A días de la publicación oficial del INDEC sobre la variación de precios del mes pasado, Marina Dal Poggetto aseguró que su consultora vaticina un 2,5%

09/05/2026 – 18:30hs

La expectativa por el dato oficial de inflación de abril entra en su etapa de definiciones. Mientras el mercado aguarda que el INDEC publique este martes 12 de mayo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado, las consultoras privadas ya han cerrado sus planillas con números que confirman una fuerte desaceleración. En este contexto, la economista Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, anticipó que sus mediciones arrojan una cifra que perfora cómodamente el piso del 3%.

«Desde la consultora estamos midiendo un 2,5% para abril», confirmó Dal Poggetto en declaraciones radiales, ratificando la tendencia a la baja que viene mostrando el programa económico. Respecto a lo que se puede esperar para el mes en curso, la especialista fue cauta pero optimista: «Para mayo, los primeros datos están por encima del 2%, aunque todavía es muy preliminar para dar un número cerrado». Según su visión, esta normalización financiera es la que permite que la inflación baje y que la economía comience a mostrar signos de recuperación.

Más allá del dato puntual del IPC, la directora de EcoGo advirtió sobre un fenómeno que afecta directamente el bolsillo de los argentinos: la suba del costo de vida en moneda dura. «El costo de vivir en Argentina en dólares está subiendo y ya es alto», alertó. Para Dal Poggetto, el programa actual del Gobierno se sostiene sobre tres anclas (fiscal, financiera y monetaria) que presentan realidades y desafíos distintos para lo que queda de 2026.

La economista explicó que la parte fiscal se centra en bajar el gasto para mantener el equilibrio ante la caída de ingresos en una economía que aún se percibe «parada». En tanto, la parte monetaria funciona como la contracara de la financiera, donde el Banco Central utiliza al dólar como ancla mientras compra divisas y baja la tasa de interés. El objetivo, según analizó, es que «se expanda el crédito para que eso tenga una mejora en la actividad y que repunte en las encuestas».

La «pared» de vencimientos y el riesgo país

Uno de los puntos más críticos que señaló Dal Poggetto para la estabilidad a largo plazo es el cronograma de pagos de deuda. La economista advirtió que la Argentina enfrenta una «pared de vencimientos» que condiciona el margen de maniobra del equipo económico. Para el año electoral, calculó que la administración central debe afrontar pagos por US$ 32.000 millones, desglosados en US$ 22.000 millones del Tesoro y US$ 10.000 millones del Banco Central.

Sin embargo, destacó como un dato positivo la reciente mejora en la calificación crediticia del país y la fuerte caída del riesgo país, que actualmente se ubica en torno a los 500 puntos básicos. «Es una recuperación importante de los activos. Ahora la mirada deberá estar puesta en qué hace el equipo económico frente a esta caída del riesgo y hasta dónde tiene acceso al crédito el Gobierno para manejar esos compromisos», concluyó.

El riesgo país es uno de los indicadores más seguidos por los mercados financieros internacionales a la hora de evaluar la solidez económica de un país y su capacidad para cumplir con el pago de su deuda. Para Argentina, ese número tiene una importancia particular: determina a qué costo puede salir a buscar financiamiento externo en un contexto en el que debe enfrentar compromisos de pago por unos USD 9.000 millones en el próximo año.

Al 7 de mayo, el índice elaborado por JP Morgan ubicaba a Argentina en los 519 puntos básicos, el valor más alto de toda América Latina, muy por encima del promedio regional de 256 puntos y a una distancia considerable de los países mejor posicionados de la región.

El dato ubica al país muy por encima del segundo en la lista, Ecuador, que registra 404 puntos, y a una distancia considerable del promedio latinoamericano, que se sitúa en 256 puntos. En el otro extremo del ranking regional se encuentra Uruguay, con apenas 64 puntos básicos, seguido de Chile con 83.

La semana que terminó el 9 de mayo trajo, sin embargo, una señal de alivio: el indicador tocó un mínimo en tres meses después de que la calificadora de riesgo Fitch elevó la nota soberana de Argentina de “CCC+” a “B-”. Con ese impulso, el riesgo país descontó 28 unidades y se acercó a los 510 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde el 18 de febrero. A pesar de la mejora, la brecha con el resto de la región sigue siendo amplia.

El resto de los países de la región también tiene mejores calificaciones. Paraguay registra 102 puntos, Panamá 113, Perú 119 y Guatemala 120, por citar algunos ejemplos. También Brasil, con 172 puntos, está en una situación mucho más altentadora que la de Argentina.

Por encima del promedio global —que el índice ubica en 214 puntos— y del promedio latinoamericano de 256 puntos, solo Colombia (243), México (198) y Honduras (194) se acercan más a los valores intermedios de la región, aunque todos ellos están lejos de los 519 puntos que registra Argentina.

