CÓRDOBA.- La reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei es uno de los temas que integra la agenda de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores. La eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) incluida en el proyecto genera rechazo en la mayoría de los aliados del oficialismo. Pero esta vez, en las conversaciones -además del listado habitual de obras y fondos- aparecen las candidaturas de cara a 2027.

Según pudo saber , hay gobernadores que -como aspiran a la reelección en sus provincias- siguen de cerca qué candidatos pondrá La Libertad Avanza (LLA) para enfrentarlos o, llegado el caso, para no obstaculizarles la continuidad en el poder.

En la Casa Rosada descuentan que las negociaciones por la reforma serán duras. La propuesta incluye, además de la eliminación de las PASO, cambios en el sistema de financiamiento de partidos políticos, modificaciones en los requisitos legales para presentar las listas, la suspensión de la elección directa de parlamentarios del Mercosur y la ficha limpia.

Referentes de Pro y del radicalismo, aliados de los libertarios en el Congreso, ya adelantaron que no avanzarán en ningún tratamiento sin un análisis a fondo del proyecto.

Entre los gobernadores, el tucumano Osvaldo Jaldo se pronunció en contra de la iniciativa y propuso que cada partido político asuma el costo de sus propias primarias, sin aporte alguno del Estado. “Vamos con las PASO obligatorias, pero el Estado no pone un peso ni en publicidad, ni en propaganda, ni en asignación de recursos a los partidos políticos. Eliminaría el financiamiento de las PASO y que queden a cargo de cada uno de los partidos que compitan”, planteó. Además, entiende que debe participar solo el sector que tenga más de una lista.

El catamarqueño Raúl Jalil no fue tan contundente: “Hay que ver esta discusión política que está introduciendo el tema de las PASO, a ver si conviene o no nos conviene”.

En el caso del salteño Gustavo Sáenz, logró la aprobación en su provincia de una reforma que tiene en común con la pretendida por Nación la eliminación de las PASO. Hace unos días se sancionó la norma que modifica el sistema de votación para las categorías de legisladores e intendentes, según la cual cada frente electoral puede presentar hasta cuatro listas y elimina el piso mínimo de votos que antes era requerido para acceder a la distribución de cargos.

Para sumar voluntades, el ministro del Interior, Diego Santilli, ya inició una nueva ronda de reuniones con gobernadores; el mes pasado estuvo con Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y con aliados como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Además de sus gestiones, hay algunos llamados del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para tantear el nivel de apoyo que tiene la iniciativa.

Al diálogo puntual sobre temas de interés de las provincias ya se sumó el de la estrategia electoral de cara al próximo año. Según datos que barajan fuentes cercanas a la mesa política de la Rosada, hay distritos donde LLA está dispuesta a hacer un “guiño” a los gobernadores y no presentar batalla con candidatos propios fuertes, mientras que en otros está decidida a “jugar a fondo”. También apuntan que los armadores –Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem- están “más permeables a no ser puristas” para las fórmulas a las gobernaciones.

De los actuales mandatarios tienen habilitada la reelección Martín Llaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Ignacio Torres (Chubut); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz), Zdero, Frigerio, Sadir y Poggi. De ese grupo, en función de los buenos resultados obtenidos hasta ahora, los libertarios están convencidos de que pueden ganar Córdoba, a donde el peronismo local lleva en el poder desde 1999. El 1 de mayo, Gabriel Bornonori y Luis Juez se mostraron juntos en un locro, en una foto que tiene un claro sesgo electoral.

El objetivo de algunos gobernadores, según interpretan los libertarios, es lograr la promesa de que se enfrentarán con candidatos de baja intensidad. Será después del Mundial cuando empezarían las conversaciones más directas sobre ese tema.

Antes la expectativa está en que “haya más claridad” sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la economía empiece a mejorar y comiencen a sentirse los impactos de las licitaciones de rutas en la obra pública.

En abril volvieron a caer las transferencias automáticas de Nación a provincias; en términos reales bajaron 3,3% interanual. Fue la cuarta contracción consecutiva. Con este resultado, el primer cuatrimestre cerró un descenso interanual real de 5,7%.

Combatidos por el Gobierno, los movimientos sociales admiten que perdieron militantes y capacidad de movilización durante la era de Javier Milei. No obstante, sostienen que su presencia en todo el país se mantiene y, en algunos casos, se arriesgan a vaticinar un crecimiento de sus filas al calor de las dificultades económicas que le endilgan al programa oficialista. Es la mirada que surge en las principales agrupaciones, como el Polo Obrero, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

En el Polo Obrero, se combinan la aceptación de una merma en su poder de movilización con una certeza sobre su crecimiento futuro. “Calculamos que podemos estar siendo alrededor de 15.000 a 17.000 compañeros. Fuimos muchos más. Todas las organizaciones sufrimos un retroceso, producto de la política criminalizadora, judicializadora y represora del gobierno de Milei”, afirma Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, a .

