POLITICA
Una auditoría del PAMI detectó un esquema millonario de fraude en las prestaciones oftalmológicas
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados. Los datos surgen de una nueva auditoría interna a la que Infobae tuvo acceso exclusivo, y que se suma a una serie de investigaciones previas que ya derivaron en causas judiciales y sanciones administrativas.
Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados. Los auditores del organismo detectaron que los mismos patrones se repiten entre médicos, ópticas y centros oftalmológicos en provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y ciudades como Concordia. En estos lugares se registraron cientos de casos por prestador y una concentración de recetas en determinados profesionales que supera con creces el promedio nacional.
La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío. La más extendida es la sobrefacturación de anteojos: los prestadores recetaban lentes de baja graduación, correspondientes a módulos de menor valor, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. El afiliado recibía un producto económico, mientras PAMI abonaba uno premium. La diferencia es contundente: un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204.
La segunda modalidad son las prestaciones fantasma: consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados. En algunos casos, hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico. Se sumó la manipulación del sistema de consultas: primeras consultas facturadas como “consultas de seguimiento”, de mayor valor, y el uso deliberado de códigos para inflar la facturación.
El cuarto patrón es el de circuitos cerrados con conflicto de interés: médicos que derivaban de manera sistemática a una única óptica, en varios casos con vínculo familiar directo.
El quinto es el más perjudicial para el afiliado en términos directos: cobro indebido. Se ofrecían lentes “mejores” fuera de cobertura a un precio menor que el de mercado y los afiliados terminaban pagando cifras muy altas por una prestación que debían recibir gratis. A su vez, el lente de “menor calidad” se le facturaba a PAMI, por lo que el óptico cobraba dos veces. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.
El afiliado opera como víctima directa del sistema.
Los auditores relevaron tres casos con documentación específica. El primero involucra a óptica M (se reserva el nombre por razones legales) y O SRL (se reserva el nombre por razones legales) en Santiago del Estero: 606 casos de sobrefacturación confirmada, un perjuicio de $10,4 millones en la muestra auditada y el 95% de las recetas derivadas a la misma óptica.
La investigación confirmó un vínculo familiar directo entre el médico que derivaba y el titular de la óptica receptora. Los auditores lo consideraron un sistema cerrado con derivación direccionada y beneficio económico directo.
El segundo caso se registró en Mar del Plata, donde el Centro Oftalmológico asociado a óptica M (mismo caso) combinó dos irregularidades: afiliados que pagaron de su bolsillo prestaciones que debían estar cubiertas, bajo la lógica del “lente estándar vs. lente premium”, y 58 prestaciones sin historia clínica. Los auditores lo encuadraron como un caso donde el afiliado resulta víctima directa del sistema.
El tercero se ubica en Entre Ríos e involucra a una óptica de una mutual sindical en la que un mismo profesional de apellido S sobrefacturó 613 casos, 151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías, lo que las vuelve médicamente inconsistentes. La síntesis de los auditores fue contundente: facturación sin sustento médico real.
El relevamiento también identificó el mismo esquema en La Rioja, con tres ópticas involucradas, y en la ciudad entrerriana de Concordia, donde se registraron 830 casos concentrados en un único médico.
La nueva auditoría oftalmológica se enmarca en un proceso de investigación más amplio que PAMI lleva adelante desde el año pasado sobre el sistema de OME. Las investigaciones anteriores, también reveladas en exclusiva por Infobae, expusieron maniobras que van desde la simulación de consultas y la facturación sin respaldo hasta la falsificación documental y el uso indebido de datos personales de afiliados.
En esos casos, los prestadores se valieron de los mecanismos del sistema electrónico para cobrar por prestaciones que nunca se realizaron, emitir recetas falsas y manipular identidades de jubilados.
Hay al menos seis causas judiciales activas, impulsadas por el Instituto y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal, con radicación en varias jurisdicciones del país.
