El mes de mayo traerá una actualización de los impuestos aplicados sobre combustibles líquidos, lo que promete modificar los valores en los surtidores de Ciudad de Buenos Aires si las empresas deciden trasladar el impacto a los consumidores. El ajuste cuenta con componentes diferenciados para cada producto y región, y su efecto se reflejará en los precios finales de nafta súper, nafta premium, gasoil y gasoil premium de las principales distribuidoras del mercado.

El cálculo del nuevo valor surge de sumar el incremento en el impuesto general y el aumento del gravamen ambiental, conocido como impuesto al CO2. Según la estructura oficial, para la nafta súper y premium el ajuste total es de $11,035 por litro, mientras que para el gasoil y gasoil premium el incremento es de $10,325 por litro en Ciudad de Buenos Aires. En regiones como Patagonia, La Pampa y el sur de Mendoza, el gasoil enfrenta un esquema diferencial, pero en CABA se toma el valor correspondiente a la jurisdicción.

El relevamiento de precios de Infobae del lunes pasado permite trazar una comparación clara entre los valores actuales y los que resultarían si las petroleras aplican íntegramente el aumento impositivo. Las cifras sirven como referencia para los usuarios que buscan anticipar el impacto en su presupuesto mensual.

– YPF: $1.999

– Axion: $2.069

– Shell: $2.099

– YPF (Infinia): $2.223

– Axion (Quantium): $2.359

– Shell (V-Power): $2.379

– YPF: $2.099

– Axion: $2.159

– Shell: $2.179

– YPF: $2.299

– Axion: $2.369

– Shell: $2.399

El impacto de la actualización impositiva se traduce en un aumento nominal que, según los especialistas, resulta del mecanismo de suma directa de los nuevos montos fijados por el Gobierno. Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios, detalló que tanto el impuesto a los combustibles líquidos como el impuesto al CO2 operan como montos fijos y se agregan al precio final de cada litro despachado.

La estructura de precios en los surtidores responde a la composición de costos de cada producto. El valor de la nafta y el gasoil incluye el precio internacional del petróleo, los procesos de refinación, impuestos nacionales y ambientales, IVA, y gastos de logística y comercialización. Estos elementos, sumados al ajuste impositivo, generan el nuevo escenario de precios para mayo.

– YPF: $2.010

– Axion: $2.080

– Shell: $2.110

– YPF (Infinia): $2.234

– Axion (Quantium): $2.370

– Shell (V-Power): $2.390

– YPF: $2.109

– Axion: $2.169

– Shell: $2.189

– YPF: $2.309

– Axion: $2.379

– Shell: $2.409

Estos valores reflejan el efecto total de sumar $11,035 a la nafta y $10,325 al gasoil, de acuerdo a lo que corresponde para Ciudad de Buenos Aires. No constituyen precios oficiales ni relevados sino estimaciones a partir de la estructura vigente y los nuevos montos impositivos, siempre sujetos a la decisión de cada empresa de trasladar o absorber el ajuste.

El ajuste para el gasoil contempla, además del impuesto general de $9,269 por litro, un incremento ambiental de $1,056. En zonas con tratamiento diferencial, como la Patagonia y el sur de Mendoza, el decreto oficial fija un adicional de $5,019, pero para CABA se toma el valor correspondiente a la jurisdicción sin ese extra.

La referencia de precios del lunes pasado, según el relevamiento de Infobae, muestra que la nafta súper de YPF en CABA se ubicó en $1.999, mientras que la premium llegó a $2.223. En el caso del gasoil, el valor fue de $2.099 para el producto estándar y $2.299 para el premium. Las otras distribuidoras manejaron cifras levemente superiores, manteniendo la competencia en el rango habitual del mercado.

El mecanismo de ajuste impositivo produce un efecto inmediato sobre el costo de llenar el tanque para los consumidores particulares y las empresas que utilizan combustibles líquidos. El incremento, aunque moderado en términos absolutos, tiene impacto en la estructura de gastos de sectores como el transporte y la logística, que dependen en forma directa del precio del gasoil.

