POLITICA
El Senado inició el debate sobre cambios en salud mental: se invitará a expositores
Un plenario de comisiones del Senado inició esta tarde el debate para modificar la normativa vigente de salud mental que envió el Ejecutivo libertario. Durante el convite, la oposición reclamó la presencia de un lote de expositores que, con aval oficialista, desliza un trámite lento para el proyecto en cuestión.
El plenario estuvo a cargo de la mileísta y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis). La disertante que aterrizó por el Gobierno fue la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González. “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”, aseguró.
La funcionaria explicó que el texto es fruto de decenas de diálogos con “pacientes, familiares, ONGs, las 24 jurisdicciones” y, además, con “todos los casos de dominio público” sobre la mesa.
Según González, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.
Tras ello, explicó conceptos más puntuales para evitar diagnósticos imprecisos y subjetivos. En particular, puso especial énfasis en la “conformación de un equipo interdisciplinario, que debe tener psiquiatras” para “diagnosticar cuadros orgánicos de salud mental”.
La idea del Gobierno es que, ante el apuro para tomar una decisión y, en caso de que un médico clínico se encuentre ante una situación de ese estilo, en 24 horas aparezcan lineamientos de dicho equipo. Otro punto que mencionó, ante sistemas ambulatorios, es que un juez pueda seguir todo -tras la intervención inicial en un caso grave- por seis meses.
En tanto, González dejó en claro la importancia de las familias, con expedientes donde no aparecen para retirar a internados, y de la no eximición del derecho a cuidados, con responsables que muchas veces intentan desligarse con la excusa de haber pagado una obra social.
Otros datos que dio la funcionaria: hay 6.632 camas de salud mental, o 14,5 cada 100.000 habitantes. Para la OCDE, lo adecuado son 60. En Italia, esa cifra da 9; en Alemania, 135. Anticipándose a las preguntas del kirchnerismo sobre el presupuesto destinado, deslizó: “Se reclama el 10%, pero ningún gobierno pudo alcanzarlo”.
Observaciones
“Son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley”, dijo la cristinista y médica Lucía Corpacci (Catamarca), que fue la primera que solicitó la presencia del Consejo Federal de Salud. “Los citaron a un encuentro, comentaron la ley y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”, advirtió.
Corpacci no olvidó mencionar el embrollo actual sobre el financiamiento -en general- del sistema sanitario y puntualizó en el hospital Laura Bonaparte. Coincidió en ello su colega de interbloque Fernando Salino. En ese sentido, sumó: “Fue cruento”.
Por su parte, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, reflexionó que “esta ley propone mecanismos ágiles, no burocráticos, para resolver más rápido situaciones urgentes”. Y conjeturó: “Analicen desde la vida de la gente que sufre, que muere o que hoy no tiene mecanismos frente a situaciones terribles. Ahí está el sentido de esta reforma”.
González estuvo acompañada por Hernán Rizzuti, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, quien remarcó que el proyecto ayudará “especialmente a los -casos- más vulnerables”.
Novela diplomática
Durante la mañana, la comisión de Acuerdos logró dictaminar las demoradas listas de ascensos diplomáticos de 2024 y 2025, la cuales derivaron en un hervidero en la Cancillería. Como contó Infobae, algunos nombres quedaron en el camino.
Eran 43 los postulantes que aguardaban el aval para la suba de categoría. Del total, 27 consiguieron ingresar al despacho de mayoría, ya listo para una eventual sesión. Ello no quita que, en el recinto, alguno se caiga.
De hecho, en Cancillería continuaba anoche la novela por estos pliegos, con un enojo más que elevado de un importante funcionario sobre las presiones para la nómina 2026, aún no enviada por la Casa Rosada.
La comisión de Acuerdos, que maneja el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), pudo ser completada en las últimas horas: el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) ya es su vice, mientras que el jefe del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling (Misiones), aterrizó en la secretaría.
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En paralelo con la iniciativa opositora de la oposición en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo impulsa en el Senado un proceso para remover al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de que admitió que tuvo medio millón de dólares sin declarar.
Esta mañana, diez senadores presentaron un proyecto de resolución para citar al funcionario a concurrir al Senado “para ser interpelado en sesión especial a efectos del tratamiento de una moción de censura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional”.
Argumentaron que la propuesta obedece a “la gravedad institucional que revisten las graves inconsistencias patrimoniales y las irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA)”.
El proyecto del kirchnerismo prevé además que la moción de censura sea resuelta por el pleno del Senado “en la misma sesión en que se lleve a cabo su interpelación”.
