Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen este jueves y viernes en la ciudad filipina de Cebú para una cumbre centrada en la seguridad energética, el abastecimiento de alimentos y la protección de trabajadores migrantes afectados por la guerra en Medio Oriente, en medio de crecientes preocupaciones por el impacto económico regional del conflicto.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., anfitrión del encuentro, prometió una cumbre “minimalista” y enfocada en asuntos económicos vinculados a la guerra en Medio Oriente. “Lo que realmente necesitamos en este momento es que los líderes hablen sobre… cómo podemos ayudarnos mutuamente”, afirmó Marcos al rechazar rumores sobre una eventual cancelación de la reunión por la crisis internacional.

Según un borrador de declaración al que accedió The Associated Press, los gobernantes del bloque planean emitir un plan de contingencia que respaldará “el derecho internacional”, “la soberanía” y “la libertad de navegación”, en un mensaje que podría interpretarse como una crítica indirecta a Estados Unidos, Israel e Irán por el impacto global de la guerra.

“El sudeste asiático mantendrá mercados abiertos, transparentes y previsibles, así como rutas marítimas seguras y abiertas, y garantizará la libertad de navegación, el tránsito seguro, sin obstáculos y continuo, de buques y aeronaves en estrechos utilizados para la navegación internacional”, señala el borrador.

La declaración también subraya la necesidad de preservar “el flujo sin trabas de bienes esenciales, incluidos alimentos, energía e insumos clave, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982”.

El conflicto en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz dominan la agenda de la cumbre debido al riesgo de interrupciones en el suministro energético y comercial. Marcos declaró en marzo una emergencia energética nacional y advirtió sobre las consecuencias económicas de una crisis prolongada.

El Banco Asiático de Desarrollo advirtió en marzo que las interrupciones persistentes en el suministro de petróleo y gas desde Medio Oriente podrían frenar el crecimiento económico e impulsar la inflación en Asia y el Pacífico, regiones altamente dependientes de esos recursos energéticos.

Los líderes de ASEAN también evaluarán medidas concretas para reforzar la resiliencia regional. El plan de contingencia incluye la posible ratificación este año de un acuerdo que permitiría compartir combustible de forma coordinada durante emergencias, además de avanzar en el diseño de una red eléctrica regional y diversificar las fuentes de petróleo crudo.

El documento propone además promover el uso de vehículos eléctricos y estudiar nuevas tecnologías energéticas, incluida la energía nuclear con fines civiles. Asimismo, contempla la creación de “un posible protocolo de comunicación y coordinación de crisis de la ASEAN para garantizar una respuesta regional coherente, oportuna y coordinada ante las crisis”.

La seguridad de los trabajadores migrantes también figura entre las prioridades de la reunión. Más de un millón de trabajadores y marinos mercantes del sudeste asiático permanecen en Medio Oriente. Varios ciudadanos de la región murieron durante los actuales combates, incluidos dos filipinos, mientras miles fueron evacuados o regresaron a sus países.

La ASEAN, integrada por Filipinas, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam, incorporó formalmente a Timor Oriental como miembro pleno en octubre del año pasado.

Además de la crisis en Medio Oriente, el bloque afronta tensiones internas, entre ellas la guerra civil en Myanmar y las disputas territoriales en el mar de China Meridional.

Myanmar continúa excluido formalmente de las cumbres de alto nivel desde el golpe militar de 2021 que desencadenó una guerra civil y una represión contra la oposición. Sin embargo, algunos países del bloque analizan una posible flexibilización de esa política tras las recientes decisiones de la junta militar.

El líder militar Min Aung Hlaing, quien asumió recientemente la presidencia del país tras unas elecciones organizadas por el régimen, sostuvo que su gobierno trabajará para “restaurar las relaciones normales” con ASEAN. La junta también trasladó de prisión a arresto domiciliario a la líder democrática Aung San Suu Kyi, de 80 años.

El gobierno filipino elogió esa decisión y solicitó que un enviado especial del bloque obtenga “breve acceso” a Suu Kyi.

El canciller tailandés, Sihasak Phuangketkeow, declaró en enero que Bangkok propuso una estrategia de “compromiso calibrado” con el nuevo gobierno de Myanmar y expresó su esperanza de que las elecciones representen “el comienzo de la transición”. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, afirmó entonces que “un buen número” de países del bloque comparte una visión “pragmática” sobre Myanmar.

La cumbre también prevé una declaración sobre cooperación marítima, aunque no se espera un acuerdo definitivo sobre el Código de Conducta del mar de China Meridional, negociado entre ASEAN y China desde hace más de dos décadas.

