POLITICA
Los veedores del Gobierno fueron a la AFA y a la Superliga para iniciar el control de los balances y contratos millonarios del fútbol argentino
El Gobierno puso en marcha este miércoles el proceso de control sobre los balances y contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentaron formalmente esta tarde en las sedes de la AFA y de la Superliga para requerir acceso a documentación societaria, contable y administrativa, según pudo confirmar Infobae. Esta acción se enmarcó en las investigaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal encargado de fiscalizar entidades civiles.
El abogado Diego Coste y el contador Miguel Pappacena, nombrados por el Ministerio de Justicia, llegaron cerca de las 13 para activar el proceso de veedurías, que tiene una duración de 180 días hábiles. Según la resolución, los veedores están habilitados a solicitar balances, contratos, libros societarios y registros internos, con el objetivo de verificar presuntas irregularidades que la IGJ tiene bajo análisis.
El Ministerio de Justicia sostiene que la medida no constituye una intervención formal sobre la AFA, sino una veeduría administrativa orientada a garantizar el acceso a la información y a verificar el funcionamiento de las entidades involucradas. Sin embargo, en el ámbito del fútbol, la decisión es interpretada como un movimiento de impacto político considerable sobre la conducción de la asociación presidida por Claudio Tapia.
El plan de trabajo de los veedores comenzó pasado el mediodía con la presencia de los enviados del Gobierno. Ambos tenían como tarea presentar un pedido formal de exhibición de documentación vinculada a los estados contables, contratos comerciales y movimientos societarios tanto de la AFA como de la Superliga. La investigación se centra en operaciones económicas y estructuras administrativas bajo observación de la IGJ desde hace varios meses.
Sin embargo, una vez que se acercaron a la puerta del edificio que está ubicado en la calle Viamonte, los veedores se encontraron con que no había nadie para recibirlos en la sede. Por eso decidieron dejar una nota en la puerta que manifiesta que se hicieron presentes en el día de la fecha.
La ofensiva oficial tiene antecedentes directos. En marzo, durante la gestión de Daniel Roque Vítolo al frente de la IGJ, el Ministerio de Justicia avanzó con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA y de la Superliga, una decisión que generó un inmediato rechazo de la conducción del fútbol argentino. En aquel momento, el Gobierno argumentó que existían inconsistencias e irregularidades que justificaban la presencia de representantes estatales dentro de las entidades deportivas para monitorear su funcionamiento.
La investigación se desarrolló en paralelo con distintas denuncias vinculadas a movimientos financieros internacionales, transferencias de dinero y contratos comerciales celebrados por la conducción de la AFA. Parte de esas sospechas también quedaron reflejadas en expedientes judiciales impulsados por organismos nacionales y en informes que comenzaron a circular dentro del propio Gobierno.
En ese contexto, uno de los episodios que complejizó el proceso fue la renuncia del abogado Agustín Ortiz de Marco, quien había sido designado originalmente como veedor junto al contador Miguel Pappacena durante la gestión de Vítolo al frente de la IGJ.
Tras la salida de Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el nuevo esquema mantuvo las veedurías ya dispuestas sobre la AFA y la Superliga. Sin embargo, Ortiz de Marco decidió finalmente no asumir el cargo, una situación que obligó al Gobierno a designar un reemplazante para sostener el operativo de fiscalización.
Fue entonces cuando el Ministerio de Justicia avanzó con el nombramiento del abogado Diego Coste, quien quedó incorporado al esquema definitivo de control junto a Miguel Pappacena. Ambos serán los encargados de encabezar desde este miércoles el acceso y relevamiento de información dentro de las sedes de las entidades.
La resolución que dispuso las veedurías estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de las tareas de fiscalización. Durante ese período, los enviados del Ministerio de Justicia podrán requerir documentación, verificar registros administrativos y elaborar informes sobre el funcionamiento institucional y financiero de las sociedades involucradas.
Debate por los domicilios legales y la competencia de control
Uno de los puntos sensibles del proceso está vinculado con las sedes y domicilios legales de la AFA. La histórica sede de la asociación se encuentra en la calle Viamonte 1366, en el barrio porteño de San Nicolás, edificio que durante décadas funcionó como epicentro político y administrativo del fútbol argentino. Sin embargo, la conducción de la AFA avanzó en los últimos años con el traslado de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, en su sitio oficial, la AFA informa como sede social el domicilio de Mercedes 1366, en Pilar, provincia de Buenos Aires. A su vez, también figura el Predio Lionel Andrés Messi, ubicado sobre la Autopista Ricchieri y Enrique Fernández García, en Ezeiza, como otro de sus centros operativos y administrativos.
