POLITICA
El Gobierno buscará reformar la Ley de Ética Pública para limitar el uso político de los recursos del Estado
El Gobierno trabaja en una reforma de la Ley de Ética Pública para endurecer las reglas sobre el comportamiento de los funcionarios. La iniciativa apunta a fijar con mayor detalle qué usos de oficinas, teléfonos, vehículos y otros recursos del Estado están vedados para actividades partidarias o políticas.
En el Ejecutivo explican que la idea es ser más estrictos con las conductas dentro de la administración y establecer límites más precisos para evitar que se mezclen función pública y actividad política. El ejemplo que ponen cerca del oficialismo es el de un funcionario que haga llamados partidarios desde el teléfono de su oficina en un edificio público, una conducta que buscan dejar expresamente alcanzada por la norma.
Los cambios que analizan en la Casa Rosada no parten desde cero. La ley argentina ya fija deberes generales de conducta y la normativa de empleo público prohíbe el proselitismo o la acción política con el cargo, pero el proyecto en estudio buscaría bajar esas pautas a supuestos más concretos: uso de correos institucionales, tiempo de trabajo, teletrabajo, redes sociales, vehículos oficiales, presión sobre subordinados, organización de actividades partidarias y posible pedido o recaudación de aportes políticos desde el Estado.
En Balcarce 50 no descartan que también abarque modificaciones sobre quién investiga y cómo se sancionan esas faltas. La referencia que miran es la Hatch Act de los Estados Unidos, aunque con adaptación local. Esa ley restringe la actividad política partidaria mientras el empleado está de servicio, en una oficina pública, con uniforme o usando un vehículo oficial. Prevé además sanciones que van desde una advertencia escrita hasta el despido.
El modelo estadounidense también incorpora otro punto que en el Gobierno ponen la mira: protege a los empleados frente a la coerción política, de modo que no puedan ser castigados por negarse a hacer campaña o aportar dinero a un partido. Tras una reforma de 1993, la norma amplió la actividad política permitida fuera del horario laboral para la mayoría de los agentes, pero mantuvo en pie esas prohibiciones básicas dentro del Estado.
Es por eso que en el Ejecutivo advierten que una eventual reforma puede abarcar definiciones más específicas sobre qué conductas quedarían prohibidas sobre el armado político desde la función pública, pedidos de apoyo electoral o difusión de mensajes de campaña, entre otros puntos. La reforma, de todos modos, no forma parte de la agenda del corto plazo.
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En la Casa Rosada no descartan reflotarla durante 2026 y reconocen que forma parte de los 90 proyectos en los que trabajan para enviar al Congreso durante este año. El gabinete sigue atravesado por las investigaciones judiciales que afronta el jefe de gabinete, Manuel Adorni, que volvió a ser respaldado por Javier Mieli en la última reunión de este viernes.
El esquema en estudio no se superpone con la llamada ley “anticasta” que el jefe de Estado buscó promover en 2024. Aquella iniciativa incluía otros ejes, como topes salariales, recortes de “privilegios” y cambios en el régimen político. Milei ya había dado señales públicas sobre esa intención. El 18 de abril de 2025 escribió en su cuenta de X: “Vamos a full y sin atenuantes con la Ley de ÉTICA PÚBLICA..!!!”. En paralelo, el Ejecutivo ya impulsó Ficha Limpia dentro de la discusión más amplia sobre reforma electoral.
Gobierno, ley de ética pública
En una nueva visita a la Argentina, el escritor y periodista peruano Jaime Bayly criticó el estilo de gobierno del presidente Javier Milei, tras asegurar que no tendría ningún tipo de relación con los principios que propone la doctrina liberal. “Si de verdad fuera bien liberal, primero hubiera dolarizado”, planteó al hacer mención a una de las promesas que había hecho durante la campaña electoral de 2023.
Bajo el punto de vista de Bayly, la autopercepción del mandatario como líder de esta corriente de pensamiento resultaría incompatible con su accionar cotidiano. “El modo como Milei ejerce el poder no es liberal, porque un buen liberal no insulta a los periodistas que lo critican”, apuntó.
