter presión poniendo en marcha el trámite. Se verá.
Por lo pronto, resulta evidente la intención de marcarle el terreno a la ex ministro. Del mismo modo, como parte de la pelea, fue interpretado su tuit sobre el proyecto de discapacidad, que llegaría al recinto el jueves que viene junto a otro asunto que provocó costos al oficialismo: el texto sobre inviolabilidad de la propiedad privada que incluye la restitución de la ley de tierras.
Si hacía falta otro síntoma de la interna, lo expuso un ingrediente original. Los plazos que plantea el Gobierno para avanzar con la reforma electoral en el Senado fueron anticipados por el presidente de la Cámara de Diputados. Llamativo. Martín Menem lo vistió como si fuera un cálculo personal, casi una expresión de deseo, pero resultó claro que fue motorizado desde las oficinas de Karina Milei.
Desde las cercanías de la secretaria General de la Presidencia, venían avisando que después de la partida del Papa, llegaría el momento de redefinir la relación con Bullrich. Las especulaciones fueron variadas, algunas extremas, sobre un final abrupto. El desenlace está en construcción y no parece que dependa de una única voluntad. En cualquier caso, asoman un par de elementos muy visibles. Uno: la realidad económica, que demandaría evitar ruido político. Y dos, lo más significativo: creer que el efecto de la visita de León XIV se agotó cuando embarcó rumbo a Lima.
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