POLITICA
28 acusados, siete en la horca y un emperador intocable: la historia de Tokio que pocos recuerdan
28 acusados, un emperador sorpresivamente ausente, una nación dolorido y en vilo, muchísimos harakiris, un hombre que enloquece en medio del proceso, 18 condenados a larga penas de prisión y siete llevados a la horca.
La historia no suele recordarlo, ni siquiera tiene un nombre propio en el inconsciente colectivo. 80 años atrás comenzó en Tokio el juicio contra los jerarcas japoneses responsables de la Segunda Guerra Mundial. Se lo llamó el Nuremberg Japonés. Pese a que no es tan célebre ni referido como su antecesor alemán, este juicio muestra matices más interesantes y ofrece mayores contradicciones y ambigüedades.
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El tribunal a cargo llevó un nombre pomposo, marcial: Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente.
A partir de septiembre de 1945, el General MacArthur y otros jefes norteamericanos en Japón se pusieron en marcha para cumplir lo que había decidido los líderes de las potencias vencedoras en sus encuentros en Teherán, Yalta y Postdam: juzgar a los jerarcas de las naciones derrotadas.
En Nuremberg se sentarían los líderes máximos, casi indiscutibles. En Tokio la lista inicial era muy extensa y poco representativa. MacArthur pretendía que cada uno de los estamentos importantes de los que participaron en la guerra estuvieran representados en el banquillo de los acusados. Los soviéticos tenían cuestiones personales. No iban a permitir que se dejara en libertad a aquellos que habían sido en extremo hostiles o crueles con ellos. Deseaban vengarse. Sus socios, para evitar disputas en el bando ganador, le dieron el gusto.
Primeros ministros, cancilleres, ministros, jefes de las distintas armas y hasta un civil acusado de ideólogo. Los elegidos, los señalados, fueron 28. Muchos de los que integraban las listas posibles no llegaron al juicio: varios de los prominentes líderes militares prefirieron el harakiri al deshonor de la derrota.
Era evidente que en esa lista, profusa y repleta de hombres célebres en su tiempo y que habían detentado un poder enorme, faltaba alguien: el emperador Hirohito.
No fue un olvido casual sino deliberado. También quedó fuera de los juzgados todo miembro de la familia imperial japonesa. Hirohito era considerado una divinidad. El mensaje radial en el que informó a su pueblo la capitulación fue la segunda vez en que los japoneses escucharon su voz. La mayoría de los historiadores coinciden que el emperador conocía las grandes decisiones de sus primeros ministros y de sus generales y que prestó su anuencia a las más importantes.
Pero nadie quiso bajarlo del trono al estrado. MacArthur buscó alejarlo de los juicios desde el principio. Con ese movimiento, intentaba darle legitimidad a la ocupación norteamericana y preservar al menos esa institución y tradición japonesa. MacArthur utilizó al emperador y a la institución imperial para conseguir más poder, para poder manejar a ese Japón de posguerra. Los abogados defensores recibieron instrucciones para que los acusados desligaran a Hirohito de las decisiones. Ni siquiera dejaron que fuera citado como testigo.
El modelo obvio del juicio fue Nuremberg. No sólo en la parte operativa y logística. También en sus motivaciones y fundamentos. Más allá de tener como fin castigar a los líderes que llevaron a Japón a la guerra, un objetivo primordial era contarle a Japón (y a los japoneses) y al mundo lo que había sucedido, dar a conocer el panorama general y los hechos (desde el punto de vista de los Aliados) que habían quedado tapados en el fragor de la contienda bélica.
Uno de los fiscales dijo: “El Juicio fue una de las fases más importantes de la ocupación. Recibió gran cobertura en la prensa japonesa y reveló a millones de personas por primera vez muchos sucesos que desconocían y entender otros que les habían sido retaceados”.
Las primeras disputas fueron alrededor de la nacionalidad de los jueces. Los juristas locales exigían que los juzgadores fueran japoneses. Estados Unidos se opuso de manera terminante.
