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Nuevo Código Penal: el Gobierno debate si enviar al Congreso un proyecto acotado o una reforma integral

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La Casa Rosada sigue discutiendo la reforma del Código Penal. En Balcarce 50 conviven diferencias sobre el alcance del proyecto, el formato de envío y la interpretación de una decisión que Javier Milei tomó antes de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La tensión ya se metió de lleno en la interna por el control del área entre Karina Milei y Santiago Caputo.

En el Gobierno sostienen que la instrucción presidencial durante el verano fue no enviar un código completamente nuevo, sino una reforma amplia del Código Penal vigente.

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La explicación que dan es política: un texto enteramente nuevo obligaba al oficialismo a fijar posición sobre temas sensibles, entre ellos el aborto, al reemplazar integralmente el régimen actual.

Es por eso que, aseguran, la idea de un “nuevo código” fue más discursiva que jurídica y lo que en verdad se buscaba era una modificación profunda, pero sin abrir esa discusión. Es en ese punto donde aparecen las diferencias tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Gabinete.

En el entorno del asesor acusan a Mahiques de haber interpretado a su favor aquella definición de Milei y de haberla usado para dejar de lado la reforma integral que ya se venía trabajando.

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La idea que circula en el Gobierno es que el texto reducido podría ser remitido al Senado en el mediano plazo (Foto: Agustina Ribó).

Sostienen que el ministro tomó el criterio de no mandar un código nuevo como argumento para avanzar con su propio esquema: un proyecto recortado ahora y una reforma más amplia más adelante.

En Justicia rechazan esa acusación. Cerca del ministro mantienen la postura de que lo acordado con el Presidente fue justamente avanzar de esa forma: enviar primero una reforma en partes y dejar para una etapa posterior la discusión de un nuevo Código Penal.

En ese esquema, explican, el proyecto reducido sigue en la Secretaría de Legal y Técnica a la espera de la firma presidencial para ser remitido al Congreso, mientras que el resto de la iniciativa permanece en el ministerio.

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Las tensiones se reavivaron luego de que circulara en la Casa Rosada la versión de que en la última reunión de mesa política se definió avanzar con el envío de la reforma completa. En el Ministerio de Justicia rechazan esa lectura y sostienen que no se remitirá por ahora un código nuevo, sino la versión reducida. “No hubo órdenes en otro sentido”, agregan.

La discusión, en rigor, no es solo técnica. Quedó atravesada por la pelea entre los sectores que orbitan alrededor de Karina Milei y Santiago Caputo por el manejo de Justicia.

Leé también: El Gobierno descarta abrir un diálogo con la CGT y prepara una reforma sindical para el segundo semestre

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En un sector sostienen que se está tergiversando la definición original del Presidente y en el otro responden que la interpretación que hoy se cuestiona fue la que se habló con Milei y la que sigue vigente.

En Balcarce 50 reconocen que todavía no hay una estrategia cerrada sobre cómo se enviará el proyecto ni quién se encargará de defenderlo en el Congreso.

La idea que circula hoy en el Gobierno es que el texto reducido podría ser remitido al Senado en el mediano plazo, pero por ahora no hay una hoja de ruta definida ni un acuerdo político consolidado con aliados para avanzar con el tema. La reforma corta incluye capítulos que el oficialismo considera más defendibles en términos políticos y con mayor viabilidad parlamentaria.

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Entre ellos figuran nuevas tipificaciones y agravamiento de penas para delitos migratorios, estafas piramidales, viudas negras, salideras, entraderas, motochorros, grooming, abuso sexual infantil, armas en cárceles y picadas.

El resto de la discusión, que abarca el rediseño más amplio del Código, quedó otra vez sujeto a una interna que ya desbordó el plano jurídico. En el Ejecutivo insisten en que la reforma penal sigue en carpeta y que no fue postergada formalmente.

Casa Rosada, codigo penal

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POLITICA

Crearon el cargo de traductor presidencial y desginaron al histórico intérprete de la Cancillería en el puesto

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El Gobierno nacional estableció la creación del cargo de Intérprete y Traductor Presidencial dentro del ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Según el texto oficial, la función principal de este puesto será asistir lingüísticamente en actividades de la Presidencia de la Nación y de la Cancillería, tanto en territorio nacional como en el exterior. La norma señala que la persona designada tendrá la responsabilidad de interpretar y traducir en actos oficiales, reuniones bilaterales y multilaterales, así como en todo evento que requiera la intervención del Poder Ejecutivo nacional.