En este sentido, el novelista planteó que “un buen liberal tiene que entender que hay diversidad de opiniones y que la prensa en la democracia es independiente”. Además de remarcar que el respeto a la crítica y la tolerancia es un principio fundamental del liberalismo, indicó que también hay que “ser tolerante con la crítica”.
“El liberalismo consiste en respetar la opinión contraria. Si tú no eres capaz de respetarla y si pasas a difamar, a calumniar, a injuriar a los que te critican, eso no es una manera liberal de gobernar”, sostuvo el escritor durante una entrevista con Luis Novaresio por A24.
De esta manera, cuestionó la actitud del mandatario frente a la tendencia a descalificar a quienes piensan distinto, por lo que Bayly consideró que Milei se muestra “permanentemente sobreexcitado, hiperventilado, sobreactuado”. Asimismo, sostuvo que “no gobierna como un liberal, gobierna como un autócrata”.
Por este motivo, advirtió que su actitud afectaría a la percepción sobre su liderazgo. “Y yo quiero que le vaya bien, yo quiero que tenga éxito, no por él, por los argentinos. Pero este Gobierno se ha acanallado mucho”, afirmó Bayly, tras recordar que había extendido su apoyo hacia el presidente desde que se encontraba en campaña.
Entre sus críticas, enumeró incumplimientos de promesas realizadas durante la época electoral. “Si de verdad el Gobierno fuera bien liberal, primero hubiera dolarizado”, indicó para luego sumar que “permitiría que el tipo de cambio flotase libremente, sin intervenciones, sin manipulaciones del Banco Central”.
Tras hablar de las estadísitcas sobre la imagen del Presidente, Bayly señaló que “en la política, como sabes, importa el fondo, pero a veces importa más la forma”. “La política es teatro, es representación, puesta en escena. Si el actor se convierte en un bufón, uno le pierde respeto”, explicó.
En línea con esto, el periodista remarcó que “el carácter define al hombre cuando está en el poder”. Además, advirtió que la “credibilidad moral” del Gobierno estaría en juego por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal señañado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
“El presidente está obligado, si quiere preservar su credibilidad moral, está obligado a castigar a los que abusan del poder”, aconsejó el escritor.
Al ser consultado sobre el rol de Mauricio Macri, Bayly se tomó el trabajo de realizar una breve comparación entre Milei y el ex presidente tras destacar que su antecesor era un dirigente con “cierto aplomo” y respeto por las formas institucionales. Incluso, interpretó que el titular del PRO se habría separado para poder dedicarse de lleno a la política. “A mí me gustaría que Macri volviera a la pelea”, confesó.
En una perspectiva más internacional, Bayly analizó el panorama político regional y mundial tras el avance de algunas ideologías que se presentan como liberales. En este sentido, el escritor manifestó su preocupación por el avance de figuras que, bajo el rótulo de la derecha, replican métodos autoritarios. “Algunos tienen mucho dinero, otros no tanto, pero los que no tienen mucho dinero se confabulan con empresarios muy ricos. Esto me preocupa”, afirmó.
Como sabuesos detrás de una presa herida, el peronismo se agita ante la debilidad del gobierno de Javier Milei. En los últimos dos meses comenzó a circular por el sistema nervioso de sus dirigentes la sensación de que pueden regresar al poder. Era una esperanza que habían enterrado en el verano, pero que despabiló el desgaste provocado por las peripecias de Manuel Adorni y los altibajos de la recuperación económica. El peronismo se encuentra en medio de la gestación de una nueva criatura. El resultado final es todavía un enigma. Pero las contracciones del parto despabilaron a sus operadores. La actuación central se enfoca en la provincia de Buenos Aires, la caja fuerte donde conserva su mayor caudal de votos.
