Los dirigentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro y Raúl Laguna Bosch volvieron a la Argentina este martes por la mañana tras ser liberados luego de ser detenidos por las fuerzas israelíes. Los activistas denunciaron que fueron sometidos a calor extremo y que les negaron agua y medicamentos.

Al momento de su captura, los militantes viajaban a bordo de uno de los 20 barcos de la Flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria para la población civil palestina.

Desde el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), al que pertenece el MST, sostienen que las fuerzas navales actuaron en aguas internacionales para detener el avance del convoy, a 1100 kilómetros de la zona de destino, en las proximidades de la isla de Creta.

La Cancillería de Israel, por otro lado, argumenta que la acción respondió a una necesidad operacional para evitar el incumplimiento de un bloqueo naval, y calificó como una “acción provocadora” al avance de la flotilla. “Israel actuó temprana y pacíficamente, de acuerdo a la ley internacional y con el objeto de asegurar a quienes están a bordo y continuará haciéndolo”, agregaron las autoridades.

“Queremos agradecer todo el acompañamiento desde el momento en el que nos secuestró el ejército sionista hasta el día de hoy. Y convocar a todos a seguir movilizándonos para seguir levantando la defensa del pueblo palestino”, expresó Celeste Fierro sobre la causa.

Por su parte, Raúl Laguna Bosch afirmó: “Para nosotros también es importante decir que la misión no terminó, van a seguir las movilizaciones en la calle. El convoy ya está pronto a salir y las embarcaciones que quedan en el mar, así como las que están en Grecia y las que están por salir desde Turquía, ya prontamente se van a encontrar y la misión va a continuar“.

Al llegar al país, los dirigentes también brindaron detalles sobre las condiciones de su detención: “Nos golpearon, nos dejaron expuestos al sol, nos privaron de agua, nos privaron de información, nos robaron de todo, no nos dijeron a dónde íbamos, no sabíamos dónde estábamos”, detalló Bosch.

“Durante el día hace mucho calor y ellos de alguna forma se aseguraban que recibiéramos mucho calor para deshidratarnos. Gente que tenía enfermedades crónicas no pudo acceder a su medicación y agarraban de forma discrecional a algunos de los activistas y los golpeaban”, agregó.

Celeste Fierro reflexionó: “Hay más de 30 compañeros que han sufrido heridas y han tenido que ir a hospitales. Mundo entero: imaginémonos lo que le hacen a los más de 9.000 palestinos y palestinas que hoy están en cárceles de la ocupación por el solo hecho de resistir esa política de apartheid que lleva adelante Israel”.

Si bien los argentinos fueron liberados, la situación de otros miembros permanece incierta. El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, encargado del proceso judicial, resolvió este martes prorrogar por seis días la detención de los activistas Thiago Ávila y Saif Abu Keshek.

Los cargos presentados por la fiscalía estatal incluirían asistencia al enemigo en tiempos de guerra y contacto con agentes extranjeros. El juez Yaniv Ben-Haroush autorizó la prórroga basándose en informes clasificados que no fueron compartidos con la defensa.

De acuerdo con los reportes médicos y legales, los activistas que permanecen en el centro de detención iniciaron una huelga de hambre el pasado 30 de abril y distintas denuncias presentadas ante el Tribunal de Distrito indican que los detenidos se encuentran en aislamiento total y bajo condiciones de presión psicológica.

Los trabajadores despedidos de FATE se encuentran ante un callejón sin salida. Ante el “cierre definitivo” que decidió la empresa, que no da señales de ninguna marcha atrás, el Sindicato del Neumático (SUTNA) redobló la presión para que la Legislatura bonaerense trate su proyecto de “ocupación temporaria” de la planta, durante el plazo de un año y bajo la tutela de la administración de Axel Kicillof.

Pero el gobernador parece tener otros problemas con las cuentas de la provincia. En su administración advierten que la propuesta del gremio “no es factible” y si bien ratificaron su competencia para intervenir en el conflicto y buscan garantizar que se pague el “cien por ciento” de las indemnizaciones bajo el esquema previo a la reforma, no contemplan bendecir políticamente el proyecto de “ocupación” de la planta.

“Hay una ola de cierre de empresas y no tenemos margen para esa posibilidad”, sentenciaron en el ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Walter Correa, ante una consulta de .