El proceso quedó a cargo de un tribunal internacional. El presidente era Jim Webb, un jurista australiano. Los otros integrantes provenían de diversas nacionalidades, de potencias vencedoras y de países que habían sufrido la agresión nipona. Los jueces provenían de Estados Unidos, Inglaterra, Unión Soviética, China, India, Filipinas, Canadá, Nueva Zelanda, Francia y Países Bajos. La fiscalía estuvo a cargo de un norteamericano. Los abogados defensores provenían de Japón y de Estados Unidos.
Los cargos se dividieron en cuatro grandes grupos de delitos: los delitos contra la paz y crímenes de guerra, los delitos contra la humanidad, genocidio (la extinción de un grupo étnico) y complot en guerra (atentar contra la paz interior de un país soberano).
El sitio en el que se llevó a cabo había sido una academia militar y en los últimos tiempos de la guerra, la sede del Estado Mayor Conjunto. Más allá de su valor simbólico fue elegido porque se trataba de una anomalía en esa Tokio desolada, llena de escombros y tierra. Fue uno de los pocos grandes edificios que quedó en pie y mantuvo su lujo original. La sala era imponente, gigantesca. Albergaba a más de cien abogados defensores, los jueces, los colaboradores, los intérpretes, mecanógrafos, asistentes y a los 28 acusados.
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La lista la encabezaba Hideki Tojo, el primer ministro de prominentes bigotes que lideró al país durante casi toda la guerra. Cuando el 11 de septiembre de 1945 los soldados norteamericanos ingresaron a su casa para apresarlo, Tojo se pegó un tiro en el corazón. Pero el disparo falló. Destrozó su estómago y lastimó otros órganos, casi se desangra; a pesar de eso los doctores lograron salvarle la vida. “Lamento mucho que me tome tanto tiempo morir. La guerra fue justificada. Espero el justo juicio de la historia. Quería suicidarme, pero eso, a veces, falla”, dijo. Estados Unidos centró sobre Tojo, entre otras acusaciones, la de ser el responsable último del ataque a Pearl Harbor.
Luego hubo primeros ministros, los que estaban a cargo de las ocupaciones en China y en Filipinas, los embajadores ante los otros países del Eje y los jefes de las fuerzas armadas.
Shumei Okawa, el único de los acusados que no había sido militar ni funcionario, llamado el Goebbels japonés, parecía un Modigliani. Alargado, anteojos redondos, la mirada perturbada, una sonrisa inquietante y ondulada. Negaba la legitimidad del tribunal, sostenía, muchas veces a los gritos, que todo se trataba de una farsa. Estaba acusado de ser uno de los ideólogos que condujo a Japón a la guerra. Filósofo y escritor de una enorme erudición era un nacionalista que sostenía que el choque entre las civilizaciones era inevitable, y que Japón, junto a otros países asiáticos, debía enfrentarse y derrotar a Estados Unidos y Occidente. Durante su vida pública estuvo cerca del poder y participó en varios golpes de estado.
En las primeras audiencias su conducta empezó a llamar la atención. Había algo más que indignación en sus frecuentes gritos de Esto es una comedia y similares. En algunas ocasiones asistió en pijama, en otras descalzo. Tal vez, el límite del tribunal se quebró el día que Okawa se puso de pie y utilizó la cabeza pelada del ex primer ministro Hideki Tojo mientras gritaba en un perfecto alemán: “Vamos Indio, vamos”. El psicólogo oficial certificó que no se encontraba en sus cabales y los jueces lo declararon inimputable y lo enviaron a un hospital psiquiátrico. A los pocos meses, Okawa estaba en su casa. En los años posteriores encaró una impecable (según dicen) traducción del Corán al japonés, una de las pocas existentes. Son muchos los que creen que Shumei Okawa simuló su locura para librarse de la condena.