El carácter singular de la actual mutación peronista es que la atraviesa con la presidenta del partido, Cristina Kirchner, detenida por corrupción y con su capacidad de actuación limitada. La situación judicial de la expresidenta, sumado al rencor contra los dirigentes de La Cámpora, convenció a un grupo de jefes territoriales, que tiene como referentes a Julio Alak, de La Plata; Gabriel Katopodis, de San Martín; Fernando Espinoza, de La Matanza y Jorge Ferraresi, de Avellaneda, a encarar el desafío final contra el grupo que alguna vez fue la juventud kirchnerista. El terreno de la batalla que plantean los jefes comunales será la definición de la candidatura a gobernador para la provincia de Buenos Aires.
Ese desafío es el ejemplo más claro de la transformación del poder en el interior del PJ. Antes era impensable avanzar sin esperar la bendición de Cristina Kirchner. Ese reflejo quedó en el pasado. Los intendentes más poderosos del conurbano acordaron que presentarán un postulante propio, sin aguardar la glorificación de San José 1111. Una aritmética simple muestra que los votos de sus populosas secciones electorales triplican los números de los municipios manejados por La Cámpora. “Que ellos presenten a Mayra Mendoza o a quien quieran y vamos a una interna”, desafía un jefe del sur bonaerense. Kicillof dio el visto bueno: “Se tiene que resolver con una PASO”, es decir, en una interna abierta, simultánea y obligatoria.
Cristina Kirchner no puede permitirse una derrota interna en el conurbano; sería una señal irremediable de disolución. Sobre todo, si resultara vencida por los propios votos del peronismo. Por eso, más allá de los desafíos de uno y otro lado, se mantiene la sensación de que las fuerzas internas empujan a un arreglo.
En su debilidad, Cristina Kirchner necesita la unidad del peronismo. Un triunfo electoral es su mayor esperanza para recuperar la libertad. De ahí las reuniones con dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, que alguna vez fue un opositor interno, y sus enojos secretos con los dirigentes de La Cámpora que echan leña al fuego de la fractura.
Sin embargo, más allá de los nuevos aires ecuménicos, los intendentes tienen frescos en la memoria los antecedentes de desaires kirchneristas. Recuerdan los tiempos en que Cristina Kirchner estaba en la cúspide de su poder y decidía sin consultar quién sería el candidato a gobernador o prometía premios que después eran olvidados, como cuando resolvió que su postulante sería Axel Kicillof y dejó mascullando enojo a medio conurbano. O cuando le prometió a Espinoza que sería postulante junto a Diego Bossio y terminó por consagrar a Aníbal Fernández.
Aquella definición de la candidatura a gobernador en 2015 fue memorable. Cristina Kirchner ya sabía cuál iba a ser el desenlace, pero no pudo evitar la teatralidad. Encerró en una habitación a su favorito, Aníbal Fernández; a Julián Domínguez, por entonces presidente de la Cámara de Diputados; y al matancero Fernando Espinoza. Les ordenó que, en aquel claustro improvisado, resolvieran entre los tres quién sería el candidato. Como era previsible, encerrados en la habitación, todos argumentaron a su favor y salieron a los 15 minutos sin llegar a un acuerdo. Era lo que Cristina Kirchner esperaba.
Para entonces, Florencio Randazzo, que pretendía la postulación, había pegado un portazo con una carta dolida. Fernández y Domínguez se terminaron por enfrentar en una interna. La presidenta había incluido a Domínguez por un pedido llegado desde el Vaticano, donde por entonces regía Jorge Bergoglio. La interna la terminó por ganar Aníbal Fernández. En las filas de Domínguez todavía están convencidos de que el resultado fue fraguado y recuerdan que su contrincante controlaba el Correo Argentino.
Con ese proceso, Cristina Kirchner tuvo al candidato que quería, pero María Eugenia Vidal lo terminó por vencer en la elección a gobernador de 2015. Los recuerdos de aquella definición se mantienen grabados a fuego en la memoria de los intendentes enfrentados con La Cámpora y entienden que finalmente llegó el momento de tener un postulante propio.
La Constitución provincial impide a Axel Kicillof presentarse a una nueva reelección. De ahí las ansias por conquistar una candidatura para sucederlo.
