POLITICA
Una auditoría del PAMI detectó un esquema millonario de fraude en las prestaciones oftalmológicas

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados. Los datos surgen de una nueva auditoría interna a la que Infobae tuvo acceso exclusivo, y que se suma a una serie de investigaciones previas que ya derivaron en causas judiciales y sanciones administrativas.
Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados. Los auditores del organismo detectaron que los mismos patrones se repiten entre médicos, ópticas y centros oftalmológicos en provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y ciudades como Concordia. En estos lugares se registraron cientos de casos por prestador y una concentración de recetas en determinados profesionales que supera con creces el promedio nacional.
La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío. La más extendida es la sobrefacturación de anteojos: los prestadores recetaban lentes de baja graduación, correspondientes a módulos de menor valor, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. El afiliado recibía un producto económico, mientras PAMI abonaba uno premium. La diferencia es contundente: un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204.
La segunda modalidad son las prestaciones fantasma: consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados. En algunos casos, hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico. Se sumó la manipulación del sistema de consultas: primeras consultas facturadas como “consultas de seguimiento”, de mayor valor, y el uso deliberado de códigos para inflar la facturación.

El cuarto patrón es el de circuitos cerrados con conflicto de interés: médicos que derivaban de manera sistemática a una única óptica, en varios casos con vínculo familiar directo.
El quinto es el más perjudicial para el afiliado en términos directos: cobro indebido. Se ofrecían lentes “mejores” fuera de cobertura a un precio menor que el de mercado y los afiliados terminaban pagando cifras muy altas por una prestación que debían recibir gratis. A su vez, el lente de “menor calidad” se le facturaba a PAMI, por lo que el óptico cobraba dos veces. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.
El afiliado opera como víctima directa del sistema.
Los auditores relevaron tres casos con documentación específica. El primero involucra a óptica M (se reserva el nombre por razones legales) y O SRL (se reserva el nombre por razones legales) en Santiago del Estero: 606 casos de sobrefacturación confirmada, un perjuicio de $10,4 millones en la muestra auditada y el 95% de las recetas derivadas a la misma óptica.
La investigación confirmó un vínculo familiar directo entre el médico que derivaba y el titular de la óptica receptora. Los auditores lo consideraron un sistema cerrado con derivación direccionada y beneficio económico directo.
El segundo caso se registró en Mar del Plata, donde el Centro Oftalmológico asociado a óptica M (mismo caso) combinó dos irregularidades: afiliados que pagaron de su bolsillo prestaciones que debían estar cubiertas, bajo la lógica del “lente estándar vs. lente premium”, y 58 prestaciones sin historia clínica. Los auditores lo encuadraron como un caso donde el afiliado resulta víctima directa del sistema.

El tercero se ubica en Entre Ríos e involucra a una óptica de una mutual sindical en la que un mismo profesional de apellido S sobrefacturó 613 casos, 151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías, lo que las vuelve médicamente inconsistentes. La síntesis de los auditores fue contundente: facturación sin sustento médico real.
El relevamiento también identificó el mismo esquema en La Rioja, con tres ópticas involucradas, y en la ciudad entrerriana de Concordia, donde se registraron 830 casos concentrados en un único médico.
La nueva auditoría oftalmológica se enmarca en un proceso de investigación más amplio que PAMI lleva adelante desde el año pasado sobre el sistema de OME. Las investigaciones anteriores, también reveladas en exclusiva por Infobae, expusieron maniobras que van desde la simulación de consultas y la facturación sin respaldo hasta la falsificación documental y el uso indebido de datos personales de afiliados.
En esos casos, los prestadores se valieron de los mecanismos del sistema electrónico para cobrar por prestaciones que nunca se realizaron, emitir recetas falsas y manipular identidades de jubilados.
Hay al menos seis causas judiciales activas, impulsadas por el Instituto y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal, con radicación en varias jurisdicciones del país.

Entre los patrones documentados figuran: médicos que generaban órdenes médicas inexistentes y facturaban prácticas no realizadas; empresas reincidentes que continuaron con esquemas de fraude pese a las advertencias; profesionales que emitían órdenes irregulares con su usuario sin atender a los afiliados; farmacias que dispensaban recetas electrónicas falsas a terceros; y centros médicos que manipulaban registros y compartían credenciales profesionales.
