POLITICA
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada recibe críticas de los obispos y separa otra vez al Gobierno y la Iglesia

Un nuevo frente de tormenta reaviva las diferencias entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia. La piedra de la discordia es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que el oficialismo envió al Senado y que las comisiones ya tienen en su plan de trabajo.
La iniciativa es defendida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la Iglesia alzó su voz contra el proyecto, que modifica la ley de integración sociourbana, sancionada con amplio consenso en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que le otorga un rol activo al Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.
La norma vigente, que tuvo cambios en 2022, declara de interés público la integración urbana, suspende los desalojos y facilita la expropiación para garantizar el acceso a servicios básicos y títulos de propiedad a familias vulnerables, lo que se pondría en riesgo con la nueva propuesta de inviolabilidad de la propiedad privada.
La propuesta oficial modifica el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de viviendas y terrenos. Establece un juicio sumarísimo, un trámite exprés para expulsar a quienes no paguen el alquiler, “okupas” o personas que tomen un terreno.
La Iglesia reivindica el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que permitió identificar 6467 barrios de emergencia en todo el país, con una población de cinco millones de personas. Se estima que un 20% de esos barrios tienen una antigüedad de 20 años o más.
La regulación del alcance de la propiedad privada, que el gobierno de Milei quiere consagrar como “inviolable”, constituye un debate en el que la Iglesia ha fijado históricamente su posición en distintos documentos pontificios. En la encíclica Fratelli tutti (2020) y en un mensaje enviado al año siguiente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el papa Francisco había señalado que, junto al derecho de propiedad privada, “existe el derecho previo y precedente de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes y el derecho de todos a su uso”.
El magisterio se remonta a la encíclica Rerum novarum (1891), de León XIII, en la que el bien común y el destino universal de los bienes aparecen como principios irrenunciables. Más cerca en el tiempo, al cumplirse 100 años de la Rerum novarum, Juan Pablo II definió en Centesimus Annus (1991) que la propiedad privada no es un valor absoluto y se complementa el principio del “destino universal de los bienes de la tierra”.
El arzobispo de Córdoba y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cardenal Ángel Rossi, planteó su preocupación hace unos días en un encuentro convocado por la Mesa de Barrios Populares de esa provincia. En su exposición, advirtió que “no hay palabras que resuman mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’. Y llamó a comprometerse para que “toda familia tenga un techo digno, acceso a agua potable y a servicios básicos”.
Rodrigo Nespolo
El cardenal jesuita, que fue alumno de Jorge Bergoglio, dijo que “la deuda social y ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado a las tres T: tierra, techo y trabajo. No es filantropía, es una obligación de todos”.
En el encuentro se advirtió que la iniciativa oficial podría afectar a 40.000 familias cordobesas. Acompañaron al cardenal Rossi el padre Melchor López, vicario de los Pobres en el Arzobispado de Córdoba; Ayelén Cabaña, referente de la organización Techo, y Débora Koraj, vecina de un barrio popular.
La organización Techo sumó su cuestionamiento al proyecto oficial y advirtió que elimina tres pilares fundamentales: la declaración de utilidad pública y expropiación, la suspensión de desalojos por diez años y la participación de cooperativas y la economía popular.
En tanto, el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, presidió una misa en La Matanza, al cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, y advirtió que “los barrios que no se integran se entregan al narcotráfico”. Junto con los obispos de San Justo, monseñor Eduardo García, y de Laferrere, monseñor Jorge Torres Carbonell, advirtió sobre los riesgos a los que se enfrentan los vecinos cuando no hay una presencia del Estado.
Hace dos semana y media, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas, monseñor Gustavo Carrara, expuso la posición de la Iglesia en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado y advirtió sobre el impacto social que la iniciativa puede tener en los sectores más vulnerables.
Carrara dijo que algunas modificaciones incluidas en el proyecto, como las que alcanzan a la ley de barrios populares, podrían tener un efecto regresivo y dar un paso atrás”, al dejar de lado una ley que se generó con mucho diálogo y consenso. Y pidió mantener un rol activo del Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.
