ECONOMIA
Inversores vuelven a mirar a bancos argentinos tras mejora de Fitch: acciones con más potencial
La mejora de la calificación crediticia de Argentina volvió a poner a los bancos locales en el radar de la City, justo en una rueda en la que los papeles financieros treparon con fuerza y obligaron a recalcular el potencial que todavía les queda frente a los precios objetivo de los principales brokers. La suba de Fitch Ratings desde CCC+ hasta B-, con perspectiva estable, no cambia por sí sola el balance de las entidades, aunque sí mejora el marco en el que el mercado valúa a un sector que suele amplificar cada movimiento del riesgo argentino.
El dato cobra más relevancia porque llegó mientras Allaria mantenía una recomendación de compra para los principales bancos argentinos bajo cobertura, con precios objetivo 2026 que, aun después del salto de la rueda, todavía dejan recorridos importantes en Grupo Financiero Galicia (GGAL), Grupo Supervielle (SUPV), Banco BBVA Argentina (BBAR), Banco Macro (BMA) y Banco de Valores (VALO).
Con los cierres de hoy, el mayor potencial queda en Grupo Financiero Galicia, que terminó en $6.380 frente a un precio objetivo de $15.000, lo que implica un recorrido estimado de 135,1%. Detrás aparece Grupo Supervielle, con una cotización de $2.595 y un target de $5.900, equivalente a un upside de 127,4%.
Más atrás se ubican BBVA Argentina, con un cierre de $7.700 y un objetivo de $15.500, lo que deja una mejora posible de 101,3%; Banco Macro, que finalizó en $11.440 frente a un target de $22.000, con potencial de 92,3%; y Banco de Valores, que cerró en $659 contra un objetivo de $1.200, con un recorrido implícito de 82,1%.
La mejora de Fitch
La decisión de Fitch se apoya en una mejora de los balances fiscal y externo, avances en reformas económicas y mejores perspectivas de acumulación de reservas, además de la expectativa de que el Gobierno pueda conseguir financiamiento suficiente para cubrir vencimientos. La calificación sigue lejos del grado de inversión, dado que Argentina todavía convive con inflación elevada, baja liquidez externa y un historial de inestabilidad macroeconómica, aunque el pase desde la zona CCC hacia B- reduce el nivel de fragilidad percibido por parte de los inversores internacionales.
Menor riesgo soberano puede traducirse en menor costo de capital, más apetito por acciones locales, mejor acceso al financiamiento corporativo, recuperación del crédito y más volumen de negocios. Ninguno de esos canales es automático, pero todos pesan en una industria cuya rentabilidad está muy condicionada por el ciclo económico y por la estabilidad de la demanda de pesos.
El sector, además, funciona como uno de los termómetros más directos de la confianza en Argentina. Cuando el mercado cree que el programa fiscal y cambiario gana consistencia, los bancos suelen estar entre los primeros papeles en reaccionar porque combinan exposición al crédito privado, tenencia de instrumentos financieros, ingresos por servicios y sensibilidad al nivel de actividad. Cuando aparece una duda sobre reservas, inflación o gobernabilidad, esa misma sensibilidad juega en contra.
Qué espera Allaria para los resultados
El informe de Allaria estima que los bancos analizados reportarán mejores resultados frente al cuarto trimestre de 2025, impulsados por un menor costo de fondeo y menores cargos por incobrabilidad. Ese efecto positivo estaría parcialmente compensado por una baja en las tasas de préstamos y por mayores cargos por RECPAM, ya que la inflación del trimestre fue de 9,5%, por encima del 7,8% del período anterior.
La dinámica de tasas es uno de los puntos centrales del informe dado que, durante el trimestre, bajaron tanto las tasas promedio de depósitos como las de préstamos, con una caída de 5,9 puntos porcentuales en la TAMAR, mientras que los adelantos cedieron 12,6 puntos, los hipotecarios 12,5 puntos y los personales 8,3 puntos. La diferencia está en la velocidad de ajuste, porque los depósitos y los préstamos corporativos reprecian más rápido por tener menor duración, mientras que los créditos a individuos de mayor plazo siguen devengando tasas pactadas en meses previos.
