28 acusados, un emperador sorpresivamente ausente, una nación dolorido y en vilo, muchísimos harakiris, un hombre que enloquece en medio del proceso, 18 condenados a larga penas de prisión y siete llevados a la horca.

La historia no suele recordarlo, ni siquiera tiene un nombre propio en el inconsciente colectivo. 80 años atrás comenzó en Tokio el juicio contra los jerarcas japoneses responsables de la Segunda Guerra Mundial. Se lo llamó el Nuremberg Japonés. Pese a que no es tan célebre ni referido como su antecesor alemán, este juicio muestra matices más interesantes y ofrece mayores contradicciones y ambigüedades.

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El tribunal a cargo llevó un nombre pomposo, marcial: Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente.

A partir de septiembre de 1945, el General MacArthur y otros jefes norteamericanos en Japón se pusieron en marcha para cumplir lo que había decidido los líderes de las potencias vencedoras en sus encuentros en Teherán, Yalta y Postdam: juzgar a los jerarcas de las naciones derrotadas.

En Nuremberg se sentarían los líderes máximos, casi indiscutibles. En Tokio la lista inicial era muy extensa y poco representativa. MacArthur pretendía que cada uno de los estamentos importantes de los que participaron en la guerra estuvieran representados en el banquillo de los acusados. Los soviéticos tenían cuestiones personales. No iban a permitir que se dejara en libertad a aquellos que habían sido en extremo hostiles o crueles con ellos. Deseaban vengarse. Sus socios, para evitar disputas en el bando ganador, le dieron el gusto.

Primeros ministros, cancilleres, ministros, jefes de las distintas armas y hasta un civil acusado de ideólogo. Los elegidos, los señalados, fueron 28. Muchos de los que integraban las listas posibles no llegaron al juicio: varios de los prominentes líderes militares prefirieron el harakiri al deshonor de la derrota.

Era evidente que en esa lista, profusa y repleta de hombres célebres en su tiempo y que habían detentado un poder enorme, faltaba alguien: el emperador Hirohito.

No fue un olvido casual sino deliberado. También quedó fuera de los juzgados todo miembro de la familia imperial japonesa. Hirohito era considerado una divinidad. El mensaje radial en el que informó a su pueblo la capitulación fue la segunda vez en que los japoneses escucharon su voz. La mayoría de los historiadores coinciden que el emperador conocía las grandes decisiones de sus primeros ministros y de sus generales y que prestó su anuencia a las más importantes.

Pero nadie quiso bajarlo del trono al estrado. MacArthur buscó alejarlo de los juicios desde el principio. Con ese movimiento, intentaba darle legitimidad a la ocupación norteamericana y preservar al menos esa institución y tradición japonesa. MacArthur utilizó al emperador y a la institución imperial para conseguir más poder, para poder manejar a ese Japón de posguerra. Los abogados defensores recibieron instrucciones para que los acusados desligaran a Hirohito de las decisiones. Ni siquiera dejaron que fuera citado como testigo.

El modelo obvio del juicio fue Nuremberg. No sólo en la parte operativa y logística. También en sus motivaciones y fundamentos. Más allá de tener como fin castigar a los líderes que llevaron a Japón a la guerra, un objetivo primordial era contarle a Japón (y a los japoneses) y al mundo lo que había sucedido, dar a conocer el panorama general y los hechos (desde el punto de vista de los Aliados) que habían quedado tapados en el fragor de la contienda bélica.

Uno de los fiscales dijo: “El Juicio fue una de las fases más importantes de la ocupación. Recibió gran cobertura en la prensa japonesa y reveló a millones de personas por primera vez muchos sucesos que desconocían y entender otros que les habían sido retaceados”.

Las primeras disputas fueron alrededor de la nacionalidad de los jueces. Los juristas locales exigían que los juzgadores fueran japoneses. Estados Unidos se opuso de manera terminante.