“En su momento se hablaba de erradicar las villas. Después, en el discurso se pasó a la urbanización, que fija un piso mínimo de dignidad, pero considera a los vecinos como un sujeto pasivo. El concepto de integración sociourbana dice que los pobres se pueden organizar para sacar adelante a sus familias. Se los considera protagonistas”, explicó el arzobispo de La Plata en la reunión informativa presidida por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez.
Con la colaboración de Gabriela Origlia
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Conforme a,Iglesia,,El titular del Episcopado en La Matanza. La Iglesia pidió “no acostumbrarse a la violencia, ni a naturalizar el descarte”,,Milei definió a Francisco como “uno de los argentinos más trascendentes de la historia”,,La celebración del Episcopado. Adorni encabezará la delegación de la Casa Rosada en la misa por Francisco que se hará en Luján
POLITICA
Presentaron en Rosario las refacciones al Monumento a la Bandera

El Monumento Nacional a la Bandera de Rosario recuperó este miércoles su estado original tras más de una década de obras paralizadas, con una inversión que superó los 4.000 millones de pesos y que debió ser asumida íntegramente por la provincia de Santa Fe después de que el gobierno nacional desistiera de concluir los trabajos. La restauración integral del complejo, uno de los sitios de mayor valor histórico y simbólico de la Argentina, fue presentada el 17 de junio, tres días antes del Día de la Bandera, en un acto que reunió a más de 4.500 alumnos de cuarto grado llegados desde distintos puntos del país para protagonizar la primera Promesa de Lealtad a la insignia patria.
El edificio que conmemora el lugar donde el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la enseña nacional, desafiando las órdenes del poder central, fue abandonado durante más de diez años. Cuatro administraciones nacionales se sucedieron sin que los trabajos llegaran a término. Los pagos a la empresa contratista dependían, según lo describió el propio intendente de Rosario, de si el presidente o la presidenta de turno asistía al acto del 20 de junio: entonces se abonaban algunos certificados y la obra avanzaba apenas unos centímetros. Cuando no había visita oficial, la parálisis se imponía.
Fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien tomó la decisión de cortar ese ciclo. La provincia asumió una deuda de 1.456 millones de pesos que el Estado nacional mantenía con la contratista y destinó otros 2.600 millones para completar las tareas pendientes. Con esos recursos, y sin financiamiento federal, se ejecutó la restauración que el intendente Pablo Javkin definió con una frase que sintetiza el trasfondo político del asunto: “Si hubiera sido el Obelisco, lo hubieran recubierto en oro, pero el Monumento Nacional a la Bandera, en la ciudad de Rosario, no se terminó, y no se iba a terminar”.
El acto inaugural se realizó en el Patio Cívico del complejo y estuvo encabezado por Pullaro y Javkin. El gobernador fue directo al describir la lógica que hizo posible el desembolso: “Lo hicimos con recursos de la provincia de Santa Fe, de todos los santafesinos. Porque, lo decimos con mucha claridad, cuando los recursos públicos se administran con austeridad, y cuando no se roba, la plata alcanza en la República Argentina”.
“La inmensidad del Monumento Nacional a la Bandera habla por sí misma. Creo que no tenemos que agregar ningún adjetivo para describir esta majestuosidad”, expresó Pullaro.

Javkin, por su parte, trazó una línea directa entre el episodio histórico de Belgrano y la disputa política que rodeó a la restauración: “En nuestros 300 años, no hay día más importante que el que Belgrano enarboló bandera aquí. Es la historia de una pelea todavía no resuelta. ¿En dónde mira el país su desarrollo? ¿En el interior, que es donde se genera la riqueza, el trabajo, el esfuerzo de la Argentina? ¿O en el poder central en Buenos Aires? Con distintos símbolos, con distintos hechos, siempre fue así, siempre fue la misma pelea».
Al cierre del discurso, el intendente resumió el significado del día: “Hoy, le devolvemos a la Argentina un Monumento Nacional a la Bandera con el esfuerzo de la provincia de Santa Fe y con el corazón de la ciudad de Rosario”.
