La última semana comenzó con la noticia de que una de las tres grandes calificadoras de riesgo soberano mejoró la nota para los bonos de la deuda de Argentina de CCC- a B-, A priori, “solo” sería subir un escalón y tres subcategorías, y constituye un paso en la búsqueda del desbloqueo de ingreso de un mayor universo de inversores que podrán colocar fondos en este tipo de riesgos, y por eso se redujo el índice de riesgo país en más de 40 puntos básicos.

Además, se conoció la desaceleración de la caída real de la recaudación tributaria y la aproximación a la inflación de lo ingresado por IVA Impositivo y la superó lo percibido por el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, indicadores de recuperación de la actividad productiva y comercial, en un mes en que el consenso del mercado pronosticó una suba del Índice de Precios al Consumidor muy inferior al pico de 3,4% que alcanzó en marzo.

Con ese escenario, Infobae entrevistó al economista Aldo Abram, director ejecutivo de Fundación Libertad y Progreso, quien delineó un diagnóstico de la coyuntura y sus expectativas para lo que resta de 2026 y el próximo año.

— Se cumplieron 10 meses desde que el ministro Luis Caputo respondió en una conferencia: “comprá, campeón”, a quienes consideraban que el tipo de cambio estaba barato. ¿Cómo evolucionaron los activos financieros y la demanda de dólares desde entonces?

— Creo que el ministro Luis Caputo apostó a que el tipo de cambio estaba en un valor realista, dada la unificación cambiaria y la parcial salida del cepo. Es cierto que, luego, la desprolija cancelación de las LEFI y la creciente incertidumbre electoral en 2025 pusieron en jaque su afirmación. Sin embargo, visto desde hoy, la realidad es que comprar dólares en aquel momento y durante el período previo a los comicios no terminó siendo la mejor opción.

El problema es que, entonces, había que tener una gran confianza en que la solidez fiscal y la solvencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) podían aguantar la tromba por la que pasaron. De hecho, fue necesario el apoyo del Tesoro de Estados Unidos para contenerla. La realidad es que, al final, terminó siendo cierto que el que apostó a Argentina ganó y mucho.

— Algunos economistas afines a políticas liberales expresan preocupación por la apreciación cambiaria y su efecto contractivo en diversas industrias, y sugieren la necesidad de medidas correctivas. ¿Cuál es su visión sobre este planteo?

— Yo no creo que haya una apreciación cambiaria, por lo menos que sea relevante. De hecho, en 2025, con malos precios internacionales Argentina tuvo récord de cantidades exportadas; lo cual suena contradictorio con que, además, hubiera un dólar muy atrasado. El punto es que reclamar que el BCRA devalúe es equivalente a pedir que se genere una transferencia artificial y coyuntural de recursos desde los consumidores a los productores de bienes que se pueden exportar o importar. La prueba de ello es lo que sucedió antes de las elecciones; aunque dicha depreciación no la generó el BCRA, sino la gente que bajó fuertemente su demanda de pesos por temor.

A cualquier producto que le pase eso, verá su precio bajar. Lo mismo le pasó a la moneda argentina, perdió poder adquisitivo; que, inmediatamente, impactó en el tipo de cambio. Sin embargo, también esa alza se tenía que reflejar en el resto de los bienes y servicios que se miden en la unidad de cuenta local. Acá, eso lleva hasta nueve meses y, por eso, vimos una aceleración inflacionaria desde mediados de 2025. Los primeros que suben son los productos que se comercializan internacionalmente y que cotizan en dólares. Son la mayoría de los que están en la canasta básica; por lo que no extraña que a fines de año eso pegara duro en la pobreza. Luego, en la medida que van quedando menos bienes y servicios por verse plenamente impactados por la caída del peso, es lógico que se vea una desaceleración. Sobre todo, dada la estabilidad que mostró el peso desde los comicios de 2025, una vez recuperada la confianza por un resultado favorable al rumbo económico.

Esa pérdida de ritmo de aumento del índice de precios al consumidor (IPC) se empezó a notar en la segunda quincena de febrero y continuó hasta mediados de marzo; pero fue interrumpida por la suba del precio de los combustibles por la guerra en Irán.

