POLITICA
Ley de glaciares: convocan a protestar frente al Congreso por el recorte en las audiencias públicas
La reforma de la ley de glaciares desembarca hoy en Diputados envuelta en polémica. Las audiencias públicas, para las que se anotaron más de 100.000 inscriptos, arrancarán bajo un esquema acotado: el oficialismo dispuso que solo los primeros anotados por provincia podrán exponer ante los legisladores.
El recorte activó la reacción de organizaciones socioambientales, que convocaron a una protesta con una consigna directa: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. La cita será a las 17, frente al Congreso.
Adhirieron a la movilización diferentes espacios de la oposición, como parte del PJ, la Izquierda, la Coalición Cívica y un sector del radicalismo. También, representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, cuya participación fue coordinada por el espacio Patria Grande, del diputado Juan Grabois.
Según pudo saber , la convocatoria está nucleada en la denominada campaña “La Ley de Glaciares No Se Toca”, que reúne a movimientos socioambientales de las provincias y la Ciudad.
El debate por los ajustes en la ley de glaciares se dará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, a cargo de los libertarios Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y José Peluc (San Juan), respectivamente. Las audiencias públicas son el paso previo a que los legisladores debatan el detalle de la reforma en comisiones. El último filtro es el recinto.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado, aprobado por 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención. La iniciativa contó en esa ocasión con el apoyo de ocho radicales, un referente de Pro, los aliados provinciales de Javier Milei y dos referentes del PJ: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). Es decir, fracturó a la oposición, algo que podría volver a ocurrir en este nuevo debate. A diferencia de Diputados, en el Senado no se realizaron audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía.
Para administrar los tiempos de discusión, Mayoraz y Peluc definieron dos audiencias públicas: una presencial este miércoles y otra virtual al día siguiente. Ambas con nueve horas de debate, desde las 10 hasta las 19. Habrá casi 200 oradores por jornada, sólo aquellos que “se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción”. Al resto, señalaron en el oficialismo, se les informó que no vayan. Argumentaron que este procedimiento “garantizará la participación de representantes de las 24 jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal”.
Para el resto de los anotados, los libertarios definieron que podrán enviar un escrito o video de no más de cinco minutos a través del canal de Youtube de la Cámara de Diputados. “Las presentaciones en video quedarán registradas para su registro permanente”, aseguraron Peluc y Mayoraz.
Esta dinámica enfureció a la oposición y a las organizaciones socioambientales, que reclamaron ampliar las jornadas de discusión. Pero el oficialismo se negó a modificar su esquema.
Una medida cautelar fue impulsada el jueves en la Justicia por organizaciones ambientalistas para “readecuar el cronograma” de las audiencias para garantizar la participación “oral y efectiva” de todas las personas inscriptas. Subraya que el Congreso “se abstenga de implementar mecanismos incompatibles con los estándares más elementales de participación pública”. Por último, piden designar veedores que supervisen el desarrollo del debate. Recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de Enrique Lavié Pico. Podría haber novedades el mismo miércoles o jueves, informaron a .
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, cargó contra el oficialismo por el manejo de la audiencia pública: “Nos preocupa el manoseo de la democracia. Miles de personas se inscribieron, dejaron sus datos y estaban dispuestas a participar, pero de forma arbitraria los presidentes de comisión y Martín Menem resolvieron elegir a dedo a apenas 300 expositores: menos del 0,3%”.
“Ni siquiera ampliaron el cronograma -advirtió-. Hay mucha gente muy activa que hoy está profundamente decepcionada. Creemos que esto viola el reglamento, el Acuerdo de Escazú y los mecanismos constitucionales de participación, además de la Ley General del Ambiente.”
Viale anticipó una posible judicialización. “Vamos a ir igual, con una silla, a esperar nuestro turno en la puerta”, lanzó. Y cerró con una crítica al diseño del proceso: “Había alternativas razonables, como extender los plazos o llevar audiencias a las provincias. Pero eligieron el camino exprés, como si fuera un trámite”.
Mayoraz salió a responder los cuestionamientos desde su cuenta de X. Sostuvo que “el marco legal es claro y se cumple al pie de la letra”. Según él, no se dispusieron restricciones a la participación. Por el contrario, defendió que se trató de “un mecanismo de máxima apertura”: “Cualquier ciudadano, desde cualquier rincón del país, puede hacer llegar su posición por escrito o en formato audiovisual”. Cerró con una chicana: “¿Dónde está la restricción? No existe. Puro relato”.