“En cuanto a comedores, estamos en alrededor de 1300. Llegamos a tener casi 3000. Hubo un retroceso, al haber sacado los alimentos definitivamente, en contra de un fallo judicial que tuvo la señora [ministra de Capital Humano, Sandra] Pettovello y no cumplió. Sacaron todos los alimentos y muchos comedores dejaron de estar abiertos porque no tenían qué ofrecerle a la gente que va. Ha subido la cantidad de gente que va a comer, aunque haya menos comedores”, señala Belliboni.

A pesar de la retracción que admite, el líder del Polo Obrero (brazo piquetero del Partido Obrero) subraya que “el movimiento piquetero empieza otra vez a organizarse fuertemente, como ya ocurrió el último 7 de abril, cuando miles de personas salieron a la calle, con casi 80 organizaciones piqueteras que retomaron una unidad fundamental y cortaron en 100 puntos del país”.

“El discurso oficial sobre el combate a los movimientos piqueteros está muy claro y eso es lo que muestra que el Gobierno, en las causas que nos sigue, tiene un argumento político, no jurídico”, resalta Belliboni. El dirigente del Polo Obrero está procesado en un expediente que ya fue elevado a juicio oral, en el que se lo acusa, junto a otros dirigentes sociales, por un presunto desvío de fondos destinados a la ayuda social y extorsión a beneficiarios de planes.

Según indica una fuente de la administración libertaria a , en el Gobierno no cuentan con registros sobre la cantidad de militantes por organización ni de comedores pertenecientes a cada movimiento social.

El presidente Milei se refirió en numerosas ocasiones a los movimientos sociales. En su discurso del 1º de marzo, para la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, subrayó que, en su gestión “la AUH [Asignación Universal por Hijo] aumentó un 492,9% respecto al valor heredado en 2023”, que se incorporó a la AUH a “600.000 chicos”, que se incrementó en “137,5% la Prestación Alimentar”, y que se elevaron “más de 500% las becas Primera Infancia y más de 1100% la prestación primeros Mil Días”. También subrayó que los piquetes “pasaron de 9000 por año a cero”.

En el Movimiento Evita, organización social clave dentro del peronismo, también admiten una reducción de su influencia. “La militancia sigue en todos lados. Lo que bajó bastante es la cantidad de gente que se moviliza, pero se sostienen el trabajo social, el apoyo escolar, los comedores. Lo que se retiró es lo que aportaba el Estado”, afirma Patricia Cubria, referente del Movimiento Evita y exdiputada provincial bonaerense.

Distribuidos en numerosas ramas, los militantes del Movimiento Evita son alrededor de 16.700. Desde la organización, aportan un desglose de esa cantidad aproximada a . Puntualizan que unos 5000 de sus integrantes se desempeñan como trabajadores de espacios públicos (feriantes, vendedores ambulantes en el transporte público, artistas callejeros, cuidacoches, parrilleros, entre otras ocupaciones); otros 1500 pertenecen al área de liberados (un grupo de personas que cumplieron una condena penal y hoy se desempeñan en cooperativas); son cerca de 3000 las mujeres que realizan tareas de cuidado de adultos mayores; cuentan con unos 300 productores de agricultura familiar y 200 de producción textil.

Otra pata del movimiento social peronista es la de sus frentes. Según informó la organización, este sector lo integran el frente estudiantil, en el que contabiliza unos 1500 estudiantes secundarios y universitarios; el Frente de a Mujeres Evita, con una cantidad similar de integrantes; el de juventud, con aproximadamente 3000 integrantes; los técnicos y profesionales, unos 200; el área de educación, también con alrededor de 200, y el Frente de Igualdad, que conforman unas 300 mujeres.

Desde el Movimiento Evita calculan, además, que funcionan unos 2000 comedores pertenecientes a la organización, que lo hacen “de forma intermitente”. Explican que “la demanda en estos centros siempre es mayor en la cantidad de gente que se acerca a pedir comida y menor en la capacidad de mantener el funcionamiento y dar de comer todos los días”.

Emilio Pérsico lidera el Movimiento Evita, una organización que tiene referentes como el actual secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, o Gildo Onorato, funcionario del gobierno de Axel Kicillof (está al frente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa).