Sin embargo, en abril volvió a moderarse y se estima que la inflación se habría acercado a 2,4% mensual y seguiría desacelerándose, si no hay nuevos ajustes por el alza del petróleo. Así que, en 2026, se acercará al 25% anual y será de menos del 20% en 2027.

Lo notable es que lo anterior lo vivimos recientemente y probó que una devaluación sólo genera un empobrecimiento de todos los argentinos, particularmente de los más pobres. Los único que ganaron coyunturalmente son los que venden bienes y servicios que se exportan o importan. Lo peor es que hoy estamos volviendo a discutir sobre atraso cambiario. O sea, pedir que sea ahora el BCRA el que devalúe; lo cual es absurdo.

— ¿Ve factible un escenario de recuperación sostenida sin un cambio en la política cambiaria actual?

— Creo que la economía se está reactivando. Sin embargo, que el BCRA no tenga que devaluar, no quiere decir que no haya cosas por hacer en materia de política cambiaria, que seguramente mejorarían muchísimo las perspectivas de actividad. Eso tiene que ver, por ejemplo, con sacar todas las condiciones de pago de las importaciones heredadas del cepo y que se pueda operar libremente. No tiene sentido pedirle competitividad a alguien que no puede comprar en el exterior a mejor precio lo que necesita para producir.

Una gran empresa puede respaldarse en su casa matriz para conseguir financiamiento. Una pyme tiene que pedirle a un empresario extranjero que confíe que le van a pagar, desde Argentina, después de que embarcó su producto con ese destino. Ya no debería haber más restricciones remanentes de este tipo u otras; aunque se puede entender cierta prudencia en el manejo del stock de dividendos que no se prohibió remitir al exterior en el pasado.

Sin embargo, hay que aprovechar el fuerte aumento de las exportaciones que se espera para normalizar el comercio exterior. Puede que eso traiga un aumento del tipo de cambio; pero sólo significará que habrá cambios en los precios entre los bienes y servicios. Algunos subirán con la cotización del dólar, otros bajarán por la mayor competencia externa o la mayor productividad de los productores locales o la menor demanda. En algún momento, hay que empezar a acomodar esta situación. Demorarlo, sólo complota contra la caída del índice de riesgo país y el crecimiento.

Sin lugar a dudas, las restricciones remanentes del cepo cambiario son un gran freno a las inversiones que no se pueden hacer a través del RIGI y se necesita crear mucho empleo hacia adelante. Para que continúe la desaceleración de la inflación, la única condición que tiene que cumplir el BCRA es hacer lo que prometió: solamente emitir para comprar reservas propias y en la medida que aumente la demanda de pesos, cosa que ya estaría sucediendo.

De todas formas, el BCRA debería priorizar utilizar el inicial aumento de la preferencia por el atesoramiento del sector privado con otro objetivo más urgente. Eliminar las medidas de emergencia que se tomaron para obligar a los bancos a demandar parte de la base monetaria que, antes de las elecciones, la gente decidió desatesorar.

— ¿Qué opinión le merece el mensaje del presidente Javier Milei y del ministro de Economía sobre que “los próximos dieciocho meses serán los mejores de las últimas dos décadas”?

— Ojalá tengan razón, necesitamos que la recuperación sea lo más rápida posible para que la mejora del bienestar económico abarque una mayor una mayor proporción de argentinos. Sin embargo, hoy, parece difícil que sea así; por ejemplo, comparado con la reactivación que hubo desde mediados de 2024 hasta principios de 2025. De todas formas, hay que aclarar que a principios de esta gestión nadie apostaba a que esa mejora iba a ser tan fuerte. Quizás, también estemos siendo muy conservadores ahora.

Creo que la recuperación económica ya empezó y para eso es bueno conocer los mecanismos defensivos que los argentinos aprendimos para sobrevivir a tantas crisis. Cuando asoma una de ellas en el horizonte, residentes y extranjeros empezamos a sacar nuestros ahorros e inversiones del país, desfinanciando la economía.

