POLITICA
Los veedores del Gobierno fueron a la AFA y a la Superliga para iniciar el control de los balances y contratos millonarios del fútbol argentino

El Gobierno puso en marcha este miércoles el proceso de control sobre los balances y contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentaron formalmente esta tarde en las sedes de la AFA y de la Superliga para requerir acceso a documentación societaria, contable y administrativa, según pudo confirmar Infobae. Esta acción se enmarcó en las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal encargado de fiscalizar entidades civiles.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, nombrados por el Ministerio de Justicia, llegaron cerca de las 13 para activar el proceso de veedurías, que tiene una duración de 180 días hábiles. Según la resolución, los veedores están habilitados a solicitar balances, contratos, libros societarios y registros internos, con el objetivo de verificar presuntas irregularidades que la IGJ tiene bajo análisis.

El Ministerio de Justicia sostiene que la medida no constituye una intervención formal sobre la AFA, sino una veeduría administrativa orientada a garantizar el acceso a la información y a verificar el funcionamiento de las entidades involucradas. Sin embargo, en el ámbito del fútbol, la decisión es interpretada como un movimiento de impacto político considerable sobre la conducción de la asociación presidida por Claudio Tapia.

El plan de trabajo de los veedores comenzó pasado el mediodía con la presencia de los enviados del Gobierno. Ambos tenían como tarea presentar un pedido formal de exhibición de documentación vinculada a los estados contables, contratos comerciales y movimientos societarios tanto de la AFA como de la Superliga. La investigación se centra en operaciones económicas y estructuras administrativas bajo observación de la IGJ desde hace varios meses.
Sin embargo, una vez que se acercaron a la puerta del edificio que está ubicado en la calle Viamonte, los veedores se encontraron con que no había nadie para recibirlos en la sede. Por eso decidieron dejar una nota en la puerta que manifiesta que se hicieron presentes en el día de la fecha.

La ofensiva oficial tiene antecedentes directos. En marzo, durante la gestión de Daniel Roque Vítolo al frente de la IGJ, el Ministerio de Justicia avanzó con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA y de la Superliga, una decisión que generó un inmediato rechazo de la conducción del fútbol argentino. En aquel momento, el Gobierno argumentó que existían inconsistencias e irregularidades que justificaban la presencia de representantes estatales dentro de las entidades deportivas para monitorear su funcionamiento.
La investigación se desarrolló en paralelo con distintas denuncias vinculadas a movimientos financieros internacionales, transferencias de dinero y contratos comerciales celebrados por la conducción de la AFA. Parte de esas sospechas también quedaron reflejadas en expedientes judiciales impulsados por organismos nacionales y en informes que comenzaron a circular dentro del propio Gobierno.

En ese contexto, uno de los episodios que complejizó el proceso fue la renuncia del abogado Agustín Ortiz de Marco, quien había sido designado originalmente como veedor junto al contador Miguel Pappacena durante la gestión de Vítolo al frente de la IGJ.
Tras la salida de Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el nuevo esquema mantuvo las veedurías ya dispuestas sobre la AFA y la Superliga. Sin embargo, Ortiz de Marco decidió finalmente no asumir el cargo, una situación que obligó al Gobierno a designar un reemplazante para sostener el operativo de fiscalización.

Fue entonces cuando el Ministerio de Justicia avanzó con el nombramiento del abogado Diego Coste, quien quedó incorporado al esquema definitivo de control junto a Miguel Pappacena. Ambos serán los encargados de encabezar desde este miércoles el acceso y relevamiento de información dentro de las sedes de las entidades.
La resolución que dispuso las veedurías estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de las tareas de fiscalización. Durante ese período, los enviados del Ministerio de Justicia podrán requerir documentación, verificar registros administrativos y elaborar informes sobre el funcionamiento institucional y financiero de las sociedades involucradas.

Debate por los domicilios legales y la competencia de control
Uno de los puntos sensibles del proceso está vinculado con las sedes y domicilios legales de la AFA. La histórica sede de la asociación se encuentra en la calle Viamonte 1366, en el barrio porteño de San Nicolás, edificio que durante décadas funcionó como epicentro político y administrativo del fútbol argentino. Sin embargo, la conducción de la AFA avanzó en los últimos años con el traslado de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, en su sitio oficial, la AFA informa como sede social el domicilio de Mercedes 1366, en Pilar, provincia de Buenos Aires. A su vez, también figura el Predio Lionel Andrés Messi, ubicado sobre la Autopista Ricchieri y Enrique Fernández García, en Ezeiza, como otro de sus centros operativos y administrativos.