Entre los 419 testigos, las miles de pruebas, los alegatos y la escritura de una sentencia de casi 1800 páginas, el proceso se extendió por dos años y medio cuando inicialmente habían calculado una duración de seis meses nada más. La lectura de la sentencia llevó casi una semana y cada sesión se transmitió por radio. Pese a lo farragoso del texto jurídico concentró la atención de los japoneses. Los ciudadanos nipones recibieron las sentencias con pesar y fatalismo, como un nuevo e innecesario recordatorio de que la guerra había sido perdida. “En lugar de ayudar a los japoneses a comprender y a aceptar su pasado, el juicio los dejó con una actitud de cinismo y resentimiento. De todas maneras, se debe tener en cuenta que condenar al juicio no es negar la culpa japonesa”, escribió Ian Buruma en su notable libro El Precio de la Culpa.
Antes de iniciar el proceso, los jueces se pusieron de acuerdo en respetar las mayorías y que a pesar de las diferencias, cada decisión saliera a la luz como si hubiera sido unánime para no mostrar resquicio, para no afectar la legitimidad de un juicio que recibía múltiples cuestionamientos. Los jueces de diferentes orígenes deliberaron arduamente. Hubo en la sentencia votos en disidencia pese a que había un compromiso previo de acompañar a las mayorías. El magistrado filipino sostuvo que el tribunal carecía de validez. El holandés, por su parte, se quejó amargamente de la ausencia de Hirohito. Otro dejó constancia de que el proceso ignoraba el bombardeo a Tokio y las dos bombas atómicas, hechos que configuraban delitos similares a los tratados allí. La sentencia recibió críticas de juristas japoneses y extranjeros por considerar que se trató de “justicia de vencedores”. Otros creen que la sentencia fue ecuánime y que los acusados no vieron conculcado su derecho de defensa aunque en estos casos nunca pueda dejarse de lado el aspecto político de la cuestión.
Pese a que el modelo fue Nuremberg, las acusaciones no fueron similares. William Webb, el australiano presidente del tribunal, reconoció que los que estaban en el banquillo no eran sólo unos nazis con rasgos orientales: “Los crímenes de los reos alemanes eran mucho más abominables, variados y amplios que los de los acusados japoneses”. Esto no significa que los japoneses no hayan cometido actos atroces y abominables desde antes de la guerra como la Matanza de Nanking, el programa de experimentos científicos con humanos (Unidad 731), uso de armas químicas, matanza de civiles y el trato cruel con los enemigos, prisioneros y habitantes de las tierras ocupadas y arrasadas. Los del Juicio de Tokio fueron condenados por delitos contra la paz y no contra la humanidad como los alemanes. Sin embargo, al contrario que en Nuremberg, los 25 que llegaron a la sentencia (dos murieron en el medio y Okawa fue declarado inimputable) recibieron condenas severas. 7 a muerte, 16 a cadena perpetua, 1 prisión por 20 años y otro sólo por 7 años.
Los 7 condenados a muerte fueron ejecutados en la prisión de Sugamo. Algunos de ellos pidieron ser fusilados. Creían que esa era una forma más noble de morir. Las autoridades aliadas no lo permitieron. Los ahorcaron de madrugada.
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Los restos de varios de ellos -de los detenidos y de los ejecutados-, tiempo después de su muerte, fueron enterrados en el Santuario de Yasukuni, el cementerio oficial de los grandes guerreros de Japón.
Los otros 18 condenados estuvieron en prisión hasta que a los pocos años comenzaron a recibir conmutaciones de la pena e indultos.
Hirohito no se expidió sobre los juicios. Continuó siendo emperador hasta el día de su muerte en 1989.
Japón sorprendió al mundo con su recuperación económica y social. Se integró al mundo deslumbrando con sus avances tecnológicos y manteniendo tradiciones.Habiendo aprendido del pasado pero sin quedar atado a él, con los ojos puestos en el futuro.
El edificio en el que tuvieron lugar las audiencias fue demolido. La cárcel de Sugamo tampoco sigue en pie. Contrariando los augurios y recomendaciones de manosantas y videntes por su pasado trágico, a mediados de la década del setenta, en ese terreno, se construyó un moderno rascacielos. Lo bautizaron Sunshine 60.