El proceso quedó a cargo de un tribunal internacional. El presidente era Jim Webb, un jurista australiano. Los otros integrantes provenían de diversas nacionalidades, de potencias vencedoras y de países que habían sufrido la agresión nipona. Los jueces provenían de Estados Unidos, Inglaterra, Unión Soviética, China, India, Filipinas, Canadá, Nueva Zelanda, Francia y Países Bajos. La fiscalía estuvo a cargo de un norteamericano. Los abogados defensores provenían de Japón y de Estados Unidos.

Los cargos se dividieron en cuatro grandes grupos de delitos: los delitos contra la paz y crímenes de guerra, los delitos contra la humanidad, genocidio (la extinción de un grupo étnico) y complot en guerra (atentar contra la paz interior de un país soberano).

El sitio en el que se llevó a cabo había sido una academia militar y en los últimos tiempos de la guerra, la sede del Estado Mayor Conjunto. Más allá de su valor simbólico fue elegido porque se trataba de una anomalía en esa Tokio desolada, llena de escombros y tierra. Fue uno de los pocos grandes edificios que quedó en pie y mantuvo su lujo original. La sala era imponente, gigantesca. Albergaba a más de cien abogados defensores, los jueces, los colaboradores, los intérpretes, mecanógrafos, asistentes y a los 28 acusados.

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La lista la encabezaba Hideki Tojo, el primer ministro de prominentes bigotes que lideró al país durante casi toda la guerra. Cuando el 11 de septiembre de 1945 los soldados norteamericanos ingresaron a su casa para apresarlo, Tojo se pegó un tiro en el corazón. Pero el disparo falló. Destrozó su estómago y lastimó otros órganos, casi se desangra; a pesar de eso los doctores lograron salvarle la vida. “Lamento mucho que me tome tanto tiempo morir. La guerra fue justificada. Espero el justo juicio de la historia. Quería suicidarme, pero eso, a veces, falla”, dijo. Estados Unidos centró sobre Tojo, entre otras acusaciones, la de ser el responsable último del ataque a Pearl Harbor.

Luego hubo primeros ministros, los que estaban a cargo de las ocupaciones en China y en Filipinas, los embajadores ante los otros países del Eje y los jefes de las fuerzas armadas.

Shumei Okawa, el único de los acusados que no había sido militar ni funcionario, llamado el Goebbels japonés, parecía un Modigliani. Alargado, anteojos redondos, la mirada perturbada, una sonrisa inquietante y ondulada. Negaba la legitimidad del tribunal, sostenía, muchas veces a los gritos, que todo se trataba de una farsa. Estaba acusado de ser uno de los ideólogos que condujo a Japón a la guerra. Filósofo y escritor de una enorme erudición era un nacionalista que sostenía que el choque entre las civilizaciones era inevitable, y que Japón, junto a otros países asiáticos, debía enfrentarse y derrotar a Estados Unidos y Occidente. Durante su vida pública estuvo cerca del poder y participó en varios golpes de estado.

En las primeras audiencias su conducta empezó a llamar la atención. Había algo más que indignación en sus frecuentes gritos de Esto es una comedia y similares. En algunas ocasiones asistió en pijama, en otras descalzo. Tal vez, el límite del tribunal se quebró el día que Okawa se puso de pie y utilizó la cabeza pelada del ex primer ministro Hideki Tojo mientras gritaba en un perfecto alemán: “Vamos Indio, vamos”. El psicólogo oficial certificó que no se encontraba en sus cabales y los jueces lo declararon inimputable y lo enviaron a un hospital psiquiátrico. A los pocos meses, Okawa estaba en su casa. En los años posteriores encaró una impecable (según dicen) traducción del Corán al japonés, una de las pocas existentes. Son muchos los que creen que Shumei Okawa simuló su locura para librarse de la condena.