Entre los patrones documentados figuran: médicos que generaban órdenes médicas inexistentes y facturaban prácticas no realizadas; empresas reincidentes que continuaron con esquemas de fraude pese a las advertencias; profesionales que emitían órdenes irregulares con su usuario sin atender a los afiliados; farmacias que dispensaban recetas electrónicas falsas a terceros; y centros médicos que manipulaban registros y compartían credenciales profesionales.
En todos los casos quedó demostrado el abuso del sistema OME, lo que derivó en denuncias penales por estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública.
Uno de los expedientes más avanzados está radicado en la Justicia Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe. El fiscal federal Jorge Gustavo Onel solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra un médico de 72 años, identificado como A. J. M., y una farmacéutica titular de un comercio del rubro, G. V. B., por defraudación contra la administración pública. El pedido se presentó ante el juez federal subrogante Aurelio Cuello Murúa.
La investigación determinó que los imputados confeccionaron 636 prescripciones apócrifas a nombre de 78 jubilados que no pertenecían a la cápita del médico acusado. El dato técnico que cerró el circuito fue el rastreo de las direcciones IP desde las que se emitieron las recetas electrónicas: todas correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia.
El caso se inició por la denuncia de una afiliada que advirtió diferencias entre los medicamentos recetados a su nombre y los que efectivamente había solicitado. Al analizar la denuncia, se comprobó que las recetas fueron emitidas por un médico que no era su profesional de cabecera y a quien aseguró no conocer. A partir de este dato, la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela revisó documentación digital surgida de auditorías administrativas del PAMI y entrevistó a otros afiliados, que en su mayoría negaron conocer al médico investigado o haber recibido los medicamentos registrados en el sistema.
Con autorización judicial, la Gendarmería Nacional realizó allanamientos en la farmacia y secuestró ocho gabinetes de computadoras. El peritaje reforzó la hipótesis de una maniobra coordinada. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario consideró probada la existencia de un esquema sistemático para provocar un gasto indebido al Estado, lo que habilitó el procesamiento de ambos imputados por defraudación contra la administración pública y, posteriormente, el pedido de llevar la causa a juicio.
Las auditorías anteriores también hallaron volúmenes de prestaciones médicas incompatibles con cualquier jornada laboral razonable. En gastroenterología, un prestador con solo dos quirófanos declaró 283 prácticas en 95 pacientes en cinco horas, cifra que los auditores consideraron materialmente imposible.
En cardiología se registraron 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a más de 300 pacientes diferentes. Si se considera que el tiempo promedio de atención oscila entre 15 y 20 minutos por paciente, esa carga equivaldría a jornadas de 81,5 a 108,7 horas diarias. También se detectaron turnos otorgados en el mismo horario a un profesional para prácticas distintas, situación que viola los criterios básicos de trazabilidad.
Las auditorías comenzaron en el contexto de un saneamiento más amplio impulsado por la conducción del PAMI, encabezada por su director ejecutivo Esteban Leguízamo desde diciembre de 2023. Al asumir, la nueva gestión halló un organismo con un déficit que pasó de 6.000 millones de pesos en marzo de 2024 a 92.000 millones en noviembre. Entre los problemas heredados figuraban la venta de recetas falsas por parte de algunos profesionales y un hackeo informático que comprometió los datos personales de más de 5 millones de afiliados.
La administración de Leguízamo recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios, eliminó el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias, y todas las coordinaciones locales. También centralizó las compras de insumos desde PAMI Central —antes realizadas por efector, lo que dificultaba el control y encarecía los costos— y eliminó la modalidad de retiro por farmacia de los Higiénicos Absorbentes Descartables, que favorecía la cartelización de precios por un grupo reducido de proveedores. El nuevo esquema de licitación pública permitirá un ahorro anual estimado de $5.000 millones.
Ante este escenario, PAMI implementó un sistema de control más estricto, con monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, uso obligatorio del calendario digital, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores según la capacidad declarada, cruces de datos para detectar patrones irregulares y penalizaciones automáticas ante desvíos injustificados. Se sumaron medidas de trazabilidad digital y validación obligatoria de identidad.