Además, aquellos que pueden, empiezan a ahorrar y a armar un “colchoncito” de dólares para morigerar el impacto negativo en el bienestar económico en su familia de una eventual debacle. Eso significa que dejan de consumir e invertir y lo mismo harán las empresas. Por lo tanto, todos estos factores repercutirán en la demanda interna llevando el nivel de actividad a desacelerarse, a estancarse o, incluso, a la recesión. Es lo que pasó con la creciente incertidumbre prelectoral.

Al final, los comicios legislativos mostraron que había un fuerte apoyo al cambio de rumbo; por lo que los “nubarrones negros” empezaron a disiparse. Así que algunos comenzaron a traer sus ahorros e inversiones, aumentando el financiamiento doméstico, y aquellos que dejaron de consumir e invertir por temor están volviendo a hacerlo. Ahora, hay que ver a qué velocidad pasa todo esto. La guerra de Irán no ayuda; porque aumenta el riesgo internacional y nadie quiere invertir en países riesgosos. Antes de este evento, algunas provincias y empresas tuvieron una ventana para colocar deuda en el exterior que, luego, se cerró. Sería bueno que este conflicto termine pronto y, así, se vuelva a contar con financiamiento extranjero que, incluso, pueda tomar el estado nacional a tasas más bajas.

Por otro lado, el Gobierno se ha enredado en una serie de escándalos, errores no forzados y discursos agresivos que le restan confianza; lo cual también es un factor moderador del consumo y de la inversión. La solución de la guerra no está al alcance de esta gestión; pero, hacer lo posible para cambiar la percepción de la gente sobre ella, sí.

— ¿La caída en la recaudación tributaria podría forzar un mayor ajuste del gasto público, o responde principalmente a la reducción de impuestos al comercio tras la recuperación del superávit fiscal?

— La caída de la recaudación tiene dos componentes:

1. Con una economía estancada no se pagan más impuestos, sino menos. Sin embargo, en la medida que se recupere el nivel de actividad, este problema se resolverá.
2. La fuerte baja de la presión tributaria que gestó el Gobierno, como eliminación y baja de las retenciones, de Sellos y PAIS).

La realidad es que, cuando la economía se reactiva o crece, los ingresos impositivos lo hacen más rápido aún. Por lo tanto, si bien hay que seguir recortando todo gasto innecesario, hoy sólo bastaría con mantener la austeridad y esperar al alza de la recaudación para nuevas bajas de gravámenes.

El Gobierno prometió que mantendría el peso del Estado nacional en términos de la producción y asignar los recursos excedentes para bajar impuestos. Hasta ahora lo ha venido cumpliendo y lo seguirá haciendo.

Donde sigue el descontrol es en la mayoría de las provincias y municipios. Les corresponden unos 110 de los, alrededor, de 150 gravámenes que existen. Si el gobierno nacional elimina o baja los suyos y los otros niveles de administración estatal suben o crean más de los propios, vamos mal.

Los argentinos nos vanagloriamos de ser federalistas; pero, después, le pedimos todas las soluciones al Poder Ejecutivo Nacional. Absurdo. Tenemos que aprender, también, que tenemos que exigirles austeridad y baja de tasas e impuestos a nuestros gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Incluso, muchos de esos funcionarios son vecinos y viven más cerca que los de la Nación. En algunos lugares se está viendo que muchos ciudadanos empiezan a reclamar a quiénes corresponde, incluso por la vía judicial. Es un buen inicio para que se generalice asumir una mayor madurez cívica.

— ¿Por qué se ve tanta disparidad en la recuperación del nivel de actividad con el consecuente impacto heterogéneo en la evolución de los ingresos y el empleo de los argentinos?

— Lamentablemente, esta heterogeneidad va a ser inevitable. Son más de 80 años de creciente anormalidad a la que tuvieron que adaptarse para sobrevivir quienes trabajan y producen. Es imposible que esa estructura productiva sea exactamente la misma que la que será viable en el país normal que queremos ser. Un claro ejemplo son los sectores que hasta ahora han estado protegidos contra las importaciones. Ahora deberán invertir para ser competitivos o achicarse o desaparecer.

Sin embargo, hay sectores que van a prosperar, no sólo los vinculados al agro, petróleo y energía o minería. En la medida que la economía se ordene y crezca, también lo hará el poder adquisitivo de la población, incrementándose el consumo de los servicios, que es donde predominan los trabajos no registrados y han sido los más beneficiados en términos de aumento de sus ingresos. Por ello, no es casualidad que bajara la pobreza. Además, cuando se desacelera la inflación, la canasta básica que consumen los que tienen menos recursos, lo hace más rápidamente. Por eso es importante que la inflación siga bajando.

— ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el diagnóstico sobre la economía argentina que observa en el debate público?

— Uno de ellos, es no entender los cambios de la estructura de producción y trabajo que tienen que vivir los argentinos para ser un país normal. Si no cambia nada, es porque volvemos a la anormalidad. Por eso, es tan importante que se haya aprobado la reforma laboral y sería bueno que se profundice. Va a ser necesario pasar muchos trabajadores de los empleos inviables a los muchos que se van a ir generando.

Por otro lado, es lógico que en el AMBA se haya generalizado la sensación de que no alcanza la plata, más allá del impacto del estancamiento económico por el que pasamos. Durante muchas décadas, los gobiernos les sacaban la plata a los contribuyentes, principalmente del interior, para subsidiar a los que vivían en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. No sólo a quienes estaban en sensación vulnerable, sino que a todos. Llegaron a pagar más del 60% de los servicios públicos que consumían los ciudadanos de la gran urbe; mientras que en las provincias se abonaba lo que correspondía. ¿Cómo muchos no iban a optar por venir a hacinarse al GBA?

Ahora, se bajan los impuestos y se suben las tarifas; por lo que el ajuste para pagar lo que se usa lo tiene que hacer uno y no un tercero. Como quedará más plata en donde se la genera, será allí donde estarán las oportunidades. Por lo que, sin subsidios absurdos, habrá muchos menos incentivos a la concentración de la población, como lo hubo hasta ahora y desde hace más de ocho décadas. Así que, a futuro, el AMBA debería perder participación en el total de la población de Argentina.

Por último, en un país donde se iba de crisis en crisis, la demanda de dólares tenía que ser mucho mayor que en uno normal. Acá la gente ahorra en moneda extranjera. Además, todos quieren sacar sus ahorros e inversiones de la economía local; por lo que demandan divisas del exterior. Así que el poder adquisitivo del dólar en Argentina tenía que ser mucho mayor que en un país estable.

En la medida que se avance hacia la normalidad, la demanda de dólares también lo hará y, además, los ahorros e inversiones que vendrán serán mayores que los que se irán. Por lo tanto, en el futuro las divisas extranjeras van a comprar menos de aquello que es “argentino”. La buena noticia es que nuestros ingresos van a ganar más poder adquisitivo.

— Si tuviera que resumir en una frase el momento económico actual, ¿Cuál elegiría?

— Estamos pasando los “dolores del parto” para llegar a ser una nación normal. A partir de los años 30 del siglo pasado, fueron muchos los países que tomaron el mismo rumbo económico de decadencia que Argentina. La única diferencia es que el resto lo fue abandonando y hoy son economías prósperas, que son las que nuestros hijos han estado eligiendo para buscar oportunidades de progreso. No les fue gratis; ya que implicó que una generación hiciera un gran sacrificio para cambiar su nación. Pues en ese proceso de “parto” estamos los argentinos. Tenemos dos opciones, abortarlo y dejarle el problema a los que vendrán, “disfrutando” de la decadencia como se hizo hasta ahora. La otra, hacemos nosotros el esfuerzo y sacamos a Argentina de décadas de empobrecimiento. La buena noticia es que, seguramente, quienes ahora afrontaremos este desafío también veremos que nuestra calidad de vida mejorará en los próximos años.

Aunque en los próximos años las grandes inversiones y -un poco más adelante- el grueso de exportaciones mineras provendrá del cobre, Argentina ya cuenta con un número de operaciones, una cartera de proyectos y un ritmo de expansión productiva que en pocos años la convertirá en el segundo productor mundial de litio, según proyecciones de Rystad, una consultora internacional.

Actualmente, el país es el cuarto productor mundial de “carbonato de litio equivalente” (LCE), producto y métrica con que se mide la producción mundial de este mineral, el tercero más liviano de la naturaleza, pero de alta densidad energética, lo que lo convirtió en uno de los “minerales críticos” de la “transición” hacia una economía menos dependiente de los hidrocarburos.