El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión es el mayor poder que los cambios le otorgarían a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico nacional con sede en Mendoza, el que construye este inventario.
ley de glaciares,pic.twitter.com/CwFHI4G2kt,March 23, 2026,March 20, 2026,Conforme a
POLITICA
El Gobierno le exigió a Axel Kicillof que deje de “echarle la culpa al Presidente por su pésima administración”
El gobernador Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de haber vaciado el programa Remediar, dejando “sin asistencia a más de 20 millones de personas”, y defendió la política provincial de medicamentos bonaerenses como respuesta.
“La salud no puede ser un negocio destinado solo a quienes pueden pagarla. Es un derecho”, sostuvo, y afirmó que “el único responsable de esta situación es Milei”.
La Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno nacional le respondió con un comunicado en el que lo acusó de “mentirle a los bonaerenses” y de “echarle la culpa al Presidente por su propia pésima administración”.
Rechazó las críticas al Plan Remediar al señalar que es una ley y que “es imposible que haya sido eliminada”, y recordó que en 2025 la Provincia recibió 5.329 millones de pesos en medicamentos a través de ese mismo programa.
FALSO. EL GOBERNADOR DEBE HACERSE CARGO DE UNA VEZ
El Gobernador Kicillof debe dejar, de una vez por todas, de mentirle a los bonaerenses y de echarle la culpa al Presidente Javier Milei por su propia pésima administración.
La atención primaria de la salud y la provisión de…
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) April 30, 2026
El texto cuestionó el gasto provincial y enumeró partidas del presupuesto bonaerense como ejemplos de “prioridades completamente torcidas”: 8.000 millones de pesos en 396 “fiestas populares” desde 2021, 154.128 millones destinados a salud sexual y reproductiva, y 66.435 millones previstos para 2026 en “transversalización de la perspectiva de género”.
El comunicado señaló que la Provincia acumula un déficit primario de 451.911 millones de pesos y una deuda con hospitales SAMIC de 630.635 millones. “Kicillof gastó en cajas navideñas exactamente lo mismo que le debe al Hospital Néstor Kirchner de Laferrere (más de $8.000 millones)”, indicó, y cerró con una interpelación directa: “Si tanto le preocupan sus docentes, médicos y policías, ¿por qué no reduce el déficit monstruoso que generan los 16 ministerios de la Provincia?”
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Axel Kicillof,Javier Milei,Provincia de Buenos Aires,Salud
En este Día del Trabajador nos debemos un debate sobre el rol que debe tener el Estado en la protección de los trabajadores, así como en la promoción del empleo.
Nadie puede negarlo: la irrupción de la Inteligencia Artificial y la automatización en los procesos productivos redefinió el mundo laboral. Las aptitudes exigidas para la supervivencia en el mercado cambiaron y también lo hicieron las normas. En este escenario, la Ley de Modernización Laboral 27.802, mediante los artículos 152 y 153 del Capítulo II, creó el Programa de Formación Laboral Básica para “garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas”.
Según la norma, este programa tendrá dos ejes: el Programa de Competencias Sociolaborales Básicas se enfoca en las personas sin terminalidad educativa con el objetivo de brindarles herramientas de lectura y comprensión de textos, expresión oral y razonamiento matemático, entre otras. Y el Programa de Formación Laboral Inicial apunta al desarrollo de estas competencias iniciales en una rama de la actividad productiva económica con prioridad regional y en perspectiva de su futura demanda. De esta forma, busca integrar a las personas complementando su formación con el Programa de Entrenamiento para el trabajo.
Esta norma introduce una categoría jurídica disruptiva y moderna: la empleabilidad mínima. Este concepto no debe entenderse como un estándar de exigencia para el trabajador, sino como un deber prestacional del Estado destinado a garantizar un piso de ciudadanía económica en la era digital y donde los empleadores tienen un papel de suma importancia.
La protección del trabajador en el siglo XXI no puede limitarse a la tutela resarcitoria ante el despido; debe evolucionar hacia una tutela preventiva basada en la capacitación constante. La creación del Programa de Formación Laboral Básica identifica que la carencia de competencias fundamentales —como la alfabetización digital, la comprensión de textos y el razonamiento lógico— constituye hoy la principal causa de exclusión social. El Congreso, al institucionalizar este programa, reconoce que el derecho al trabajo se vuelve ilusorio si el sujeto carece de las herramientas cognitivas para interactuar con los nuevos entornos tecno-laborales.