El documento oficial publicado en el Boletín Oficial detalla la actualización de los impuestos y los fundamentos de la medida. La decisión de postergar el grueso de los aumentos hasta mayo respondió al contexto internacional de subas de petróleo, con el objetivo de evitar trasladar toda la presión sobre los combustibles en un solo movimiento. Durante abril, la nafta y el gasoil se mantuvieron estables en los surtidores de CABA, con precios que se estabilizaron un 23% por encima del nivel previo a la escalada bélica en Medio Oriente.

La política de precios de YPF durante abril incluyó un “buffer” que limitó el traslado de subas internacionales a los consumidores y fijó un techo simbólico de $1.999 por litro para la nafta súper. El resto de las empresas acompañó la tendencia, aunque con márgenes propios. La decisión sobre trasladar o absorber el nuevo impuesto definirá si los precios efectivamente superan los valores actuales.

Bruselas, 30 abr (.).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aportó este jueves su impulso político a la iniciativa presentada por los regidores de Barcelona, París y Roma, que en nombre de una quincena de grandes ciudades de la UE reclaman medidas comunitarias y fondos europeos para afrontar la crisis de la vivienda en la UE.

«Déjenme garantizarles que este tema seguirá en la agenda de los líderes de la UE», dijo Costa tras la reunión con los impulsores de la Alianza de Alcaldes por la Vivienda.

El presidente del Consejo recordó que está previsto que el próximo noviembre, durante la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea, se celebre una reunión de alto nivel sobre vivienda en Dublín, coincidiendo con la cumbre informal de jefes de Estados y de Gobierno de la UE, y de la que por ahora no se conocen más detalles.

«La vivienda, su asequibilidad y accesibilidad, es una de las cuestiones más concretas para millones de europeos», insistió el portugués en rueda de prensa, junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el de Roma, Roberto Gualtieri, y el de París, Emmanuel Grégoire, todos ellos socialistas.

Antes, Collboni, Gualtieri y Grégoire se habían reunido con la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, de la misma familia política.

Costa insistió en que no actuar ante la crisis de la vivienda supondría «una desilusión para con las instituciones democráticas» para los ciudadanos europeos.

«Una Europa competitiva tiene que garantizar el acceso a una vivienda asequible, especialmente para las generaciones jóvenes y las personas más vulnerables», añadió el presidente del Consejo Europeo y exalcalde de Lisboa.

Costa agregó que la vivienda será «uno de los temas en la cabeza de los líderes» cuando en el próximo mes de junio empiecen las duras negociaciones sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, que hasta ahora no permitía financiar vivienda y que, según la propuesta de la CE, sí entrará esa partida en el período 2028-2034.

El alcalde de Barcelona, por su parte, subrayó que «el derecho a la movilidad que consagran los tratados de la UE hoy está en cuestión» porque el mercado expulsa de sus barrios o ciudades a «vulnerables, jóvenes y clases medias urbanas».

Collboni reclamó que la UE aporte «regulación» y «presupuesto» a la cuestión, y que implemente «un nuevo concepto que va más allá de la riqueza relativa que pueda tener una región a la hora de recibir fondos europeos», ampliándolo con zonas de mercado inmobiliario «tensionado».

Ese «estrés» se podría establecer, por ejemplo, si el alquiler o la compra de una vivienda suponga más de un tercio de los ingresos de un hogar, agregó.

El alcalde de Roma, en su intervención, reclamó que los fondos de apoyo a la competitividad de la UE puedan dedicarse también a inversión en vivienda.

Vivienda Europea

En Bruselas se insiste desde el arranque de la legislatura comunitaria en dos conceptos: la carestía de la vivienda es un problema que afecta a los Veintisiete Estados miembros de la UE, pero las competencias no son comunitarias, sino esencialmente nacionales, regionales y municipales.