En todos los casos quedó demostrado el abuso del sistema OME, lo que derivó en denuncias penales por estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública.
Uno de los expedientes más avanzados está radicado en la Justicia Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe. El fiscal federal Jorge Gustavo Onel solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra un médico de 72 años, identificado como A. J. M., y una farmacéutica titular de un comercio del rubro, G. V. B., por defraudación contra la administración pública. El pedido se presentó ante el juez federal subrogante Aurelio Cuello Murúa.
La investigación determinó que los imputados confeccionaron 636 prescripciones apócrifas a nombre de 78 jubilados que no pertenecían a la cápita del médico acusado. El dato técnico que cerró el circuito fue el rastreo de las direcciones IP desde las que se emitieron las recetas electrónicas: todas correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia.

El caso se inició por la denuncia de una afiliada que advirtió diferencias entre los medicamentos recetados a su nombre y los que efectivamente había solicitado. Al analizar la denuncia, se comprobó que las recetas fueron emitidas por un médico que no era su profesional de cabecera y a quien aseguró no conocer. A partir de este dato, la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela revisó documentación digital surgida de auditorías administrativas del PAMI y entrevistó a otros afiliados, que en su mayoría negaron conocer al médico investigado o haber recibido los medicamentos registrados en el sistema.
Con autorización judicial, la Gendarmería Nacional realizó allanamientos en la farmacia y secuestró ocho gabinetes de computadoras. El peritaje reforzó la hipótesis de una maniobra coordinada. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario consideró probada la existencia de un esquema sistemático para provocar un gasto indebido al Estado, lo que habilitó el procesamiento de ambos imputados por defraudación contra la administración pública y, posteriormente, el pedido de llevar la causa a juicio.
Las auditorías anteriores también hallaron volúmenes de prestaciones médicas incompatibles con cualquier jornada laboral razonable. En gastroenterología, un prestador con solo dos quirófanos declaró 283 prácticas en 95 pacientes en cinco horas, cifra que los auditores consideraron materialmente imposible.
En cardiología se registraron 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a más de 300 pacientes diferentes. Si se considera que el tiempo promedio de atención oscila entre 15 y 20 minutos por paciente, esa carga equivaldría a jornadas de 81,5 a 108,7 horas diarias. También se detectaron turnos otorgados en el mismo horario a un profesional para prácticas distintas, situación que viola los criterios básicos de trazabilidad.
Las auditorías comenzaron en el contexto de un saneamiento más amplio impulsado por la conducción del PAMI, encabezada por su director ejecutivo Esteban Leguízamo desde diciembre de 2023. Al asumir, la nueva gestión halló un organismo con un déficit que pasó de 6.000 millones de pesos en marzo de 2024 a 92.000 millones en noviembre. Entre los problemas heredados figuraban la venta de recetas falsas por parte de algunos profesionales y un hackeo informático que comprometió los datos personales de más de 5 millones de afiliados.
La administración de Leguízamo recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios, eliminó el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias, y todas las coordinaciones locales. También centralizó las compras de insumos desde PAMI Central —antes realizadas por efector, lo que dificultaba el control y encarecía los costos— y eliminó la modalidad de retiro por farmacia de los Higiénicos Absorbentes Descartables, que favorecía la cartelización de precios por un grupo reducido de proveedores. El nuevo esquema de licitación pública permitirá un ahorro anual estimado de $5.000 millones.
Ante este escenario, PAMI implementó un sistema de control más estricto, con monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, uso obligatorio del calendario digital, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores según la capacidad declarada, cruces de datos para detectar patrones irregulares y penalizaciones automáticas ante desvíos injustificados. Se sumaron medidas de trazabilidad digital y validación obligatoria de identidad.
Las nuevas acciones contemplan sanciones administrativas y penales según el nivel de desvío. Desde el organismo remarcan que la atención al afiliado queda garantizada en todo momento y que el objetivo no es recortar prestaciones, sino desarticular los mecanismos de fraude y asegurar que los recursos lleguen a los jubilados. “Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, destacaron fuentes del Instituto en diálogo con Infobae.
Con causas judiciales abiertas en distintas jurisdicciones, sumarios administrativos en marcha y nuevas auditorías sobre el sistema oftalmológico, el PAMI avanza sobre uno de los circuitos de fraude más extendidos detectados en la historia reciente del organismo.