Ese descalce puede jugar a favor del margen financiero durante una parte del proceso de baja de tasas. Los bancos pagan menos por el fondeo antes de que toda su cartera activa haya ajustado hacia abajo, lo que permite sostener ingresos por intereses en un trimestre que todavía muestra debilidad en la demanda de crédito.
La contracara es que, si la actividad no se recupera y la mora sigue presionando, la mejora de margen puede quedar neutralizada por mayores previsiones o por menor volumen.
Allaria detalla que los préstamos al sector privado en pesos cayeron 3,6% trimestral, con retrocesos de 9,1% en adelantos, 7,4% en prendarios y 6,9% en tarjetas de crédito. Los depósitos privados en pesos bajaron 4,9%, arrastrados por una caída de 14,6% en depósitos a la vista, mientras los plazos fijos crecieron 3,9%. El broker atribuye la baja a la menor actividad, a una demanda de crédito más floja y a la estacionalidad de comienzo de año, aunque aclara que, al ajustar por ese factor, los préstamos habrían crecido 1,7% y los depósitos 0,8%.
Los préstamos privados en moneda extranjera crecieron 13,2% trimestral en moneda de origen, mientras que los depósitos privados en dólares avanzaron 6,3%. Como los balances se expresan en pesos, ese crecimiento queda parcialmente licuado por la apreciación de 5% que mostró la moneda local durante el primer trimestre, aunque el dato resulta relevante porque marca una mayor profundidad del negocio en moneda dura.
Galicia, el mayor potencial
Con los precios de cierres actualizados, Grupo Financiero Galicia sigue siendo el papel con mayor recorrido dentro de la cobertura de Allaria. El banco cerró en $6.380, mientras que el precio objetivo 2026 del broker se mantiene en $15.000, lo que deja un potencial de 135,1%. La acción subió 6,1% en la rueda y acumula una mejora de 2,6% en el mes, aunque en el año todavía muestra una caída de 22,2%, lo que ayuda a explicar por qué el upside continúa siendo elevado pese al rebote reciente.
La recomendación de compra sobre Galicia se apoya más en la normalización esperada que en un trimestre especialmente sólido. Allaria estima para Banco Galicia un resultado neto de $9.571 millones, luego de una pérdida de $115.012 millones en el cuarto trimestre de 2025 y una ganancia de $38.395 millones en el primer trimestre del año pasado. Para el holding GFG, el resultado neto estimado asciende a $69.222 millones, ayudado por otras participaciones.
Por esto, la tesis de Galicia queda asociada a una recuperación del sistema financiero, a una baja gradual de la mora y a la posibilidad de que el mercado vuelva a pagar múltiplos más altos por bancos argentinos si el riesgo soberano sigue comprimiendo. Al mismo tiempo, el papel también queda expuesto a la sensibilidad típica de las acciones líderes locales, que suelen anticipar rápido las buenas noticias y corregir con la misma intensidad cuando aparece alguna duda macro.
Supervielle, el segundo mayor recorrido
Grupo Supervielle cerró en $2.595, frente a un precio objetivo de $5.900, por lo que el potencial actualizado queda en 127,4%. La acción avanzó 7,3% en la rueda y acumula 4,8% en el mes, aunque todavía pierde 27,3% en el año, la baja más pronunciada entre los bancos incluidos en esta comparación.
El caso de Supervielle tiene un perfil más agresivo porque el banco todavía atraviesa una etapa de recomposición de resultados. Allaria proyecta una pérdida neta de $1.438 millones para el primer trimestre, una mejora fuerte frente al rojo de $21.412 millones del cuarto trimestre de 2025, aunque por debajo de la ganancia de $11.342 millones registrada en el primer trimestre del año pasado.
La mejora esperada se explica principalmente por menores cargos por incobrabilidad y por un resultado operativo menos deteriorado. De todos modos, Supervielle queda más atado a que se confirme un techo en la mora y a que el crédito a individuos empiece a recomponerse, dado que el deterioro en familias fue uno de los puntos más sensibles del sistema financiero en los últimos meses.