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Para ocupar este lugar, nombraron a Walter Kerr, debido a su trayectoria profesional dentro de la Cancillería y su experiencia en la asistencia de comitivas y actos internacionales de alto nivel. De hecho, Kerr es un histórico intérprete del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comenzó a trabajar para la Cancillería en 1997, cuando tenía 29 años, y desde entonces participó en encuentros bilaterales clave para el desarrollo de la política exterior argentina. Es abogado, traductor público y docente, y domina nueve idiomas; durante los últimos años, profundizó sus estudios en árabe y dialecto egipcio.

Kerr participó en múltiples comitivas inteernacionales desde la presidencia de Carlos Menem hasta la gestión de Javier Milei (Crédito: Alejandra Leston)

Actualmente, se desempeña como Director de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Coordinó tareas de interpretación y traducción en casos como Papeleras del Río Uruguay, Malvinas, AMIA, Fragata Libertad y reuniones del G-20.

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El responsable de asistir lingüísticamente a todos los presidentes desde Carlos Menem hasta la actualidad, y su trabajo se caracteriza por la confidencialidad y la continuidad institucional, aspectos valorados en su perfil profesional.

Durante años, Kerr planificó y controló la documentación oficial tanto del Ministerio como de la Presidencia de la Nación, y ha recibido elogios de mandatarios y figuras internacionales por su desempeño.

En este contexto, el decreto detalla que el cargo ha sido concebido para responder a las necesidades crecientes de comunicación internacional del Estado argentino, asegurando la precisión y fluidez en la transmisión de mensajes oficiales. El área de Recursos Humanos de la Cancillería y la Secretaría General de la Presidencia participaron en la elaboración de los requisitos y alcances de esta nueva función, considerando la importancia estratégica de la comunicación diplomática en la gestión presidencial.

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La misma normativa informa que la designación fue realizada por el Presidente de la Nación y refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El anuncio subraya el objetivo de fortalecer la estructura del equipo presidencial ante compromisos internacionales cada vez más demandantes en materia de traducción e interpretación.

El Decreto 316/2026 asigna al cargo de Intérprete y Traductor Presidencial el rango de Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase. Esta categoría diplomática implica la integración del funcionario a la Carrera del Servicio Exterior de la Nación, con jerarquía y atribuciones equiparables a otros cargos de alto nivel en la estructura de la Cancillería.

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Hace unos años, en una entrevista con Infobae, Kerr aseguró que “los profesionales de los ministerios de Relaciones Exteriores son gente con un perfil técnico predominante. En definitiva se valora que haya una continuidad, uno conoce los temas y esto tiene que ver con las famosas políticas de estado que trascienden a las distintas administraciones o gobiernos individuales”.

Con respecto a la confidencialidad de las conversaciones que él traduce, el funcionario explicó que “el hecho de que uno esté presente en las reuniones no necesariamente implica que uno después recuerde todo el contenido de las reuniones. Ese también es otro tema, porque uno está tan concentrado en su trabajo que pasa de manera sistemática”. “Si yo después trato de acordarme de qué estuvimos hablando en la reunión de hoy al mediodía me acordaré algunas cosas generales, pero otras cosas quizás no. Y en ese sentido uno lo ve como un trabajo puntual. En general no queda mucho registro en la memoria de lo que uno estuvo haciendo. Uno hasta inconscientemente ejerce una especie de amnesia selectiva”, agregó.

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POLITICA

El Gobierno destinará fondos de inmuebles del Estado y privatizaciones a un plan de modernización de las Fuerzas Armadas

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El Gobierno nacional creó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino y definió nuevas fuentes de financiamiento para modernizar las Fuerzas Armadas. La medida se formalizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y apunta a fortalecer las capacidades operativas, actualizar equipamiento y desarrollar infraestructura estratégica en el sistema de defensa.

El decreto establece un esquema de asignación de recursos que combina fondos provenientes de la administración de bienes del Estado y de procesos de privatización. Según surge del texto oficial, el objetivo es revertir el deterioro del equipamiento militar y mejorar la capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo, tanto en el plano interno como en el internacional.

