Javier Milei concentró en los últimos días toda su atención política en un solo objetivo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. No solo ocupó buena parte de la reunión de Gabinete del jueves —pese al feriado—, sino que también se convirtió en el eje casi excluyente de su actividad en redes sociales, entre tuits propios y reposteos sobre el tema.

La iniciativa, aseguraron en Gobierno, fue ideada por el propio Milei, con los lineamientos que había expuesto semanas atrás en un discurso ante la Fundación Faro, con foco en dos puntos centrales. Por un lado, el artículo 3 de la Carta Orgánica vigente —el que habilita el mandato múltiple, introducido en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. Por otro, los adelantos transitorios al Tesoro, que el Gobierno busca directamente prohibir.

El plan oficial es que la iniciativa ingrese por el Senado y no por Diputados, lo que deja buena parte de su suerte en manos de las gestiones de Patricia Bullrich, pero sobre todo de los gobernadores, a quienes Milei viene mimando desde hace varias semanas.

“Fue un privilegio discutir esto con tres ex presidentes del Banco Central”, les dijo Milei a sus ministros durante la reunión de Gabinete del jueves, en referencia a Caputo, Sturzenegger y Bausili. El encuentro se organizó a instancias del propio Presidente, que quería transmitirles en persona a los ministros los detalles del proyecto que, aseguran quienes lo rodean, es hoy su prioridad excluyente.

En el Gobierno adelantaron que el proyecto probablemente sea girado por el Senado —aunque todavía no está confirmado— y que llegaría en un paquete de tres o cuatro leyes. En Casa Rosada calculan que el envío podría concretarse la semana próxima. Antes, buscan reunir a la mesa política y volver a convocar al Gabinete, además de medir el nivel de consenso real que tiene la iniciativa en la Cámara alta.

Milei planea un anuncio formal, con bombos y platillos, alto despliegue comunicacional y posiblemente con un nombre de marketing que le dé mayor visibilidad. “Es una reforma estructural”, repitieron en el entorno presidencial. E insistieron en que no hay una especulación política detrás: “El Presidente no toma decisiones económicas por motivos políticos”, sostuvo un colaborador de la cúpula.

El consenso para la iniciativa aún es un misterio y pocos en la dirigencia aliada se refirieron al tema. “No leímos siquiera un borrador”, dijo un alto referente de PRO. Un funcionario de confianza de Milei fue elocuente: “Nada sale como uno quiere, siempre tenés que negociar con la política”, aunque aclaró que “no es un proyecto que genere polémica”. El único punto de fricción, según reconocieron, podría ser el artículo vinculado al “shutdown” del financiamiento al Tesoro: “Quizás eso puede tener un poco más de picante”, admitieron. Más allá de los resultados, festejaron que el Gobierno haya retomado la iniciativa: “El oficialismo propone nuevamente la agenda”, se entusiasmó un alto funcionario.

Sobre el origen de la idea, en el Gobierno fueron categóricos: se trata de una iniciativa personal de Milei, que trabaja junto a Caputo, Sturzenegger y Bausili. “Básicamente es blindar la baja de la inflación”, explicaron, al detallar que buscan impedir que el Banco Central emita dinero sin respaldo —una conducta que planean directamente tipificar como delito— y prohibir el financiamiento al Tesoro.

“Faltan detalles que durante este fin de semana se pulirán”, agregaron.

En Balcarce 50 no descartan que Milei les pida a sus ministros del equipo que le lleven el proyecto nuevamente a la residencia este fin de semana, mientras la iniciativa permanece en lo que definen como “etapa final de redacción”.

El martes, Milei ya había convocado a Caputo, Bausili y Sturzenegger a Olivos para avanzar en la redacción del proyecto. Y, pudo saber Infobae, no se descarta una nueva convocatoria en los próximos días: “Que no extrañe que los llame de raje”, señaló una fuente con acceso directo al Presidente.

Más allá de la discusión sobre la Carta Orgánica en sí, la reforma se despliega en un paquete más amplio. “Son tres proyectos, que también pueden ser cuatro, si tenés que cambiar algo asociado a la ley penal”, explicaron en el Gobierno, en referencia a la tipificación como delito de la emisión sin respaldo. El cuarto proyecto podría estar vinculado a la elección de las autoridades del Banco Central. “Es un paquete de reformas”, dijeron.

