A las 12.19 del miércoles, cuando Manuel Adorni llevaba una hora y media leyendo su presentación y empezaba a cerrar su discurso, dijo frente a los Diputados en el Congreso de la Nación: “No existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío (…) No he participado en ningún expediente administrativo que lo involucre ni a él ni a Imhouse S.A.”. Se refiere, claro, a aclaraciones sobre la causa inicial que lo puso en el foco de la atención pública cuando se supo que había volado a Punta del Este en jet privado el feriado de carnaval en un vuelo que se supo después había pagado Grandío, un amigo personal dueño de una productora que accedió a contratos con la TV Pública a partir de la llegada de este gobierno al poder.

Las palabras de Adorni hicieron ruido en Comodoro Py donde tramita una causa por negociaciones incompatibles y conflicto de interés porque hay en el expediente siete contratos firmados por Grandío y su productora Imhouse que son uno de los elementos principales de la investigación. Conseguirlos fue una proeza: se pidieron con un oficio judicial sin respuesta, se insistió con un acta de presentación y hasta mandaron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a buscarlos sin éxito. Con el paso de los días, la información llegó y es probablemente, una de las preocupaciones principales para el funcionario en este expediente que es menor al lado del de enriquecimiento ilícito.

Son elementos que seguirán su curso en las causas penales mientras el Gobierno avanzará en una decisión que parece irreversible: no sólo sostener sino empoderar a Adorni con la expectativa de que las peores noticias de revelaciones sobre su patrimonio ya pasaron y que el tiempo que lleva el trámite judicial diluya la atención hacia otros lados.

En ese sendero, anunciaron anoche la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada, una decisión que no buscará bajar el enfrentamiento con el periodismo pero sí descomprimir una clausura que sólo exponía una decisión arbitraria y peligrosa en términos de libertad de prensa y de expresión. Es incierto el resultado y tiene a varios integrantes del Gabinete inquietos e incómodos. “Adorni está roto. En la calle no hay retorno”, se preocupa un funcionario de primer nivel que participó de la movida de apoyo que se gestó meticulosamente en la previa a la presentación de Adorni en el Congreso. Su reaparición pública era la prueba de fuego que consideran superada y desde ahí sigue este paso a paso que comenzó hoy con su primera entrevista periodística y seguirá con la vuelta de una conferencia de prensa que se supone será el mismo lunes.

En este contexto, hay un dato relevante en esta dinámica con el periodismo que sucedió en las últimas 48 horas en Bariloche. Ahí, en el delicioso hotel Llao Llao, se hizo el foro que reúne a un grupo selecto de empresarios que comenzó con una idea de Eduardo Elsztain -propietario del hotel y del conglomerado IRSA- y que está compuesto por más de cien empresarios -entre ellos Federico Braun de la Anónima, Marcos Galperin de MELI, Migoya de Globant- con una impronta muy marcada sobre la innovación. El evento al que Milei fue invitado, pero no confirmó participación -y mientras leés esto todavía hay expectativa de que aparezca a último momento- tuvo a la reina Máxima como invitada y, por ejemplo, al encargado de la misión de aguas profundas del CONICET que conmovió al país el año pasado. Hubo una decisión de quitarle agenda política a las conversaciones de este año.

La novedad es que además, su consejo fundacional resolvió también esta vuelta retirar la participación y el acceso de los periodistas que hasta el año anterior tenían un funcionamiento limitado (porque el espíritu del Foro es a puertas cerradas) pero sí contaban con una zona de trabajo y un diálogo más fluido con los participantes. El cepo a los periodistas fue a propuesta de Galperin, de afinidad completa con el Presidente, y a pesar de que no hay ninguna obligación en un foro privado de garantizar la cobertura periodística, no deja de llamar la atención.