La discusión sobre esos domicilios adquirió relevancia dentro de las investigaciones impulsadas por la IGJ porque la conducción de la AFA sostiene que el control societario corresponde a organismos bonaerenses y no a la órbita nacional. Esa postura derivó en un conflicto de competencia con el Gobierno nacional, que igualmente avanzó con las veedurías y con distintas inspecciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la entidad.
La sede de la Superliga, en tanto, se encuentra ubicada en Olga Cossettini 771, en el barrio porteño de Puerto Madero, donde también se presentarán este miércoles los enviados del Ministerio de Justicia para iniciar formalmente el pedido de documentación y el relevamiento administrativo.
En el Gobierno sostienen que la medida se enmarca dentro de las facultades de fiscalización de la IGJ y remarcan que el objetivo es determinar si existieron irregularidades societarias o incumplimientos vinculados a normas de administración y control. La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Justicia en coordinación con áreas técnicas del organismo de control.
La disputa con la AFA también se produce en medio de un clima de máxima tensión entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino. El vínculo entre el Gobierno y Tapia se deterioró progresivamente a partir de distintos episodios políticos y judiciales, incluyendo investigaciones sobre presuntos manejos financieros, cuestionamientos a contratos internacionales y denuncias vinculadas con la estructura económica de la asociación.
Dentro de ese escenario aparecen además investigaciones sobre operaciones vinculadas a TourProdEnter LLC, la firma señalada como agente comercial exclusivo de contratos internacionales de la Selección Argentina y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette. En distintos expedientes y reportes oficiales comenzaron a analizarse transferencias millonarias, circuitos financieros y vínculos comerciales que despertaron sospechas en organismos estatales.
El clima de confrontación se profundizó todavía más luego de las denuncias impulsadas por ARCA, que presentó acusaciones penales tributarias relacionadas con presuntas irregularidades en retenciones y aportes de seguridad social. Esas actuaciones derivaron en expedientes que quedaron radicados en la Justicia Penal Económica.
En el entorno de Tapia consideran que la ofensiva estatal tiene un fuerte componente político y aseguran que existe una presión creciente sobre la conducción del fútbol argentino. Cerca de la AFA sostienen que las medidas impulsadas por el Gobierno exceden una mera fiscalización administrativa y forman parte de una disputa más amplia por el control institucional y económico del negocio del fútbol.
Aun así, en el Ministerio de Justicia insisten en que la presencia de los veedores busca únicamente garantizar transparencia y acceso a la información. Bajo esa lógica, el operativo previsto para este miércoles constituye el inicio formal de las tareas de relevamiento dentro de las entidades investigadas.
La expectativa oficial está puesta ahora en el grado de colaboración que encuentren los enviados del Gobierno al momento de requerir documentación. En función de eso, los veedores comenzarán a elaborar los primeros informes técnicos sobre balances, contratos y estructuras administrativas de la AFA y la Superliga.
La escena tendrá además un fuerte peso político. La llegada de representantes del Ministerio de Justicia a las distintas sedes vinculadas con la AFA simboliza el desembarco formal del Estado nacional dentro de una estructura históricamente celosa de su autonomía y acostumbrada a resistir controles externos.
En las próximas semanas, el foco estará puesto en los documentos que logren relevar los veedores y en las conclusiones preliminares que puedan surgir de ese análisis. En la Casa Rosada consideran que el proceso recién empieza y que la investigación sobre el funcionamiento financiero y societario del fútbol argentino ingresó en una etapa decisiva.
POLITICA
Adorni compró aparatos para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios que trabajaban para él
En agosto del año pasado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró en su cuenta de Mercado Libre un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, 5.848.589 pesos, mucho más que su sueldo de ese mes. La compra fue hecha desde la cuenta personal del funcionario, pero con tarjetas de crédito ajenas, que pertenecen a dos empleados públicos que trabajaban a sus órdenes dentro de la estructura de la Vocería Presidencial, según informaron a fuentes oficiales con acceso a los registros.
El monitor gamer fue comprado el 19 de agosto pasado. Costó $2.184.999,05 y figura en los documentos de Mercado Libre como pagado con una tarjeta cuya titular es Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, precisaron las fuentes.
Shiuma había sido ascendida en 2024, siempre dentro de la estructura que respondía a Adorni. Antes, su cargo fue de coordinadora de Planificación de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de la misma subsecretaría.