En el oficialismo sostienen que será difícil que la oposición —con excepción del kirchnerismo y la izquierda— no la acompañe: “Darle mayor independencia al Banco Central… no hay muchas maneras de discutir que eso es algo bueno”, deslizaron.

El Ministerio de Defensa firmó el contrato con su contraparte de Israel para la compra de fusiles ARAD y de esta manera las Fuerzas Armadas comenzarán a reemplazar progresivamente a los históricos FAL en el marco de modernización del equipamiento militar que intenta llevar adelante la Argentina.

El acuerdo, al que tuvo acceso TN en exclusiva, contempla una primera entrega por parte de Israel de 700 fusiles ARAD 7 con accesorios y 167 dispositivos de fogueo por un monto de 1.730.499 dólares. Si bien se estableció que el envío puede realizarse durante 2026, se espera que se produzca en las próximas semanas.

No está previsto un cronograma de pago y entrega del equipamiento militar luego de este primer desembolso. Lo que sí figura en el contrato firmado el 28 de junio es que habrá una ventana de ejecución de 3 años en donde la Argentina podrá solicitar armamento por un total máximo de 12 millones de dólares.

Teniendo en cuenta la primera transferencia mencionada anteriormente, al ministerio de Defensa argentino le quedará un saldo restante de 10.269.501 a abonar en los próximos tres años para la incorporación de los fusiles ARAD 7 –calibre 7,62 mm- y ARAD 5 –calibre 5,56mm-.

El equipamiento militar que comprará la Argentina está producido por la empresa Israel Weapon Industries, a quien el Ministerio de Defensa israelí seleccionó para que sea el principal contratista para ejecutar el acuerdo.

Como es habitual en este tipo de acuerdos, el ministerio de Defensa encabezado por Carlos Presti se compromete a no vender ni transferir el armamento adquirido a otras personas, empresas, entidades o gobiernos. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la situación económica argentina, se plantearon anexos para proceder en caso de demoras en los pagos o entregas.

La firma del acuerdo supone una nueva confirmación del alineamiento en política exterior que adoptó la Argentina desde la llegada de Javier Milei en diciembre de 2023: primero, Estados Unidos; segundo, Israel. En este contexto es que se priorizó la oferta realizada desde Oriente Medio. Otros países que son potencia en industria militar están también interesados en convertirse en proveedores.

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Las negociaciones con Israel para adquirir los modernos fusiles comenzaron hacia 2024 bajo la gestión del por entonces ministro Luis Petri con reuniones técnicas con representantes del Estado Mayor Conjunto, a las que le siguieron distintos encuentros con miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En los primeros años de Petri se activaron distintas líneas de negociación para adquirir insumos, equipamiento y transportes para modernizar las Fuerzas Armadas, una cuenta pendiente en las últimas décadas en el país.

En este contexto, hay diálogos en curso con distintos países para evaluar la adquisición de drones, helicópteros y hasta submarinos, aunque el sueño de volver a tener presencia militar debajo de los mares y océanos parece una idea más lejana por la escasa capacidad económica con la que cuenta la Argentina para afrontar estos proyectos.

Fuerzas Armadas, Israel, Benjamin Netahyahu

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) publicó una nueva guía para el control de la inteligencia artificial (IA) en el sector público nacional, con el objetivo de establecer un marco de referencia que regule la incorporación de estas tecnologías en los organismos estatales. El documento, titulado “Guía de Controles Inteligencia Artificial – SIGEN”, fue oficializado mediante la Resolución SIGEN 197/2026 y propone un enfoque preventivo basado en riesgos, orientado a garantizar que las iniciativas de IA respondan a los objetivos institucionales y a los principios de integridad y transparencia.

Según informó la SIGEN, el desarrollo de esa herramienta partió de un relevamiento sobre el avance de la IA en distintas áreas de la administración estatal. Los resultados del análisis mostraron una diversidad de proyectos en marcha, pero también la necesidad de reforzar los mecanismos de control para reducir los riesgos asociados a la adopción de inteligencia artificial.

El documento destaca que la IA ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y la calidad de la gestión, aunque advierte sobre los desafíos que implica su implementación.