La discusión sobre esos domicilios adquirió relevancia dentro de las investigaciones impulsadas por la IGJ porque la conducción de la AFA sostiene que el control societario corresponde a organismos bonaerenses y no a la órbita nacional. Esa postura derivó en un conflicto de competencia con el Gobierno nacional, que igualmente avanzó con las veedurías y con distintas inspecciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la entidad.
La sede de la Superliga, en tanto, se encuentra ubicada en Olga Cossettini 771, en el barrio porteño de Puerto Madero, donde también se presentarán este miércoles los enviados del Ministerio de Justicia para iniciar formalmente el pedido de documentación y el relevamiento administrativo.
En el Gobierno sostienen que la medida se enmarca dentro de las facultades de fiscalización de la IGJ y remarcan que el objetivo es determinar si existieron irregularidades societarias o incumplimientos vinculados a normas de administración y control. La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Justicia en coordinación con áreas técnicas del organismo de control.
La disputa con la AFA también se produce en medio de un clima de máxima tensión entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino. El vínculo entre el Gobierno y Tapia se deterioró progresivamente a partir de distintos episodios políticos y judiciales, incluyendo investigaciones sobre presuntos manejos financieros, cuestionamientos a contratos internacionales y denuncias vinculadas con la estructura económica de la asociación.

Dentro de ese escenario aparecen además investigaciones sobre operaciones vinculadas a TourProdEnter LLC, la firma señalada como agente comercial exclusivo de contratos internacionales de la Selección Argentina y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette. En distintos expedientes y reportes oficiales comenzaron a analizarse transferencias millonarias, circuitos financieros y vínculos comerciales que despertaron sospechas en organismos estatales.
El clima de confrontación se profundizó todavía más luego de las denuncias impulsadas por ARCA, que presentó acusaciones penales tributarias relacionadas con presuntas irregularidades en retenciones y aportes de seguridad social. Esas actuaciones derivaron en expedientes que quedaron radicados en la Justicia Penal Económica.
En el entorno de Tapia consideran que la ofensiva estatal tiene un fuerte componente político y aseguran que existe una presión creciente sobre la conducción del fútbol argentino. Cerca de la AFA sostienen que las medidas impulsadas por el Gobierno exceden una mera fiscalización administrativa y forman parte de una disputa más amplia por el control institucional y económico del negocio del fútbol.
Aun así, en el Ministerio de Justicia insisten en que la presencia de los veedores busca únicamente garantizar transparencia y acceso a la información. Bajo esa lógica, el operativo previsto para este miércoles constituye el inicio formal de las tareas de relevamiento dentro de las entidades investigadas.

La expectativa oficial está puesta ahora en el grado de colaboración que encuentren los enviados del Gobierno al momento de requerir documentación. En función de eso, los veedores comenzarán a elaborar los primeros informes técnicos sobre balances, contratos y estructuras administrativas de la AFA y la Superliga.
La escena tendrá además un fuerte peso político. La llegada de representantes del Ministerio de Justicia a las distintas sedes vinculadas con la AFA simboliza el desembarco formal del Estado nacional dentro de una estructura históricamente celosa de su autonomía y acostumbrada a resistir controles externos.
En las próximas semanas, el foco estará puesto en los documentos que logren relevar los veedores y en las conclusiones preliminares que puedan surgir de ese análisis. En la Casa Rosada consideran que el proceso recién empieza y que la investigación sobre el funcionamiento financiero y societario del fútbol argentino ingresó en una etapa decisiva.
POLITICA
El efecto Adorni. De dos cañitos de agua a la crisis más profunda