Las nuevas acciones contemplan sanciones administrativas y penales según el nivel de desvío. Desde el organismo remarcan que la atención al afiliado queda garantizada en todo momento y que el objetivo no es recortar prestaciones, sino desarticular los mecanismos de fraude y asegurar que los recursos lleguen a los jubilados. “Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, destacaron fuentes del Instituto en diálogo con Infobae.
Con causas judiciales abiertas en distintas jurisdicciones, sumarios administrativos en marcha y nuevas auditorías sobre el sistema oftalmológico, el PAMI avanza sobre uno de los circuitos de fraude más extendidos detectados en la historia reciente del organismo.
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Con un claro mensaje hacia la interna y los desacuerdos en la cúpula del oficialismo, la diputada libertaria Lilia Lemoine sostuvo que le “ilusionaría” una fórmula presidencial encabezada por Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich para las elecciones de 2027. Por otro lado, apuntó contra el “adoctrinamiento” en las universidades tras la Marcha Federal que se realizó en el Congreso, y cuestionó a quienes “querían tirar el DNU 70/23” para “dañar al Gobierno”.
En una entrevista con Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Maia Jastreblansky, Lemoine expresó su respaldo a una oferta electoral Milei-Bullrich para asegurar la continuidad de La Libertad Avanza, a pesar de la tensiones internas por lo movimientos de la exministra de Seguridad. “Me agradaría una formula. A mi me gustaría, me ilusionaría una fórmula así”, dijo.
Consultada por la movilización de docentes, trabajadores y alumnos universitarios, la legisladora se refirió al episodio que vivió en las inmediaciones de Congreso, que quedó registrado en video. Entre otros puntos, recordó que caminaba con la diputada mendocina Mercedes Llano cuando comenzaron las agresiones verbales. “Estábamos esperando en la esquina. Obviamente, a mí me reconocen. Se acerca una chica y me empieza a insultar”, reconstruyó sobre el incidente que registró con su teléfono.
La diputada diferenció a quienes participaron de manera pacífica de otros grupos que, según afirmó, se acercaron a la zona con una dinámica organizada. “Había una parte pacífica de la marcha”, dijo, antes de cuestionar la presencia que observó en las inmediaciones. “Empezaban a llegar personas de municipalidades, que salieron organizadas de los consejos deliberantes y algunas universidades de la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad vi muy poco estudiante ahí”, planteó.
Lemoine también mencionó algún hecho puntual donde hubo estudiantes que afrontan presiones políticas dentro de las universidades. Citó un caso en la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, donde aparentemente un docente -según su versión- pidió una foto de asistencia a la marcha para aprobar la materia. “Eso es extorsión a los alumnos. Adoctrinamiento político”, expresó.
Ante la observación de que esos casos no necesariamente describen la totalidad del sistema universitario, Lemoine aseguró que sería atacada si ingresara a una facultad. “A mí me tirarían piedras adentro de la universidad (pública). Te lo apuesto”, agregó. “El asco que me tienen la feministas y la izquierda es tan grande, y son tan violentos y tan cobardes, que cuando están en grupo son extremadamente agresivos”, afirmó.
La diputada consideró que detrás de la movilización y del debate parlamentario había un propósito político contra el Poder Ejecutivo. “Ayer querían tirar el DNU 70/23 no porque estaban preocupados por la educación pública o la soberanía, todo eso es mentira”, dijo, e insistió que el objetivo era desestabilizar al oficialismo. “Querían subir el riesgo país, querían ver si tiraban un muerto, querían ver si podían dañar al gobierno”, enumeró, sin presentar pruebas durante la entrevista.