En cuanto a los proyectores, aparecen como pagados el 13 de agosto de 2025 con dos tarjetas diferentes, cuyo titular, en los dos casos, es Luis Enrique Aluju, que al momento de la compra era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, según la resolución de designación publicada en el Boletín Oficial.
Los proyectores, según las constancias, costaron 1.831.795 pesos cada uno. Son marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV. En cuanto al monitor, es un Gamer 27 Samsung Odyssey Oled G8 4k 240hz Apps Xbox. Al momento de esas compras, el sueldo mensual de Adorni era de 3,5 millones de pesos.
Tanto Aluju como Schiuma figuran como nombrados con cargos transitorios, no como parte de la planta permanente del Estado.
envió mensajes ayer a Adorni para consultarle por estas compras, pero no recibió respuesta.
La Justicia tiene constancias, además, de otra compra sospechosa que Adorni hizo a través de una funcionaria pública que se desempeñaba a sus órdenes. El 2 de junio del año pasado, Gisela Kocsis pagó en efectivo $8.183.383 pesos en un local de sommiers y ropa blanca. La compra era para la casa que los Adorni habían adquirido a fines de 2024 en el country Indio Cua. Según los investigadores, en esa época el funcionario estaba equipando su recidencia de fin de semana. La factura a nombre de Kocsis fue encontrada en el teléfono de Matías Tabar, el contratista que se encargó de la remodelación de esa casa del jefe de Gabinete.
El celular de Tabar sigue bajo análisis en la fiscalía de Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación del patrimonio de Adorni. En ese teléfono no solo hay datos sobre los gastos del funcionario; también encontraron mensajes en los que el jefe de Gabinete invita a Tabar a coordinar lo que iba a declarar en la Justicia, según supo de fuentes del caso. Todo indica que Tabar no aceptó. Su testimonio complicó como ningún otro a Adorni porque reveló que solo en la remodelación de Indio Cua el funcionario y su mujer gastaron 245.929 dólares en efectivo.
El fanatismo gamer
Adorni es fanático de los videojuegos. Antes de asumir como funcionario de Javier Milei, solía hacer transmisiones vía streaming jugando e interactuando con otros jugadores.
En una entrevista con Perfil, Adorni se definió como un “retrogamer”. “Yo colecciono Commodor 64 y ColecoVision porque fue lo que tenía de chico. Cuando era niño, me costaba mucho conseguirlas porque teníamos una posición económica de clase media y las computadoras eran muy caras“, dijo Adroni entonces. En esa entrevista contó que desde los 16 años juega “al Age» (en alusión al juego de estrategia Age of Empires, sobre la Edad Media).
En un video disponible en YouTube, se ve a Adorni contando cómo, cuando era más joven, pasaba días enteros con sus amigos y sus computadoras. “Nos juntábamos en alguna casa a jugar uno o dos días de corrido, sin dormir, sin nada, comiendo delivery cada ocho horas”, relata, mientras explora una nueva versión sobre el Age of Empires. En ese video, que dura más de una hora, Adorni explica cómo es el juego y agradece los “cafecitos” (contribuciones económicas voluntarias) que le van llegando.
Manuel Adorni,el sueldo mensual de Adorni,otra compra,Matías Tabar,esa entrevista,Paz Rodríguez Niell,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Caso Adorni. Milei: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada pero creo en su honestidad”,,Análisis. Insaurralde no salva a Adorni, lo potencia,,Terremoto en Venezuela. El Gobierno confirmó que la Argentina dará asistencia humanitaria a Venezuela
POLITICA
La decisión que tomó el juez de Campana con la causa por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino
El juez federal de Campana, Adrián González Charbay, envió a la Justicia porteña el expediente de la causa por la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La jueza en lo Penal Económico N°10, Verónica Straccia, ya recibió la documentación en formato digital, según confirmaron desde el propio juzgado.
Sin embargo, una parte de las actuaciones todavía no está digitalizada y deberá ser trasladada físicamente en un camión de las fuerzas federales.
La remisión del expediente se produjo después de que la Cámara en lo Penal Económico ratificara que la investigación debía quedar radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10 y reclamara el envío de la causa desde Campana.
El caso investiga a Luciano Nicolás Pantano y a su madre, Ana Conte, quienes figuran como dueños de Real Central S.R.L., la empresa que aparece como propietaria de un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar.
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En distintos allanamientos realizados en la propiedad fueron encontrados 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto. Una tasación valuó el predio en 20 millones de dólares.