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POLITICA
Santilli le toma el gusto a la nueva posición, las colectoras como “salvoconducto” y el factor Pettovello en la salida de Adorni

Diego Santilli tiene un orzuelo en el ojo desde hace tres meses, cuando la figura de Manuel Adorni empezó a tambalearse y su nombre se instaló como número puesto para reemplazarlo. Desde entonces, admiten en su equipo, convivieron con la sensación de que sus planes podían darse vuelta de un día para el otro. Y así fue.
Después de su nombramiento, en el entorno de Diego Santilli se siente un clima de euforia contenida. El flamante jefe de Gabinete no buscaba el cargo, y sus allegados dicen que estaba más cómodo en Interior, donde se dedicaba a silbar bajito sin romper nada, decidido a no arruinar el plan de ser el candidato a gobernador bonaerense de Milei en el 27. Pero el nuevo rol también le sube el precio. Y dicen que ya le tomó el gustito.
En sus oficinas hay, además, una sensación de revancha silenciosa hacia sus ex líderes de PRO. “Mauricio y Horacio nunca le hubieran pagado como le pagó Karina”, dicen en la Jefatura. A pesar de que desde 2023 Santilli milita informalmente en La Libertad Avanza, siguen atentos a las intrigas de su partido de origen, y están convencidos de que los elogios públicos que le dedicaron las máximas autoridades amarillas en estos días de entronamiento fueron, en realidad, “para joderlo”.
Karina Milei todavía no le pidió que haga el pase formal y se afilie a LLA. Pero en el círculo de Santilli se adelantan a esa posibilidad y deslizan que, si se lo propusieran, no opondría mayor resistencia. Por ahora, de todas formas, creen que no conviene. “¿Para qué? Si sirve como PRO“, sostienen.
Es que desde ese perfil híbrido podría empezar a cumplir una tarea de la que supo ocuparse en el primer tramo del gobierno violeta su “hermano” en la política, Cristian Ritondo: hacer de puente con Mauricio Macri. “Lo único que quieren en el PRO es que Javier lo llame a Mauricio”, dicen en la Casa Rosada, convencidos de que Macri está más preocupado por retener la ciudad de Buenos Aires -quizá con una fórmula de Jorge Macri con Pilar Ramírez- que por la Nación.
Con Ritondo, con quien formaba la dupla de PRO que caía con una sonrisa en la cuna libertaria del Hotel Libertador en los tiempos fundacionales del mileismo nacional, la relación está intacta.
En la interna
De cara a la interna del Gobierno, Santilli bajó una orden clara desde que asumió: simplemente, no meterse, bajo ningún punto de vista. Sabe que la única salida al intríngulis de la cúpula libertaria es hablar con Santiago Caputo lo menos posible y en secreto. Y, en simultáneo, exagerar el vínculo con Karina Milei. Llegado el momento de elegir, la respuesta siempre será la misma: volcarse por “el Jefe”.
“El único que puede equilibrar realmente entre Karina y Santiago es Diego”, sostienen, confiados, quienes lo acompañan.
La segunda clave de su estrategia será trabajar sin levantar de más el perfil. Por eso, en sus entrevistas on the record, Santilli no dirá mucho más que elogios hacia la gestión del Presidente, con cuidado de no aventurarse a nada disruptivo. “Diego es el mejor candidato para ganar la provincia”, se entusiasman en su entorno, aunque el propio protagonista evite la definición en público.
La estrategia hacia adelante será de acatamiento total: defensa cerrada de la gestión, ningún comentario sobre la provincia de Buenos Aires, el eje puesto en “Milei presidente”, la búsqueda de sumar a los radicales y el abrazo explícito al antikirchnerismo, con Axel Kicillof como blanco de la confrontación.
Colectoras: el “salvoconducto” de los Menem para los gobernadores
En el Gobierno admiten que las colectoras no son, en rigor, una convicción ni un deseo propio, sino una herramienta que los Menem les “tiraron” a los gobernadores para destrabar la negociación por la reforma política. La apuesta oficial es que los propios mandatarios provinciales se enreden discutiendo entre ellos qué opción prefieren. “Nosotros preferimos terminar con las PASO, pero veremos cómo se arreglan entre ellos”, admiten en Balcarce 50. Otros son más directos: reconocen que la propuesta de las colectoras funciona como palanca de presión para forzar el fin de las primarias. “Eso correría mejor”, murmuran.