El dato positivo es que en los últimos meses, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos colocaron bonos en el mercado internacional, en todos los casos a tasas anuales de un dígito en dólares. La tendencia muestra que, a medida que el riesgo país se reduce, distintos actores del sector público comienzan a explorar oportunidades de financiamiento externo que hasta hace poco resultaban inaccesibles.

El indicador funciona como un termómetro para los inversores, ya que mide la probabilidad de que un Estado incumpla sus compromisos financieros. Se obtiene al comparar el rendimiento de los bonos soberanos con el de los bonos del Tesoro estadounidense de igual plazo, considerados activos libres de riesgo. Cuando la diferencia entre ambos se amplía, refleja desconfianza sobre la estabilidad económica del país y anticipa obstáculos para acceder a financiamiento exterior en condiciones favorables.

El índice de JP Morgan es una referencia para la renta fija de los países emergentes. El indicador estima la sobretasa que los países emergentes deberían pagar respecto de bonos de la misma duración emitidos por Estados Unidos. En términos prácticos, a mayor riesgo país, más cara resulta la deuda para el Estado.

Un índice de riesgo país alto obliga al Gobierno a ofrecer intereses más elevados para captar fondos en los mercados internacionales, lo que encarece la deuda y dificulta el manejo fiscal.

La necesidad de seguir bajando

La expectativa financiera de este 2026 se concentra para Argentina en la oportunidad de volver a colocar bonos en dólares en los mercados internacionales. Tasas de financiamiento accesibles permitirían a la vez estirar vencimientos, descomprimir el mercado de cambios local y ofrecer a los inversores señales de previsibilidad que atraerían nuevos capitales a la economía doméstica.

Si el riesgo país de Argentina consigue romper el piso de los 400 puntos básicos, el Tesoro podría financiarse con mayores volúmenes en los mercados internacionales y liberaría las divisas que ingresan a la economía por superávit comercial e inversión extranjera para apuntalar el crecimiento de la actividad.

En ese marco, el Gobierno avanzó en gestiones con organismos multilaterales para mejorar las condiciones de acceso al crédito externo. El Banco Mundial trabaja en una garantía de hasta USD 2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional. El objetivo central del equipo económico es obtener una tasa de interés cercana al 5%, muy por debajo de los niveles que el mercado internacional exigiría a Argentina en una emisión tradicional de deuda.

La expansión de la demanda global de litio, impulsada por el auge de la electromovilidad y la transición energética, ubicó a Argentina como uno de los actores con mayor potencial del planeta. La nación sudamericana forma parte del “Triángulo del Litio”, junto a Bolivia y Chile, y concentra cerca de un quinto de los recursos mundiales de este mineral, según la U.S. Geological Survey 2024.

Sin embargo, la industria litífera argentina opera en una “zona gris” legal, una condición donde la ausencia de un marco regulatorio específico, la superposición de normas provinciales y nacionales, y los vacíos fiscales generan incertidumbre tanto para inversores como para el propio Estado.

El litio se posicionó como un recurso estratégico, ya que el 83% de la producción mundial se destinó a baterías en 2022, con la electromovilidad dominando el 65% de la demanda total. La oportunidad para el país va más allá de la mera extracción: el desafío reside en cómo transformar ese recurso en desarrollo sostenible e inserción en cadenas globales de valor. De acuerdo con la investigación de la Fundación Libertad y el Center for International Private Enterprise, el contexto regulatorio argentino muestra vacíos estructurales y una fragmentación institucional que limitan la capacidad de aprovechar el auge del “oro blanco”.

El diseño institucional de la minería en Argentina asigna a las provincias la titularidad de los recursos minerales. Esta distribución, establecida por la reforma constitucional de 1994, favoreció la proliferación de normativas dispares.

La mayoría de los proyectos litíferos se localizan en Jujuy, Salta y Catamarca, provincias que avanzaron en la creación de empresas estatales mineras y esquemas propios de participación y regalías. Por ejemplo, la Ley N.º 5.789 de Jujuy impone la incorporación de la estatal JEMSE con un mínimo de 8,5% de participación en cada emprendimiento. Catamarca y Salta también establecieron sus propias empresas provinciales, como CAMYEN y REMSa.

Esta discrecionalidad provincial generó asimetrías y dificultades para planificar inversiones a largo plazo. Las diferencias en regalías, licencias y fideicomisos crean incertidumbre para las compañías, que encuentran reglas cambiantes y procedimientos poco homogéneos al operar en distintas jurisdicciones. Aunque para contrarrestar esa fragmentación, surgió la Mesa del Litio, un espacio de coordinación entre Jujuy, Catamarca y Salta que intentó armonizar criterios, aunque su alcance sigue siendo limitado y no reemplaza la falta de una estrategia federal concertada.