Los trabajos comenzaron con una etapa de diagnóstico integral que incluyó inventarios, informes técnicos, registros fotográficos, relevamientos de patologías y estudios sobre muros y estructuras. A partir de ese análisis se definieron las intervenciones necesarias para revertir el deterioro acumulado por el tiempo y la falta de mantenimiento sistemático.
Uno de los sectores más visibles de la intervención fue el Propileo, donde se ejecutaron tareas de limpieza profunda, tomado de juntas, impermeabilización de los revestimientos de travertino y recuperación integral del cielorraso. También fueron restauradas las luminarias de bronce, las esculturas de las Américas y las ánforas ornamentales. El sistema eléctrico y de iluminación fue renovado por completo, con reemplazo de luminarias, reflectores y columnas interiores.

El pasaje lateral sobre calle Santa Fe, que arrastraba problemas históricos de filtraciones, recibió una solución de fondo: se realizó una excavación integral del talud, se incorporaron barreras hidrófugas y se recuperaron los espacios verdes y superficies afectadas. En la base de la proa, los altorrelieves y esculturas de piedra fueron sometidos a limpieza especializada, remoción de elementos extraños y aplicación de tratamientos protectores contra la humedad. Las esculturas alegóricas del Río Paraná, el Océano y los Puntos Cardinales también formaron parte de esa intervención.
El mástil principal fue restaurado en su totalidad, con reparación de componentes mecánicos, recuperación de elementos de bronce, reemplazo de la baliza superior y pintura completa de la estructura. En los espacios interiores, la sala de exposiciones ubicada bajo la torre fue renovada, mientras que la Sala de las Banderas recibió una transformación más profunda: se intervinieron todas las vitrinas y marcos de bronce, se reemplazaron los vidrios, se instaló un nuevo sistema de iluminación y se pintó el recinto de forma integral. Por primera vez, el espacio cuenta con un sistema de climatización frío-calor para preservar las piezas exhibidas.
La torre y el ascensor también fueron parte del proyecto. El ascensor fue modernizado mediante la automatización de su sistema, las rejas del mirador fueron reemplazadas por estructuras de acero inoxidable y se restauraron las puertas de bronce y los vidrios de acceso a los balcones panorámicos.
Al término del acto, los funcionarios se trasladaron al Patio Cívico para el corte de cinta oficial. Allí, más de 4.500 niñas y niños de escuelas de distintas provincias del país protagonizaron la primera Promesa de Lealtad a la Bandera frente al monumento ya restaurado. Con esa ceremonia quedaron abiertas las actividades oficiales por el Día de la Bandera, que culminarán el sábado 20 de junio con el acto central y los festejos populares.
POLITICA
El Gobierno demora los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal por el caso Adorni y prioriza los proyectos ya enviados al Congreso

El Gobierno ya tiene listos los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, pero demora su envío al Congreso por el impacto político del caso Manuel Adorni y por la tensión que atraviesa la negociación con los aliados. En el Ejecutivo reconocen que el proyecto está terminado, pulido y en condiciones de ser remitido, aunque ahora la prioridad será concentrar los esfuerzos en las iniciativas que ya ingresaron al Parlamento.
La reforma fue enviada a la mesa política de Nación, que funciona como instancia interna de definición sobre reformas, votaciones y estrategia parlamentaria. En la Casa Rosada describen ese ámbito como una suerte de órgano decisorio del oficialismo: allí se ordenan prioridades, se evalúan costos políticos y, según el caso, se elevan los temas a Javier Milei o se resuelven directamente dentro del dispositivo de conducción.
Los cambios a Inocencia Fiscal habían surgido de las reuniones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo con contadores y tributaristas. La idea original era enviar el proyecto al Congreso apenas estuviera terminado para reforzar el régimen, ampliar su alcance y dar más seguridad jurídica a los contribuyentes que quisieran incorporar fondos al circuito formal. Ese cronograma ahora quedó alterado.