Segunda Guerra Mundial, Hirohito, Japón, Sumario
POLITICA
Para garantizar la aprobación de la reforma de la carta orgánica del BCRA, el Gobierno prevé aceptar los cambios que introdujo el Senado
El Gobierno prevé ratificar en Diputados los cambios que introdujo el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pese a las diferencias internas que generó la modificación del mecanismo para remover al presidente y a los directores de la entidad. La definición todavía debe terminar de ordenarse dentro del oficialismo y será uno de los temas de la mesa política del martes 29.
“La idea es convalidar los cambios”, responden en Nación sobre si el Ejecutivo intentará recuperar la versión original que Diputados aprobó el 26 de agosto. En el armado legislativo reconocen también que ven difícil conseguir la mayoría necesaria para revertir el cambio.
La diferencia principal está en el artículo 3. El proyecto aprobado originalmente por Diputados establecía que la remoción del presidente, vicepresidente y directores del BCRA debía contar con el respaldo de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso. El Senado eliminó ese esquema y dispuso que la decisión quede exclusivamente en manos de la Cámara alta, por mayoría absoluta.
El cambio alcanza además al procedimiento de designación. La nueva redacción establece que los integrantes del directorio propuestos por el Poder Ejecutivo deberán contar con mayoría absoluta del Senado, y utiliza la misma mayoría para una eventual remoción.
La modificación fue aprobada en particular por 66 votos contra dos, con el respaldo del peronismo, pese a que ese bloque rechazó la reforma general. Esa votación tiene una consecuencia directa sobre el margen que tiene ahora la Cámara de Diputados.
El artículo 81 de la Constitución establece que, cuando la cámara revisora modifica un proyecto con dos tercios de los miembros presentes, la cámara de origen no puede recuperar su redacción original por mayoría simple. Para insistir en ese texto necesita también reunir dos tercios de los presentes.
Eso significa que Diputados puede aceptar la modificación del Senado con mayoría absoluta de los presentes, pero necesita dos tercios para restablecer el mecanismo original en el artículo modificado con esa mayoría agravada. Tampoco puede introducir una tercera redacción diferente durante esta instancia de revisión.
POLITICA
LLA analiza bajar a su candidato a gobernador en Chubut para acompañar la reelección de Torres
En Chubut, el tablero electoral de 2027 comenzó a ordenarse alrededor de una negociación que podría modificar la competencia por la gobernación: La Libertad Avanza analiza la posibilidad de resignar una candidatura propia y acoplarse al proyecto de reelección de Ignacio “Nacho” Torres.
El movimiento implicaría que el espacio libertario desista de presentar un postulante propio para la gobernación y se incorpore al armado que conduce el mandatario provincial. La definición forma parte de las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con el oficialismo chubutense y se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno nacional para cerrar acuerdos electorales con dirigentes provinciales.
Torres, en diálogo con Infobae, reconoció la posibilidad de un acercamiento electoral con la Casa Rosada, aunque remarcó que todavía “faltan definiciones”.
La eventual candidatura de César Treffinger es uno de los puntos centrales de esa negociación. El diputado nacional de LLA había expresado su intención de competir por la gobernación, pero su postulación todavía no cuenta con una definición política de la conducción nacional del espacio.
En ese contexto, una alternativa que comenzó a tomar forma es que Treffinger deponga su aspiración provincial y sea considerado para una candidatura al Senado. Para la conducción libertaria, esa opción permitiría preservar a un dirigente propio dentro del armado electoral y, al mismo tiempo, avanzar en un acuerdo con Torres.
El propio Treffinger admitió ante su entorno la posibilidad de alcanzar un entendimiento con el gobernador y resignar su candidatura a la gobernación. La decisión, en ese caso, quedaría supeditada a la estrategia que definan los principales armadores nacionales de La Libertad Avanza.