“Los datos recientes sobre producción global de litio dejan algo claro: el mercado ya está altamente concentrado y dominado por pocos actores, con Australia, Chile, China y la Argentina liderando la oferta. Al mismo tiempo, la expansión proyectada de capacidad muestra que el crecimiento vendrá principalmente de operaciones upstream (minería y procesamiento químico), no necesariamente de la fabricación de baterías, y que Argentina se posiciona como principal productor mundial de litio junto con Australia hacia 2030”, escribió Ernesto Díaz, Vicepresidente Senior para América Latina de Rystad Energy.

Según el experto, Argentina, que según recientes datos suministrados por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) produjo 116.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2025, sobrepasará la línea de producción de Chile en 2029 y la de China en 2031.

Marcela Hernando, quien fuera ministra de Minería del gobierno de Gabriel Boric, ya había reconocido que la producción de litio chilena se fue rezagando respecto de la Argentina, aunque según las proyecciones de Cochilco (Comisión Minera del Cobre) el sobrepaso se produciría recién en 2035, cuando la producción litífera argentina alcanzaría las 415.000 toneladas de LCE. Esa cifra es inferior a las proyecciones del secretario de Minería de la Argentina, Luis Lucero, que en foros internacionales señaló que para entonces el país ya produciría 600.000 toneladas de LCE.

A la ampliación de capacidad productiva se sumó hacia fines de 2025 y en lo que va de 2026 una fuerte mejora de los precios internacionales del litio, que de poco menos de USD 11.000 la tonelada en septiembre/octubre de 2025 remontó a cerca de USD 18.000 en abril de este año, aunque se trate de un mercado no tan sujeto a precios de contado, sino a precios contractuales entre productores y compradores. Estos últimos son, mayormente, productores chinos de baterías para vehículos eléctricos y, en crecimiento, fabricantes de grandes baterías “estacionarias” (BESS, por su sigla en inglés) de respaldo a sistemas dependientes de fuentes de generación intermitente de energía.

Según consultoras como Fast Markets, BMI y Trading Economics, el repunte más reciente coincidió con una recuperación de la demanda global, en especial de la industria de baterías para vehículos eléctricos en China y otros mercados asiáticos, que se solapó con restricciones de oferta debido a retrasos en nuevos proyectos de extracción y cuellos de botella logísticos en la cadena de suministro.

China es el principal destino del litio argentino, habiendo absorbido el grueso de las exportaciones litíferas de 2025, como muestra el gráfico de abajo, de un “compendio” de la Secretaría de Minería de la Nación que abarcó el segundo semestre de 2025 y el primer trimestre de este año.

La puja por los “minerales críticos” es uno de los frentes de la competencia geoestratégica entre Estados Unidos y China y allí, como destacó Thea Riofrancos, profesora de Ciencia Política de Providence College y autora del libro Extraction: the Frontiers of Green Capitalism (Extracción: las fronteras del Capitalismo Verde) en una columna de Financial Times, ha ocurrido un cambio tectónico: Argentina, Chile y Bolivia, los tres países del llamado “Triángulo del Litio” (que alberga más de la mitad de los recursos mundiales de litio) pasaron de manos de gobiernos de izquierda a partidos de derecha, más cercanos a Washington que a Beijing. Incluso Brasil, que bajo el gobierno de Lula da Silva intenta una política exterior de equilibrio, acordó ser proveedor de “tierras raras” (uno de los ítems casi monopolizados por China) a Estados Unidos.

En este contexto, Ernesto Díaz, el experto de Rystad, plantea si Argentina debería avanzar hacia una “integración vertical” y competir con la fabricación de componentes de baterías o consolidarse como proveedor competitivo de carbonato y -eventualmente- hidróxido de litio.

