En la antesala del invierno, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto para reformar el Régimen de Zonas Frías y reducir el alcance de los subsidios al gas. La iniciativa, incluida en el paquete titulado “Medidas Energéticas”, propone un cambio de criterio: pasar de un esquema masivo, definido por ubicación geográfica, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares.

El Poder Ejecutivo busca así desarmar la ampliación dispuesta por la el diputado Máximo Kirchner en 2021, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte del país. En los fundamentos del proyecto, sostiene que esa modificación incorporó áreas sin “severidad climática” suficiente y que eso terminó por “desnaturalizar” el régimen.

La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y sus ministros Luis Caputo (Economía) y Manuel Adorni (jefe de Gabinete), apunta a eliminar el subsidio automático del 30% en la llamada “zona ampliada”. En esas regiones -que incluyen amplias zonas del interior de Buenos Aires (centro, norte, oeste y costa atlántica), el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza y San Juan- dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.

En adelante, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y veteranos de Malvinas.

En contraste, el proyecto preserva el subsidio pleno -sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”. Allí se incluyen la Patagonia (incluye las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca).

El cambio ya genera reparos en provincias cuyos gobernadores han sido aliados circunstanciales del oficialismo en el Congreso, como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). Sus legisladores fueron determinantes en votaciones recientes, ya sea para bloquear iniciativas incómodas o para garantizar el avance de reformas impulsadas por el Gobierno.

Además del rediseño del mapa de beneficiarios, el proyecto introduce modificaciones técnicas en el funcionamiento del régimen, con el objetivo de reducir el costo fiscal y ordenar la cadena de pagos del sector.

Uno de los cambios centrales es la forma de calcular el subsidio. Hasta ahora, la bonificación se aplicaba sobre toda la factura de gas. Con la reforma, se limitará únicamente al precio del gas en origen (el valor del combustible), y ya no cubrirá los costos de transporte y distribución. En la práctica, esto reduciría el monto subsidiado.

También se modifica el circuito de pagos. El Estado pasará a compensar directamente a los productores y proveedores de gas, en lugar de hacerlo a través de las distribuidoras. El objetivo es evitar atrasos y deudas en la cadena, un problema recurrente en el sistema actual.

El financiamiento del régimen será a través de un recargo en las facturas de gas de todo el país, que podrá llegar hasta el 7,5%. El proyecto habilita al Poder Ejecutivo a ajustar ese porcentaje -al alza o a la baja- en un margen de hasta el 50%.

La iniciativa incluye, además, un capítulo de regularización para el mercado eléctrico mayorista. Propone un esquema excepcional para que distribuidoras con deudas con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico) puedan cancelarlas mediante compensaciones vinculadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.

En paralelo, establece nuevas pautas de transparencia en las facturas: los costos de la energía deberán trasladarse de manera directa a las tarifas y se busca limitar la inclusión de tributos locales ajenos al servicio.

Como contrapartida a los recortes, el proyecto extiende beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y propone eliminar regímenes de promoción y acceso a divisas para el sector hidrocarburífero, con el argumento de reducir gastos tributarios.

El nuevo esquema de zonas frías, en caso de aprobarse, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

El juez federal Ariel Lijo ordenó analizar el celular del contratista Matías Tabar, que remodeló la casa de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz, para rescatar mensajes borrados automáticamente de sus conversaciones con el jefe de Gabinete.

El fiscal Gerardo Pollicita pidió realizar esta medida luego de que ayer Tabar le dejó el celular al declarar como testigo.

Allí, Tabar contó que las obras de remodelación tuvieron un costo total de 245.000 US$, incluida la mano de obra, los materiales y todos los muebles y artefactos adquiridos para la casa.

Asimismo, Tabar relató que en los días previos a su declaración Adorni le mandó un mensaje de WhatsApp. Fue cuando la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito ya estaba en la agenda pública de los medios y faltaban pocos días para que Tabar se presentara a declarar.

Adorni le mandó un chat para consultarle si lo podía llamar y Tabar lo telefoneó.

Allí, en esa conversación telefónica, que duró diez minutos, hablaron sobre la situación.

“Le dijo que era una mierda para él pasar por la instancia de tener que ir a declarar, de lo incómodo que era para su socia y para su familia”, cuentan amigos de Tabar.

Allí, Adorni le dijo que si necesitaba “ayuda, que contara con él y su equipo”, según dijeron allegados a Tabar, que indicaron que el jefe de Gabinete nunca mencionó el ofrecimiento de un abogado.

Tabar rechazó la ayuda.

Ese mensaje se eliminó porque el servicio de mensajería tiene activado un sistema de borrado automático.

Por eso, los investigadores ahora buscan rescatar este mensaje y los que intercambió con Adorni referidos al avance de las obras.

El análisis del teléfono fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y se intentará recuperar los mensajes temporales o borrados.

Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.

Adorni pagó supuestamente 120.000 US$ por la vivienda, que tiene una superficie total de 400 metros cuadrados.

Tabar estuvo en los tribunales de Comodoro Py entre las 10.30 y las 13.30. Su declaración testimonial fue filmada y estuvieron presentes el fiscal Pollicita y Matías Ledesma, el abogado defensor de Adorni.

El testigo explicó que el pago total de las refacciones fue de US$ 245.000 y que el dinero se lo dio en mano el propio Adorni, sin que mediara factura por su trabajo, según dijeron las fuentes judiciales.

Con ese dinero se pagaron los muebles de la cocina, los artefactos del baño, se hicieron pisos y paredes nuevas, según detallaron las fuentes judiciales.

El testigo fue a declarar con un detalle de todos los arreglos que efectuó y las facturas de lo que gastó tanto en materiales como en mobiliarios nuevos. Aportó además videos de la obra y de los avances a medida que iba trabajando y eso quedó en poder de la fiscalía.

Los elementos nuevos colocados incluyeron los revestimientos, un gran quincho, una pileta de natación con mosaico travertino y una cascada. Se hizo a nuevo la entrada de la galería y se colocaron cerramientos nuevos de PVC.

“Todo se pagó cash, de contado”, señalaron las fuentes consultadas sobre la declaración del contratista.