Brunei, Malasia, Filipinas y Vietnam mantienen reclamaciones territoriales en esa vía marítima estratégica, mientras China reivindica casi la totalidad del área pese a un fallo internacional que determinó que esa posición carece de base legal.

Filipinas, que protagonizó repetidos incidentes marítimos con embarcaciones chinas, manifestó en febrero su intención de concluir este año las negociaciones del código de conducta durante su presidencia rotativa de ASEAN. Sin embargo, las conversaciones permanecen estancadas por desacuerdos sobre el alcance, la aplicación y el carácter jurídico del eventual pacto.

(Con información de AFP y AP)

Every Democrat asked during this week’s California gubernatorial debate said they supported providing healthcare coverage for illegal immigrants, a position they took moments after candidates spent several minutes warning that California’s healthcare system is already too expensive and straining families, businesses and the state budget.

«We had a broken immigration system, and now you want to victimize the people who are working here and making the state run,» Democratic candidate and billionaire businessman Tom Steyer said when asked if he supported giving coverage to illegal immigrants after the current California governor, Gavin Newsom, cut it to help reduce the state’s ballooning deficit.

Katie Porter, a former California congresswoman and fellow Democratic candidate for California governor, was asked point-blank about the cost concerns related to providing illegal immigrants with free healthcare coverage.

ILLEGAL IMMIGRANT HEALTHCARE COSTS IN BLUE STATE TRIGGERS INTENSE BUDGET DEBATE

«We can’t afford to have people who are sick, who are making the rest of us sick,» Porter responded to the cost question before her Republican opponent, Riverside County Sheriff Chad Bianco, interjected, «They shouldn’t be here,» leading Porter to pause and give him a look of bewilderment.

«When anyone doesn’t have care, the rest of us are at risk when people don’t get vaccinations,» Porter continued. «When they don’t go to the doctor, they wind up in the emergency room. They cause longer lines for the rest of us. They make our health care system — they push it to the brink.»

«Immigrants, whether documented or not, work hard. They pay taxes, and sometimes they get injured on the job or their children get sick,» former Biden administration Health and Human Services Secretary Xavier Becerra said when asked if he supported the measure.

NEWSOM SIGNS $2.8B BAILOUT FOR HEALTHCARE PROGRAM OVERRUN BY ILLEGAL IMMIGRANTS

The Trump administration expanded efforts to prevent illegal immigrants from getting public health benefits. (Getty/iStock)

«It would be foolish to tell a family that they don’t have access to the pediatrician or the family doc or not be able to use the community health center where it wouldn’t cost us so much to give them help access to good health care,» Becerra continued. 

«Instead, what will happen is that child will get so ill that they will have to take that child to the hospital. And what door do they enter? The most expensive door in the health care system? The emergency room door. Why do that and spend so much money when you can do it up front?»

The remaining Democratic Party candidates on the stage, San Jose Mayor Matt Mahan and former Los Angeles Mayor Antonio Villaraigosa, were not directly asked whether they supported providing healthcare to illegal immigrants in the state, nor did they indicate their stances during other portions of the debate that discussed healthcare.

«The actual way we deal with healthcare in this state is to at least stop spending $20 billion a year on free healthcare for illegal immigrants who shouldn’t even be in the country in the first place,» Republican candidate and former Fox News host Steve Hilton said during debate about how to reform the state’s healthcare system.

LAWMAKERS REVEAL WHETHER AMERICANS SHOULD PICK UP THE MEDICAID TAB FOR ILLEGAL IMMIGRANTS

Xavier Becerra, left, and Steve Hilton participate in the California gubernatorial candidate debate Feb. 3, 2026, in San Francisco. (AP Photo/Laure Andrillon)

«When are we going to draw the line at any other crime? It’s illegal. They enter the country illegally, we’re not going to incentivize them to come here to take more of the resources that regular Californians aren’t getting,» Bianco added.

Before defending taxpayer-funded healthcare access for illegal immigrants, several of the Democratic candidates were already locked in a fight over who was more committed to government-run healthcare.

Steyer said he supports single payer «absolutely,» while Becerra said California should «try to get to a Medicare for all program.» Porter repeatedly pressed Becerra to be more explicit, asking whether he supported «California having its own state-run single-payer system.»

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But the push for expanded coverage came as candidates also acknowledged the cost problem. Steyer said healthcare is «eating up our budget» and «eating up every single family,» while Villaraigosa warned a state-run single-payer system would carry a roughly $500 billion price tag and require approval from the federal government.

«It’s pie in the sky,» Villaraigosa said.