BBVA, Macro y Banco de Valores
Banco BBVA Argentina cerró en $7.700, con un avance diario de 6,9% y una suba mensual de 7,2% y, frente al target de $15.500 de Allaria, el potencial queda en 101,3%. El broker estima para el trimestre un resultado neto de $70.065 millones, por encima de los $64.964 millones del período anterior, aunque todavía por debajo de los $108.229 millones del primer trimestre de 2025.
En Banco Macro, la acción terminó en $11.440 luego de subir 10,3% en la rueda, el mayor avance diario entre los bancos de la muestra. El target de Allaria se ubica en $22.000, con un potencial actualizado de 92,3%. Macro presenta una mejora más visible en ganancias, ya que el broker espera un resultado neto de $130.121 millones, frente a $109.566 millones en el cuarto trimestre de 2025 y $60.607 millones un año atrás.
Banco de Valores cerró en $659, con una suba diaria de 4,8% y una mejora mensual de 3,9%. El precio objetivo de $1.200 deja un recorrido de 82,1%, el menor dentro del grupo, aunque todavía elevado en términos absolutos. Allaria proyecta un resultado neto de $19.116 millones, apenas por encima de los $17.931 millones del trimestre previo y de los $17.928 millones del mismo período del año pasado.
El riesgo que todavía mira la City
El punto que más puede condicionar la velocidad de recuperación es la calidad de cartera dado que Allaria remarca que el NPL del sistema financiero siguió empeorando y llegó a 6,7% en febrero, con 11,2% en familias y 2,9% en empresas. El broker espera que los bancos alcancen un pico de mora en el primer trimestre para luego estabilizarse y caer secuencialmente durante el año.
Ese supuesto es decisivo ya que si la mora efectivamente empieza a bajar, la mejora en resultados puede ganar consistencia y darle más respaldo a los precios objetivo. Si el deterioro del crédito se extiende durante más tiempo, el mercado podría exigir una prima de riesgo más alta, aun con una calificación soberana mejor y con tasas de fondeo más bajas.
Por todo esto, la mejora de Fitch agrega un argumento favorable para las acciones bancarias argentinas, pero el recorrido que proyecta Allaria necesita algo más que una buena noticia crediticia. Hace falta que el Gobierno sostenga la acumulación de reservas, que la inflación siga desacelerando, que el crédito privado vuelva a crecer y que la morosidad encuentre un techo.
En ese escenario, Galicia y Supervielle quedan como las apuestas con mayor potencial, mientras BBVA, Macro y Banco de Valores completan un mapa en el que el broker de la City sigue viendo valor, incluso después del salto que tuvieron los bancos en la rueda.
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El Gobierno anunció una nueva línea de capital para productores agropecuarios a través del BICE: el plazo de los préstamos es de hasta tres años
13/05/2026 – 19:40hs
En el marco de la Exposición TodoLáctea 2026, realizada en la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba, el Gobierno Nacional presentó una herramienta financiera clave para el sector agroindustrial. Se trata de una nueva línea de capital de trabajo bajo la modalidad de «valor producto», canalizada a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esta iniciativa busca potenciar la recría y el engorde de ganado bovino dentro del sector tambero, permitiendo una mayor eficiencia en la cadena productiva.
La medida tiene como objetivo central financiar la alimentación y la compra de insumos para animales destinados a la comercialización de carne, tales como terneros machos que no forman parte del circuito lechero o hembras no seleccionadas para reposición. Al fomentar sistemas de producción mixtos, el Estado busca que los productores tamberos optimicen sus recursos y generen ingresos adicionales mediante la integración de la actividad ganadera, fortaleciendo la economía regional en provincias clave para el sector.
Con un tope de asistencia que alcanza los $800 millones por beneficiario, el financiamiento se destaca por su estructura de repago adaptada a la realidad del campo. El uso de la unidad UVA combinado con una tasa fija competitiva y plazos de hasta 36 meses posiciona a esta línea como una de las más atractivas para las pequeñas y medianas empresas del rubro que buscan tecnificarse o ampliar su capacidad operativa en un contexto de búsqueda de mayor productividad.
Crédito del BICE para productores agropecuarios: condiciones y tasa diferencial
El diferencial más importante de estos préstamos es que las cuotas se fijan en «kilos de novillo», una referencia que se mantiene estable durante toda la vigencia del contrato. Los pagos se realizan en pesos, tomando como base el valor del índice INMAG (Índice Novillo del Mercado Agroganadero). Los requisitos y beneficios principales incluyen:
- Monto máximo: Hasta $800 millones por productor.
