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POLITICA

Casi 70 intendentes bonaerenses pidieron poder usar fondos de obras para pagar salarios y servicios

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Un grupo de intendentes de distintos espacios políticos llevó este jueves a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un pedido para flexibilizar el uso de fondos destinados originalmente a obras e inversión, para poder afrontar gastos corrientes, salarios y servicios básicos en un escenario marcado por la caída de la recaudación y el aumento de los costos operativos.

La presentación reunió las firmas de 68 jefes comunales y abrió una instancia de negociación política e institucional con participación de legisladores, municipios y el Poder Ejecutivo bonaerense. El reclamo apunta a que los distritos puedan disponer con mayor libertad de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), creado por ley provincial.

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El planteo fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, junto al vicepresidente primero del cuerpo, Alexis Guerrera, y los diputados provinciales Juan Pablo de Jesús, Rubén Eslaiman, Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich.

En la reunión participaron, en representación del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe), los intendentes Franco Flexas, Javier Gastón y Maximiliano Suescun.

Un reclamo transversal por los recursos municipales

El documento presentado ante la Legislatura bonaerense describe una situación “crítica” en las administraciones locales y advierte sobre “la gravedad del escenario fiscal” que atraviesan los municipios bonaerenses.

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“Los jefes comunales de la Provincia hemos manifestado públicamente la gravedad del escenario fiscal que enfrentamos, caracterizado por una marcada caída de los ingresos, el incremento sostenido de los costos operativos y una creciente dificultad para afrontar en tiempo y forma el pago de salarios y la prestación de servicios esenciales”, señalaron en la nota enviada a Diputados.

El objetivo será revisar la normativa vigente y evaluar posibles modificaciones que permitan dar mayor margen financiero a las administraciones locales, incluso se mencionó la posibilidad de impulsar una nueva ley (Foto: Diputados PBA).

Según explicaron los intendentes, el deterioro económico impactó sobre la recaudación propia y también sobre los recursos coparticipables que reciben los municipios. Desde el entorno de la reunión aclararon que el pedido está dirigido a la Provincia porque se trata de una ley bonaerense, aunque en el documento atribuyeron parte de la situación a la caída de recursos provenientes de Nación y a la baja de la actividad económica.

En ese contexto, solicitaron que los municipios puedan redefinir el destino del FEFIM, creado por la ley provincial N° 15.561 y previsto inicialmente para obras de infraestructura y proyectos de inversión.

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“Proponemos que, con carácter estrictamente excepcional, se habilite su utilización para gastos corrientes y de libre disponibilidad, a efectos de garantizar la continuidad de los servicios esenciales, el cumplimiento de las obligaciones salariales y la estabilidad institucional de los municipios”, plantearon.

La Legislatura abrió una mesa de trabajo

Tras el encuentro, las autoridades legislativas manifestaron disposición para avanzar en una instancia de trabajo conjunto entre la Cámara de Diputados, el Senado bonaerense, representantes de los municipios y el Poder Ejecutivo provincial.

El objetivo será revisar la normativa vigente y evaluar posibles modificaciones que permitan dar mayor margen financiero a las administraciones locales. En la reunión incluso se mencionó la posibilidad de impulsar una nueva ley que contemple las necesidades comunes de los 135 municipios bonaerenses, en un contexto de emergencia económica incorporada al Presupuesto provincial 2026.

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El FRICDe, que impulsó el pedido, reúne intendentes de distintas fuerzas políticas y secciones electorales. Entre los firmantes aparecen jefes comunales del peronismo, la UCR, el PRO y vecinalismos, como Fernando Gray, Julio Zamora, Leonardo Nardini, Miguel Lunghi, Guillermo Britos y Santiago Passaglia, entre otros.

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El Gobierno anunció que presentará nuevas denuncias penales contra petroleras que operan en Malvinas

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El Gobierno anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. Según informó la Oficina del Presidente, las presentaciones no se limitarán a las firmas: también identificarán a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en esas decisiones.

El comunicado oficial precisó que las nuevas acciones judiciales derivarán tanto en la ampliación de causas ya en trámite como en la apertura de expedientes nuevos. El Ejecutivo remarcó que buscará “responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando” la soberanía nacional sobre el archipiélago.

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Según pudo saber TN de fuentes oficiales, esta nueva presentación alcanzará a 5 firmas: ⁠Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited; ⁠Rockhopper Exploration (Oil) Limited; ⁠Borders & Southern Falkland Islands Limited; ⁠Borders & Southern Petroleum PLC; y ⁠Desire Petroleum Limited.

La medida se enmarca en la escalada de sanciones que el Gobierno viene sosteniendo en los últimos días, tras la cadena nacional que encabezó Javier Milei para advertir los riesgos del avance del proyecto petrolero Sea Lion.

El Gobierno anunció la ampliación de las presentaciones judiciales contra las compañías y sus directivos que operen en las Islas Malvinas. (Foto: Navitas Petroleum)

En ese contexto, la Cancillería a cargo de Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ya había presentado este lunes una primera denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a la iniciativa: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

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Un total de 60 investigados hasta el momento

De acuerdo a lo informado por el propio Gobierno en los días previos, ya son 60 las personas humanas y jurídicas bajo procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659. La norma, sancionada en 2011, prohíbe a toda persona física o jurídica desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin habilitación de la autoridad argentina competente, y prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para los responsables.