La iniciativa lleva las firmas de José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino, Martín Soria, Jorge Capitanich, Ana Marks, Juliana di Tullio, María Celeste Giménez Navarro, Eduardo De Pedro y Mariano Recalde.
La avanzada de los diputados
Mientras tanto, diputados de distintos espacios políticos convocaron ayer para el 23 de este mes a una sesión especial con el objetivo de debatir la activación de una moción de censura desde la Cámara baja.
El pedido de sesión lleva las firmas de referentes de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) y parte del interbloque Provincias Unidas, que volvió a exhibir divisiones internas. Acompañan los socialistas, el radicalismo crítico referenciado en Martín Lousteau, los jujeños alineados con el gobernador Carlos Sadir y, esta vez, también los cordobeses de Martín Llaryora, representados por Carlos Gutiérrez.
No acompañó ningún integrante del bloque de la UCR. Tampoco firmaron los santafecinos vinculados a Maximiliano Pullaro, Jorge Ávila, referente de Chubut, ni Lourdes Arrieta (Mendoza). También se mantuvieron al margen los diputados de Innovación Federal, espacio que reúne a legisladores cercanos a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).
Pese al duro comunicado difundido en X, tampoco adhirió ningún dirigente de Pro. La cuenta oficial del partido calificó la conducta de Adorni como “una falta grave”. “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, sostuvo el texto.
Aunque en distintos sectores de la oposición consideran que existen razones suficientes para promover su apartamiento, Pro, la UCR y los bloques provinciales sostienen, por ahora, que la investigación debe seguir su curso en la Justicia y que la responsabilidad política última recae sobre Javier Milei.
De todos modos, una eventual moción de censura aparece hoy sin los apoyos suficientes para avanzar. El mecanismo exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Mientras los bloques satélites del oficialismo se nieguen a acompañar esa estrategia, esos números lucen inalcanzables.
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POLITICA
Crecen los reclamos a Nación por el estado crítico del cruce fronterizo más importante de la Patagonia
La situación edilicia del Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, el principal corredor internacional de la Patagonia -con un flujo anual que supera los 1.100.000 cruces de personas– y el deterioro de la Ruta Nacional 231, que une Villa La Angostura con el límite con Chile, volvieron a quedar en el centro de las críticas.
Además del mal estado de la ruta, que presenta baches y daños estructurales en distintos tramos, las mayores quejas apuntan a las condiciones del edificio fronterizo, especialmente de los sanitarios, varios de los cuales permanecen clausurados debido a su deterioro.
Aunque los problemas son de larga data, autoridades locales aseguran que en los últimos años se agravaron y reclaman una intervención urgente del Gobierno nacional. Uno de los principales impulsores del reclamo es el intendente de Bariloche, Walter Cortés, quien incluso ofreció a la Casa Rosada realizar las obras con recursos municipales, pese a que el complejo fronterizo se encuentra en territorio neuquino y depende de la administración nacional.
En ese contexto, el Concejo Municipal de Bariloche aprobó recientemente una comunicación en la que expresa su preocupación por la situación y solicita al Gobierno nacional una intervención inmediata para refaccionar las instalaciones.
El concejal Juan Pablo Ferrari, autor de la iniciativa, sostuvo que “se necesita una intervención urgente para garantizar el normal funcionamiento de los servicios” en uno de los principales pasos fronterizos del país.
Cortés, por su parte, reiteró en varias oportunidades sus reclamos ante las autoridades nacionales. Esta semana volvió a insistir con la necesidad de ejecutar obras y ofreció la colaboración del municipio para avanzar con las reparaciones.
“Es una vergüenza no solo el estado de la ruta, sino también la pésima situación del complejo edilicio. Es una de las entradas turísticas más importantes de la Patagonia, pero la primera impresión que se llevan quienes ingresan al país es muy negativa”, afirmó el jefe comunal.
Durante la presentación de la temporada turística de Bariloche en Buenos Aires, Cortés trasladó la preocupación al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien le informó que se encuentra en marcha un proceso licitatorio destinado a la reparación tanto de la ruta como de las instalaciones fronterizas. “Hacemos todo lo posible para que el turismo venga y se vaya contento. No podemos tener esa Aduana en el estado en el que está”, señaló el intendente.
Cómo es el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré
Del lado argentino está conectado por la Ruta Nacional 231 y, del lado chileno, por la Ruta CH-215. Mientras Argentina continúa reclamando inversiones para mejorar la infraestructura, Chile avanzó en la reparación de su trazado vial, afectado por el intenso tránsito de camiones y las condiciones climáticas de la zona. Además, anunció la construcción de una doble vía para agilizar la circulación entre ambos países.