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Javier Milei es uno de las firmantes de este DNUPresidencia

La norma dispone que el 10% de los ingresos generados por la venta, cesión o uso de inmuebles estatales sea destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que esos bienes hayan estado previamente bajo la órbita de esa cartera, el porcentaje asignado asciende al 70%. Estos recursos deberán financiar programas vinculados al reequipamiento, la modernización tecnológica, la infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

A su vez, el decreto fija que un 10% de los fondos obtenidos por privatizaciones de empresas con participación estatal también será redirigido al área de Defensa. De acuerdo con la normativa, la asignación busca ampliar la capacidad de inversión en el sector sin alterar el equilibrio fiscal ni reemplazar otras herramientas ya existentes.

La norma dispone que el 10% de los ingresos generados por la venta, cesión o uso de inmuebles estatales sea destinado al Ministerio de DefensaMauro V. Rizzi

En ese sentido, el Gobierno aclaró que los recursos previstos en la medida serán complementarios al Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado como instrumento de financiamiento plurianual. La nueva fuente de ingresos, según se detalla, estará orientada a cubrir necesidades más inmediatas y a acelerar los procesos de modernización.

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“El escenario internacional contemporáneo, en el que existen múltiples conflictos geopolíticos latentes, presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo y exige un proceso continuo de modernización del equipamiento y de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas”, indicó el Gobierno en el decreto.

El Gobierno aclaró que los recursos previstos en la medida serán complementarios al Fondo Nacional de la Defensa (Fondef)Mauro V. Rizzi

Entre los factores mencionados para fundamentar la determinación se incluye el desarrollo de nuevas tecnologías militares, el uso de inteligencia artificial, los ciberataques y otras modalidades de conflicto que exigen capacidades actualizadas. También se advierte sobre la necesidad de fortalecer el control de espacios marítimos y aéreos, en función de la extensión territorial del país y la existencia de recursos naturales estratégicos.

Además, el texto señala que las Fuerzas Armadas cumplen funciones de apoyo en emergencias, como inundaciones o incendios, lo que requiere contar con los elementos adecuados.

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Como parte del plan, el Estado Mayor Conjunto deberá presentar en un plazo de 90 días un informe con los requerimientos de carácter urgente en materia de equipamiento, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional.

El DNU fue firmado por Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

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La medida se dictó bajo la figura de decreto de necesidad y urgencia, por lo que deberá ser analizada por la Comisión Bicameral del Congreso, encargada de evaluar su validez y elevar un dictamen para su tratamiento legislativo.




Boletín Oficial,Fuerzas Armadas,Javier Milei,Conforme a,,Análisis. La política barrabrava exige resultados concretos,,Solo en Off. El funcionario libertario que debió asimilar la agenda woke de un país europeo,,¿De PASO a PAS? El Gobierno evalúa alternativas frente a la resistencia de sus aliados a eliminar las primarias en 2027,Boletín Oficial,,Cambios en las normativas. El Gobierno fijó nuevos precios de la luz y reforzó subsidios al gas desde mayo,,“Big Bang argentino”. Lanzan una norma para facilitar el acceso de las empresas al mercado de capitales,,Medida. El Gobierno redefinió la Cuota Hilton y activó nuevos contingentes para exportar productos agroindustriales a la Unión Europea

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Melella rompió con el kirchnerismo tras una jugada de La Cámpora que frenó su reforma constitucional

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La decisión de la Legislatura de Tierra del Fuego de frenar la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella terminó de romper una relación política que llevaba meses de tensiones. El oficialismo atribuye el movimiento a La Cámpora y asegura que no se trató solo de un revés legislativo, sino de una secuencia de iniciativas que afectan las finanzas de la provincia.

El conflicto se desató luego de que la legislatura fueguina derogara la ley que habilitaba el llamado a una Convención Constituyente, apenas un día después de que el mandatario firmara el decreto para convocar a elecciones el 9 de agosto. En la misma sesión, se aprobó además una Ley de Goteo Diario que establece la transferencia automática de recursos a los municipios.