La ausencia de una legislación nacional específica para el litio representa una de las principales trabas para el desarrollo del sector. Este vacío impidió el diseño de mecanismos regulatorios que promuevan valor agregado local, encadenamientos productivos y una gobernanza más eficaz de las rentas generadas por el recurso. Más allá de la regulación minera general, el litio presenta dinámicas propias de mercado, volatilidad de precios y exigencias ambientales y sociales crecientes, lo que demanda soluciones diferenciadas.

A nivel fiscal, el régimen actual también muestra debilidades. La legislación nacional establece un límite máximo de 3% para la recaudación de regalías, pero la negociación de aportes adicionales quedó en manos de las provincias. Esto evidenció la necesidad de mecanismos transparentes y eficientes para que esos recursos se traduzcan efectivamente en desarrollo regional. Además, los esquemas fiscales que no contemplan el ciclo de precios pueden amplificar la volatilidad: cargas rígidas en contextos de precios bajos deterioran la inversión y frenan el escalamiento de los proyectos.

El control sobre los precios de transferencia es otro punto crítico. La normativa vigente presenta deficiencias para fiscalizar operaciones entre empresas vinculadas, lo que abrió la puerta a la subfacturación de exportaciones y a la erosión de la renta minera estatal.

La volatilidad de los precios internacionales del litio introdujo una dinámica de inversión marcada por picos y retracciones. Las compañías tienden a acelerar o frenar decisiones de desembolso según el contexto internacional, y la puesta a punto de las plantas suele demandar más tiempo de lo previsto. Esto produce “ramp-up” irregulares y afecta la cadena de proveedores, que experimenta picos de demanda en la construcción y luego ajustes cuando los proyectos se estabilizan o reprograman.

Actualmente, unas 40 empresas —de origen canadiense, australiano, chino, británico, francés, estadounidense, coreano y nacional— operan en el país en distintas etapas, desde prospección hasta producción. Sólo ocho son argentinas y una, YPF, es estatal.

La presencia de firmas globales como Río Tinto, la francesa Eramet y asociaciones como la de Toyota Tsusho con JEMSE refleja el atractivo del litio argentino, pero también la necesidad de un marco regulatorio robusto que garantice transparencia. El caso del proyecto Centenario-Ratones, operado por Eramet en Salta, involucró una inversión estimada de USD 595 millones y una capacidad de producción de 24.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. Por su parte, Río Tinto destinó más de USD 110 millones al desarrollo inicial del proyecto Fénix y proyecta una expansión a 60.000 toneladas anuales para 2030.

El ciclo del litio impone exigencias de planificación e institucionalidad. Cuando el precio internacional varía, la inversión responde de inmediato y la calidad del marco normativo se vuelve un diferencial para sostener proyectos a largo plazo. Además, la “fiebre del litio” dejó de jugarse solo en volumen y pasó a depender de la reputación y del acceso a cadenas globales que exigen trazabilidad, certificaciones ambientales y producción ética.

Las recomendaciones de la Fundación Libertad incluyen modernizar el marco fiscal y aduanero, fortalecer la coordinación a través de la Mesa del Litio, formalizar criterios mínimos para la participación estatal provincial y avanzar en la adhesión a la EITI con criterios específicos para el litio. También sugieren el desarrollo de proveedores nacionales, la financiación de infraestructura minera mediante esquemas público-privados y la incorporación de estándares internacionales de transparencia.

La gestión de las regalías permanece como un eje de discusión. La legislación nacional fija un techo, pero la experiencia muestra que la negociación provincial y la falta de esquemas transparentes generan volatilidad y debilitan el desarrollo regional. La previsibilidad y la transparencia en la captura y el uso de rentas funcionan como filtros para orientar inversiones de largo plazo, desalentar estrategias de corto plazo y promover una minería con estándares ambientales y sociales reconocidos internacionalmente.

El capital que llega al país también varía en su calidad. El capital “constructivo” apuesta al largo plazo y cumple estándares rigurosos, mientras que el “corrosivo” prioriza el corto plazo y la mera extracción de renta. La credibilidad de las reglas de juego marca la diferencia entre ambos. Alteraciones en condiciones garantizadas, como cambios tributarios sobre proyectos ya en marcha, afectaron la confianza y elevaron la prima de riesgo país.

Entre las propuestas para fortalecer el sector se destacan la implementación de auditorías conjuntas entre organismos fiscales y aduaneros, la creación de registros nacionales de ingresos fiscales del litio, la profesionalización de equipos técnicos provinciales y nacionales, y la articulación con organismos internacionales como el CIAT y la OMA para mejorar la trazabilidad y la fiscalización de exportaciones.

La industria del litio en Argentina muestra un crecimiento acelerado en términos de inversiones, diversidad de actores y expansión de proyectos, pero convive con fragilidades institucionales y productivas. El país permanece en una “zona gris” de alta incertidumbre legal y bajo impacto duradero, mientras los actores del sector debaten el rumbo y las condiciones para transformar el “oro blanco” en desarrollo tangible.