Gestos

Javier Milei tuvo un road show intenso esta semana con apariciones y discursos en distintos eventos todos concentrados en su discurso económico. En la tradicional cena de la Fundación Libertad, adonde siempre es invitado especial también Mauricio Macri, cada gestualidad era un dato. Entre ellos no hablan ni cruzan mensajes desde aquel último encuentro después de las elecciones de octubre donde Milei le contó sobre el recambio de Guillermo Francos y se terminaron las comidas con milanesa después de un tuit de Macri a la salida del encuentro, cuestionando y blanqueando su propuesta de Horacio Marin, Presidente y CEO de YPF, como alternativa. En estos días alrededor del titular del PRO, recordaban parte de los diálogos de aquella noche: “Ahora estás envalentonado, pero en mayo vas a estar en la misma situación que antes de las elecciones. Desgastado”, fueron las palabras de Macri. “Con Karina no puedo”, le habría dicho el Presidente en referencia a pensar otras alternativas a Adorni como reemplazo de Francos en la jefatura de Gabinete.

Son anécdotas de un vínculo que ya no es.

El expresidente está afuera del país ahora después de días donde también circuló intensamente por eventos de alto perfil. Insiste en no ser él una opción para 2027 pero quién sabe. La noche de la cena de la Fundación Libertad, el gesto más viralizado fue el que existió entre él y Patricia Bullrich con un saludo público en medio de la tormenta de Adorni. No hay entre ellos una reconciliación pero sí un universo de intereses que se tocan. Ella tiene el poder de quedarse con la Ciudad si decide presentarse a jefa de Gobierno tal como tiene previsto Karina -algo que haría desaparecer al PRO-, él podría proveerle contrapeso si Bullrich se tienta con jugar una presidencial, algo que los que la conocen saben que sigue entre sus sueños, sobre todo a la luz de lo que dicen las encuestas. Es algo que naturalmente Karina mira con desconfianza y atención.

En el universo del tablero que controla la hermana presidencial, está sucediendo probablemente la gestión más veloz de la era libertaria. Son las negociaciones para completar las vacantes en el Poder Judicial o para generar nuevas, según convenga. La sala I de la Cámara Federal -que decide sobre las causas de corrupción, como por ejemplo ANDIS- tiene tres jueces, dos de los cuales, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, habían sido parte de los más de 20 traslados firmados en la gestión de Mauricio Macri. Hubo un fallo de la Corte que obligó a que se concursen los cargos de todos esos traslados. Sin embargo, en el kirchnerismo, enojados por los fallos de Bruglia y Bertuzzi contra la corrupción, abrieron sólo un concurso relacionado con sus dos puestos. Por esa razón, los magistrados presentaron una queja en organismos internacionales.

Un ejemplo de esa desigualdad que ayuda a comprender: el padre del ministro de Justicia, Coco Mahiques, ocupa un cargo en la Camara de Casación producto de esos traslados que nunca fue concursado. Todo lo contrario, cumple 75 años en noviembre y el Gobierno ya propuso la prórroga de su mandato.

En el caso de la Cámara Federal, el concurso 461 que busca designar los titulares -en reemplazo de Bruglia y Bertuzzi- había remitido la propuesta de los candidatos al plenario del Consejo de la Magistratura el 7 de febrero de 2022. En la sesión que sucedió un mes después, ninguna propuesta fue aprobada por mayoría. Hubo un último intento el 26 de abril de 2023 que tampoco logró consenso y volvió a consideración de la comisión. Esta semana, tres años más tarde, en un trámite récord, en esa comisión de selección se votaron por mayoría las propuestas alineadas con la selección del Gobierno.

Esa sala de la Cámara Federal tiene un tercer juez, el experimentado Martín Irurzún que cumple 75 años en julio y que no tuvo aval del Gobierno -como sí lo tuvo Mahiques padre- para que propongan la prórroga. La sala I tiene intervención en la causa ANDIS que tanto preocupa a la Rosada. ¿Es cierto que el juez recibió una visita del Gobierno para transaccionar su voluntad por la prórroga? El encuentro terminó mal. Llegó hasta algunos despachos de la Corte la versión, donde empieza a crecer una convicción, entre algunos de sus integrantes, de dar una respuesta más contundente a algunos episodios que les preocupan.