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En la gobernación confirmaron a TN que Melella vetará la norma y que el vínculo con el kirchnerismo quedó completamente roto. La respuesta política no se limitará al plano provincial y ya comienza a proyectarse en el Congreso, en donde el diputado nacional que responde al gobernador se irá del bloque de Unión por la Patria.

El episodio marca un quiebre en un esquema que, hasta ahora, había tenido a Melella como uno de los aliados más consistentes de Cristina Kirchner, incluso en momentos en que otros gobernadores tomaban distancia.

Una secuencia que terminó en ruptura

El freno a la reforma constitucional fue el punto más visible de una disputa que venía escalando. La iniciativa del Ejecutivo buscaba modificar la Carta Magna provincial y había avanzado con la sanción de la ley que habilitaba el proceso y el decreto de convocatoria a elecciones.

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La reacción legislativa fue inmediata. Con mayoría kirchnerista y el respaldo de sectores alineados con La Cámpora, se derogó esa norma y se intentó dejar sin efecto la convocatoria. El movimiento generó un escenario de incertidumbre jurídica que ahora podría terminar judicializado.

En paralelo, la aprobación de la Ley de Goteo Diario encendió una alarma adicional en el Ejecutivo. Según pudo saber TN, en la gobernación interpretan que este esquema de transferencias automáticas “tiende a ahogar financieramente a la provincia”.

En ese mismo sentido, desde Tierra del Fuego recordaron antecedentes locales. “El goteo diario ya se hizo hace años y solo sirvió para poder destituir al gobernador de entonces, Jorge Colazo”, señalaron.

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El veto y el impacto político

La respuesta del gobernador será avanzar con el veto de la ley aprobada por la Legislatura. La decisión busca frenar tanto la derogación del proceso de reforma como el nuevo esquema de distribución de fondos.

El conflicto, sin embargo, no se agota en la discusión institucional. La ruptura política con el kirchnerismo ya tiene consecuencias concretas en el Congreso nacional. La salida del diputado Agustín Tita del bloque de Unión por la Patria ya está confirmada.

Gustavo Melella mantiene diálogo con otros mandatarios como Axel Kicillof y Ricardo Quintela, con quienes compartió actividades recientes, como la vigilia del 2 de abril en Ushuaia (Foto: PBA/NA).

Sobre el futuro del legislador, en el oficialismo fueguino explicaron que se analizan distintas alternativas. Una es la posibilidad de que integre un unibloque y otra idea es la de armar un bloque federal con legisladores que respondan a otros gobernadores o que incluso aquellos que están por fuera de los oficialismos provinciales.

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Ese posible reordenamiento se inscribe en conversaciones más amplias entre gobernadores que buscan mayor autonomía política y que, en paralelo, vienen coordinando una oposición firme contra Javier Milei.

Un quiebre en una alianza sostenida

La ruptura adquiere mayor peso por el recorrido previo de Melella. De origen radical y líder del espacio FORJA, se mantuvo durante años como aliado del kirchnerismo.

En su armado político convivieron acuerdos y tensiones con ese sector, con cesión de espacios y disputas internas. En los últimos meses, la confrontación con La Cámpora fue en aumento hasta llegar a la ruptura actual.

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El gobernador mantiene diálogo con otros mandatarios como Axel Kicillof y Ricardo Quintela, con quienes compartió actividades recientes, como la vigilia del 2 de abril en Ushuaia. También con el formoseño Gildo Insfrán y el pampeano Sergio Ziliotto. Sin embargo, en su entorno relativizan la posibilidad de una estrategia común inmediata. “Cada uno atiende su juego”, señalaron. Ninguno de los cinco firmó el Pacto de Mayo impulsado por Milei.

Al mismo tiempo, esos gobernadores vienen coincidiendo en reclamos por fondos a la Nación y en posiciones críticas frente al ajuste libertario. En ese marco, algunos sectores analizan la posibilidad de construir alternativas políticas sin La Cámpora, aunque cualquier definición dependerá de la dinámica interna del peronismo.

Lo sucedido en Tierra del Fuego se suma así a una serie de tensiones dentro del PJ y abre un escenario de reconfiguración que, por ahora, se traduce en decisiones provinciales, pero que puede derivar en proyecciones nacionales.

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Gustavo Melella, tierra del fuego, Peronismo, La Cámpora, PJ, Forja

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