El rumbo del Gobierno: “Podría estar mejor”
Por otro lado, Lemoine reconoció dificultades en la situación económica, aunque aseguró que el Gobierno atraviesa una recuperación después de la crisis profunda de 2023. “Podría estar mejor. Estamos saliendo de una crisis muy profunda que podría haber terminado en una hiperinflación”, sostuvo, y consideró que resolver en dos años los efectos de los gobiernos anteriores era imposible. “Es fantasioso si alguien pensó en algún momento que se podían resolver veinte años de populismo y de miseria en dos años”, agregó.
En ese marco, afirmó que la baja de la inflación es un indicador central. “Este es el primer presidente desde la vuelta de la democracia que va a entregar el gobierno con menos inflación de la que tenía cuando empezó”, sostuvo, al destacar la eliminación de restricciones cambiarias. “No hubo plan Bonex, no hubo corralito, se quitó el cepo”, enumeró.
Sobre la actividad comercial y el consumo, planteó que existen problemas derivados del retiro de subsidios y de las políticas aplicadas durante dos décadas. Y también defendió que el cambio de la composición del empleo sea con contrataciones precarias. “Ser monotributista no es algo malo, no es un insulto. Yo soy monotributista, no he tenido problemas con eso”, afirmó. Tras ser consultada por el cierre de empresas, respondió con interrogantes sobre nuevos emprendimientos e inversiones. “¿Y cuántas abrieron y cuántas migraron? ¿Y cuántas inversiones llegan?”, planteó.
Más allá de las dificultades, Lemoine aseguró que el Gobierno debe mantener su programa económico. “Hay que seguir avanzando en lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo ha dado sus frutos”, afirmó.
En el cierre, pidió apoyo electoral para el mandatario libertario. “Javier Milei es el primer presidente que hace lo que dice que va a hacer. No hay sorpresas. Con este presidente vos tenés previsibilidad, tenés un camino de libertad por delante”, concluyó.
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POLITICA
El gobierno de Trump envía a la Argentina a dos altos funcionarios para avanzar con un ambicioso proyecto de infraestructura
WASHINGTON.- Luego de la visita de Javier Milei a esta capital, el gobierno de Donald Trump anunció este viernes que dos altos funcionarios del Departamento de Estado viajarán la semana próxima a la Argentina para promover el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una ambiciosa iniciativa de infraestructura con inversión norteamericana sellada entre ambas administraciones el mes pasado.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos y con un rol clave en el vínculo de la administración Trump con la región, llegarán a la Argentina tras un paso previo por Asunción, en Paraguay. La gira será del 19 al 26 de octubre, aunque no se especificó la fecha exacta de su arribo a Buenos Aires.
“En Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta de Estados Unidos y la Argentina suscripta durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, señaló en un comunicado difundido esta mañana el Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio.
“El viaje del Landau refleja el compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”, añadió la nota.
El 23 de septiembre pasado, los gobiernos de Milei y Trump anunciaron el lanzamiento del “Corredor Andes-Atlántico”, una iniciativa que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital.
El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7000 millones hacia 2027.
El anuncio se realizó durante el foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino en Nueva York. Landau y el canciller Pablo Quirno encabezaron la presentación en representación de ambos gobiernos, una nueva muestra de la alianza estratégica entre las administraciones de Milei y Trump.
En ese momento se había anticipado que la cooperación tendría una próxima instancia este mes con el viaje de Landau a la Argentina para reunirse con representantes del sector público y privado e impulsar proyectos vinculados con el corredor.
El miércoles pasado, en Washington, Quirno se reunió con Segura, con quien repasó la agenda bilateral en distintos ejes, como el acuerdo de financiamiento con Washington para inversiones en infraestructura, según supo . El funcionario norteamericano también había estado presente en la presentación del acuerdo en Nueva York.
Para Washington, la iniciativa “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y une a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico del país, según señaló el Departamento de Estado. Además, apunta a conectar la matriz productiva argentina con los mercados de Occidente a través de inversión estadounidense.
El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental, que se suma a los de otras regiones. El objetivo es ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas, de los que la Argentina tiene amplios recursos.