La CCC, en tanto, admite la caída de la movilización y, en sintonía con otras agrupaciones, identifica un mayor flujo de personas que concurren a sus comedores. “En movilización, bajamos la cantidad. A los comedores viene un 30% más de gente”, aseveran desde la organización que tiene como referente al exdiputado nacional Juan Carlos Alderete y está vinculada políticamente el Partido Comunista Revolucionario (PCR). “Hay una baja en el grado de movilización debido a que la mayoría necesita hacer changas para subsistir”, argumentan.

Un nuevo frente de tormenta reaviva las diferencias entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia. La piedra de la discordia es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que el oficialismo envió al Senado y que las comisiones ya tienen en su plan de trabajo.

La iniciativa es defendida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la Iglesia alzó su voz contra el proyecto, que modifica la ley de integración sociourbana, sancionada con amplio consenso en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que le otorga un rol activo al Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.

La norma vigente, que tuvo cambios en 2022, declara de interés público la integración urbana, suspende los desalojos y facilita la expropiación para garantizar el acceso a servicios básicos y títulos de propiedad a familias vulnerables, lo que se pondría en riesgo con la nueva propuesta de inviolabilidad de la propiedad privada.

La propuesta oficial modifica el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de viviendas y terrenos. Establece un juicio sumarísimo, un trámite exprés para expulsar a quienes no paguen el alquiler, “okupas” o personas que tomen un terreno.

La Iglesia reivindica el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que permitió identificar 6467 barrios de emergencia en todo el país, con una población de cinco millones de personas. Se estima que un 20% de esos barrios tienen una antigüedad de 20 años o más.

La regulación del alcance de la propiedad privada, que el gobierno de Milei quiere consagrar como “inviolable”, constituye un debate en el que la Iglesia ha fijado históricamente su posición en distintos documentos pontificios. En la encíclica Fratelli tutti (2020) y en un mensaje enviado al año siguiente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el papa Francisco había señalado que, junto al derecho de propiedad privada, “existe el derecho previo y precedente de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes y el derecho de todos a su uso”.

El magisterio se remonta a la encíclica Rerum novarum (1891), de León XIII, en la que el bien común y el destino universal de los bienes aparecen como principios irrenunciables. Más cerca en el tiempo, al cumplirse 100 años de la Rerum novarum, Juan Pablo II definió en Centesimus Annus (1991) que la propiedad privada no es un valor absoluto y se complementa el principio del “destino universal de los bienes de la tierra”.

El arzobispo de Córdoba y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cardenal Ángel Rossi, planteó su preocupación hace unos días en un encuentro convocado por la Mesa de Barrios Populares de esa provincia. En su exposición, advirtió que “no hay palabras que resuman mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’. Y llamó a comprometerse para que “toda familia tenga un techo digno, acceso a agua potable y a servicios básicos”.

El cardenal jesuita, que fue alumno de Jorge Bergoglio, dijo que “la deuda social y ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado a las tres T: tierra, techo y trabajo. No es filantropía, es una obligación de todos”.

En el encuentro se advirtió que la iniciativa oficial podría afectar a 40.000 familias cordobesas. Acompañaron al cardenal Rossi el padre Melchor López, vicario de los Pobres en el Arzobispado de Córdoba; Ayelén Cabaña, referente de la organización Techo, y Débora Koraj, vecina de un barrio popular.

La organización Techo sumó su cuestionamiento al proyecto oficial y advirtió que elimina tres pilares fundamentales: la declaración de utilidad pública y expropiación, la suspensión de desalojos por diez años y la participación de cooperativas y la economía popular.

En tanto, el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, presidió una misa en La Matanza, al cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, y advirtió que “los barrios que no se integran se entregan al narcotráfico”. Junto con los obispos de San Justo, monseñor Eduardo García, y de Laferrere, monseñor Jorge Torres Carbonell, advirtió sobre los riesgos a los que se enfrentan los vecinos cuando no hay una presencia del Estado.

Hace dos semana y media, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas, monseñor Gustavo Carrara, expuso la posición de la Iglesia en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado y advirtió sobre el impacto social que la iniciativa puede tener en los sectores más vulnerables.

Carrara dijo que algunas modificaciones incluidas en el proyecto, como las que alcanzan a la ley de barrios populares, podrían tener un efecto regresivo y dar un paso atrás”, al dejar de lado una ley que se generó con mucho diálogo y consenso. Y pidió mantener un rol activo del Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.

“En su momento se hablaba de erradicar las villas. Después, en el discurso se pasó a la urbanización, que fija un piso mínimo de dignidad, pero considera a los vecinos como un sujeto pasivo. El concepto de integración sociourbana dice que los pobres se pueden organizar para sacar adelante a sus familias. Se los considera protagonistas”, explicó el arzobispo de La Plata en la reunión informativa presidida por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez.

Con la colaboración de Gabriela Origlia