La “re” indefinida

Mientras tanto, hay un movimiento que está sucediendo intensamente en la política bonaerense. Axel Kicillof tiene sobre sus espaldas el acuerdo que había sellado con intendentes bonaerenses para retomar la discusión legislativa sobre la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes, una norma que tiene muy nerviosos a varios jefes comunales sobre todo a Ferrarresi de Avellaneda, Nardini de Malvinas Argentinas, Watson de Florencia Varela por mencionar algunos del peronismo.

Si no fuera grave institucionalmente, es hasta entretenido observar la enorme cantidad de reuniones que involucran todas las facciones de la interna del PJ, además del PRO y algún sector de la UCR en buscarle una definición favorable a la vuelta de esa norma.

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Kicillof tiene un problema intestino: Sergio Massa se niega porque fue y es uno de los lemas del Frente Renovador, La Cámpora se niega sobre todo para ejercitar la interna y los votos no están. Hubo reuniones de consulta entre Facundo Pignanelli, de la Cámpora, y Carlos Bianco con los armadores libertarios para proponer algún vehículo que los sume a la movida.

La Libertad Avanza tiene agenda propia con la boleta única en Provincia y el fin de las PASO. La consulta llegó a la Rosada y llegó con una negativa. Diego Santilli quiere hacer causa de combatir ese movimiento.

Es un caso especial: debe ser de los pocos temas que generan tanto rechazo y atención a nivel nacional de la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo, todo indica que intentarán que el proyecto avance. ¿Será?

Manuel Adorni, Javier Milei

El gobierno de Javier Milei avanzará en una decisión de alto impacto político y estratégico: destinar una porción de los fondos obtenidos por privatizaciones, concesiones y ventas de activos estatales al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas.

La medida será oficializada en los próximos días mediante un decreto presidencial que ya superó instancias técnicas dentro del gabinete. Según fuentes oficiales, el esquema prevé asignar el 10% de los ingresos provenientes de futuras privatizaciones, así como el 70% de lo recaudado por la venta o concesión de bienes propios del ámbito militar.

El objetivo es reforzar la capacidad operativa del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, estructuras que arrastran años de restricciones presupuestarias, falta de inversión y pérdida de capacidades estratégicas.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien planteó la necesidad de generar un financiamiento estable para sostener mejoras en equipamiento, infraestructura y despliegue.

Desde la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a una redefinición de prioridades del Estado. En ese esquema, el Gobierno busca vincular el proceso de reducción de la participación estatal en empresas con la recomposición de áreas consideradas clave, como la defensa, la seguridad y la inteligencia estratégica.

El plan no se limita a la compra de armamento. También contempla inversiones en bases militares, hangares, pistas aéreas, arsenales, sistemas de comunicación y modernización edilicia en distintas unidades del país.

Uno de los proyectos destacados es la construcción de una base integrada en Tierra del Fuego, considerada estratégica por su cercanía con rutas marítimas clave y su proyección hacia la Antártida.

En paralelo, el Gobierno ya avanzó en algunas decisiones que van en la misma línea, como la adquisición de aviones F-16 a Dinamarca y la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos. En el caso de la Armada, se mantiene como prioridad recuperar la capacidad submarina, perdida tras la tragedia del ARA San Juan.

Hasta ahora, los recursos provenientes de privatizaciones eran destinados íntegramente al Tesoro Nacional. Con este cambio, una parte de esos fondos se redireccionará hacia el fortalecimiento del instrumento militar, en un intento por revertir años de desinversión.

En el oficialismo admiten que el principal desafío será la ejecución sostenida de estos proyectos. La compra de sistemas militares complejos requiere no solo inversión inicial, sino también mantenimiento, capacitación y actualización tecnológica permanente.

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28 acusados, un emperador sorpresivamente ausente, una nación dolorido y en vilo, muchísimos harakiris, un hombre que enloquece en medio del proceso, 18 condenados a larga penas de prisión y siete llevados a la horca.