El gesto del opositor Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, felicitando a Santilli vía X por su nombramiento fue recibido con satisfacción internamente, tanto como la presencia del díscolo gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, entre los trece mandatarios que acompañaron la ceremonia de su jura. Y en el entorno de Santilli se ilusionan por los festejos con el Presidente y los gobernadores en Tucumán: creen que podrían asistir aún más mandatarios.
Sin embargo, en la Casa Rosada repiten: “Jaldo organiza”, atajándose de antemano por si hay faltazos o algo sale mal. Puertas adentro del equipo de Santilli nadie quiere errar frente a las expectativas de Karina Milei. Hay una cuota de nerviosismo en la nueva etapa, de mayor “oxigenación”, donde buscan -otra vez- renovar la relación con la casta.

Fin
Uno de los capítulos menos conocidos de la salida de Adorni tiene nombre propio: Sandra Pettovello. En la previa de su eyección, la ministra viajó con su amigo Milei a Madrid hecha una furia con el entonces ministro coordinador, que había apurado, sin coodinar con nadie, el anuncio sobre la gratuidad del boleto subsidiado de la SUBE para los portadores de un Certificado de Discapacidad.
Adorni buscaba, según reconstruyen en el Gobierno, contar gestión y aparentar normalidad y proactividad sobre la agenda. Pero el resultado fue el opuesto: las oficinas de ANSES, colapsaron, y como resultado los noticieros mostraron largas filas de personas con discapacidad reclamando turno. Un traspié no menor para una gestión investigada por presunto direccionamiento de fondos en Agencia Nacional de Discapacidad, y que tuvo una de sus polémicas más costosas por la resistencia a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además, esa polémica no coincidía con el nuevo aura que empezaba a buscar proyectar el Gobierno, ahora que se cuida de poner en aprietos a discapacitados y consensúa con las universidades.

La voz de Sandra habría contribuido para que Milei terminase de convencerse sobre su salida, deslizaron en el Gobierno, aunque en el entorno de la amiga presidencial prefirieron no opinar.
En el Gobierno están decididos a dejar atrás a Adorni. En Misiones, cuando Karina Milei lanzó ayer la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza, no pasó inadvertida la ausencia de Javier Lanari, el histórico número dos del ex vocero y uno de los misioneros más cercanos a la cúpula nacional. El propio Adorni lo había desplazado sin mayores explicaciones días antes de correr él mismo la misma suerte.
Lanari había trabajado en los contactos con la política local, se desempeñó como armador y hasta sonaba como candidato a diputado nacional. Y su ausencia en el temprano modo electoral libertario confirmó lo que en Balcarce 50 dan por sentado: la ruptura con la imagen de Adorni es irreversible y total, aunque en público Milei lo haya abrazado en el corazón de la Casa Rosada, frente a su gabinete y con una transmisión en vivo para todo el país.
POLITICA
A 49 años de La Noche de las Corbatas: 13 secuestrados, seis desaparecidos y el escalofriante testimonio de una sobreviviente

Fue la mayor operación represiva que lanzó en Mar del Plata la última dictadura militar. Entre el 6 y el 13 de julio de 1977, 13 personas fueron secuestradas por el Ejército y la Fuerza Aérea: ocho abogados laboralistas y defensores de los derechos humanos, tres de ellos junto a sus esposas, y el empleado de una gestoría, también secuestrado junto a su mujer. De todas las víctimas, seis fueron asesinadas y continúan desaparecidos, otras dos también fueron asesinados, uno de los cuerpos apareció en un tiroteo simulado: solo cinco personas sobrevivieron a ese infierno. La condición de abogados de la mayoría de las víctimas hizo que el caso fuese conocido como “La Noche de las Corbatas”, como semejanza a “La Noche de los Lápices”, el asesinato de un grupo de estudiantes de La Plata que reclamaban por la vigencia de un boleto estudiantil.
Entre el grupo de profesionales secuestrados, el abogado Jorge Candeloro y su mujer, Marta García, habían sido apresados el 13 de junio en Neuquén y cargados en un avión que los depositó en Mar del Plata. Como casi todas las víctimas, Candeloro y su mujer fueron torturados en “La Cueva”, como se conocían las instalaciones del viejo radar del aeropuerto de Mar del Plata, en Camet. Toda la zona, según el mapa de la represión diseñado por la dictadura, estaba bajo jurisdicción militar del GADA (Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601), al mando del entonces coronel Pablo Garda. Las instalaciones del aeropuerto había sido facilitadas a Garda por el jefe de la base aérea, comodoro Ernesto Agustoni.