La Ciudad de Buenos Aires ya había avanzado en esta dirección y desde la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, dimos un gran impulso a la Agencia de Habilidades para el Futuro, donde se impulsan más de 670 ofertas educativas orientadas al desarrollo de competencias para el empleo, con iniciativas como Talento Tech, programas de terminalidad educativa como SecundarT, propuestas de primer acercamiento al mundo laboral como Construí tu Futuro para jóvenes, capacitaciones destinadas a emprendedores en un innovador Centro de Simulación, programas de subsidio al aprendizaje en la empresa como la Prácticas Formativas o el Programa de Inducción para el Empleo.
Se trata de propuestas en las que somos autoridad de aplicación desde la Secretaría de Trabajo, junto al Ministerio de Educación. A ellas se le suma el nuevo programa de asistencia social del Gobierno de la Ciudad, mediante el cual pusimos fin a los últimos planes sociales aún activos y creamos un programa de capacitación y empleo que promueve la autonomía económica. La medida alcanzará a unas 5 mil personas e incluye pagos directos sin intermediarios, formación obligatoria y articulación con el sector privado para facilitar la inserción laboral.
La nueva ley nacional va por el camino correcto. La reglamentación debe centrarse en restaurar la base de confianza y aptitud del individuo, potenciando no sólo la formación de operarios eficientes o técnicos, sino de personas con capacidad para usufructuar las herramientas que le otorga la educación para el empleo.
Por otro lado, la designación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como autoridad de aplicación (artículo 153) puede ser extendida a las autoridades laborales provinciales, a fin de otorgarle al sistema la centralidad necesaria para coordinar la certificación de estas competencias, y en línea con las políticas de descentralización y autonomía de la Ciudad.
Otorgar a la certificación estatal la funcionalidad de actuar como un activo de seguridad social implica un hito fundamental para nuestro país. Este “pasaporte de empleabilidad” va a permitir a los trabajadores acreditar saberes frente a un mercado que se vuelve cada vez más exigente.
En definitiva, la empleabilidad mínima se constituye como una nueva garantía de equidad para los trabajadores en el siglo XXI. En un mundo donde el capital humano es el activo más valioso, el Estado debe asumir el rol de garante para que la metamorfosis digital no devenga en una segmentación irreversible entre integrados y excluidos, asegurando que la tecnología sea, finalmente, un vector de ascenso social y no de marginación.
POLITICA
Paro general: el Gobierno inicia acciones contra UTA y La Fraternidad y los sindicatos denuncian una “sanción política”
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, inició sumarios a los gremios de La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA), a quienes acusa del incumplimiento de la conciliación obligatoria durante el último paro nacional, el 19 de febrero pasado.
En la cartera dirigida por Sandra Pettovello habían advertido a ambos gremios que se abstuvieran de adherir a la huelga. Fue horas antes del último paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), previa a la aprobación de la reforma laboral. Entonces, en el ministerio advirtieron que una eventual participación de los gremios del transporte implicaría una “violación a las normas legales que rigen la conciliación laboral obligatoria”.
Tanto la UTA como La Fraternidad estaban en ese momento en conciliación obligatoria con la Secretaría de Trabajo desde el 14 de febrero pasado y hasta el 27 de ese mes, por lo que no podían adherir, según el ministerio.
Verificado el incumplimiento en las distintas jurisdicciones, en las últimas horas Capital Humano comunicó que, en función “de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212 conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».
Y agregaron que la cartera contempla “dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
Antecedentes
En febrero pasado, en la intimación a ambos gremios, Capital Humano había advertido que “la adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatorio oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”.
En el Gobierno distinguieron a Omar Maturano, de La Fraternidad, de Roberto Fernández, de la UTA. Mientras que creen que el primero estaba “decidido a ir desde el comienzo” al paro y no ahorran en críticas, apuntan que Fernández “tenía voluntad de no sumarse, pero fue muy presionado para hacerlo”.
En el corazón del gobierno libertario alegan que la adhesión de estos sindicatos fue crucial para lograr una imagen de alto impacto del paro.
Los gremios cuestionaron la medida. “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como de ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política», afirmó a Ámbito Financiero Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA.
Conforme a
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