Nunca hubo una reunión de gabinete tan tensa como la del último viernes. En general, esos encuentros eran para hacer repasos de la gestión, siempre en un tono celebratorio e indulgente. Algunos incluso fueron precedidos por un ritual de abrazos y saltitos con el Presidente, cuyas imágenes se viralizaron en redes. Esta vez el contexto era distinto y fue el propio Javier Milei quien se hizo cargo del cambio de clima. Ni foto hubo.
En la media hora que habló, tras explicar por qué la economía generará buenas noticias en los próximos meses, dedicó un segmento importante al asunto Manuel Adorni. Fue muy enérgico en la defensa de su jefe de Gabinete, argumentó que confiaba plenamente en su inocencia, dijo que haría lo mismo por cualquiera de sus ministros si estuvieran en similar circunstancia, y profirió insultos irreproducibles al periodismo, según su visión, el culpable absoluto del escándalo. Después de hablar, y frente a un intento de Patricia Bullrich por abrir un debate sobre el tema, se paró, saludó y se fue. No se trataba de una conversación; era la comunicación de la línea oficial a seguir.
Adorni retomó el hilo argumental y pronunció una frase que a muchos les pareció una ironía mal disimulada. “Ya escucharon al Presidente, fue muy claro. Al que le guste bien, y al que no, ya sabe lo que puede hacer”, fueron más o menos sus palabras, según la reconstrucción de tres de los funcionarios presentes allí. De pronto, quien supuestamente estaba con un pie afuera pasaba a fijar las condiciones de continuidad a sus colegas. La audacia es un don para elegidos.
Bullrich, que ya venía conteniendo su irritación, pidió hablar y ratificó frente al gabinete lo que venía diciendo en público: que Adorni debía dar explicaciones rápidamente porque el caso estaba teniendo un impacto social profundo, y que lo más importante era garantizar la reelección de Milei, un objetivo que podría verse afectado por su falta de precisiones patrimoniales. Adorni le respondió que lo haría antes del plazo límite fijado legalmente. “¿Cuánto te falta?”, insistió ella. “Pronto lo voy a hacer”, eludió él. Nadie entiende bien los motivos de la demora del jefe de Gabinete en presentar su declaración jurada, la que presuntamente terminará por sellar definitivamente la polémica. Pero todos intuyen las razones.
Ningún otro funcionario quiso seguir con la discusión. Bullrich sintió el vacío de la soledad, a pesar de que durante la semana algunos de los que estaban en la mesa habían manifestado en la intimidad una posición similar. Pero ese día sólo hubo profusión de elogios a la línea fijada por Milei. “Estamos muy cohesionados internamente”, se enorgulleció un ministro al terminar. Varios sabían que en realidad estaban fingiendo demencia.
Este episodio mínimo reflejó la escalada que tuvo el caso Adorni, que esta semana pasó de ser una cuestión contable-judicial de un funcionario cuestionado a convertirse en la crisis política más severa dentro del Gobierno. El detonante fue la declaración del contratista Matías Tabar, quien el lunes contó que hizo reparaciones por US$245.000 en el country de Adorni en Exaltación de la Cruz.
La estrategia oficial marcaba que esta semana serviría para dar vuelta la página de la polémica, después de la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso y de su conferencia de prensa del lunes. En el mismo momento en el que se disponían a apretar el botón de reinicio de gestión, Tabar trabó el dispositivo con su exposición ante la Justicia. Fue como retroceder al punto de partida. Un constructor que terminó siendo un demoledor.
Allí se inició una secuencia de vértigo. Ese mismo lunes a la tarde, desde Chile, Bullrich habló con Milei para decirle que la situación era insostenible sin una explicación pública de los bienes de Adorni. El Presidente le aseguró que eso ocurriría en breve. Dos días después, como no había novedades, la senadora embistió y en una entrevista en el canal América repitió en público el planteo privado que le había hecho al Presidente. Un desafío abierto a la lógica verticalista de los libertarios.
Milei debió salir un rato después a decir que estaba todo bien y que en realidad el problema se reducía a “dos cañitos de agua” instalados en la refacción del country. Aventuró entonces que era inminente la presentación de la declaración jurada del funcionario. Al día siguiente, desde el entorno de Adorni se supo que recién lo hará cerca de fin de mes. En 24 horas Milei fue desafiado por una senadora y desmentido por su jefe de Gabinete. Los riesgos de someterlo a una sobreexposición forzada.
Bullrich interpretó el humor social y lo expresó con su estilo frontal e inconsulto, lo cual generó malestar en los Milei, sobre todo en Karina. Un testigo presenció en vivo la furia de la hermana presidencial cuando el miércoles vio la entrevista de la senadora. Si bien Bullrich siempre fue de recorrer su propio camino, ahora no tiene margen para romper. Tampoco los Milei para desterrarla. Ella por momentos intuye que los mejores momentos del experimento libertario ya pasaron. Ellos, por su lado, saben que Bullrich nunca formará parte de su núcleo íntimo de confianza, siempre será una forastera. Pero todos se necesitan.
Durante la semana se produjo una mutación sutil, pero admitida por funcionarios del gabinete. Hoy el principal sostén de Adorni es Javier, no Karina. Incluso hay quienes aseguran que ella estaría más dispuesta que su hermano a soltarle la mano.
Y hay tres explicaciones convergentes para argumentarlo. En primer lugar, porque el Presidente, estimulado por funcionarios y amistades que lo exacerban, transmite un odio profundo por los periodistas, y entiende que detrás del escándalo hay una operación encubierta para hacerlo ceder. Siente que los medios le disputan poder con mentiras y que quieren debilitarlo para condicionarlo. Esa idea lo desencaja emocionalmente. En base a esa percepción compartida construyó una suerte de amistad tardía con Adorni, que logra sacar la lealtad más genuina que Milei es capaz de brindar.
En segundo término, porque tomar una decisión sobre Adorni implica volver a meter el dedo en la llaga que nunca deja de sangrar entre su hermana y Santiago Caputo. El actual jefe de Gabinete mantiene una relación razonable con el asesor, a pesar de ser ahijado político de Karina. Si lo echan, debería ser reemplazado por alguien de extrema confianza de la hermana presidencial, pero que al mismo tiempo no termine de quebrar el frágil equilibrio con Caputo. Por ejemplo, si designaran a alguno de los Menem, el joven estratega probablemente encontraría una razón definitiva para dejar el Gobierno. La tensión entre la dependencia emocional de Karina, y la dependencia intelectual de Santiago, paraliza al Presidente, que prefiere no laudar en esa confrontación.