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En la cacería de los abogados marplatenses participó la banda terrorista de ultraderecha conocida como CNU (Concentración Nacional Universitaria), según las investigaciones que surgieron ya recuperada la democracia en 1983. Años antes del golpe militar de 1976, la CNU se había enfrentado a grupos estudiantiles de izquierda, sobre todo en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata. En diciembre de 1971, un grupo armado de la CNU interrumpió una asamblea estudiantil para disolverla y mató de un balazo en la cabeza a la estudiante Silvia Filler, de 18 años. El abogado Candeloro y un grupo de sus colegas lograron que el asesino y el grupo terrorista de la CNU fuesen condenados: todos salieron en libertad el 25 de mayo de 1973, luego de la amnistía dictada por el flamante gobierno de Héctor J. Cámpora.
Durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, las amenazas, los atentados y los asesinatos de la CNU, o adjudicados a esa banda, recrudecieron. El matrimonio Candeloro dejó entonces la ciudad y se radicó en Neuquén. Allí fueron secuestrados el 13 de junio de 1977: la Policía Federal los detuvo en el estudio del abogado por “averiguación de antecedentes”. Estuvieron una semana detenidos, incomunicados, hasta que desde Mar del Plata llegó la orden de enviarlos a esa ciudad. El matrimonio fue llevado al aeropuerto de Neuquén en medio de un enorme operativo de seguridad y embarcado en un avión que, según testimonios posteriores, también transportaba a otras personas secuestradas en el sur, estas con destino a Buenos Aires.
Una vez en Mar del Plata, los Candeloro fueron a parar de inmediato a “La Cueva”, dentro del mismo aeropuerto. La pareja fue torturada durante los días siguientes y la noche del 28, Marta García escuchó morir a su esposo en la mesa de torturas. Su cuerpo nunca fue apareció, figura como desaparecido. Pocos días después, el 6 de julio, los militares cayeron sobre el resto de los abogados. En 2019, la periodista Gabriela Esquivada reveló que “La Noche de las Corbatas” llegó incluso a preocupar a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. La embajada estaba a cargo en ese momento de Maxwell Chaplin, jefe adjunto de la misión, porque el embajador Robert Hill, que había monitoreado todo el proceso previo al golpe, dejaba su cargo en manos de Raúl Castro.
Chaplin estaba preocupado. Como responsable de la embajada, preparaba la visita a la Argentina de Terence Todman, entonces subsecretario de Asuntos Interamericanos y más tarde embajador en Buenos Aires durante el primer gobierno de Carlos Menem, y de la Coordinadora de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios del Departamento de Estado, Patricia Derian. En un cable dirigido al Secretario de Estado, Cyrus Vance, Chaplin revelaba sobre los secuestros en Mar del Plata: “Resumen: 11 personas -ocho abogados y tres de sus esposas- fueron secuestrados por hombres no identificados, fuertemente armados, en Mar del Plata, la semana pasada. Tres de ellos fueron liberados posteriormente pero no han brindado información sobre sus secuestros hasta la fecha. Uno de los abogados secuestrados apareció muerto en un camino cerca de Mar del Plata. Fin del Resumen”.
Luego, el documento ampliaba: “Cuatro abogados fueron secuestrados en Mar del Plata el 6 de julio. Carmelo Ricci, un destacado abogado civil, fue liberado dos días más tarde. El cuerpo de otro, Norberto Oscar Centeno, apareció al costado de un camino en el sur de Mar del Plata el 11 de julio. Había sido Centeno, un reconocido abogado laboralista y administrativo, quien había redactado la Ley de Contrato de Trabajo durante el último gobierno peronista, y había sido consejero legal de varios sindicatos locales.” La Embajada de Estados Unidos había reunido información de primera mano y agregaba: “Los otros dos abogados todavía desaparecidos son Raúl Hugo Alais, asistente en el estudio jurídico de Ricci, y Salvador Manuel Arestín, un graduado de la facultad de Derecho local. Los socios Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, y la esposa embarazada de Fresneda, fueron secuestrados de sus oficinas en Mar del Plata el 8 de julio”.