La guía establece que los controles internos deben alinearse con el cumplimiento normativo vigente y con una gestión pública responsable. De acuerdo con la Sindicatura, el marco propuesto busca fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de IA, promoviendo la adopción de controles proporcionales a los riesgos detectados en cada etapa de la vida útil de esos sistemas.

En diálogo con Infobae, Alejandro Díaz, titular del organismo, explicó las dos modalidades principales de uso de la IA en el Estado: “El uso individual de herramientas generativas por parte de agentes públicos, donde la IA actúa como apoyo sin integrarse a sistemas institucionales”, y “el uso de sistemas de inteligencia artificial incorporados a procesos, aplicaciones o decisiones organizacionales, lo que requiere un entrenamiento previo de los algoritmos”.

En el primer caso, explicó el auditor general “la mitigación de riesgos pasa por la existencia de políticas institucionales y capacitación para el personal”. En el segundo: “Se suman controles específicos para el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas, desde el análisis de factibilidad hasta las pruebas previas a la puesta en producción”, sostuvo Díaz.

Los riesgos que se busca mitigar

La Guía de Controles para Inteligencia Artificial de la SIGEN dedica un apartado específico a la política institucional de uso de herramientas de IA en los organismos públicos. El documento establece que cada entidad debe contar con una política clara que regule el empleo de estas tecnologías por parte de sus agentes, tanto en el uso individual como en la integración a sistemas institucionales.

Entre los riesgos principales que se busca limitar se destacan:

• Divulgación no autorizada de información confidencial o sensible mediante herramientas de IA, especialmente cuando se utilizan plataformas de acceso público o servicios en la nube.
• Exposición y tratamiento inadecuado de datos personales o de ciudadanos, lo que podría generar incumplimientos a la normativa vigente sobre protección de datos.
• Dependencia tecnológica de proveedores externos, con el consiguiente riesgo para la soberanía y continuidad operativa de los servicios públicos.
• Ausencia de criterios claros para validar la calidad y veracidad de los resultados generados por sistemas de inteligencia artificial, lo que podría afectar la toma de decisiones institucionales.
• Desconocimiento de los riesgos asociados al uso cotidiano de IA, incluidas posibles vulnerabilidades, sesgos en los resultados y falta de trazabilidad de las acciones automatizadas.

La política propuesta por la SIGEN recomienda que las instituciones definan lineamientos sobre los tipos de herramientas de IA autorizadas, los ámbitos y condiciones de uso, los procedimientos de validación y monitoreo, y las responsabilidades de los agentes involucrados. Se sugiere, además, desarrollar programas de capacitación dirigidos a todo el personal para asegurar un uso responsable y alineado con los principios de integridad y transparencia en la gestión pública.

El enfoque preventivo busca que la implementación de inteligencia artificial en el sector público se realice bajo parámetros que resguarden los intereses institucionales, la seguridad de la información y los derechos de los ciudadanos, y que minimicen la exposición a riesgos operativos, legales y reputacionales.

Lineamientos principales de la guía

Según el documento oficial publicado por la SIGEN, los ejes principales de la guía incluyen:

• Establecimiento de un marco de referencia para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a la inteligencia artificial en el sector público.
• Controles específicos para la gobernanza de datos utilizados en el entrenamiento y operación de sistemas de IA, con garantía de calidad, integridad y seguridad de la información.
• Exigencia de controles en todas las etapas del desarrollo e implementación de sistemas de IA, desde la definición de objetivos y el análisis de factibilidad hasta la puesta en marcha y operación.
• Revisiones periódicas para monitorear que los sistemas de IA no degraden su funcionamiento ni generen resultados imprevistos.
• Asignación clara de responsabilidades, roles y límites de acceso dentro de los equipos que gestionan e implementan soluciones de inteligencia artificial.
• Documentación exhaustiva sobre el diseño, desarrollo y funcionamiento de cada sistema de IA para facilitar la auditoría y la rendición de cuentas.
• Promoción de la transparencia hacia la ciudadanía sobre el uso de IA en la gestión pública y orientación a la protección de derechos.

Al cierre de la entrevista, Alejandro Díaz recordó: “La SIGEN ya ha informado a los responsables y, con la aprobación de la Guía, se espera encaminar y fortalecer oportunamente, los puntos sobre los que se observaron riesgos”.

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