Según los investigadores, ni Pantano ni Conte tienen un perfil patrimonial acorde con la adquisición del inmueble. La hipótesis de la pesquisa sostiene que ambos habrían actuado como testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La propiedad fue adquirida en mayo de 2024 por Real Central S.R.L., sociedad que originalmente se llamaba Central Parks Drinks S.R.L. y que, de acuerdo con la investigación, tenía escasa actividad y un capital social de 300.000 pesos. El 16 de mayo de ese año la firma cambió su denominación a Real Central S.R.L. y elevó su capital a 58 millones de pesos. Catorce días después concretó la compra del predio.
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Entre los primeros indicios reunidos en el expediente figura una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que, según la investigación, se abonaban gastos de la flota de autos hallada en la propiedad.
La causa atravesó durante siete meses una disputa de competencia entre distintos tribunales. El expediente se inició en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se dispusieron las primeras medidas de prueba y se ordenaron los allanamientos en la quinta. Luego pasó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, que entonces estaba a cargo de Marcelo Aguinsky.
Posteriormente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el expediente al juzgado de González Charbay. Esa decisión fue anulada el 15 de mayo por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
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Finalmente, el 12 de junio, la Cámara en lo Penal Económico resolvió que la causa debía quedar en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actualmente a cargo de Straccia.
La defensa de Pantano y Conte intentó recurrir esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero la Cámara en lo Penal Económico rechazó el planteo. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio entendieron que la resolución sobre la competencia no constituía una sentencia definitiva ni impedía la continuación del proceso.
AFA, Pablo Toviggino, Chiqui Tapia, Claudio Tapia
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuestionó al diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch tras sus declaraciones en un programa de streaming, donde la acusó de tener “voracidad por el poder” y “romper con sus propias causas”.
“Me divierte el diputado que pretendía trabajar para McDonald’s y que ellos le pagaran el sueldo por hacerles de mandadero y sirviente. Los intereses de la Argentina totalmente desconocidos para el sr. de la batería”, escribió la presidenta del Senado en su cuenta oficial de la red social X.
Así Villarruel se refirió a la polémica previa entre ambos por las dietas de los legisladores nacionales, cuando la funcionaria se distanció del gobierno nacional, que pretendía congelar los sueldos de los parlamentarios.
“Ni comprensión de lo que la labor legislativa implica. Cada comentario es una muestra del maní que rebota en su cerebro”, concluyó en la misma publicación.
El nuevo cruce empezó durante una entrevista de Benegas Lynch a un medio digital, donde el legislador libertario criticó el desempeño de la titular del Senado: “Villarruel ha sido un desperdicio fenomenal autoinfligido”, afirmó.
Además, el legislador oficialista argumentó que la funcionaria modificó su conducta institucional respecto a la campaña electoral y le reprochó su alejamiento “voluntario” de los encuentros de ministros en la Casa Rosada. En la misma transmisión, el diputado cuestionó las motivaciones de la vicepresidenta: “Empezó con una voracidad por el poder y para instalar agenda”.
El representante de la Cámara baja remarcó que las últimas medidas de la funcionaria contradicen sus “posturas históricas” de origen: “Empezó a hacer estupideces y hasta rompió su propia causa, de las víctimas del terrorismo, que la apoyábamos muchísimo”. Al respecto, sostuvo: “Fue a darle un reconocimiento a Isabel Perón que es básicamente la jefa de la Triple A”.
La relación de Villarruel con el gobierno de Milei
Este enfrentamiento se da en un marco de distancia institucional entre la vicepresidenta y la Casa Rosada. Recientemente, su madre, Diana de Stefani, habló públicamente y vinculó este alejamiento a diferencias ideológicas.
La división quedó expuesta nuevamente ante el viaje en soledad de la funcionaria a Santa Fe para el Día de la Bandera, luego de ser excluida de la comitiva presidencial. Después ese acto, Villarruel habló con y afirmó que “no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, en relación al escándalo del jefe de Gabinete, quien se mostró junto al Presidente en el acto, por su incremento patrimonial.
cuestionó al diputado nacional,polémica previa entre ambos por las dietas de los legisladores nacionales,habló públicamente y vinculó este alejamiento,Victoria Villarruel,La Libertad Avanza,Conforme a,Victoria Villarruel,,En Rosario. Abel Pintos cerró los festejos por el Día de la Bandera y homenajeó al Indio Solari,,La intimidad del acto. Adorni con bajo perfil, gambetas a Villarruel y las charlas con el dueño de Telefé,,Día de la Bandera. Villarruel: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”
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