- Tasa de interés: 8% fija anual en UVA.
- Plazo de repago: Hasta 3 años.
- Destinatarios: MiPyMEs dedicadas a la producción de leche bovina con una actividad comprobable de al menos dos años.
- Finalidad: Compra de insumos y alimentación para ganado destinado a carne.
Inversión en tecnología y resultados en el sector
Esta nueva línea de capital se suma a un programa más amplio de créditos en valor producto (con cuotas fijadas en litros de leche) destinados a la inversión y tecnificación. Hasta la fecha, el BICE ya ha desembolsado más de $22.000 millones, beneficiando principalmente a establecimientos en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Estas inversiones han permitido la compra de sistemas de ordeño robóticos, automatización de salas y sistemas de monitoreo de última generación.
Casos de éxito presentados durante la muestra TodoLáctea evidencian el impacto de este financiamiento. Por un lado, el Establecimiento San Ignacio, en Arroyo Algodón, Córdoba, inauguró robots de ordeño que permitirán incrementar un 25% su producción de leche. Por otro lado, la firma El Lahual, de Villa María, presentó un sistema de ordeño rotativo con el que planean duplicar su rodeo de 600 a 1.200 vacas, aumentando significativamente el promedio de litros diarios. Estas acciones reafirman la tendencia hacia un modelo de «tambos inteligentes» que mejora la rentabilidad y la sostenibilidad del sector lácteo argentino.
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ECONOMIA
Licitación clave: el Gobierno consiguió otros 300 millones para pagar la deuda y no liberó pesos al mercado
En la primera licitación de deuda de mayo, el Gobierno colocó USD 300 millones en los bonos en dólares AO27 y AO28, que forman parte de la estrategia oficial para pagar los vencimientos de deuda de julio por 4.300 millones de dólares. En cuanto a los títulos en pesos, la Secretaría de Finanzas de la Nación adjudicó un total de $10,71 billones, tras recibir ofertas por $14,40 billones, lo que representa un rollover del 110% respecto de los vencimientos previstos para la fecha.
El segmento de deuda en moneda dura mostró interés inversor, con la colocación de USD 150 millones para cada uno de los bonos AO27 y AO28. Hace algunas semanas, el equipo económico había ampliado el cupo a USD 350 millones para cada título. Sin embargo, en esta ventana Finanzas ese tope máximo solo se ejecutó en la instancia previa.
El bono AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, se adjudicó a una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12%, equivalente a una tasa nominal anual (TNA) de 5,00 por ciento. Por esta opción, Finanzas recibió ofertas por USD 279, en línea con subastas anteriores.
Por su parte, el AO28, que vence el 31 de octubre de 2028, se colocó a una TIREA de 8,55% (TNA de 8,24%). En este caso, el monto ofertado ascendió a 267 millones de dólares. La Secretaría informó que el jueves se abrirá una segunda rueda para estos títulos, al precio de corte de la licitación, por un monto adicional de USD 100 millones en cada tramo.
En el tramo en pesos, los instrumentos más demandados fueron las LECAP a septiembre de 2026, con una adjudicación de $4,48 billones y una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,09%, lo que equivale a una TIREA de 28,14%. Además, se colocaron bonos ajustados por CER con vencimientos en mayo y septiembre de 2027: el TZXY7 por $0,24 billones a una TIREA de 1,54% y el TZXS7 por $0,72 billones a una TIREA de 5,04%.
Los títulos duales, que permiten optar por ajuste CER o por el índice TAMAR más un spread, captaron $2,24 billones para el bono con vencimiento en junio de 2028 (TXMJ8) con una TIREA CER de 4,00%, y $2,45 billones para el bono a junio de 2029 (TXMJ9) con una TIREA CER de 6,19 por ciento. En tanto, el título dólar linked a septiembre de 2026 (D30S6) registró adjudicaciones por $0,58 billones a una TIREA de 5,11 por ciento.