Entre los 419 testigos, las miles de pruebas, los alegatos y la escritura de una sentencia de casi 1800 páginas, el proceso se extendió por dos años y medio cuando inicialmente habían calculado una duración de seis meses nada más. La lectura de la sentencia llevó casi una semana y cada sesión se transmitió por radio. Pese a lo farragoso del texto jurídico concentró la atención de los japoneses. Los ciudadanos nipones recibieron las sentencias con pesar y fatalismo, como un nuevo e innecesario recordatorio de que la guerra había sido perdida. “En lugar de ayudar a los japoneses a comprender y a aceptar su pasado, el juicio los dejó con una actitud de cinismo y resentimiento. De todas maneras, se debe tener en cuenta que condenar al juicio no es negar la culpa japonesa”, escribió Ian Buruma en su notable libro El Precio de la Culpa.

Antes de iniciar el proceso, los jueces se pusieron de acuerdo en respetar las mayorías y que a pesar de las diferencias, cada decisión saliera a la luz como si hubiera sido unánime para no mostrar resquicio, para no afectar la legitimidad de un juicio que recibía múltiples cuestionamientos. Los jueces de diferentes orígenes deliberaron arduamente. Hubo en la sentencia votos en disidencia pese a que había un compromiso previo de acompañar a las mayorías. El magistrado filipino sostuvo que el tribunal carecía de validez. El holandés, por su parte, se quejó amargamente de la ausencia de Hirohito. Otro dejó constancia de que el proceso ignoraba el bombardeo a Tokio y las dos bombas atómicas, hechos que configuraban delitos similares a los tratados allí. La sentencia recibió críticas de juristas japoneses y extranjeros por considerar que se trató de “justicia de vencedores”. Otros creen que la sentencia fue ecuánime y que los acusados no vieron conculcado su derecho de defensa aunque en estos casos nunca pueda dejarse de lado el aspecto político de la cuestión.

Pese a que el modelo fue Nuremberg, las acusaciones no fueron similares. William Webb, el australiano presidente del tribunal, reconoció que los que estaban en el banquillo no eran sólo unos nazis con rasgos orientales: “Los crímenes de los reos alemanes eran mucho más abominables, variados y amplios que los de los acusados japoneses”. Esto no significa que los japoneses no hayan cometido actos atroces y abominables desde antes de la guerra como la Matanza de Nanking, el programa de experimentos científicos con humanos (Unidad 731), uso de armas químicas, matanza de civiles y el trato cruel con los enemigos, prisioneros y habitantes de las tierras ocupadas y arrasadas. Los del Juicio de Tokio fueron condenados por delitos contra la paz y no contra la humanidad como los alemanes. Sin embargo, al contrario que en Nuremberg, los 25 que llegaron a la sentencia (dos murieron en el medio y Okawa fue declarado inimputable) recibieron condenas severas. 7 a muerte, 16 a cadena perpetua, 1 prisión por 20 años y otro sólo por 7 años.

Los 7 condenados a muerte fueron ejecutados en la prisión de Sugamo. Algunos de ellos pidieron ser fusilados. Creían que esa era una forma más noble de morir. Las autoridades aliadas no lo permitieron. Los ahorcaron de madrugada.

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Los restos de varios de ellos -de los detenidos y de los ejecutados-, tiempo después de su muerte, fueron enterrados en el Santuario de Yasukuni, el cementerio oficial de los grandes guerreros de Japón.

Los otros 18 condenados estuvieron en prisión hasta que a los pocos años comenzaron a recibir conmutaciones de la pena e indultos.

Hirohito no se expidió sobre los juicios. Continuó siendo emperador hasta el día de su muerte en 1989.

Japón sorprendió al mundo con su recuperación económica y social. Se integró al mundo deslumbrando con sus avances tecnológicos y manteniendo tradiciones.Habiendo aprendido del pasado pero sin quedar atado a él, con los ojos puestos en el futuro.

El edificio en el que tuvieron lugar las audiencias fue demolido. La cárcel de Sugamo tampoco sigue en pie. Contrariando los augurios y recomendaciones de manosantas y videntes por su pasado trágico, a mediados de la década del setenta, en ese terreno, se construyó un moderno rascacielos. Lo bautizaron Sunshine 60.

Segunda Guerra Mundial, Hirohito, Japón, Sumario