La negociación tiene una lógica estrictamente electoral: si LLA finalmente retira a su candidato, Torres ampliaría su base de sustentación y evitaría una competencia libertaria que podría fragmentar el electorado no peronista. Del otro lado, la Casa Rosada obtendría una vía para mantener presencia política en Chubut a través de un acuerdo con el oficialismo provincial.
El escenario también está condicionado por la posición del peronismo, que todavía no logró ordenar su oferta electoral. Juan Pablo Luque y Dante Bowen mantienen sus aspiraciones y disputan espacios de poder dentro del armado opositor. Esa interna constituye, por ahora, uno de los principales obstáculos para consolidar una candidatura competitiva frente a Torres.
Torres amplía su base política
Mientras LLA define qué hará, Torres avanza en la consolidación de una construcción política de alcance provincial. El gobernador busca ampliar su coalición y preservar una lógica de armado transversal, que reúne a sectores del PRO, radicales, peronistas disidentes y dirigentes libertarios.
En agosto, Torres respaldó el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, aunque planteó que cualquier entendimiento debía construirse sobre una agenda común de gestión y desarrollo, y no limitarse a una alianza electoral.
“Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”, sostuvo el mandatario.
La definición expone una de las claves de la estrategia del gobernador: ampliar su base electoral sin perder autonomía política frente a la Casa Rosada.
En Chubut, Torres ya gobierna con una coalición que excede al PRO y que incorporó dirigentes provenientes de distintos espacios políticos. La eventual incorporación formal de LLA significaría un nuevo salto en esa construcción y le permitiría llegar a 2027 con un frente electoral todavía más amplio.
La reciente interna radical también fortaleció el esquema del gobernador. La victoria de Gerardo Merino en Esquel fue interpretada dentro del oficialismo provincial como un respaldo al alineamiento de la UCR con Torres y a la continuidad de esa sociedad política.
El peronismo intenta ordenar su interna
Del otro lado del tablero, el peronismo chubutense comenzó a mover sus piezas, aunque todavía enfrenta dificultades para definir una conducción electoral común.
El principal nombre opositor es Juan Pablo Luque, quien fue derrotado por Torres en las elecciones de 2023, cuando puso fin a dos décadas de gobiernos peronistas en la provincia.
Pero Luque no es el único dirigente que pretende disputar el liderazgo del espacio. Dante Bowen, intendente de Dolavon, mantiene firme su intención de competir por la gobernación.
Bowen sostuvo que su carrera política solamente tendría continuidad si logra ser candidato a gobernador y descartó, al menos públicamente, la posibilidad de ocupar otro cargo dentro de un eventual armado peronista.
“Soy candidato a gobernador o me voy a mi casa”, resumió durante una entrevista televisiva.
La definición profundiza la tensión interna del peronismo, que deberá resolver primero su mecanismo de selección de candidaturas antes de intentar construir una estrategia común para enfrentar a Torres.
Una de las alternativas que circuló para ordenar el tablero consiste en que Luque vuelva a competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia, cargo que ocupó entre 2019 y 2023, y deje despejado el camino provincial para Bowen.
Sin embargo, esa posibilidad todavía no forma parte de un acuerdo político consolidado.
“La razón por la que quiero ser gobernador es porque me preparé toda la vida para esto”, sostuvo Bowen, al explicar que su recorrido político estuvo orientado hacia ese objetivo.
La disputa entre ambos dirigentes se desarrolla mientras distintos sectores del peronismo buscan reconstruir una estructura capaz de competir por el poder provincial. La foto de unidad entre Luque y otros referentes, el diálogo con José Glinski y la construcción de Chubut Futuro, alineada con el Movimiento Derecho al Futuro que impulsa Axel Kicillof, forman parte de ese proceso de reconfiguración.
Por ahora, ninguna de las principales fuerzas terminó de cerrar sus candidaturas. Torres trabaja en ampliar su base política; el peronismo intenta resolver su disputa interna y La Libertad Avanza debe definir si competirá con una candidatura propia o si resignará esa postulación para integrarse al armado del gobernador.
La negociación entre la Casa Rosada y Torres puede convertirse, así, en una de las definiciones centrales del tablero electoral chubutense de cara a 2027.