La novedad más concreta figura en el capítulo energético: el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM Bank) presentó al proyecto de Gas Natural licuado Argentina LNG, liderado por YPF, una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta US$6000 millones.
Los fondos se destinarían a la compra de bienes y servicios estadounidenses para desarrollar la infraestructura y la producción. El crédito todavía no está aprobado: la propuesta es indicativa y no vinculante, y su eventual otorgamiento requiere la aprobación final del directorio de EXIM.
YPF desarrolla el proyecto junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. La primera fase prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL y el inicio de operaciones proyectado para 2031.
La visita de Landau y Segura se producirá en la previa del viaje del vicepresidente norteamericano, JD Vance, a Buenos Aires en noviembre próximo, en un viaje oficial. Aún restan conocer detalles de la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país que tendrá el número dos de la Casa Blanca.
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POLITICA
La Iglesia le pidió a Villarruel que el Senado trate la ley contra la ludopatía antes de que pierda estado parlamentario y se archive
La Iglesia volvió a reclamar por la ley de prevención de la ludopatía. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le mandó una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, y a todos los senadores para pedirles que retomen “de manera urgente” el tratamiento del proyecto que regula los juegos de azar y las apuestas online.
La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero está frenada en el Senado. Según la CEPAS, existe “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”. Si eso pasa, el texto se archiva y el debate tiene que empezar de cero.
“Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”, plantea la carta, en la que los obispos les piden a los legisladores que lleguen a los acuerdos necesarios para que el proyecto se convierta en ley.
En el texto, la Pastoral Social sostiene que la ludopatía dejó de ser una advertencia a futuro y se convirtió en un problema con consecuencias visibles. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias”, señala. También advierte que no hacer nada también es una decisión y que sería “profundamente lamentable”.
La CEPAS remarcó que el Estado tiene que proteger a los más vulnerables y cuestionó que los intereses económicos del sector sigan avanzando. Según la carta, los costos humanos, familiares, sociales y sanitarios no los pagan quienes ganan dinero con el juego, sino las personas, las familias y las comunidades. Para respaldar su planteo, citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina sobre el impacto de las apuestas online en chicos y adolescentes y en personas sin protección.
La carta también retoma una frase del papa León XIV en la encíclica Magnífica Humanitas, en la que habla de “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. Y cierra con un pedido directo a los senadores: “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”.
No es la primera vez que la Iglesia presiona por esta ley. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron la campaña “Apostar no es un juego”. En noviembre de ese año, la CEPAS les pidió a los diputados que trataran el proyecto con urgencia y, en febrero de 2025, llevó el mismo reclamo al Senado, donde habló de una “cultura de la timba y del azar”.
En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina fue más allá y afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida”. En ese momento, los obispos advirtieron que, sin controles, cada celular podía convertirse en un “casino”.
Lo que propone la ley
Diputados aprobó el proyecto el 27 de noviembre de 2024, con el voto en contra de La Libertad Avanza. La iniciativa, impulsada por la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro como autor principal, prohíbe la publicidad de apuestas en medios, plataformas online, eventos y camisetas deportivas, y prevé sanciones para los influencers que las promocionen. También exige verificación biométrica para entrar a las plataformas de juego online, crea un régimen de autoexclusión, prohíbe el uso de tarjetas de crédito para apostar y no permite que los dueños de empresas de apuestas sean dirigentes de clubes.
Las universidades volvieron a reclamar que se cumpla la Ley de Financiamiento: “Estamos en riesgo”
En mayo de este año, el Gobierno mandó al Senado su propio proyecto sobre ludopatía, con diferencias importantes. La propuesta oficial permite la publicidad de las plataformas con licencia y apunta las sanciones a los operadores clandestinos, con penas de 3 a 6 años de prisión. Además, deja en manos de las empresas el control de la edad de los usuarios, en lugar de la verificación biométrica con el Sistema de Identidad Digital que aprobó Diputados.
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