Y la tercera explicación está concentrada estrictamente en la figura de Karina Milei. Nunca dejó de respaldar al jefe de Gabinete, e incluso se mostró varias veces en público con él como expresión de apoyo. El lunes en que se conoció la declaración el constructor del country les dijo a los suyos que el testigo había sido “comprado” por los que atentan contra el Gobierno. Pero quienes la conocen la definen como más pragmática que su hermano, y por eso se da cuenta del daño que le está generando al Gobierno todo el escándalo. Tiene una mirada menos emocional que Javier y en su objetivo constante de protegerlo de todos los riesgos estaría detectando la densidad de la amenaza que desciende en forma de cascada.
Para Karina el hundimiento de Adorni fue un golpe durísimo, probablemente el más dañino desde que entró a la Casa Rosada. El primer capítulo de la saga, el viaje con su esposa a Nueva York, ocurrió en el preciso momento en el que la secretaria general estaba desplegando su estrategia de redefinición del poder interno.
Ya había digitado las llegadas de Diego Santilli y de Pablo Quirno; había armado su propio triángulo con los primos Menem y Sebastián Pareja; le acababa de cooptar el Ministerio de Justicia a Caputo, pensaba avanzar sobre la SIDE y la ARCA, y estaba empoderando a su nuevo jefe de Gabinete para que fuera su emisario en las reuniones con legisladores y gobernadores. Incluso había dado vía libre para el armado de una nueva estructura de tuiteros e influencers, para tener su propia infantería digital por fuera de las Fuerzas del Cielo (a las que cuestionan por su silencio y hasta por difundir mensajes díscolos). Pero todo eso se desmoronó.
en Olivos
“Lo de Manuel la mató, le corrió el eje y le cambió los tiempos. Ahora está obligada a equilibrar y sostener internamente”, resume una figura de su entorno. Una ingrata paradoja la persigue: en su momento de mayor poder, Karina quedó obligada a salir al rescate de la gestión de su hermano. Pasó de conquistadora a bombera.
Incluso como derivación del caso empezó a haber ruidos internos dentro del karinismo. Algunos no entienden cómo la causa judicial avanza con tanto ímpetu y con amplia difusión, cuando al mismo tiempo se supone que se está modelando la nueva justicia a través del envío de pliegos al Senado. Le atribuyen a Adorni un supuesto malestar con Juan Bautista Mahiques porque su relación judicial con el fiscal Gerardo Pollicita no logra evitar siquiera que las novedades en la causa “se conozcan como si fuera un canal de streaming”, aducen.
Hay referentes de los distintos sectores internos que piensan que a pesar del apoyo del Presidente, el futuro de Adorni está marcado. En todas las tribus verían con muy buenos ojos que diera un paso al costado, aunque reconocen que hasta ahora en ningún momento el funcionario presentó la renuncia. Nadie apuesta por su permanencia en el cargo.
Y esta es una de las consecuencias más profundas del episodio Adorni: el desorden interno en el que sumió al gabinete. Al desaparecer el rol de la Jefatura, el diseño que había previsto Karina para reemplazar al oxidado triángulo de hierro, quedó averiado. No hay un esquema claro de organización interna y del proceso de toma de decisiones. Al decir de un funcionario muy relevante, “estamos en la estación previa a la anarquía”, porque no está claro cómo se deciden las cosas, ni quién es el responsable, ni cómo le llegan los temas a Milei.
Entonces Karina ejerce mitad de presidente bis y mitad de jefe de Gabinete de facto; Lule Menem hace de jefe de Gabinete blue y de ministro del Interior bis; Santiago Caputo funge de asesor presidencial a tiempo completo y de controller part time de proyectos y decretos. Es un organigrama completamente desalineado.
Esta desconfiguración del esquema deriva en una parálisis de la gestión, porque hay decisiones que no se ejecutan y nadie sabe bien por qué se frenaron. Al mismo tiempo, los ministros más activos se quejan de que lo que hacen no tiene visibilidad porque todo queda eclipsado por el escándalo. El intento de la conferencia de prensa del viernes fue un ejemplo. El propio Adorni impulsó un formato híbrido en el que él sólo hizo de presentador y de catador de preguntas, en el que terminó exponiendo al principal ministro del Gabinete, Luis Caputo, junto con su colega Alejandra Monteoliva. Hubo consenso en el oficialismo en que fue un experimento fallido.
Al impacto en la opinión pública, la desconfiguración del nuevo diseño del gabinete y la parálisis de la gestión, se suma otra derivación de esta historia: el silencioso pero notorio desplazamiento de los aliados del verano en el Congreso. Así como durante las sesiones extraordinarias un grupo de gobernadores y legisladores le permitieron al Gobierno sumar mayorías para proyectos sensibles como la reforma laboral o la ley de glaciares, ahora las señales que emiten las bancadas amigables son menos nítidas.
Por eso hay dudas con el progreso de la reforma electoral y ruido con los pliegos de los jueces. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados las terminales libertarias están recibiendo mensajes de cierto desapego, producto del caso Adorni, y también por algunos incumplimientos en la remisión de fondos. “Nos ven más débiles y se suben el precio. Es el juego de siempre. Ya ocurrió el año pasado”, confesó uno de los negociadores.
Milei estableció un esquema de conducción que luce genuino y frontal, pero que le genera mucho desgaste a su gobierno. La irresolución de los problemas internos van minando la gestión y empobrecen las prestaciones que puede brindar. Cada traspié se transforma en una crisis interminable y no logra construir un esquema de debate ágil, que le permita evaluar alternativas y salir de las situaciones de conflicto. En el management político no hay una curva de aprendizaje natural. Así es Milei. La línea que separa la convicción de la obcecación es demasiado delgada.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
Vaca Muerta: imputaron a 12 mapuches por bloquear el acceso a una cantera

