En busca de nueva documentación, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Así lo informaron a fuentes judiciales con acceso al caso.

La medida es a pedido del fiscal que lleva el caso, Gerardo Pollicita, y está orientada en recabar información fiscal de las propiedades del matrimonio en la provincia, como la vivienda que adquirieron en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, o el departamento que ambos tienen en venta en la ciudad de La Plata.

Previamente, ya se había levantado el secreto fiscal de ambos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero en la agencia provincial la normativa es distinta y requiere un pedido especial. El objetivo es “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de Adorni y su mujer.

La Justicia tiene en su radar cinco inmuebles a nombre del matrimonio. Además de investigar el origen del dinero utilizado para comprar las propiedades que Adorni sumó a su patrimonio siendo funcionario, el fiscal busca tener una foto lo más precisa posible de todos sus gastos, incluidos aquellos que mensualmente suponen estas cinco propiedades.

Según se desprende de la declaración de distintos testigos en la causa, las compras de dos de ellas – la casa en el country Indio Cua y el departamento en Caballito- fueron posibles gracias a que cuatro personas, en dos operaciones distintas, le facilitaron a Adorni un total de 300.000 dólares.

El juez Lijo también ordenó el levantamiento del secreto fiscal respecto de las mujeres que figuran en los papeles como prestamistas o acreedoras de Adorni. Son las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo -cuyo hijo declaró hoy- y las policías Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

Noticia en desarrollo

WASHINGTON.- En el marco de un viaje de tres días a Estados Unidos, en el que mantuvo reuniones con altos funcionarios de la administración de Donald Trump, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó avances en el proceso para que la Argentina acceda al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos (VWP, por sus siglas en inglés), aunque fue cauta con los plazos en los que finalmente podría concretarse el anuncio.

“Estamos avanzando con el proceso de Visa Waiver. Está involucrado el Gobierno completo. Hay una secuencia de pasos y de tiempos, no solo de nuestra parte, sino del lado de Estados Unidos también”, señaló a Monteoliva, quien este miércoles fue recibida durante 40 minutos por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a cargo del VWP.

Ese fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa en la reunión con el alto funcionario que reemplazó en marzo pasado a Kristi Noem, quien en julio pasado había firmado junto a Javier Milei en la Casa Rosada una “declaración de intención” para trabajar en el regreso de la Argentina al VWP.

En el entorno de la ministra señalaron que la reunión fue “muy buena” y que siguen firmes los lazos de cooperación e intercambio en todas las líneas de trabajo conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional [DHS, según sus siglas en inglés]. Además, destacaron que Monteoliva fue la primera ministra extranjera en ser recibida por Mullin desde que él asumió su cargo.

Aunque en el Gobierno son optimistas sobre el avance de las negociaciones con Estados Unidos, Monteoliva evitó poner una fecha concreta en la que podría anunciarse el reingreso de la Argentina al VWP luego de 24 años, pero sería en algún momento de 2027, antes de que culmine el gobierno de Milei.

“Es parte de uno de los ejes de trabajo que el Presidente planteó y que todos los que estamos abajo trabajamos para concretar”, dijo Monteoliva, quien el martes se reunió con la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Allison Hooker.

En el Gobierno -que destacó el “compromiso y seriedad” de Estados Unidos en las negociaciones- confían en cumplir en los próximos meses todos los requisitos que implica el ingreso de un país al VWP, como fortalecer los procesos migratorios, mientras se ultiman detalles de distinta índole. Luego, la implementación dependerá de los plazos y procesos internos de ambas administraciones.

El programa permite a los ciudadanos de determinados países viajar a Estados Unidos por motivos de negocios o turismo para estancias de hasta 90 días sin necesidad de visado. A cambio, esos países deben ofrecer el mismo trato a los ciudadanos estadounidenses, permitiendo visitas por un período similar sin necesidad de visa, según detalla el DHS.

El enfoque del DHS incorpora “evaluaciones de riesgo periódicas a nivel nacional sobre el impacto de la participación de cada país del programa VWP en la seguridad nacional y los intereses policiales de Estados Unidos“, incluidos los intereses en materia de control de la inmigración, un aspecto central en la agenda de la segunda administración Trump.

La Argentina había entrado al programa el 8 de julio de 1996, durante los gobiernos de Carlos Menem y de Bill Clinton, pero su participación fue cancelada el 21 de febrero de 2002, tras el estallido de la crisis de diciembre de 2001.

El proceso que ahora lleva adelante el Gobierno es visto como un fuerte gesto de la Casa Blanca en el marco del estrecho vínculo entre Trump y Milei, que se ha traducido en un respaldo financiero crucial de Estados Unidos el año pasado y varios acuerdos entre ambos países.

En ese sentido, Monteoliva resaltó cómo esa relación entre presidentes se traduce directamente en una aceleración de la cooperación entre ambos países. “Eso es tangible, es un hecho”, expresó.

“Hace viable la cooperación. Es un gran valor de esta gestión, porque se han dado pasos firmes en esa articulación. Y por supuesto que eso fluye más, acelera los procesos y se trabaja con voluntad positiva de ambas partes», agregó la ministra, cuyo viaje a Washington tiene el objetivo de “fortalecer el trabajo” desde el Ministerio de Seguridad como “socio estratégico” de Estados Unidos.

A través de X, Hooker calificó de “excelente” la reunión con Monteoliva, en la que dialogaron sobre el “compromiso compartido con la estabilidad regional”.

“A través de nuestra sólida y creciente cooperación en materia de seguridad, Estados Unidos y la Argentina están enfrentando de manera directa las amenazas más prominentes a nuestro hemisferio, incluidas las organizaciones criminales transnacionales, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal», señaló la funcionaria del Departamento de Estado.

En el encuentro con Hooker, Monteoliva también dialogó sobre la seguridad en infraestructuras críticas, como minería, gas, petróleo y protección de recursos naturales, para avanzar en la colaboración de Estados Unidos con asistencia y capacitación técnica a través del Ministerio de Seguridad.

El 23 de abril pasado, en otra muestra de la cooperación bilateral en seguridad, Monteoliva y el subsecretario de Estado norteamericano para Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas DiNanno, habían anunciado la inauguración del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (Criaco), una plataforma de integración de datos para detectar y desarticular estructuras delictivas complejas de alcance transnacional.

Por otra parte, Monteoliva, en su calidad de presidenta de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), participó hoy de un encuentro organizado por el think tank Inter-American Dialogue, en Washington, en el que habló de cómo la Argentina responde a los desafíos de seguridad y al crimen organizado.

Más tarde, la ministra viajará hacia Miami, donde el jueves participará de la Conferencia de Seguridad Hemisférica, un evento organizado por la Universidad Internacional de Florida (FIU, por siglas en inglés).