Así lo resumió el Consejo en un informe publicado en vísperas de que, por primera vez, el pasado octubre se tratara el asunto en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Ese informe, no obstante, instaba a todos los niveles administrativos a colaborar, y señalaba que Lisboa, Madrid y Barcelona eran las ciudades de la UE con mayor presión en el mercado inmobiliario.

Semanas después, en diciembre, la Comisión Europea presentó un plan de vivienda asequible, dotado con unos 10.000 millones de euros para renovación y modernización de edificios en el Conjunto de la UE.

También el Parlamento Europeo adoptó el pasado marzo sus propias recomendaciones, no vinculantes, en un informe en el que pedía a la Comisión Europea modificaciones fiscales, menos burocracia y más fondos para rehabilitar edificios.

Además, el Ejecutivo comunitario trabaja en una batería de medidas para ayudar a las zonas más tensionadas por los alquileres turísticos a acotarlos legalmente.

(vídeo)

Las denuncias por presuntas maniobras irregulares en operaciones de comercio exterior comenzaron a multiplicarse en distintos sectores industriales y ya derivaron en investigaciones, expedientes administrativos y sanciones económicas impulsadas por ARCA.

Mientras, una cámara empresaria del sector de electrodomésticos denunció una combinación de subfacturación, comercialización sin certificaciones y falsificación documental, el organismo aduanero avanzó con expedientes vinculados a importaciones de calzado e indumentaria provenientes de China.

El punto en común entre los distintos casos fue la sospecha de que varias compañías declararon valores muy inferiores a los reales para reducir costos tributarios y comerciales. En algunos expedientes, además, aparecieron observaciones sobre documentación presuntamente adulterada.

Según pudo confirmar Infobae, ARCA avanzó con investigaciones sobre operaciones de importación de indumentaria y calzado, entre otras.

Fuentes del sector textil confirmaron que el organismo recaudador y aduanero tiene nutridos expedientes y denuncias contra al menos dos grandes importadores y que ya las sancionó con multas millonarias.

Consultadas fuentes de ARCA, confirmaron los hechos pero no mencionaron el nombre de las empresas ni dieron detalles de los expedientes.

De todos modos, las fuentes empresarias aportaron datos y dijeron que se trata de Lintrader SRL y Latin Shoes S.A., firma vinculada con las licencias de marcas como Avia, Nevados, Barker, Stone Sports, Ferracini, Sergio Tacchini, Good Year Footwear y Everlast.

Según documentación que aportaron fuentes del sector textil, en el primer caso, la empresa declaró valores extremadamente bajos para la importación de remeras sintéticas. Algunas prendas figuraron con valores de USD 0,0063 por unidad y otras con montos de USD 0,01274. El valor total declarado ascendió a USD 1,06 por kilo y esos montos son ostensiblemente inferiores a los valores usuales de mercadería similar. Los antecedentes de valor aprobados para prendas comparables oscilaron entre USD 0,75 y USD 1,30 por unidad.

Las fuentes sectoriales afirmaron que según estimaciones técnicas oficiales sobre costo internacional de producción de las remeras, teniendo en cuenta costos de materia prima, confección, estampado e insumos adicionales, producir una remera básica en Asia implicó un costo estimado de entre USD 0,59 y USD 1,275 por unidad. El valor declarado por la firma se ubicó incluso por debajo del costo estimado de la materia prima.

Para el caso de Latin Shoes SA, se analizaron más de 100 despachos de importación de calzado provenientes de China realizados entre fines 2021 y 2025. La investigación se originó a partir de operaciones en las que la empresa declaró valores FOB por par idénticos o muy cercanos al mínimo establecido por la resolución antidumping 915/2021.

Esos valores coincidieron con el umbral fijado para evitar el pago de derechos antidumping sobre importaciones de calzado. En este caso se detectaron distintas inconsistencias vinculadas con permisos de salida y facturas comerciales, como textos presuntamente editados o sobrescritos, casilleros vacíos y ausencia de códigos QR o códigos de barras.