La historia no suele recordarlo, ni siquiera tiene un nombre propio en el inconsciente colectivo. 80 años atrás comenzó en Tokio el juicio contra los jerarcas japoneses responsables de la Segunda Guerra Mundial. Se lo llamó el Nuremberg Japonés. Pese a que no es tan célebre ni referido como su antecesor alemán, este juicio muestra matices más interesantes y ofrece mayores contradicciones y ambigüedades.

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El tribunal a cargo llevó un nombre pomposo, marcial: Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente.

A partir de septiembre de 1945, el General MacArthur y otros jefes norteamericanos en Japón se pusieron en marcha para cumplir lo que había decidido los líderes de las potencias vencedoras en sus encuentros en Teherán, Yalta y Postdam: juzgar a los jerarcas de las naciones derrotadas.

En Nuremberg se sentarían los líderes máximos, casi indiscutibles. En Tokio la lista inicial era muy extensa y poco representativa. MacArthur pretendía que cada uno de los estamentos importantes de los que participaron en la guerra estuvieran representados en el banquillo de los acusados. Los soviéticos tenían cuestiones personales. No iban a permitir que se dejara en libertad a aquellos que habían sido en extremo hostiles o crueles con ellos. Deseaban vengarse. Sus socios, para evitar disputas en el bando ganador, le dieron el gusto.

Primeros ministros, cancilleres, ministros, jefes de las distintas armas y hasta un civil acusado de ideólogo. Los elegidos, los señalados, fueron 28. Muchos de los que integraban las listas posibles no llegaron al juicio: varios de los prominentes líderes militares prefirieron el harakiri al deshonor de la derrota.

Era evidente que en esa lista, profusa y repleta de hombres célebres en su tiempo y que habían detentado un poder enorme, faltaba alguien: el emperador Hirohito.

No fue un olvido casual sino deliberado. También quedó fuera de los juzgados todo miembro de la familia imperial japonesa. Hirohito era considerado una divinidad. El mensaje radial en el que informó a su pueblo la capitulación fue la segunda vez en que los japoneses escucharon su voz. La mayoría de los historiadores coinciden que el emperador conocía las grandes decisiones de sus primeros ministros y de sus generales y que prestó su anuencia a las más importantes.

Pero nadie quiso bajarlo del trono al estrado. MacArthur buscó alejarlo de los juicios desde el principio. Con ese movimiento, intentaba darle legitimidad a la ocupación norteamericana y preservar al menos esa institución y tradición japonesa. MacArthur utilizó al emperador y a la institución imperial para conseguir más poder, para poder manejar a ese Japón de posguerra. Los abogados defensores recibieron instrucciones para que los acusados desligaran a Hirohito de las decisiones. Ni siquiera dejaron que fuera citado como testigo.

El modelo obvio del juicio fue Nuremberg. No sólo en la parte operativa y logística. También en sus motivaciones y fundamentos. Más allá de tener como fin castigar a los líderes que llevaron a Japón a la guerra, un objetivo primordial era contarle a Japón (y a los japoneses) y al mundo lo que había sucedido, dar a conocer el panorama general y los hechos (desde el punto de vista de los Aliados) que habían quedado tapados en el fragor de la contienda bélica.

Uno de los fiscales dijo: “El Juicio fue una de las fases más importantes de la ocupación. Recibió gran cobertura en la prensa japonesa y reveló a millones de personas por primera vez muchos sucesos que desconocían y entender otros que les habían sido retaceados”.

Las primeras disputas fueron alrededor de la nacionalidad de los jueces. Los juristas locales exigían que los juzgadores fueran japoneses. Estados Unidos se opuso de manera terminante.