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La mujer de Fresneda era María Mercedes Argañaraz y llevaba un embarazo de cinco meses: los dos están hoy desaparecidos. El informe de la embajada americana incluía también los últimos secuestros de abogados marplatenses: “Ayer, el abogado José Verde, exsecretario del Tribunal de menores local y su esposa (Ana de la Arena) fueron secuestrados pero luego liberados. Otra pareja, Enrique García y su esposa, María Esther Vázquez, empleados en un estudio jurídico, fueron secuestrados en las primeras horas del 13 de julio”.
El documento del diplomático arriesgaba también una especulación aterradora que, si era acertada, le daba un aspecto todavía más siniestro al operativo de represión en Mar del Plata. Dice Chaplin en su “Comentario” al Departamento de Estado: “Algunos observadores especulan que los secuestros de los abogados fueron autorizados por el comandante del I Cuerpo de Ejército, Suárez Mason o por el gobernador de la provincia, Ibérico Saint-Jean, en una acción destinada a abochornar al gobierno de Videla. La embajada busca más información”.
El abogado Centeno, a quien el informe de la embajada ubica como abandonado, muerto, al costado de un camino del sur de Mar del Plata, había muerto en realidad en la mesa de torturas de “La Cueva”, y la mujer de Candeloro, Marta García, fue testigo de sus padecimientos. La señora Candeloro sobrevivió y fue liberada de su cautiverio, pasó a ser así un testigo de vital importancia para el enjuiciamiento de los represores. Vio a los detenidos en “La Cueva”, oyó que sus carceleros, además de llamarlos por sus nombres, les habían dicho que habían bautizado la operación de sus secuestros como “La Noche de las Corbatas” y que los amenazaban: “Ahora, la Justicia la administramos nosotros”. Candeloro, que auxilió a Centeno en los últimos minutos de su vida, dio en 1985 un testimonio valiente y desgarrador en una de las audiencias de la Cámara Federal que juzgó a los tres primeros jefes de la junta militar de la dictadura.
María Eva Centeno, hija del abogado asesinado, revelaría luego a la Justicia: “El día 7 de julio del año 1977, a la salida del estudio jurídico donde desarrollaba sus tareas mi padre, fue interceptado por un grupo de gente armada. El 11 de julio del año 1977, aparece el cadáver de mi padre, dejándose constancia en el certificado de defunción que su muerte data del día 9 de julio, y dándose como causa del deceso ‘shock traumático hemorrágico’. La desaparición de mi padre se produce en forma simultánea con la de otros profesionales, de los cuales uno solo recupera su libertad, el doctor Carlos Bozzi, quien es encontrado en el baúl del automóvil que mi padre conducía el día de su secuestro. En base al testimonio de la señora Marta García, (la esposa de Candeloro) llega a mi conocimiento que, en el momento de ser ella alojada en el centro de detención llamado “La Cueva,” sito en la Base Aérea de Mar del Plata, ubica a mi padre. El mismo había sido objeto de torturas y ella tiene un contacto directo con él, al humedecerle los labios, ya que se quejaba de terribles dolores. Con posterioridad en una segunda sesión de tortura, mi padre fallece, apareciendo su cadáver, tal como he manifestado, el día 11 de julio de 1977”.
Un secuestrado que muere en la tortura y aparece al costado de un camino; otro secuestrado, vivo, que aparece en el interior del baúl de un auto: ¿qué era lo que había pasado con la “liberación” de Bozzi? Fue algo tan estrafalario que de no estar envuelto en una gran tragedia, hubiese sido un paso de comedia. Bozzi contó todo en La larga noche de las corbatas y en su libro, Luna Roja editado en 2007, que narra la represión ilegal en Mar del Plata. El plan de los represores era culpar del secuestro de los abogados marplatenses a la guerrilla peronista Montoneros, para esa fecha bastante diezmada ya. Así lo narró Bozzi.
“(…) Me comunican que voy a ser liberado en la ciudad de La Plata. Vendado y atadas las manos, me introducen en el baúl de un automóvil, el cual es interceptado por una patrulla militar en el camino que une el acceso a la Ruta 2 con la localidad de Santa Clara. El auto frena bruscamente, escucho al conductor exclamar: ‘La puta madre… ¿Qué mierda es esto…?’ Se abren las puertas, hay tiros, corridas y mucho silencio. En determinado momento percibo movimientos cercanos a la rueda trasera izquierda, cuatro disparos, un golpe de algo que cae en el asiento trasero y tres quejidos. Soldados me sacan del baúl y ya sin vendas en los ojos, un oficial, Itaka en mano, me comunica que en el coche hay dos muertos.”
