En la madrugada de este miércoles arribó a territorio venezolano un segundo contingente de fuerzas militares de la Argentina para reforzar las tareas humanitarias que el país lleva adelante desde el pasado viernes en las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio. El nuevo despliegue es coordinado por el Ministerio de Defensa. A una semana de la catástrofe, el balance oficial es -por el momento- de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 50.000 desaparecidos.

El contingente viajó a bordo de aviones Embraer y Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y lleva equipamiento que el primer escalón no pudo transportar por la urgencia del despliegue inicial: una planta potabilizadora de ósmosis inversa con capacidad para producir 1.100 sachets de 500 ml de agua por hora, un grupo electrógeno mediano, duchas de campaña, una cocina móvil con víveres, carpas con catres para 40 personas y un puesto sanitario móvil.

Se incorporan, además, dos nuevos binomios perro-guía de la brigada certificada USAR del Ejército Argentino: Jack, del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 de Mendoza, y Derek, del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan.

La llegada de este segundo escalón se produce en un momento en que el paso del tiempo reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Este martes, un niño de tres años fue rescatado con vida gracias al trabajo de un equipo de socorristas jordanos, un hallazgo que renovó la esperanza de los familiares que aún esperan noticias.

Según precisó el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, en las dos zonas más golpeadas —Caraballeda y Catia La Mar— había unas 30.000 personas al momento de los sismos; de ellas, 19.861 lograron salir por sus propios medios o fueron rescatadas con vida.

El primer escalón argentino había partido a contrarreloj desde la Base Aérea de El Palomar con escalas en Viru Viru y Manaos, y llegó a la Base Aérea El Libertador, en el estado venezolano de Aragua. Ese contingente, al mando del Coronel Miguel Ángel Wissinger, comandante de Protección Civil y Emergencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, incluyó cuatro binomios de perros-guía de la Infantería de Marina de la Armada Argentina y una brigada especializada en estructuras colapsadas.

De acuerdo a lo que se informó, una vez en tierra, las autoridades venezolanas les asignaron la zona B2 de la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, donde actuaron en coordinación con equipos internacionales y representantes del Comando Sur de los Estados Unidos. Según el Ministerio de Defensa, la presencia de los canes en las primeras 96 horas resultó determinante para delimitar zonas con posibles sobrevivientes y optimizar los tiempos de búsqueda.

En paralelo, la Cancillería Argentina mantiene desplegada desde el 27 de junio una misión especial humanitaria y consular. Según el último reporte, la misión recibió 235 solicitudes de asistencia por correo electrónico y teléfono, registró 8 pedidos de búsqueda de paradero —con 4 ciudadanos ya localizados— y confirmó 6 argentinos fallecidos.

Además, identificó 7 personas en situación de especial vulnerabilidad, entre ellas cuatro grupos familiares con niños y un menor no acompañado, y realizó 12 gestiones documentales que incluyeron pasaportes de emergencia y autorizaciones de viaje para ciudadanos sin documentación. El número de emergencia consular en Venezuela es el +58 414-2387145.

La dimensión de la crisis humanitaria se agrava con cada balance. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Comité Internacional de Rescate (IRC) informaron que más de 50.000 personas continúan desaparecidas. El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, advirtió que “sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada” y reveló que la organización adquirió 10.000 bolsas para cadáveres.

Unicef estima que 1,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, de las cuales 680.000 son niños. El IRC señaló que “los servicios médicos están desbordados, los refugios se encuentran a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos”, y advirtió que “la respuesta no está a la altura de la magnitud de la necesidad humanitaria”.

Los daños materiales también continúan en proceso de evaluación. Rodríguez informó que los terremotos dejaron 855 edificios con daños severos en todo el país, de los cuales 189 colapsaron por completo —158 de ellos en el estado de La Guaira—, mientras otros 666 sufrieron daños graves o derrumbes parciales. Desde el doble sismo se registraron casi 700 réplicas, aunque el funcionario aclaró que “eso no necesariamente quiere decir que se haya disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso”.

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La Municipalidad de La Plata difundió grabaciones de cámaras de seguridad locales, que muestran cómo manifestantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) entraron al palacio comunal durante las protestas realizadas el pasado viernes 26 de junio. El hecho inició a partir de cambios en el sistema de licitaciones de limpieza urbana y derivó en una denuncia penal, 22 detenidos y siete heridos.

Los registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del municipio reconstruyen, de forma cronológica, los incidentes provocados por los militantes del movimiento social, que responden al dirigente Juan Grabois.

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Las filmaciones muestran el momento exacto en el que un grupo de personas forzó los distintos accesos del Palacio Municipal, y se enfrentó con agentes de seguridad locales y efectivos de la policía bonaerense.

Las imágenes dan cuenta de cómo llega un camión de carga con materiales que se usaron durante la protesta y de los manifestantes cuando rompen vidrios laterales del edificio, vitrales del Salón Dorado y aberturas del Concejo Deliberante.

En los videos se ve que los involucrados tiraron elementos varios contra las ventanas y entraron al interior del edificio con bombos y neumáticos, que prendieron fuego en la entrada principal, generando grandes columnas de humo.

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El reclamo del MTE

El conflicto comenzó a raíz de una modificación en el sistema de contratación para los servicios públicos de barrido, limpieza de zanjas, reciclado y corte de pasto. La administración local, a cargo del intendente Julio Alak, llamó a licitación pública los días 10 y 11 de junio, luego de que el Tribunal de Cuentas advirtiera que el municipio no podía continuar con las contrataciones directas bajo apercibimiento de sancionar a los funcionarios involucrados.

Según las autoridades comunales, las distintas cooperativas que operaban en la ciudad adquirieron los pliegos para adaptarse al nuevo esquema, a excepción del MTE, agrupación vinculada a Juan Grabois.

Desde el gobierno local señalaron que el MTE pretendía “mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad de La Plata”.

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Por su parte, el MTE de La Plata había anunciado las movilizaciones de forma previa y alegó que la decisión municipal afectaba el sustento de 400 recicladores.

A través de un documento, la organización social rechazó la versión oficial y apuntó contra la gestión local: “La municipalidad montó una campaña de persecución política y mediática llena de falsedades. Intentan instalar que nos negamos a competir en la licitación y eso es una mentira absoluta”.

La agrupación afirmó que la protesta se convocó de manera pacífica y que la tensión fue provocada por el cierre de los canales de diálogo y el modo de actuar de los agentes policiales. El comunicado también aseguró que ninguna de las 22 personas detenidas por las fuerzas de seguridad pertenece a su organización.

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