La elección bonaerense del año pasado la ganó el peronismo. Luego fue derrotado en la compulsa nacional, donde regía la boleta única. Ahora, el PJ va a resistir hasta sus últimas fuerzas que la boleta única se implemente en la provincia. “Es una estafa”, la descalifican en la gobernación. Pro y la Libertad Avanza entienden que es la única forma de controlar la votación.
Tras las elecciones bonaerenses, los aliados de Kicillof en el conurbano le recriminaron que siguiera premiando a los camporistas con ministerios en su gobierno. Por ejemplo, es el caso de Juan Martín Mena en Justicia, quien en uno de sus últimos logros de gestión resolvió en un trámite inmediato el traspaso de la sede de la AFA a la provincia para evitar que a Claudio Chiqui Tapia lo investiguen jueces incontrolables.
El gobernador mantiene a los camporistas y se rehúsa a echarlos. Dividió los ministerios como un loteo entre facciones, a la manera de Alberto Fernández, y evita arrojar a los adversarios por la borda de la interna. Los intendentes usaron una figura avícola para responderle. “Vos sos como las palomas en las iglesias, cagás encima de los fieles”, le enrostró a Kicillof un histórico dirigente del peronismo. Se sienten menos recompensados que La Cámpora, a pesar de su apoyo.
La fractura peronista que se sacude debajo del gobernador llegó al extremo de inmovilizar la Legislatura provincial, un paquidermo que insume a cada bonaerense más de 150.000 millones de pesos por año y la fuente donde surgía la plata para pagarles a los ñoquis del caso Chocolate Rigau.
En la Legislatura, los intendentes quieren lograr que se anulen los límites a las reelecciones que rigen desde los tiempos de María Eugenia Vidal. Sergio Massa, que tiene la llave para destrabarlo, asegura que mantiene su rechazo. “No voy a decir lo contrario a lo que sostuve durante diez años”, argumentó a los emisarios. Otros, escépticos, consideran que Omnia Romae venalia sunt: en Roma todo tiene su precio. Los próximos meses se verá quién tiene la razón, si Massa o los romanos.
Mientras la impaciencia electoral acelera las pulsaciones, una idea comenzó a circular con fuerza en el territorio bonaerense: la posibilidad de adelantar la votación provincial. Los mandamases del distrito pretenden desacoplar su suerte de la definición nacional. Para Kicillof es un riesgo. Nadie se juega a fondo con el futuro resuelto. “Todavía no se discutió”, responden en la gobernación.
Entretanto, la excitación electoral que sacude al peronismo gestó nuevos espacios, como el “neoalbertismo” encabezado por Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel. Desde el conurbano lo miraron con sorna: están convencidos de que es un invento pergeñado por Sergio Massa para parcializar el escenario y debilitar el carácter de “candidato indiscutido” de Kicillof. La presencia de Michel, pieza crucial de la gestión de Massa durante el gobierno de Alberto Fernández, alimenta las suspicacias. El exministro dejó correr la idea: “Le dicen massismo clase B”, bromeó. Como cuando impulsó la boleta de Javier Milei para dividir los votos de Juntos por el Cambio, la afición de Massa por fraccionar competidores es proverbial.
Más allá de su origen, el grupo de Parque Norte tiene el mérito de plantear la única revisión de las deudas que el peronismo acumula con la sociedad: recuperar el orden fiscal como una bandera propia y abandonar el enamoramiento con el déficit y la inflación. Llega hasta ahí. Otras ideas no se plantearon, como luchar contra la corrupción o frenar los abusos de cargos y negocios con fondos del Estado. El revisionismo tiene sus límites.
Damián Nabot,Conforme a
POLITICA
El Gobierno distribuyó $348.267 millones en fondos discrecionales a provincias y la Corte decidió intervenir en la disputa por esos ATN
El Gobierno distribuyó $348.267.712.230 a provincias en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 6 de abril de 2026. El dato surge del informe 145 de Jefatura de Gabinete y se compone de cuatro tramos: $15.467,7 millones en el cierre de 2023, $49.800 millones en 2024, $209.000 millones en 2025 y $74.000 millones en 2026 hasta comienzos de abril.
