POLITICA
El Consejo de la Magistratura avanza con un nuevo Código de Ética para los jueces
La Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad el Código de Ética para los magistrados federales y nacionales del Poder Judicial de la Nación, que ahora deberá ser tratado por el plenario del organismo.
Se trata de un trabajo que aborda la ética en el ejercicio de la magistratura y aplica a jueces nacionales y federales, que día a día protagonizan la agenda pública por sus fallos e investigaciones, pero también son noticia por maniobras judiciales, irregularidades y hasta controversias personales.
Entre los principios más importantes que fija el Código se destacan la independencia, la imparcialidad y la objetividad.
Menciona la responsabilidad institucional, cordialidad y buena fe, la necesidad de que las decisiones tengan una motivación y que estén expresadas en lenguaje claro.
El texto habla de perspectivas de género, atención a sectores vulnerables, la necesidad de que realicen una capacitación permanente, la lealtad y la necesidad de mantener el secreto profesional.
También establece la prohibición de recibir regalos o beneficios de litigantes o terceros, el deber de conservar bienes públicos y las limitaciones a conversaciones privadas con litigantes.
Sorprendentemente, fija la obligación de asistir a los tribunales, una costumbre que se perdió con la pandemia de coronavirus.
Cuenta con una mirada de consensos basada en el trabajo conjunto de todos los estamentos del Consejo.
Este Código de Ética está alineado con estándares internacionales y regionales, y orientado a fortalecer la confianza pública, la transparencia institucional y la calidad del servicio de justicia, afirman sus impulsores.
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El objetivo del código es unificar y actualizar principios éticos dispersos en distintas normas, donde se remarca que el ejercicio judicial exige estándares más altos de conducta por la función pública que cumplen los magistrados.
El código, según sus autores, busca fortalecer la confianza social, la transparencia, la independencia, la imparcialidad, la seguridad jurídica y el buen servicio de justicia.
Será aplicable a los magistrados del Poder Judicial de la Nación, excepto la Corte Suprema por su régimen propio.
Señalaron en el Consejo de la Magistratura que este código tiene una función preventiva, pedagógica y orientativa, y no sancionatoria por sí misma.
El Código votado establece la necesidad de mantener prudencia en lugares públicos y en los vínculos personales, la participación transparente en eventos, la “moderación” en la vida pública y privada, el “uso responsable” de tecnologías y redes sociales y la “protección de datos personales”.
El código prevé una revisión periódica, incluyendo desafíos nuevos como: avance tecnológico, redes sociales, y cambios en las demandas sociales. El expediente tratado por los consejeros es AA N°20/2024, caratulado “Lugones A. (Consejero) S/ Proyecto de Código de Ética del Poder Jud. de la Nación” y su acumulado AAA 140/2023 “De La Torre J. (Consejera) s/ Proy. Aplic. de los Princ. de Bangalore y del Cód. Iber. de Ética J”.
El Código fue votado por siete votos a favor, sin abstenciones, ni votos en contra. Votaron los jueces Alberto Lugones y Diego Barroetaveña; Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez, por los abogados; Hugo Galderisi, por los académicos; Gonzalo Roca, por la Cámara de Diputados, y el representante del Poder Ejecutivo Santiago Viola.
El juez Lugones, que preside la comisión, dijo que el Código es un proyecto “consensuado en un 90 por ciento”, pero que tendrá ajustes en el plenario.
La consejera Vázquez anticipó su voto favorable y propuso una incorporación vinculada a la cordialidad y la buena fe.
Barroetaveña sostuvo que el proyecto tiene trascendencia “para todos en general, no solo para el Poder Judicial” y Viola valorizó “la importancia de demostrar, sobre todo los representantes de los jueces, que tienen claros estos principios”.
Jimena De la Torre sostuvo que esta norma será señera y guía para otras provincias. El consejero Grau dijo que con esta norma se salda una deuda. Galderisi afirmó que “es un hito inconmensurable para el Consejo” y un gran paso.
Hernán Cappiello,Consejo de la Magistratura,Justicia Federal,Conforme a,Consejo de la Magistratura,,Clave en los casos de corrupción. El Gobierno logró avanzar en el concurso para reemplazar a dos jueces de la Cámara Federal,,Opinión. Selección de jueces: ¿y si subimos la vara?,,Justicia, el huevo de la serpiente
POLITICA
El Gobierno anunció que presentará nuevas denuncias penales contra petroleras que operan en Malvinas
El Gobierno anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. Según informó la Oficina del Presidente, las presentaciones no se limitarán a las firmas: también identificarán a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en esas decisiones.
El comunicado oficial precisó que las nuevas acciones judiciales derivarán tanto en la ampliación de causas ya en trámite como en la apertura de expedientes nuevos. El Ejecutivo remarcó que buscará “responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando” la soberanía nacional sobre el archipiélago.
Según pudo saber TN de fuentes oficiales, esta nueva presentación alcanzará a 5 firmas: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited; Rockhopper Exploration (Oil) Limited; Borders & Southern Falkland Islands Limited; Borders & Southern Petroleum PLC; y Desire Petroleum Limited.
La medida se enmarca en la escalada de sanciones que el Gobierno viene sosteniendo en los últimos días, tras la cadena nacional que encabezó Javier Milei para advertir los riesgos del avance del proyecto petrolero Sea Lion.