En tanto, desde la empresa de Javier Madanes Quintanilla ratificaron que “el cierre es definitivo” y afirmaron haber formalizado el pago de las indemnizaciones de los 920 despedidos. Pero en el gremio no corroboran esta última afirmación de los exjerarcas de FATE.

Además, reclaman al gobernador Kicillof que se involucre en la reactivación de la fábrica, que está sin funcionar desde febrero, para confrontar con “el modelo de Javier Milei“.

“Hemos solicitado que se apruebe en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley de ‘ocupación temporal’ para que la única fábrica de cubiertas para camiones y colectivos del país siga funcionando. Pedimos una reunión con Kicillof para decirle que, si en Nación hay un gobierno anti obrero, tiene que dar una solución”, sostuvo el secretario general Alejandro Crespo.

En la misma línea, Crespo planteó: “Esta fábrica es una oportunidad para demostrar que hay políticas diferentes”. Lo expresó a través de un video junto a miembros del SUTNA desde las puertas del complejo de Virreyes, en San Fernando, bajo la consigna “¡Kicillof, te pedimos una reunión ya!”.

Desde el gremio acusan un “lock out patronal” y ponen sobre la mesa un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que insta a que FATE abone los sueldos pendientes desde su cierre y continúe pagando haberes hasta el 30 de junio de 2026.

Pero el escenario para la empresa es completamente opuesto y sus voceros son categóricos: “Esto está terminado”. En la compañía indican que la decisión de cerrar la planta de San Fernando “ha sido un proceso doloroso que no tiene vuelta atrás” y rechazan de plano cualquier posibilidad de avanzar con el proyecto de rescate impulsado por el SUTNA.

Según aseguran desde la empresa, ya quedaron abonadas las indemnizaciones en su totalidad para los trabajadores despedidos, incluso para quienes buscan prolongar el conflicto.

“Finalizadas las instancias legales, ya se terminaron de depositar las indemnizaciones de las poco más de 100 personas que no habían arreglado con la empresa. También los salarios adeudados hasta el 18 de febrero, que fue el último día trabajado”, remarcaron desde FATE.

Según el diagnóstico de la compañía, el cierre fue la consecuencia de una crisis sostenida: luego de atravesar dos procesos preventivos de crisis en apenas cinco años y reducir su plantilla en un 60%, la estocada final fue la pérdida de competitividad frente al avance de las importaciones, especialmente de neumáticos chinos.

El ocaso de FATE se inscribe en un contexto más amplio de retracción productiva. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 desaparecieron 21.938 empleadores formales en la Argentina.

El proyecto del sindicato comenzó a circular a mitad de marzo entre distintos bloques de la Cámara de Diputados bonaerense. Los delegados fueron recibidos por representantes de UP, UCR, FIT y Coalición Cívica, mientras que en el Senado el texto llegó a los despachos de la bancada peronista.

También existe “una iniciativa espejo” en el Congreso de la Nación. “Es de los diputados sindicales cercanos al gobernador, sumado a otro para declarar la emergencia de la industria del neumático. Igual, entendemos que en la Legislatura las chances son más”, dijo Crespo a este medio.

Entre los lineamientos de la iniciativa, “se propone declarar de utilidad pública y carácter estratégico la producción de neumáticos en la provincia, habilitando la ocupación temporaria por un año y prorrogable por otro más”.

Bajo el argumento de que “la industria del neumático cumple una función esencial para el transporte, la logística y el abastecimiento de bienes básicos”, el texto establece que “el Estado provincial tome posesión inmediata del establecimiento, incluyendo instalaciones, maquinaria, insumos y demás recursos productivos, bajo un esquema de administración supervisada por el Ejecutivo con participación de los trabajadores”.

El ministerio de Trabajo bonaerense convocó a otra audiencia —de carácter virtual— para tratar de acercar posturas entre el sindicato y la empresa. Desde la empresa participaron del encuentro, aunque reiteraron que no altera el desenlace del conflicto. “Las instancias legales ya se agotaron”, sostuvieron.

La cartera que encabeza Correa ratificó su competencia para intervenir en el conflicto y mantiene abierta la posibilidad de extender las negociaciones, pero descarta la posibilidad de avanzar con la propuesta del SUTNA. Se trata de un límite que Kicillof no parece estar dispuesto a traspasar de cara a 2027.