En Balcarce 50 explican que la demora no responde a un problema técnico, sino político. El texto ya está cerrado, pero el Gobierno no quiere abrir un nuevo frente de discusión legislativa en medio de la crisis por Adorni, que tiene frenada parte de la agenda parlamentaria, tensiona la relación con PRO, UCR y bloques provinciales, y obligó al oficialismo a negociar contrarreloj para evitar una derrota en el Senado.
El dato más incómodo es que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de la investigación judicial sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. En el Gobierno aclaran que el trámite no implicó un blanqueo de dólares ni una exteriorización de fondos, pero admiten que el cruce entre el caso Adorni y la reforma de Inocencia Fiscal vuelve más sensible el envío del proyecto.
De todos modos, en Nación sostienen que la postergación no se explica sólo por la adhesión del jefe de Gabinete al régimen. El argumento central es que el oficialismo no tiene margen para sumar nuevas negociaciones con aliados mientras intenta contener los pedidos de interpelación y moción de censura contra Adorni, ordenar el tratamiento de las reformas ya presentadas y evitar que cada apertura del recinto se convierta en una oportunidad para golpear al ministro coordinador.
La decisión oficial es centralizar los esfuerzos en los proyectos que ya están en el Congreso. En esa lista aparecen el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada, el Súper RIGI, la ley de lobby, Hojarasca y Zonas Frías, entre otros expedientes que requieren votos de aliados y gobernadores. La Casa Rosada cree que dispersar la agenda con nuevas iniciativas puede complicar aún más una negociación que ya quedó condicionada por el caso Adorni.
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La misma lógica alcanza a otros proyectos que el Gobierno tenía previsto enviar al Congreso en las próximas semanas, como juicio por jurados y una nueva tanda de desregulación. En distintos despachos reconocen que esas iniciativas siguen en carpeta, pero que ahora deberán esperar una ventana política más ordenada. “Primero hay que sacar lo que ya está adentro”, resumen en Nación.
El caso Adorni impactó directamente sobre ese calendario. En el Senado, el oficialismo logró postergar una sesión que podía derivar en una ofensiva contra el jefe de Gabinete, pero la discusión quedó abierta para el 25 de junio, con la posibilidad de avanzar hacia una interpelación el 2 de julio. En Diputados, el Gobierno también evalúa con cuidado los tiempos del Súper RIGI y del acuerdo con holdouts, porque teme que la oposición use el recinto para instalar pedidos contra el ministro coordinador.
En ese contexto, la reforma de Inocencia Fiscal pasó de ser una iniciativa económica de envío inminente a un proyecto en espera. Para Caputo, el cambio sigue siendo relevante: busca reforzar el esquema con el que el Gobierno pretende que una parte de los dólares fuera del sistema ingrese al circuito formal, empuje actividad y acompañe la remonetización de la economía. Pero en la mesa política entienden que el momento parlamentario no ayuda.

El proyecto apunta a modificar el régimen simplificado de Ganancias y a dar más previsibilidad a los contribuyentes. Entre los cambios que se discutieron con especialistas aparece la eliminación de topes de ingreso y patrimonio para ampliar el universo de adherentes, ajustes sobre la llamada “discrepancia significativa”, más instancias de rectificación antes de perder beneficios, límites al uso de presunciones por parte de ARCA y reglas de bancarización para las operaciones.
El objetivo técnico es reducir el temor a que una persona que ingresa al régimen termine expuesta a fiscalizaciones amplias sobre ejercicios anteriores por errores formales, diferencias de criterio o inconsistencias menores. En Economía sostienen que, si el contribuyente acepta la declaración simplificada, paga en término y cumple con los requisitos, debe tener un marco de seguridad jurídica más robusto para operar con fondos que hoy están fuera del sistema formal.
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La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas. En el diseño que circula entre tributaristas, el contribuyente podría acceder a condonaciones o mecanismos de regularización si adhiere al régimen y cumple determinadas condiciones. El Gobierno presenta esa arquitectura como una herramienta para formalizar actividad sin lanzar un blanqueo tradicional ni abrir una discusión tributaria más amplia.