Días atrás, el Ejecutivo había firmado el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial el 4 de septiembre, con el objetivo de acelerar los trámites administrativos vinculados a estas infracciones.

Leé también: Malvinas: la Justicia de Tierra del Fuego se declaró competente para intervenir en la demanda contra Sea Lion

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La seguidilla de anuncios se da en simultáneo con otras medidas vinculadas a reforzar la soberanía, como el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso y la instrucción presidencial para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027, que el Gobierno debe enviar este 15 de septiembre.

Islas Malvinas, Gobierno

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Milei defendió su política para Malvinas y dijo que es “una causa nacional”

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El presidente Javier Milei brindó un discurso este miércoles en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos y defendió su política contra las empresas que explotarán petróleo cerca de las Islas Malvinas -ocupadas por el Reino Unido- y afirmó que es “una causa nacional”.

“Cuando la Patria está en peligro todo esta permitido excepto no defenderla (frase de José de San Martín), por eso la semana pasada anunciamos una serie de medidas para defender la soberanía. Ya abrimos proceso sancionatorio contra 60 empresas y presentamos una denuncia penal contra las empresas vinculadas con el gobierno ilegitimo de las islas”, indicó el libertario en un discurso.

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Milei abraza al ministro de Defensa, Carlos PrestiPresidencia

Y habló de una causa común: “No es [una causa] de un gobierno o un partido, con esto no puede haber grieta alguna. San Martín no liberó medio continente con discursos, lo hizo con logística, disciplina y anteponiéndose. Sin decisión es imposible avanzar en nuestras luchas. Vinimos a dar vuelta la página y construir una Patria próspera porque sin riqueza no se puede potenciar nuestra defensa”.

Tensión

La tensión diplomática con Londres comenzó luego de que, después de las declaraciones de Trump, Javier Milei dedicara la semana pasada una cadena nacional a reivindicar el reclamo argentino sobre las islas y anunciara una serie de medidas vinculadas con las actividades de empresas y Estados extranjeros en la zona.

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En un discurso de 15 minutos, Milei puso el foco en la explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en las cercanías del archipiélago y anticipó nuevas iniciativas para reforzar la posición argentina.

El endurecimiento de la postura del Ejecutivo responde también al avance de Sea Lion, un proyecto offshore en Malvinas. La iniciativa está en manos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dos compañías de exploración y producción de una escala considerablemente menor que la de las grandes petroleras internacionales. La israelí Navitas es la operadora del proyecto y controla el 65% de las licencias, mientras que Rockhopper, una empresa británica que cotiza en el mercado AIM de Londres, posee el 35% restante.

Plataforma de petróleo en las cercanías de las MalvinasEFE

La participación de Navitas en Malvinas comenzó en 2022, cuando adquirió de Harbour Energy el 65% de las licencias y asumió la operación del área. Desde entonces, se convirtió en la principal impulsora de Sea Lion, que en diciembre de 2025 obtuvo junto con Rockhopper la decisión final de inversión para avanzar con una primera etapa valuada en US$1800 millones. La compañía prevé iniciar la producción en el primer trimestre de 2028.

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A modo de respuesta, el mandatario informó que el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de incrementar las capacidades de telecomunicaciones en el sur.

Además, anunció la publicación de un decreto reglamentario destinado a reunir en la Cancillería la información necesaria para impulsar sanciones contra compañías o Estados que realicen actividades ilegales en la zona.




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La intendenta K de José C. Paz criticó a Axel Kicillof por el asesinato del joven de 23 años

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La intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, y el director de Seguridad, Miguel Narváez, reclamaron al gobernador Axel Kicillof que “reforzar la seguridad en todo el territorio” provincial tras el homicidio de Elías Ojeda Vázquez.

El joven de 23 años fue asesinado de un disparo por la espalda este lunes por dos motochorros que simulaban ser repartidores para robarle el vehículo cuando regresaba del gimnasio. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Mercante, donde falleció.

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Lorena Espina asumió en diciembre de 2025 en reemplazo de Mario Ishii

El municipio, respaldado políticamente por Mario Ishii, emitió un comunicado donde advirtió que “la seguridad requiere de acciones inmediatas” y subrayó que la administración provincial “debe asumir la total y completa responsabilidad” en la prevención del delito en el distrito.

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Elías Ojeda Vázquez fue asesinado por dos motochorros

La comuna detalló los recursos propios invertidos en la prevención del delito, incluyendo más de 250 efectivos, setenta móviles de la Patrulla Urbana Municipal, provisión de combustible y reparaciones de patrulleros provinciales, evidenciando tensiones en la distribución de recursos.

Mientras los sospechosos del crimen continúan prófugos y son buscados mediante cámaras de seguridad, el reclamo institucional profundiza las diferencias políticas entre los intendentes del conurbano y la gestión de Kicillof en materia de seguridad.

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