“43% de la emisión fue a 2028/2029 y a tasas de mercado”, destacó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
El analista de Buenos Aires Valores, Martín de la Fuente, sostuvo que “el nivel de rolleo sostiene un buen nivel de liquidez en el sistema; estimamos que en el día de la fecha el BCRA absorbió en la rueda REPO de A3 $4,2 billones”.
Bajo su perspectiva, el menú ofrecido por Economía tuvo el enfoque claro de priorizar la duración de los instrumentos: el plazo promedio de emisión creció a 531 días frente a los 385 de la licitación pasada. En concreto, el Gobierno busca estirar los vencimientos de la deuda en moneda local.
“La novedad respecto de las licitaciones pasadas que solo se ofreció opción new money (no se ofrecieron canjes). Si bien la intención del Tesoro sigue siendo la extensión de duration, esta vez incorporó en el menú títulos a 2027 para flatear la curva CER, que quedó muy empinada producto de la dinámica de las últimas licitaciones, donde el Tesoro únicamente ofrecía títulos a 2028, dando premio relevante en dicho tramo», sumó de la Fuente.
South America / Central America,Government / Politics
En un nuevo paso hacia la desregulación económica y la modernización del entramado corporativo argentino, la Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una reforma que promete cambiar la forma en que las empresas interactúan con el Estado. A través de la Resolución General 3/2026, el organismo eliminó requisitos burocráticos, flexibilizó procedimientos y digitalizó trámites que durante años fueron señalados por empresarios, estudios jurídicos y contadores como trabas innecesarias para hacer negocios en la Argentina.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de reforma estatal impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia. Según la propia resolución, el objetivo no es «desregular por desregular», sino remover aquellas exigencias que ya no cumplían ninguna función útil de control o que generaban costos desproporcionados para las compañías.
La decisión impacta de lleno sobre la operatoria cotidiana de miles de sociedades comerciales. Desde reuniones societarias virtuales hasta la aceptación de cargos sin certificación notarial, pasando por nuevos mecanismos para renunciar a directorios bloqueados y la posibilidad de fijar domicilios electrónicos, la reforma apunta a acelerar procesos y reducir costos administrativos.
El diagnóstico de la IGJ: exceso de regulación y costos innecesarios
La resolución parte de una crítica estructural al esquema regulatorio previo. Hasta ahora, la IGJ se regía por la Resolución General 15/2024, un cuerpo normativo de 424 artículos, incluso más extenso que la propia Ley General de Sociedades, que cuenta con 369 artículos. Para el organismo, esa desproporción era el reflejo de décadas de acumulación normativa sin revisión crítica.
Según el diagnóstico oficial, ese modelo generaba fricciones operativas, encarecía trámites y terminaba funcionando como una barrera de acceso para la formalización empresarial. Por eso, la nueva RG 3/2026 derogó directamente varios artículos sin reemplazarlos por nuevas regulaciones, bajo el argumento de que ya no tenían utilidad práctica para el control estatal.
El cambio también introduce una lógica inédita en la elaboración normativa. Las reformas surgieron a partir de un proceso de Elaboración Participativa de Normas (EPN), habilitado previamente por la RG 2/2026, que permitió a cámaras empresariales, consejos profesionales y universidades acercar propuestas concretas de simplificación.
La idea, según explican desde el organismo, fue invertir el paradigma tradicional: en lugar de que la burocracia defina unilateralmente cómo deben operar las empresas, abrir la discusión a quienes usan el sistema todos los días.
Reuniones virtuales sin trabas: uno de los cambios más relevantes
Uno de los puntos más celebrados por el sector privado es la habilitación de reuniones a distancia por defecto. Hasta ahora, las asambleas o reuniones de directorio virtuales requerían previsiones estatutarias específicas o enfrentaban obstáculos burocráticos que demoraban decisiones empresariales.
Con la modificación del artículo 72, las reuniones remotas pasan a estar permitidas automáticamente, salvo que el estatuto social las prohíba expresamente. La norma exige ciertas garantías mínimas de transparencia: acceso libre de los participantes, comunicación simultánea y grabación digital de la reunión, que deberá conservarse durante cinco años.
Esa obligación, sin embargo, desaparece si el acta es firmada por todos los asistentes. En términos prácticos, la reforma consolida una dinámica que muchas empresas comenzaron a utilizar durante la pandemia, pero que todavía convivía con zonas grises regulatorias.