El proceso quedó a cargo de un tribunal internacional. El presidente era Jim Webb, un jurista australiano. Los otros integrantes provenían de diversas nacionalidades, de potencias vencedoras y de países que habían sufrido la agresión nipona. Los jueces provenían de Estados Unidos, Inglaterra, Unión Soviética, China, India, Filipinas, Canadá, Nueva Zelanda, Francia y Países Bajos. La fiscalía estuvo a cargo de un norteamericano. Los abogados defensores provenían de Japón y de Estados Unidos.

Los cargos se dividieron en cuatro grandes grupos de delitos: los delitos contra la paz y crímenes de guerra, los delitos contra la humanidad, genocidio (la extinción de un grupo étnico) y complot en guerra (atentar contra la paz interior de un país soberano).

El sitio en el que se llevó a cabo había sido una academia militar y en los últimos tiempos de la guerra, la sede del Estado Mayor Conjunto. Más allá de su valor simbólico fue elegido porque se trataba de una anomalía en esa Tokio desolada, llena de escombros y tierra. Fue uno de los pocos grandes edificios que quedó en pie y mantuvo su lujo original. La sala era imponente, gigantesca. Albergaba a más de cien abogados defensores, los jueces, los colaboradores, los intérpretes, mecanógrafos, asistentes y a los 28 acusados.

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La lista la encabezaba Hideki Tojo, el primer ministro de prominentes bigotes que lideró al país durante casi toda la guerra. Cuando el 11 de septiembre de 1945 los soldados norteamericanos ingresaron a su casa para apresarlo, Tojo se pegó un tiro en el corazón. Pero el disparo falló. Destrozó su estómago y lastimó otros órganos, casi se desangra; a pesar de eso los doctores lograron salvarle la vida. “Lamento mucho que me tome tanto tiempo morir. La guerra fue justificada. Espero el justo juicio de la historia. Quería suicidarme, pero eso, a veces, falla”, dijo. Estados Unidos centró sobre Tojo, entre otras acusaciones, la de ser el responsable último del ataque a Pearl Harbor.

Luego hubo primeros ministros, los que estaban a cargo de las ocupaciones en China y en Filipinas, los embajadores ante los otros países del Eje y los jefes de las fuerzas armadas.

Shumei Okawa, el único de los acusados que no había sido militar ni funcionario, llamado el Goebbels japonés, parecía un Modigliani. Alargado, anteojos redondos, la mirada perturbada, una sonrisa inquietante y ondulada. Negaba la legitimidad del tribunal, sostenía, muchas veces a los gritos, que todo se trataba de una farsa. Estaba acusado de ser uno de los ideólogos que condujo a Japón a la guerra. Filósofo y escritor de una enorme erudición era un nacionalista que sostenía que el choque entre las civilizaciones era inevitable, y que Japón, junto a otros países asiáticos, debía enfrentarse y derrotar a Estados Unidos y Occidente. Durante su vida pública estuvo cerca del poder y participó en varios golpes de estado.

En las primeras audiencias su conducta empezó a llamar la atención. Había algo más que indignación en sus frecuentes gritos de Esto es una comedia y similares. En algunas ocasiones asistió en pijama, en otras descalzo. Tal vez, el límite del tribunal se quebró el día que Okawa se puso de pie y utilizó la cabeza pelada del ex primer ministro Hideki Tojo mientras gritaba en un perfecto alemán: “Vamos Indio, vamos”. El psicólogo oficial certificó que no se encontraba en sus cabales y los jueces lo declararon inimputable y lo enviaron a un hospital psiquiátrico. A los pocos meses, Okawa estaba en su casa. En los años posteriores encaró una impecable (según dicen) traducción del Corán al japonés, una de las pocas existentes. Son muchos los que creen que Shumei Okawa simuló su locura para librarse de la condena.

