POLITICA
El Senado inició el debate sobre cambios en salud mental: se invitará a expositores
Un plenario de comisiones del Senado inició esta tarde el debate para modificar la normativa vigente de salud mental que envió el Ejecutivo libertario. Durante el convite, la oposición reclamó la presencia de un lote de expositores que, con aval oficialista, desliza un trámite lento para el proyecto en cuestión.
El plenario estuvo a cargo de la mileísta y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis). La disertante que aterrizó por el Gobierno fue la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González. “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”, aseguró.
La funcionaria explicó que el texto es fruto de decenas de diálogos con “pacientes, familiares, ONGs, las 24 jurisdicciones” y, además, con “todos los casos de dominio público” sobre la mesa.
Según González, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.
Tras ello, explicó conceptos más puntuales para evitar diagnósticos imprecisos y subjetivos. En particular, puso especial énfasis en la “conformación de un equipo interdisciplinario, que debe tener psiquiatras” para “diagnosticar cuadros orgánicos de salud mental”.
La idea del Gobierno es que, ante el apuro para tomar una decisión y, en caso de que un médico clínico se encuentre ante una situación de ese estilo, en 24 horas aparezcan lineamientos de dicho equipo. Otro punto que mencionó, ante sistemas ambulatorios, es que un juez pueda seguir todo -tras la intervención inicial en un caso grave- por seis meses.
En tanto, González dejó en claro la importancia de las familias, con expedientes donde no aparecen para retirar a internados, y de la no eximición del derecho a cuidados, con responsables que muchas veces intentan desligarse con la excusa de haber pagado una obra social.
Otros datos que dio la funcionaria: hay 6.632 camas de salud mental, o 14,5 cada 100.000 habitantes. Para la OCDE, lo adecuado son 60. En Italia, esa cifra da 9; en Alemania, 135. Anticipándose a las preguntas del kirchnerismo sobre el presupuesto destinado, deslizó: “Se reclama el 10%, pero ningún gobierno pudo alcanzarlo”.
Observaciones
“Son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley”, dijo la cristinista y médica Lucía Corpacci (Catamarca), que fue la primera que solicitó la presencia del Consejo Federal de Salud. “Los citaron a un encuentro, comentaron la ley y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”, advirtió.
Corpacci no olvidó mencionar el embrollo actual sobre el financiamiento -en general- del sistema sanitario y puntualizó en el hospital Laura Bonaparte. Coincidió en ello su colega de interbloque Fernando Salino. En ese sentido, sumó: “Fue cruento”.
Por su parte, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, reflexionó que “esta ley propone mecanismos ágiles, no burocráticos, para resolver más rápido situaciones urgentes”. Y conjeturó: “Analicen desde la vida de la gente que sufre, que muere o que hoy no tiene mecanismos frente a situaciones terribles. Ahí está el sentido de esta reforma”.
González estuvo acompañada por Hernán Rizzuti, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, quien remarcó que el proyecto ayudará “especialmente a los -casos- más vulnerables”.
Novela diplomática
Durante la mañana, la comisión de Acuerdos logró dictaminar las demoradas listas de ascensos diplomáticos de 2024 y 2025, la cuales derivaron en un hervidero en la Cancillería. Como contó Infobae, algunos nombres quedaron en el camino.
Eran 43 los postulantes que aguardaban el aval para la suba de categoría. Del total, 27 consiguieron ingresar al despacho de mayoría, ya listo para una eventual sesión. Ello no quita que, en el recinto, alguno se caiga.
De hecho, en Cancillería continuaba anoche la novela por estos pliegos, con un enojo más que elevado de un importante funcionario sobre las presiones para la nómina 2026, aún no enviada por la Casa Rosada.
La comisión de Acuerdos, que maneja el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), pudo ser completada en las últimas horas: el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) ya es su vice, mientras que el jefe del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling (Misiones), aterrizó en la secretaría.
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POLITICA
LLA consiguió el dictamen sobre morosidad pero la oposición presiona para avanzar con créditos blandos del Estado
Ante el crecimiento de la morosidad y el aumento del endeudamiento familiar, un foco crítico para el Gobierno, el oficialismo logró contener la avanzada opositora en Diputados tras conseguir un dictamen de mayoría, con el apoyo de sus aliados históricos de Pro y la UCR. La iniciativa oficialista pone el foco en la prevención, pero no apunta a dar respuesta a la situación más urgente. Es así, que los bloques más críticos se esperanzan con revertir el escenario en el recinto, donde los números están más ajustados, y avanzar con un proyecto que contempla créditos blandos públicos para los deudores.
El encuentro arrancó pasadas las 14 en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia, ambas con mayoría libertaria.
En ese escenario, el Gobierno logró avanzar con un dictamen de mayoría que incluye 32 firmas, correspondientes a diputados de LLA, el Pro y dos en dicidencia de la UCR.
Aun así, el peronismo de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica obtuvo un dictamen de minoría con 27 firmas, con el que buscarán presionar al oficialismo para llevar el tema al recinto la semana que viene, según pudo saber .