Según el plan pergeñado por los asesinos, ese escenario iba a hacer suponer que esos dos muertos eran los captores de Bozzi. Sin embargo, sigue Bozzi: “Gracias al licenciado Alejandro Inchaurregui, designado perito forense por la Cámara Federal de La Plata en varias causas de búsqueda de personas, se pudo establecer que los dos muertos eran estudiantes universitarios secuestrados el 28 de junio de 1977 en la ciudad de La Plata y trasladados desde el Centro Clandestino “La Cacha” para ser eliminados en ese fatídico camino. Otros sobrevivientes los vieron allí, días antes, a kilómetros de Mar del Plata, encapuchados y maniatados. Lo cierto es que en una misma acción las fuerzas represivas sumaron: una liberación, le atribuyeron mi secuestro a Montoneros, mataron a dos secuestrados, recuperaron el automóvil del doctor Centeno, reforzando la teoría de que también había sido muerto por dicha organización, y se vendió la operación como un éxito de las fuerzas legales”. Al día siguiente, los diarios reprodujeron la historia oficial: “Confirmó el Ejército la liberación del doctor Bozzi y la muerte de tres sediciosos”, tituló La Capital de Mar del Plata.
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Las víctimas de “La Noche de las Corbatas” fueron: Jorge Candeloro, abogado, desaparecido; su mujer, Martha García, sobrevivió; Norberto Centeno, abogado, asesinado; Salvador Manuel Arestín, abogado, desaparecido; Raúl Hugo Alais, abogado, desaparecido; Camilo Ricci, abogado, sobrevivió; Carlos Bozzi, abogado, sobrevivió; Tomás José Fresneda, abogado, desaparecido; su mujer, María de las Mercedes Argañaraz, embarazada de cinco meses, desaparecida; Néstor Enrique García Mantica, empleado de una gestoría, desaparecido; su mujer, María Esther Vázquez, desaparecida; José Verde, abogado, sobrevivió, su esposa, Ana de la Arena, sobrevivió.
El coronel Pablo Garda, jefe del GADA 601 bajo cuyo mando actuaron las fuerzas de “La Cueva” fue imputado por crímenes de lesa humanidad. Murió en 2010, antes de que finalizaran los juicios en su contra. El comodoro Ernesto Agustoni que cedió las instalaciones de la Fuerza Aérea que fue un centro de tortura de la represión ilegal, fue condenado a cadena perpetua. Murió en junio del año pasado, a los cien años.
El 11 de junio de 1985, en una de las audiencias del juicio a los comandantes, Marta García de Candeloro revivió su martirio, el de su esposo y el de los secuestrados en “La Noche de las Corbatas” a lo largo de un testimonio que duró ocho horas. Cuanto terminó, contestó las preguntas de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo. Luego la interrogaron los defensores de los comandantes, que siempre tendieron a juzgar a las víctimas y a los testigos del juicio, más que a defender a sus clientes. Una de esas defensas, la del general Roberto Viola a cargo del doctor José María Orgeira, preguntó a la señora Candeloro si alguna vez ella había sido presidente de algún centro de estudiantes. El tribunal ordenó a la testigo no responder la pregunta porque era improcedente. Pero la mujer no pudo evitar estremecerse y murmurar, perpleja y turbada: “Pero… yo tenía 15 años entonces…”.
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POLITICA
PASO y colectoras: las conversaciones en la UCR, un aliado clave para que el Gobierno apruebe la reforma electoral

¿A los gobernadores de la UCR les conviene el sistema de colectoras que quiere implementar el Gobierno para las elecciones de 2027? La pregunta es oportuna porque es la justificación que deja trascender el oficialismo para destrabar la negociación para eliminar o suspender las PASO en el Congreso. Como el partido centenario no tiene candidato presidencial, la alternativa electoral sería beneficiosa para ambos espacios que, por cierto, comparten electorado en todas las provincias.
De las cinco provincias que gobierna la UCR, Corrientes es la que más se acerca a un acuerdo. Según pudo reconstruir Infobae, entre los hermanos Juan Pablo y Gustavo Valdés prevalece una convicción: hay que eliminar las PASO. Entusiasmados por el arribo de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, porque creen que mejorará el diálogo con la Casa Rosada, están abiertos a la implementación de las colectoras.