Entre los 419 testigos, las miles de pruebas, los alegatos y la escritura de una sentencia de casi 1800 páginas, el proceso se extendió por dos años y medio cuando inicialmente habían calculado una duración de seis meses nada más. La lectura de la sentencia llevó casi una semana y cada sesión se transmitió por radio. Pese a lo farragoso del texto jurídico concentró la atención de los japoneses. Los ciudadanos nipones recibieron las sentencias con pesar y fatalismo, como un nuevo e innecesario recordatorio de que la guerra había sido perdida. “En lugar de ayudar a los japoneses a comprender y a aceptar su pasado, el juicio los dejó con una actitud de cinismo y resentimiento. De todas maneras, se debe tener en cuenta que condenar al juicio no es negar la culpa japonesa”, escribió Ian Buruma en su notable libro El Precio de la Culpa.

Antes de iniciar el proceso, los jueces se pusieron de acuerdo en respetar las mayorías y que a pesar de las diferencias, cada decisión saliera a la luz como si hubiera sido unánime para no mostrar resquicio, para no afectar la legitimidad de un juicio que recibía múltiples cuestionamientos. Los jueces de diferentes orígenes deliberaron arduamente. Hubo en la sentencia votos en disidencia pese a que había un compromiso previo de acompañar a las mayorías. El magistrado filipino sostuvo que el tribunal carecía de validez. El holandés, por su parte, se quejó amargamente de la ausencia de Hirohito. Otro dejó constancia de que el proceso ignoraba el bombardeo a Tokio y las dos bombas atómicas, hechos que configuraban delitos similares a los tratados allí. La sentencia recibió críticas de juristas japoneses y extranjeros por considerar que se trató de “justicia de vencedores”. Otros creen que la sentencia fue ecuánime y que los acusados no vieron conculcado su derecho de defensa aunque en estos casos nunca pueda dejarse de lado el aspecto político de la cuestión.

Pese a que el modelo fue Nuremberg, las acusaciones no fueron similares. William Webb, el australiano presidente del tribunal, reconoció que los que estaban en el banquillo no eran sólo unos nazis con rasgos orientales: “Los crímenes de los reos alemanes eran mucho más abominables, variados y amplios que los de los acusados japoneses”. Esto no significa que los japoneses no hayan cometido actos atroces y abominables desde antes de la guerra como la Matanza de Nanking, el programa de experimentos científicos con humanos (Unidad 731), uso de armas químicas, matanza de civiles y el trato cruel con los enemigos, prisioneros y habitantes de las tierras ocupadas y arrasadas. Los del Juicio de Tokio fueron condenados por delitos contra la paz y no contra la humanidad como los alemanes. Sin embargo, al contrario que en Nuremberg, los 25 que llegaron a la sentencia (dos murieron en el medio y Okawa fue declarado inimputable) recibieron condenas severas. 7 a muerte, 16 a cadena perpetua, 1 prisión por 20 años y otro sólo por 7 años.

Los 7 condenados a muerte fueron ejecutados en la prisión de Sugamo. Algunos de ellos pidieron ser fusilados. Creían que esa era una forma más noble de morir. Las autoridades aliadas no lo permitieron. Los ahorcaron de madrugada.

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Los restos de varios de ellos -de los detenidos y de los ejecutados-, tiempo después de su muerte, fueron enterrados en el Santuario de Yasukuni, el cementerio oficial de los grandes guerreros de Japón.

Los otros 18 condenados estuvieron en prisión hasta que a los pocos años comenzaron a recibir conmutaciones de la pena e indultos.

Hirohito no se expidió sobre los juicios. Continuó siendo emperador hasta el día de su muerte en 1989.

Japón sorprendió al mundo con su recuperación económica y social. Se integró al mundo deslumbrando con sus avances tecnológicos y manteniendo tradiciones.Habiendo aprendido del pasado pero sin quedar atado a él, con los ojos puestos en el futuro.

El edificio en el que tuvieron lugar las audiencias fue demolido. La cárcel de Sugamo tampoco sigue en pie. Contrariando los augurios y recomendaciones de manosantas y videntes por su pasado trágico, a mediados de la década del setenta, en ese terreno, se construyó un moderno rascacielos. Lo bautizaron Sunshine 60.

Segunda Guerra Mundial, Hirohito, Japón, Sumario