Integrantes de una comunidad mapuche de Neuquén fueron imputados por bloquear el acceso a una cantera en la zona de Añelo, en Vaca Muerta, y la Justicia les prohibió acercarse a la zona de conflicto.
El hecho ocurrió a principios de 2026 cuando integrantes de la comunidad Campo Maripe bloquearon el acceso a una cantera e intimidaron a trabajadores petroleros.
El propietario del predio radicó la denuncia ante la Justicia Neuquina, que ordenó medidas de coerción, entre las que le impide a la comunidad regresar a la zona de conflicto.
Los mapuches ingresaron a la cantera y bloquearon el acceso y amenazaron a los trabajadores con incendiar los vehículos en los que se movilizaban.
Los integrantes de la comunidad fueron imputados por el delito de turbación de la posesión, bajo la figura de coautores. La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Carina Álvarez, por pedido de la fiscalía, representada por Pablo Vignaroli. La magistrada dispuso cuatro meses de investigación.
Durante la audiencia de este miércoles, la fiscalía de Delitos Económicos responsabilizó a la comunidad mapuche por haber ingresado de forma intempestiva al predio e impedir el ingreso a los trabajadores, para realizar sus labores cotidianas.
En la exposición de la parte acusadora, el fiscal mencionó que la ocupación se mantuvo desde fines de enero hasta el 5 de marzo, tiempo en el que los usurpadores permanecieron en el terreno y sostuvieron el bloqueo.
En el lugar construyeron viviendas precarias, mientras custodiaban el ingreso no sólo de los trabajadores, sino también de los propietarios, quienes, al radicar la denuncia, exhibieron la documentación que avala la titularidad de las tierras.
El bloqueo generó cuantiosas pérdidas económicas para el dueño del lugar, debido a que durante el tiempo que se extendió no pudieron realizar la explotación de la cantera ubicada dentro del predio.
Durante la exposición acusatoria, la fiscalía presentó denuncias, testimonios y actas elaboradas por la Policía neuquina, además de otras pruebas como documentación sobre la titularidad de las tierras y material audiovisual para certificar la acusación.
La jueza dio curso a las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía y ordenó a los imputados abstenerse de realizar cualquier acto de turbación o bloqueo a los accesos al predio, además de prohibirles mantener cualquier contacto con el denunciante, su familia y los trabajadores.
Álvarez también rechazó un pedido de la defensa para la devolución de un vehículo secuestrado. Lo mismo hizo con un segundo requerimiento, esta vez, para dejar sin efecto las órdenes de secuestro sobre otros rodados, al considerar que podrían ser objeto de decomiso en caso de una eventual condena.
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Bullrich celebró la extradición de un exfuncionario de Ecuador, pero Quirno aclaró que el proceso aún no está terminado