En el complejo fronterizo operan organismos nacionales como Migraciones, Aduana, Gendarmería Nacional y SENASA, encargados de los controles para el tránsito turístico y el transporte internacional de cargas.
“Es la puerta de entrada a paisajes de enorme valor ambiental y turístico, como el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Ruta de los Siete Lagos. Además, cumple un rol estratégico dentro del Corredor Bioceánico y en la integración entre Argentina y Chile”, destacó Ferrari en los fundamentos de su proyecto.
Paso Cardenal Antonio Samoré
El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti pidió este viernes por la mañana la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras acusarlo de “mentir ante la sociedad y el Congreso de la Nación” en medio de la causa que lo investiga por el crecimiento de su patrimonio, que incluye entre otros un departamento en Caballito y una casa en un country. El dirigente le solicitó al presidente Javier Milei dejar de “encubrir y avalar” su accionar.
“Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más”, afirmó Schiaretti en una publicación de X. El dirigente también resaltó que le atribuye mayor gravedad al asunto porque el funcionario ocupa “uno de los cargos más altos del país con rango constitucional”.
El pedido contó con el respaldo de la senadora Alejandra Vigo y los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, pertenecientes a su mismo espacio político, Provincias Unidas.
“Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación. El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”, concluyó el exgobernador.
Otras reacciones de aliados del Gobierno
Este posicionamiento coincidió con un comunicado oficial de PRO, partido conducido por el expresidente Mauricio Macri, que calificó como “una falta grave” el hecho de asegurar que no se ocultó información para luego admitir que sí ocurrió.
Esta fuerza política, aliada electoral del oficialismo en las últimas elecciones nacionales, señaló que el contexto actual exige actuar con transparencia y evitar episodios que afecten la confianza de la ciudadanía.
Por otro lado, el presidente de la bancada de senadores del PRO, Martín Goerling, solicitó de forma expresa que el funcionario libertario vaya al Senado para brindar explicaciones sobre su tarea y responder por la denuncia en su contra, por presunto enriquecimiento ilícito. Goerling detalló que el cuerpo legislativo no recibe informes desde el 26 de junio de 2025.
La declaración jurada de Adorni
Adorni presentó este jueves su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA) con modificaciones contables que elevaron su patrimonio neto total a más de $627,2 millones.
Fue minutos antes de que el funcionario admitiera en una entrevista con José Del Rio en LN+ que omitió declarar ahorros en sus presentaciones anteriores, correspondientes a US$500.000 provenientes de una supuesta inversión en criptomonedas previa a su ingreso a la función pública.
En el documento, el funcionario reportó que al inicio de 2025 poseía dólares en efectivo por un valor equivalente a $400.241.404, vinculados a la tenencia en bitcoin. Al cierre del año, informó que ese dinero por fuera del sistema formal se redujo a $303.604.357,92.
En contraste, sus tenencias en cuentas formales locales resultaron menores: declaró $25.500 en una caja de ahorro, casi cuatro millones de pesos en una billetera virtual y en el exterior reportó una caja de ahorro en Estados Unidos por el equivalente a $8.994.452,58.
La presentación ante la OA reflejó además la incorporación de un nuevo departamento en la ciudad de Buenos Aires, adquirido el 24 de noviembre de 2025, del cual Adorni declaró el 50% por $255,8 millones mediante ingresos propios y crédito.
La acusación contra Adorni
El frente judicial del jefe de Gabinete se tramita en los tribunales de Comodoro Py, donde el fiscal Gerardo Pollicita investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Los investigadores detectaron que los ingresos declarados no resultan suficientes para explicar más de US$406.681 en gastos —sin contar los corrientes— y US$335.000 en deudas acumuladas desde el inicio de su gestión.
Ante el avance de esa causa, Adorni argumentó que los fondos provienen de una inversión previa en criptomonedas y afirmó en LN+: “No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro”. Al tratarse de un delito donde se invierte la carga de la prueba, la Justicia deberá investigar la trazabilidad de esos fondos y comprobar si efectivamente pertenecen al funcionario.
Con esta admisión de haber ocultado medio millón de dólares, el ministro coordinador busca eludir la figura de enriquecimiento ilícito, pero podría considerarse omisión maliciosa. El artículo 268 (3) del Código Penal castiga con penas de 15 días a dos años de prisión, e inhabilitación perpetua, a quien omita o falsee datos de forma intencional en sus declaraciones juradas obligatorias.
A este escenario se suma que Adorni reconoció haber anotado originalmente a nombre de su esposa la casa en el country Indio Cua para evitar su publicación en el anexo público, un bien que recién fue incorporado luego de que la Justicia ordenara la apertura de los anexos reservados en la causa penal.
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