Los gobernadores que más fondos recibieron en todo ese período fueron los de Misiones y Tucumán, con $41.500 millones cada uno, seguidos por Salta con $32.500 millones y Entre Ríos con $32.144 millones. Detrás quedaron Chubut con $27.500 millones, Catamarca con $23.000 millones y Chaco y Neuquén, con $22.000 millones cada una.
La concentración del reparto tiene una correlación con el armado de alianzas que tejió la Casa Rosada para conseguir apoyos a reformas desde el inicio de la gestión. Sólo Misiones, Tucumán, Salta y Entre Ríos absorbieron $147.644,7 millones, el 42,4% de todo lo distribuido por Milei a través de esa vía hasta abril de 2026.
El mapa también exhibe a los relegados. En los cuadros del informe no aparecen con giros visibles en toda la gestión Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. El caso más sensible es el de La Pampa: el informe 142 ya había señalado que no había recibido fondos desde el 10 de diciembre de 2023 hasta marzo de 2025, y en el informe 145 la provincia dejó asentado que sus pedidos por desequilibrio financiero, cajas no transferidas y desastre climático seguían sin respuesta.
Asimismo, la situación de La Pampa escaló al plano judicial. La Corte Suprema de Justicia declaró su competencia originaria en una demanda presentada por la provincia contra el Estado Nacional por la distribución de los ATN y le dio intervención al Gobierno para que responda el planteo.
La administración de Sergio Ziliotto reclama que los recursos correspondientes al Fondo de ATN —equivalentes al 1% de la masa coparticipable según la ley 23.548— sean incorporados automáticamente al reparto entre provincias y no queden bajo discrecionalidad de la Casa Rosada. En la demanda, la provincia sostuvo que el Estado “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”.
El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que la causa debe tramitar en la competencia originaria de la Corte debido a que enfrenta de manera directa a una provincia con el Estado Nacional.
Por otra parte, los últimos datos del informe coinciden con la distribución de ATN del Gobierno en los años previos. Sólo en marzo de 2026 el Gobierno distribuyó $43.000 millones, equivalentes a 58,1% de todo lo girado en 2026 hasta el 6 de abril. En ese tramo, el principal beneficiado fue Corrientes, con $8.000 millones por desequilibrio financiero, seguida por Mendoza con $7.000 millones, Entre Ríos con $6.000 millones, Misiones con $5.500 millones y Chaco con $4.000 millones.
La trastienda del vínculo con esos mandatarios muestra matices. Durante la gestión, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua acompañaron al oficialismo en votaciones sensibles, como la Ley Bases y otras reformas, y sostuvieron una relación de cooperación parlamentaria con el Ejecutivo. Sin embargo, esa sintonía legislativa no implica de por sí un acuerdo electoral hacia 2027. En el oficialismo reconocen que la discusión ya pasa por diferenciar aliados circunstanciales en el Congreso de socios territoriales de largo plazo.
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Ese debate se cruza con la estrategia electoral que empuja Karina Milei. La secretaria general quiere competir en la gran mayoría de las provincias y limitar los acuerdos a un puñado de distritos. Hoy, en el oficialismo aseguran que la idea es reservar entendimientos solo para Entre Ríos, Chaco, Mendoza y San Luis, si las negociaciones terminan cerrando. La hoja de ruta la ejecuta Eduardo “Lule” Menem, mientras que del otro lado Santiago Caputo insiste con ampliar alianzas con más gobernadores para blindar gobernabilidad frente a la disputa presidencial de 2027.
Esa diferencia interna explica la razón por la que algunos gobernadores bien posicionados en el reparto de fondos no aparecen hoy en el núcleo de alianzas electorales privilegiadas. Jaldo, Jalil, Sáenz y Passalacqua fueron útiles para sostener la agenda oficial en el Congreso, pero la estrategia de Karina Milei privilegia una expansión partidaria propia antes que un cierre amplio con todos los dialoguistas. En la Casa Rosada saben que ese esquema tensiona la relación con provincias que ayudaron en votaciones clave, pero también creen que ceder demasiado en 2027 puede diluir el control político del armado nacional.
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