Desde los bloques críticos manifestaron su intención de convocar a una sesión especial el 7 de octubre, en la que, según deslizan algunos sectores, podrían insistir con la prórroga de la emergencia en discapacidad.
Se trata de una maniobra que representa un desafío para el Gobierno, que intenta dilatar el debate por discapacidad hasta después del tratamiento del Presupuesto.
En lo que refiere a morosidad, los números están ajustados.
Si bien el peronismo logró condensar en un borrador los casi 50 proyectos que circulaban, todavía enfrenta la difícil tarea de conseguir el aval de algunos aliados que podrían definir la pulseada. Es el caso de Argentina Federal, el bloque comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, que evalúa esta tarde avanzar con un dictamen propio.
Sin embargo, en el recinto podría inclinarse por apoyar la iniciativa de la oposición, que apunta a crear una línea de crédito directa de la Anses destinada a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de programas sociales.
El objetivo: que los consumidores puedan cancelar deudas contraídas con tarjetas y otros proveedores no financieros de crédito y reemplazarlas por un financiamiento en condiciones “menos perniciosas”.
Según pudo saber , la iniciativa contempla préstamos de hasta $1,5 millones, “en condiciones normales de mercado”, y establece que la relación entre la cuota y los ingresos del beneficiario no podrá superar el 30%.
“Estamos ante un dictamen que nos costó muchísimo trabajo, porque había 50 proyectos dando vuelta, pero es un régimen de regularización y de alivio financiero puntual. Por 180 días se declara la emergencia por esta situación. Puntualmente, van a poder adherir personas que adeuden hasta dos canastas básicas totales”, precisó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
En las antípodas se ubica el oficialismo. Mientras un sector de LLA se desvelaba para ver cómo lidiar con la crisis en discapacidad y contener a los aliados, otro, a cargo de la diputada Silvana Giudici, terminaba de delinear un borrador que no incluye en su abordaje la cuestión del desendeudamiento, mucho menos la posibilidad de una propuesta que incluya un refinaciamiento por parte de los bancos y las fintech.
Aún así, algunos libertarios se jactan de que cuentan con el aval de sus históricos aliados. Es más, hay quienes se arriesgan a decir que en una eventual sesión contarían con los números para aprobar su propio proyecto. Sin embargo, sobran las críticas por fuera del universo libertario en torno al texto oficial, calificado por diputados de varios bloques como “ultra lavado” y “la nada misma”.
Es que la iniciativa no apunta a dar respuesta a la situación más urgente, sino que pone el foco en la prevención. Según explican fuentes de LLA, busca “darle más transparencia a la información financiera, desagregar bien los costos financieros, las tasas y la cuestión impositiva para que el consumidor sepa lo que va a pagar”.
Además, incorpora capítulos de educación financiera y digital, junto con otras herramientas destinadas a facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente.
Noticia en desarrollo
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La Unión Cívica Radical (UCR) pedirá información pública sobre los supuestos terroristas que mencionó Javier Milei al referirse a controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi afirmó en Infobae Al Mediodía que buscará determinar si las cifras aluden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales.
Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.
Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.
Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.
“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.
La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.
“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.
“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.
Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.
La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.
Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.
Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.
La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría
Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.
La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.
Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.
La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.
Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.
La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.
Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.
Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.
Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.
“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.
La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.
Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.
La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.
Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.
La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.
El endeudamiento familiar y los límites de una regulación
Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.
Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.
Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.
La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.
Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.
La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.
También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.
La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.
Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.
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POLITICA
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Partido Justicialista), anunció que su municipio no les cobrará tasas y les condonará deudas a las personas mayores de 75 años, siempre y cuando perciban ingresos de hasta dos haberes jubilatorios mínimos y tengan una única vivienda. El jefe comunal afirmó que tomó la medida porque la situación económica “golpea de lleno a los adultos mayores”.
Gray impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se establece que los mayores de 75 años, que perciban ingresos por hasta dos jubilaciones mínimas (el haber mínimo de octubre es de $435.748,51) y tengan una única vivienda quedarán exentos del pago de nueve tasas y de las deudas por otras tres imposiciones municipales.
Según informó la Municipalidad de Esteban Echeverría en un comunicado, los beneficiarios de la ordenanza quedarán exentos del pago de la Tasa por Servicios Generales; la Contribución Especial para Obras Públicas; la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad; Derechos de Oficina; Patentes de Rodados; Carnet de Conducir; Derechos de Cementerio; Tasa por Servicios Asistenciales, y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.
Además, “se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada”, se indicó en el comunicado municipal.
Para acceder al beneficio, que regirá desde el 1º de enero del año que viene, los mayores de 75 años del distrito deberán presentar una declaración jurada acompañada por la documentación pertinente.
“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, afirmó Gray al presentar su iniciativa en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.
La intendencia subrayó en su comunicado que la canasta básica de un adulto, en agosto, llegó a $519.578 y que, además, “se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores”. Entre esos puntos, se destacó “el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
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