El Gobierno del Reino Unido confirmó que cualquier nueva licencia para explorar o explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el aval del secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La definición quedó formalizada en una respuesta parlamentaria del 1° de octubre y establece que Londres tendrá la última instancia de aprobación sobre los futuros permisos petroleros.

La aclaración fue realizada por Stewart Wood, subsecretario parlamentario de Estado, en respuesta a una consulta presentada por el conservador Colin Moynihan ante la Cámara de los Lores (Cámara Alta). El funcionario explicó que la administración de las islas conserva las competencias regulatorias y ambientales sobre los proyectos, aunque las nuevas licencias necesitan además el consentimiento del secretario de Estado británico.

La misma posición había sido comunicada semanas antes ante la Cámara de los Comunes (Cámara Baja). Según la respuesta oficial, el funcionario británico debe actuar de acuerdo con la legislación vigente en las islas al analizar cada autorización. Al mismo tiempo, Londres aclaró que el régimen de concesiones de petróleo y gas que se aplica en el Reino Unido no rige directamente para las Malvinas.

La intervención del Gobierno británico se da en medio de una disputa que también involucra a la Argentina por la explotación de los recursos naturales del archipiélago. Actualmente, el cargo de secretario de Estado de Asuntos Exteriores está ocupado por Ed Miliband, quien asumió en julio de 2026.

Los Metrodelegados irán a elecciones con 3 listas el 26 de noviembre próximo, en una contienda de resultado incierto ante un cuadro atomizado: tras el cierre del plazo para la presentación de las nóminas, en la medianoche de este viernes, se confirmó la ruptura del sector oficialista que lidera el sindicato desde 2008, pero también se fisuró la oposición de izquierda.

De esta forma, como anticipó Infobae, la renovación de autoridades de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados, refleja el shock interno que produjo el fallecimiento en enero pasado de Beto Pianelli, uno de los fundadores del sindicato y su líder durante 18 años.

Las listas que competirán en los comicios estarán encabezadas por dos fracciones del oficialismo: la Verde, del actual secretario adjunto del sindicato, Néstor Segovia; la Colorada-Violeta, de Virginia Bouvet, secretaria de Organización y referente del pianellismo; y la Bordó-Azul, de Claudio Dellecarbonara, única opositora, que representa a la izquierda.

La ruptura entre los dos grupos oficialistas modifica el escenario de un sindicato de 1.500 afiliados con influencia decisiva en la actividad de los subtes, en donde la división interna que ya existía se profundizó tras la muerte de Pianelli, quien compartió durante años la conducción con Segovia pese a sus diferencias políticas.

Pianelli y Segovia lideraron el gremio desde su creación, tras la ruptura de delegados del subte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El primero provenía del Movimiento al Socialismo (MAS), trotskista, mientras que Segovia siempre se reconoció peronista.

El sector más cercano al dirigente fallecido no considera que Segovia deba ser el heredero natural para ocupar la secretaría general. Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto a Pianelli contra la conducción de la UTA, quedó como referente de esa corriente.

Segovia propuso una nómina de unidad, incluso con sectores de izquierda, ante lo que interpreta como riesgos para los trabajadores en la etapa que viene. Sus allegados sostienen que el rechazo del pianellismo se explica por diferencias ideológicas y por el perfil “peronista y evangélico” del actual secretario adjunto.

“Sería un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirmaron cerca de Segovia. Desde el pianellismo habían reclamado construir “la mayor unidad posible” ante la reforma laboral y la persecución judicial contra los sindicatos», aunque las negociaciones no avanzaron y se confirmó la ruptura interna.

La izquierda llegará con una lista piloteada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) a través de Dellecarbonara, más otras agrupaciones combativas, pero quedaron afuera el Partido Obrero (PO) y sectores que tienen menos inserción en las bases de los subtes.

En las elecciones de Metrodelegados realizadas en 2022, todas las variantes de izquierda compitieron unidas en la Lista Multicolor y reunieron el 40,9% de los votos frente a la fórmula Pianelli-Segovia, que ganó con el 59,1%.

Dellecarbonara, vocal del gremio por la minoría y delegado de la Línea B, había intentado en sintonía con Segovia un acuerdo entre todos los sectores internos para armar una lista unificada, pero el PO rechazó esa posibilidad y el pianellismo tampoco quiso avanzar en esa dirección.

El PTS de Metrodelegados propuso que la lista de unidad se hiciera a partir de un programa consensuado, ya que cuestiona el funcionamiento interno del sindicato y la reelección indefinida de sus principales autoridades, una cláusula que Pianelli y Segovia incorporaron al estatuto. También consideran que la discusión debía centrarse en un gremio “democrático, participativo y combativo”.

La ruptura del oficialismo y las fisuras en la izquierda representan una atomización interna en Metrodelegados que torna muy difícil predecir lo que pasará en las urnas cuando los afiliados voten el 26 de noviembre la primera conducción sindical sin el liderazgo de Pianelli.

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En las últimas horas se confirmó que uno de los gobernadores recurrirá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la Ley de Tierras. Se trata del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, que instruyó al fiscal de Estado provincial, Eduardo Duarte, para oponerse a las operaciones de compra de tierras que puedan afectar los intereses de la provincia.

El decreto provincial se conoció después de que la Corte Suprema dejara sin efecto una resolución judicial que había suspendido la aplicación del artículo del DNU que eliminó las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del régimen, sino que consideró que la organización que había iniciado esa demanda no tenía legitimación suficiente para plantear el reclamo en esos términos.

Passalacqua justificó la medida en la necesidad de preservar el territorio provincial y cuestionó el impacto que, según sostuvo, tiene la nueva situación sobre Misiones. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, afirmó el gobernador, quien remarcó además que la provincia posee una extensa frontera internacional con Brasil y Paraguay, una importante biodiversidad y una economía con fuerte presencia de pequeños productores.

La decisión quedó plasmada en el decreto 1935, firmado este viernes, que le encomienda a la Fiscalía de Estado ejercer las acciones judiciales y defensas que considere necesarias frente a la derogación de la Ley 26.737. Esa norma establecía restricciones para la titularidad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras y fue dejada sin efecto por el artículo 154 del DNU 70/2023.