“Con las colectoras queda claro quién es quién y qué aporta cada uno”, dicen en Corrientes, donde ya tienen experiencia con el sistema a nivel local. Los correntinos se envalentonan porque vienen de una larga racha de victorias. Incluso cuando compitieron en las legislativas nacionales dentro de Provincias Unidas fueron los únicos que rompieron con la polarización. El año que viene la provincia renueva senadores y no habría que descartar que el exgobernador encabece la lista.

Además, los hermanos Valdés observan dos cosas: el espacio de centro no está fortalecido y la supuesta candidatura de Mauricio Macri no termina de ser creíble. Sin postulante para la Casa Rosada, “colgarse” de la lista de Javier Milei sería una buena solución para esa orfandad electoral. Hasta el momento, la propuesta formal no apareció, pero creen que después del Mundial comenzarán las conversaciones.
En el resto de los mandatarios de la UCR predomina la precaución. Varios de ellos entienden que el Gobierno quiere eliminar las PASO para perjudicar al peronismo y evitar que logre una síntesis en la danza de nombres para la Presidencia. ¿Y si Milei no llega bien a 2027 y surge una candidata como Patricia Bullrich o el propio Macri? Algunos creen que la avenida del medio no está muerta y que, en un escenario electoral incierto, no hay que descartar ninguna alternativa. “Las PASO siempre sirven para ordenar”, resaltan dentro del partido centenario.
Lo que más llama la atención de los dirigentes radicales es que la propuesta de implementar las colectoras como moneda de cambio para destrabar la eliminación de las PASO nunca llegó. Se enteraron por trascendidos periodísticos. “Están muy apurados en la Casa Rosada”, advierten algunos, quienes además creen que no es el momento oportuno para esta discusión.

Un dato no menor es que en la última reunión de la Mesa Nacional del Comité de la UCR con el presidente del bloque en el Senado, Eduardo “Peteco” Vischi, se habló de sostener las primarias. Pero esa conversación sucedió hace más de un mes y, en ese entonces, La Libertad Avanza no mostraba premura por la reforma electoral. Tampoco hay que olvidar que el senador radical responde a las necesidades de su provincia, es decir, a los hermanos Valdés, que sí apoyan al Gobierno con estos cambios.
Donde hay mayor tensión es en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo logró recientemente ordenar su interna partidaria y busca hacer pie en la estrategia electoral después del fracaso que vivió en 2025, con una fuerte pérdida de representatividad parlamentaria. Hace varios meses que tanto La Libertad Avanza como el PRO le envían mensajes públicos a Maximiliano Abad, el máximo referente local, para armar una coalición que enfrente al peronismo de Axel Kicillof. Hasta ahora no hubo respuestas.
Ahora, el oficialismo, sobre todo en la Cámara de Diputados, dejó trascender que el sistema de colectoras está pensado especialmente para el territorio bonaerense. También dijeron a Infobae que, en caso de aceptar, tendrán como una suerte de beneficio: “Seguir siendo aliados”. “Y más adelante podrán negociar otras cosas”, simplificó un libertario.

Los correligionarios bonaerenses no salen de su asombro. En principio, porque no son aliados de los libertarios. Justamente, la fuerte interna que vivió el partido y el fracaso electoral del año pasado se debieron a que no lograron establecer una política de alianzas. Incluso, el sello de la UCR no estuvo en ninguna lista. “¿Cómo sería eso de seguir siendo aliados si no lo somos?”, ironizó un boina blanca en diálogo con este medio.
Lo que más irritó fue la promesa de que a futuro se “podrán negociar otras cosas”. Los expertos en armados electorales bonaerenses dicen que en política se paga y se acuerda “al contado”. No existe el cheque en blanco. Además, insisten en que se trata de una conversación prematura y que la UCR seguirá con su plan de fortalecerse con la misión de tener candidatos a intendentes en los 135 municipios de la provincia.
En la pulseada, Abad tiene dos factores que juegan a su favor: La Libertad Avanza lo requiere para armar una coalición opositora que enfrente a Kicillof y también necesita su voto en el Senado. “Sin los radicales no sale la ley en el Senado”, confiesan los libertarios. La incógnita final es si finalmente la UCR dará una respuesta coordinada o hará acuerdos por provincia, una estrategia que ya suma resistencias.
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