También hubo diferencias entre números de factura, subpartidas arancelarias y documentación presentada ante las autoridades argentinas. En relación con las facturas comerciales, algunas no incluyeron origen de mercadería y que aparecieron diferencias en las formas de pago.

Sobre este caso, ARCA habría encuadrado el expediente en los artículos 864 y 865 inciso f) del Código Aduanero y remitido las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Siempre según datos del sector, las sanciones económicas previstas para las operaciones analizadas superaran los USD 70 millones.

Las denuncias empresarias y los expedientes abiertos por ARCA aparecieron en medio de un escenario de crecimiento de importaciones -aunque en los últimos meses el crecimiento se frenó debido a elevados stocks y una demanda planchada- y mayor presencia de productos provenientes de China en distintos segmentos del mercado local.

Por su parte, la Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines (Cafavep) difundió un comunicado en el que denunció una situación de “competencia desleal” vinculada con la comercialización de pequeños electrodomésticos en plataformas digitales. Según la entidad, una investigación realizada sobre datos de importación declarados ante la Aduana reveló que distintos operadores comercializaron productos mediante una combinación de prácticas ilegales que incluyó subfacturación de importaciones, venta de productos sin certificación y falsificación de certificados de seguridad.

“La Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines hace pública una denuncia formal sobre una situación de competencia desleal que está destruyendo a la industria nacional de electrodomésticos y poniendo en riesgo la seguridad de los consumidores argentinos”, indicó el comunicado.

La entidad empresaria sostuvo que detectó valores FOB extremadamente bajos en distintas categorías de productos. Uno de los casos mencionados correspondió a ventiladores de techo retráctiles. Cafavep aseguró que el precio FOB mínimo de mercado para ese tipo de producto rondó los USD 15 por unidad. Sin embargo, la cámara relevó importaciones declaradas a valores de entre 5,12 y 9,50 dólares.

La entidad también señaló que una empresa importó más de 13.000 unidades de ventiladores de techo declarando un valor FOB de USD 7,20 por unidad.

En el comunicado aparecieron además otros ejemplos de productos ingresados con valores considerablemente inferiores a los habituales de mercado.

Según la cámara, algunas air fryers de 1600 watts ingresaron con valores declarados de USD 4,86, mientras que cafeteras espresso figuraron con precios de USD 2,69 y mixers de 500 watts con valores de 2,07 dólares. Según la entidad, esos montos implicaron niveles de subfacturación de entre el 50% y el 85% respecto de los valores reales estimados. “Estos valores son técnicamente imposibles y demuestran una subfacturación sistemática de entre el 50% y el 85% del valor real de los productos”, afirmó la entidad.

El comunicado también incluyó advertencias sobre la comercialización de productos eléctricos sin certificaciones de seguridad. “Estimamos que un alto porcentaje de los pequeños electrodomésticos comercializados actualmente en plataformas digitales en Argentina no cuenta con la certificación correspondiente”, señaló la cámara.

La entidad agregó que “el certificado no es un trámite burocrático, sino que es la garantía de que un producto eléctrico no representa un riesgo de incendio, electrocución o accidente para el usuario y su familia”.

En otro tramo del documento, Cafavep sostuvo que las empresas formales del sector enfrentaron una fuerte desventaja competitiva frente a operadores que incumplieron normas tributarias y técnicas. Según la cámara, las compañías que importaron correctamente, realizaron ensayos y certificaciones y pagaron impuestos afrontaron una diferencia de costos de entre el 30% y el 60% sobre el precio final. “Esta situación está provocando el cierre de empresas, la destrucción de empleos formales y el desmantelamiento de una industria que ha tardado décadas en construirse”, indicó el comunicado.

La entidad informó además que presentó una denuncia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que remitió documentación a ARCA y a la Secretaría de Comercio. El comunicado también reclamó mayores controles sobre las plataformas digitales que comercializan productos eléctricos.