El Gobierno sumó este sábado un nuevo contrapunto con Patricia Bullrich, que ya se había despegado esta semana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando le pidió que acelere las explicaciones sobre su patrimonio. Este fin de semana, en tanto, la jefa de la bancada oficialista en el Senado celebró la extradición de la Argentina de un funcionario ecuatoriano, pero el canciller Pablo Quirno salió a decir -sin nombrarla- que el proceso no estaba terminado.
Por la tarde, Bullrich compartió una nota que hablaba como un hecho consumado de la extradición de Hernán Luque Lecaro, exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) de ese país.
“El que las hace las paga”, enfatizó Bullrich, con el lema que hizo popular cuando era ministra de Seguridad de Javier Milei, antes de que partiera a la Cámara alta.
“Luque Lecaro, funcionario ecuatoriano involucrado en un escandaloso caso de corrupción en empresas públicas, se escapó a la Argentina y el kirchnerismo le dio asilo para protegerlo. Hace un año, el presidente Guillermo Lasso me llamó para pedir que le quitáramos ese beneficio. Como ministra de Seguridad nacional en ese entonces lo hice. Hoy ya está autorizada su extradición”, celebró Bullrich.
Además, la senadora libertaria dijo que “es hora” de que Luque vuelva a Ecuador para responder ante la Justicia. “La Argentina no es guarida de delincuentes que quieren escapar de las leyes de sus países”, sostuvo.
Sin embargo, un rato después, el canciller Quirno -que cuenta con la aprobación de la secretaria general, Karina Milei– desmintió los datos, sin dirigirse directamente a Bullrich pero con énfasis en que la información era falsa y “no oficial”.
“Más allá de las versiones periodísticas que atribuyen erróneamente la resolución de la extradición del ciudadano ecuatoriano Luque Lecaro, basada en fuentes no oficiales, se informa que si bien se han registrado avances en distintas etapas del proceso, la misma continúa pendiente de resolución judicial», aclaró Quirno, en un mensaje sugestivo después del posteo de Bullrich.
“La Cancillería argentina, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia aguardan la conclusión de todas las instancias judiciales correspondientes para concretar con celeridad la extradición, en coordinación con las autoridades del Gobierno del Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa“, resaltó el canciller.
Esta semana, Bullrich se distanció públicamente de la decisión de los hermanos Milei de sostener en el cargo al jefe de Gabinete y pidió que Adorni le dé celeridad a la presentación de su declaración jurada, porque el Gobierno quedaba “empantanado” por las revelaciones en torno a la causa por supuesto enriquecimiento ilícito.
No obstante, tras eso el Presidente respaldó sin titubeos a Adorni y no cedió ante las presiones de la senadora.
Manuel Adorni,May 9, 2026,May 9, 2026,Patricia Bullrich,Conforme a,Patricia Bullrich,,Rumbo a 2027. Patricia Bullrich encabezó una recorrida de La Libertad Avanza por Lugano y ya se mueve como candidata,,“Esto está durando demasiado”. Por qué Patricia Bullrich le “marca la cancha” a Milei en el caso Adorni, según un analista político,,»Fui taxativa, clarita». Bullrich ratificó su reclamo a Adorni y dijo que desconoce si Karina Milei está enojada
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