Fin de la certificación notarial obligatoria
Otro cambio fuerte impacta sobre las designaciones de administradores y directores. La reforma elimina la certificación notarial como regla general para aceptar cargos societarios.
A partir de ahora, la aceptación podrá surgir directamente del acta correspondiente, mediante una nota firmada digitalmente o incluso a través de la verificación del profesional dictaminante. Para empresas y estudios jurídicos, esto implica una reducción directa de tiempos y costos.
La modificación apunta a terminar con uno de los trámites más cuestionados por el sector privado: la necesidad de pasar por escribanía para validar actos societarios que, en la práctica, ya estaban documentados internamente.
Domicilio electrónico y digitalización de comunicaciones
La resolución también incorpora la posibilidad de constituir domicilio electrónico para administradores societarios, conforme al Código Civil y Comercial.
La medida busca agilizar notificaciones y adaptar la operatoria empresarial a esquemas de comunicación digital, reduciendo tiempos y formalidades presenciales.
Para especialistas en derecho corporativo, el cambio representa un paso más hacia la digitalización integral de la gestión societaria, en línea con modelos regulatorios utilizados en otros mercados.
Renuncias bloqueadas: la IGJ crea una salida
Uno de los problemas más sensibles dentro de las sociedades comerciales era el de directores o administradores que quedaban «atrapados» en sus cargos porque el órgano societario se negaba a tratar sus renuncias. Eso los mantenía expuestos a potenciales responsabilidades civiles o penales aun cuando ya no ejercían funciones efectivas.
La nueva normativa crea un mecanismo específico para destrabar esas situaciones. El administrador podrá intimar formalmente a la sociedad para que trate su renuncia en un plazo de cinco días hábiles. Si no obtiene respuesta, podrá acudir directamente a la IGJ.
En ese escenario, el organismo dará vista a la sociedad durante diez días y, si persiste el silencio o una respuesta evasiva, se considerará aceptada tácitamente la renuncia, habilitando su inscripción registral.
La medida busca resolver una problemática histórica que afectaba especialmente a sociedades con conflictos internos o directorios paralizados.
Garantías más flexibles y menos carga administrativa
La RG 3/2026 también flexibiliza el régimen de garantías que deben constituir los administradores societarios. El nuevo esquema consagra la «libertad de formas», permitiendo depósitos, seguros de caución, avales y otros mecanismos equivalentes.
Además, si la empresa cuenta con síndico, ya no será necesario que el dictaminante verifique la garantía ante la IGJ. Esa tarea quedará bajo control interno del órgano de fiscalización societaria.
En la práctica, la modificación reduce pasos administrativos y acelera las inscripciones.
Más herramientas para defenderse de la burocracia
La reforma también incorpora mecanismos específicos para que los ciudadanos y empresas puedan reaccionar frente a demoras u observaciones arbitrarias dentro del organismo.
El nuevo esquema habilita recusaciones de inspectores, revisiones jerárquicas y pedidos de pronto despacho cuando existan dilaciones injustificadas o criterios contradictorios. Incluso establece plazos concretos para responder y prevé que el silencio administrativo pueda interpretarse como denegatoria tácita, habilitando el acceso inmediato a la vía judicial.
Para el Gobierno, estas herramientas apuntan a equilibrar la relación entre el administrado y el aparato estatal.
El respaldo político y económico a la reforma
Las medidas fueron bien recibidas por distintos sectores económicos y profesionales. Uno de los funcionarios que celebró públicamente la resolución fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que las modificaciones introducen «sentido común» en la gestión societaria.
Desde el Gobierno sostienen que la reducción de exigencias formales puede mejorar el clima de negocios, disminuir costos de cumplimiento y facilitar la creación de empleo formal.
La IGJ, además, dejó abierta la consulta pública iniciada mediante la RG 2/2026, anticipando que el proceso de simplificación normativa continuará en los próximos meses.
Con esta reforma, la administración nacional busca enviar una señal clara al mercado: avanzar hacia un esquema regulatorio más liviano, digital y orientado a facilitar la actividad privada, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a mostrar desburocratización y eficiencia estatal como parte central de su programa económico.
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