La discusión política, sin embargo, quedó atravesada por el caso Adorni. En la Casa Rosada saben que cualquier modificación que amplíe beneficios fiscales o limite herramientas de control de ARCA puede ser leída por la oposición como una norma a medida del jefe de Gabinete, aunque en Economía insistan en que la reforma fue pensada antes de la crisis actual y responde a pedidos de contadores, tributaristas y contribuyentes.
Por eso, el Gobierno eligió frenar el envío y esperar. La mesa política deberá definir cuándo existe margen para reactivar la iniciativa sin sumar ruido a una agenda legislativa ya saturada. Mientras tanto, Caputo mantiene el proyecto listo, pero la Casa Rosada prioriza contener el frente Adorni, ordenar los votos para las reformas que ya están en trámite y evitar que una nueva ley económica termine absorbida por la crisis política del jefe de Gabinete.
Gobierno, Manuel Adorni
POLITICA
Difundieron videos en los que Jésica Cirio aparece junto a miles de dólares

En las últimas horas se hicieron públicas grabaciones en las que la conductora Jesica Cirio aparece en un vestidor junto a varios fajos de dólares, un material que se incorpora a la trama judicial y pública que rodea a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, investigado junto con ella por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Las imágenes fueron publicadas en una nota del periodista Diego Cabot en el sitio web de La Nación y, según ese medio, serían de 2023 y corresponderían a una dependencia del dormitorio que el exmatrimonio compartió en la casa de Fincas de San Vicente, en la zona sur del Gran Buenos Aires. En los videos se ven fajos envueltos en bolsas de plástico transparente, ordenados en cajones y estantes de un vestidor masculino que, de acuerdo con la publicación, habría sido filmado por la propia Cirio.
El dato se vuelve relevante en un expediente que ya avanzó sobre el patrimonio de los involucrados. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, de Sofía Clerici y de Cirio en esa causa.
La residencia donde habrían sido registradas las escenas estaba montada sobre un lote de gran tamaño y tenía, en la planta baja, varias habitaciones y baños, cocina, comedor diario, gimnasio, lavadero y dos dependencias de servicio. En el parque había una pileta con un escudo de Banfield en el piso, un quincho, una cancha de fútbol, dos cocheras cubiertas y paneles de energía solar sobre el techo.
En la planta alta solo estaba el dormitorio de la entonces pareja. Ese sector incluía un rectángulo central ocupado por el cuarto y por el guardarropas de Cirio, ubicado detrás de la cabecera de la cama, mientras que el vestidor de Insaurralde era un pasillo con espacio de guardado a ambos lados y un espejo al fondo, donde se la vería reflejada mientras grababa.
Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.
La causa se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido” entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De los fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según revela el dictamen fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.
Infobae consultó con el estudio de abogados que representan a la conductora y explicaron que en las próximas horas presentarán las explicaciones correspondientes.
El hecho se conoció semanas antes de la elección presidencial que ganó Javier Milei e Insaurralde renunció a su cargo. En el inicio de la causa también fueron investigadas Clerici y Cirio. En la causa se hicieron distintos allanamientos y en la vivienda de Clerici se secuestraron cerca de 600 mil dólares. La mujer dijo que se trataba de dinero de su trabajo como “acompañante” y que la AFIP no tiene esa categoría para tributar. La justicia le permitió ingresar al blanqueo de capitales pero con los dólares congelados.
En su acusación los fiscales señalaron el patrimonio que Insaurralde no puede justificar con sus ingresos de funcionario público: la compra de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta 73,40 metros cuadrados; la compra de una casa en Lomas de Zamora; la compra de dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuáles solo uno fue oficial.
Un año después del divorcio con el exintendente, Cirio volvió a ocupar la atención pública por su nueva boda. El domingo 26 de mayo de 2024 se casó con Elías Piccirillo en una ceremonia civil con entre 60 y 70 personas en un hotel porteño.
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