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POLITICA
Por los viajes de Milei y Villarruel, Bartolomé Abdala quedará a cargo del Ejecutivo la próxima semana
La próxima semana, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y senador de La Libertad Avanza, quedará al frente del Poder Ejecutivo nacional. La situación se dará por la coincidencia de los viajes internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes cumplirán agendas oficiales en el exterior.
Según lo establece la Ley 20.972, cuando tanto el presidente como la vicepresidenta se encuentran fuera del país, la responsabilidad de la jefatura del Estado recae de forma transitoria en el presidente provisional del Senado. Por ese motivo, Abdala asumirá las funciones presidenciales hasta el regreso de Milei.
No será la primera vez que el legislador por San Luis ocupe ese rol. Entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, Abdala ya había quedado a cargo del Ejecutivo por los viajes simultáneos de Milei a Noruega y Villarruel a Madrid. En esa ocasión, el senador expresó en sus redes sociales: “Ante los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tengo el honor de estar a cargo del Poder Ejecutivo. Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad histórica”.
La designación de Abdala como presidente interino marca un hecho poco frecuente: un representante de San Luis vuelve a ocupar la máxima magistratura, algo que no sucedía desde diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá fue presidente entre el 23 y el 30 de ese mes.
Según pudo saber TN, durante su gestión transitoria, Abdala permanecerá en su despacho del Senado, cumpliendo las funciones correspondientes y sin salir de la ciudad de Buenos Aires. El senador estará a cargo del Poder Ejecutivo hasta el regreso de Milei, previsto para el sábado 3 de octubre.
Argentina Week con Javier Milei
Entre el próximo miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre, el Presidente Javier Milei encarará una nueva gira internacional que lo llevará a París, Francia, para encabezar la segunda edición de la Argentina Week.
El jefe de Estado estará acompañado por parte de sus ministros, una docena de gobernadores y una delegación de empresarios, Javier Milei buscará mostrar el respaldo del círculo rojo nacional para ratificar el rumbo de su gestión y atraer a potenciales inversores globales.
El foro fue diseñado por la Embajada argentina en París que conduce Ian Sielecki.
Acompañarán al Presidente, la secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud); y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
Entre los mandatarios provinciales confirmados que asistirán al evento organizado por la embajada argentina en Francia están: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Actividad de Villarruel
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, participará del XII Foro Parlamentario Iberoamericano que se celebrará en Madrid los días 1 y 2 de octubre y reunirá a representantes parlamentarios de países iberoamericanos, y será inaugurado por el Rey de España Felipe VI.
La sesión inaugural se celebrará en el Congreso de los Diputados con las palabras de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y el presidente del Senado de España, Pedro Rollán. La inauguración terminará con la intervención de Su Majestad el Rey.
El Foro escuchará conferencias magistrales sobre algunos de los principales desafíos actuales para las democracias como el impacto de la inteligencia artificial, a cargo de la directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity analizará las amenazas actuales a la democracia, como la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos; y el presidente de la Rada de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, abordará las amenazas híbridas y la desinformación en un contexto de conflicto armado.
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Habrá intervenciones para abordar las brechas de igualdad de género y el presidente de la Asamblea de la República de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, explicará la importancia de la diplomacia parlamentaria ante los desafíos geopolíticos actuales.
Luego las sesiones de trabajo con la participación de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y de la delegación legislativa del Senado nacional, integrada por los legisladores Martín Goerling Lara (Pro), Sandra Mendoza (Convicción Federal), Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz) y Maximiliano Abad (UCR). se trasladarán a la Cámara del Senado de España.
El viernes 2 de octubre, el Foro continuará en el Palacio del Congreso con una sesión plenaria en la que se presentarán las conclusiones de las cuatro sesiones de trabajo y tendrán lugar las intervenciones de los presidentes y jefes de delegación, donde se esperará el mensaje de Victoria Villarruel.
Bartolomé Abdala, presidente, Javier Milei
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