En ese contexto, la Cancillería a cargo de Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ya había presentado este lunes una primera denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a la iniciativa: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Un total de 60 investigados hasta el momento
De acuerdo a lo informado por el propio Gobierno en los días previos, ya son 60 las personas humanas y jurídicas bajo procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659. La norma, sancionada en 2011, prohíbe a toda persona física o jurídica desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin habilitación de la autoridad argentina competente, y prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para los responsables.
Días atrás, el Ejecutivo había firmado el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial el 4 de septiembre, con el objetivo de acelerar los trámites administrativos vinculados a estas infracciones.
Leé también: Malvinas: la Justicia de Tierra del Fuego se declaró competente para intervenir en la demanda contra Sea Lion
La seguidilla de anuncios se da en simultáneo con otras medidas vinculadas a reforzar la soberanía, como el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso y la instrucción presidencial para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027, que el Gobierno debe enviar este 15 de septiembre.
Islas Malvinas, Gobierno
El presidente Javier Milei brindó un discurso este miércoles en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos y defendió su política contra las empresas que explotarán petróleo cerca de las Islas Malvinas -ocupadas por el Reino Unido- y afirmó que es “una causa nacional”.
“Cuando la Patria está en peligro todo esta permitido excepto no defenderla (frase de José de San Martín), por eso la semana pasada anunciamos una serie de medidas para defender la soberanía. Ya abrimos proceso sancionatorio contra 60 empresas y presentamos una denuncia penal contra las empresas vinculadas con el gobierno ilegitimo de las islas”, indicó el libertario en un discurso.
Y habló de una causa común: “No es [una causa] de un gobierno o un partido, con esto no puede haber grieta alguna. San Martín no liberó medio continente con discursos, lo hizo con logística, disciplina y anteponiéndose. Sin decisión es imposible avanzar en nuestras luchas. Vinimos a dar vuelta la página y construir una Patria próspera porque sin riqueza no se puede potenciar nuestra defensa”.
Tensión
La tensión diplomática con Londres comenzó luego de que, después de las declaraciones de Trump, Javier Milei dedicara la semana pasada una cadena nacional a reivindicar el reclamo argentino sobre las islas y anunciara una serie de medidas vinculadas con las actividades de empresas y Estados extranjeros en la zona.
En un discurso de 15 minutos, Milei puso el foco en la explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en las cercanías del archipiélago y anticipó nuevas iniciativas para reforzar la posición argentina.
El endurecimiento de la postura del Ejecutivo responde también al avance de Sea Lion, un proyecto offshore en Malvinas. La iniciativa está en manos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dos compañías de exploración y producción de una escala considerablemente menor que la de las grandes petroleras internacionales. La israelí Navitas es la operadora del proyecto y controla el 65% de las licencias, mientras que Rockhopper, una empresa británica que cotiza en el mercado AIM de Londres, posee el 35% restante.
La participación de Navitas en Malvinas comenzó en 2022, cuando adquirió de Harbour Energy el 65% de las licencias y asumió la operación del área. Desde entonces, se convirtió en la principal impulsora de Sea Lion, que en diciembre de 2025 obtuvo junto con Rockhopper la decisión final de inversión para avanzar con una primera etapa valuada en US$1800 millones. La compañía prevé iniciar la producción en el primer trimestre de 2028.
A modo de respuesta, el mandatario informó que el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de incrementar las capacidades de telecomunicaciones en el sur.
Además, anunció la publicación de un decreto reglamentario destinado a reunir en la Cancillería la información necesaria para impulsar sanciones contra compañías o Estados que realicen actividades ilegales en la zona.
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POLITICA
La intendenta K de José C. Paz criticó a Axel Kicillof por el asesinato del joven de 23 años
La intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, y el director de Seguridad, Miguel Narváez, reclamaron al gobernador Axel Kicillof que “reforzar la seguridad en todo el territorio” provincial tras el homicidio de Elías Ojeda Vázquez.
El joven de 23 años fue asesinado de un disparo por la espalda este lunes por dos motochorros que simulaban ser repartidores para robarle el vehículo cuando regresaba del gimnasio. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Mercante, donde falleció.
Lorena Espina asumió en diciembre de 2025 en reemplazo de Mario Ishii
El municipio, respaldado políticamente por Mario Ishii, emitió un comunicado donde advirtió que “la seguridad requiere de acciones inmediatas” y subrayó que la administración provincial “debe asumir la total y completa responsabilidad” en la prevención del delito en el distrito.
Elías Ojeda Vázquez fue asesinado por dos motochorros
La comuna detalló los recursos propios invertidos en la prevención del delito, incluyendo más de 250 efectivos, setenta móviles de la Patrulla Urbana Municipal, provisión de combustible y reparaciones de patrulleros provinciales, evidenciando tensiones en la distribución de recursos.
Mientras los sospechosos del crimen continúan prófugos y son buscados mediante cámaras de seguridad, el reclamo institucional profundiza las diferencias políticas entre los intendentes del conurbano y la gestión de Kicillof en materia de seguridad.
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Milei defendió su política para Malvinas y dijo que es “una causa nacional”
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