Su respuesta, al igual que la de Joe Lowry, fundador y CEO de Global Lithium, es que antes de pensar en nuevos eslabones la Argentina “debería profundizar su posicionamiento en la producción de litio grado batería, en lugar de intentar competir aguas abajo con China”. Como “razones estructurales” para hacerlo, cita las siguientes:

• Ventaja comparativa real: Argentina tiene recursos de clase mundial y costos competitivos, por lo cual deberá escalar producción, mejorar eficiencia y capturar valor en el procesamiento químico (carbonato/hidróxido), donde ya existe demanda global sostenida.
• Barreras industriales en la cadena de baterías: La fabricación de cátodos, celdas y baterías requiere ecosistemas industriales integrados, proximidad a fabricantes de vehículos eléctricos, escala, tecnología y know-how acumulado, todos terrenos ampliamente dominados por China, que también controla la cadena de suministro.
• Intensidad de capital y riesgo: La integración vertical implica inversiones mucho mayores, ciclos de retorno más largos y mayor exposición a riesgos tecnológicos y de mercado. Para Argentina, dice Díaz, eso podría “diluir el foco y reducir la competitividad donde ya tiene ventaja”.
• Timing de mercado: La demanda de litio crece rápidamente y necesita oferta confiable. Hay una ventana clara para capturar valor expandiendo producción upstream; el downstream está más saturado y competitivo.
• Estrategia pragmática de desarrollo: Concentrarse en el upstream no implica renunciar a la industrialización, sino priorizar mejoras en la calidad, desarrollo de infraestructura, estabilidad regulatoria, atracción de inversión extranjera e integración selectiva, vía joint ventures y acuerdos tecnológicos.

Según Ernesto Díaz, “competir con China en baterías no es solo una cuestión de recursos, sino de ecosistema industrial completo. Argentina tiene una oportunidad histórica, pero el camino más eficiente es consolidarse como proveedor estratégico global de litio procesado, no replicar una cadena de valor donde otros llevan décadas de ventaja”. La clave, concluye, “no es subir en la cadena por aspiración, sino por competitividad”.

Según Sergio Barón, ingeniero electrónico argentino, CEO y cofundador de la startup Dynami Battery Corp, que en 2025 ganó un subsidio de USD 200.000 de la National Science Foundation (Fundación Nacional de la Ciencia) de Estados Unidos para desarrollar el uso de solventes ecológicos en la producción de electrodos para baterías de ion de litio, la conclusión de Díaz es cuestionable, pues toma la tecnología en baterías de litio como algo fijo y, aparte, inalcanzable.

Dynami, dice, demostró lo contrario al crear y patentar una tecnología que hace que las baterías se carguen cinco veces más rápido y duren 140% más, sin cambios a la cadena de suministro ni a las gigafactories de baterías y vehículos eléctricos, sino simplemente cambiando los electrodos, la “ruta” entre ánodos y cátodos que recorren los iones de litio en los procesos de carga y descarga de una batería.

Barón, cuya historia ya fue contada aquí, dijo a Infobae que el subsidio de Estados Unidos sirvió para reemplazar los solventes “tóxicos y caros” con los que se manufacturan las baterías de litio, reemplazándolos con microestructuras que permitieron “lograr el primer electrodo vegano, solo a partir de vegetales y biodegradable”.

El emprendedor argentino destacó incluso un análisis sobre una patente similar presentada por Tesla, en el que Pradyumma Gupta, eminencia mundial en ciencia de materiales y tecnologías avanzadas para generación de energía, reconoce que el gran avance en la producción de baterías está en la microestructura de los electrodos y no en la química.

Gupta es fundador y director científico de Infinita Lab e Infinita Materials, dedicadas a la innovación en materiales y productos químicos especiales para industrias de vanguardia, asesora a empresas y organismos sobre captura de CO2, nanomateriales, procesos avanzados y materiales para las industrias automotriz y aeroespacial y colabora con el ejército de Estados Unidos en el desarrollo de materiales de alta resistencia y manufactura aplicada a la movilidad eléctrica.

Sea ampliando la producción de carbonato de litio “grado batería” y/o sumando eslabones en la cadena de valor, la realidad es que la producción litífera argentina ya recorrió un largo camino y tiene impulso para recorrer mucho más.

La economía llega a la mitad del 2026 con señales que apuntan en distintas direcciones. La inflación retomó la tendencia a la baja después del sacudón electoral del segundo semestre de 2025, la actividad muestra signos de recuperación en algunos sectores y el Gobierno avanza con reformas estructurales cuyo impacto todavía es difícil de medir.

Así, el segundo semestre llega cargado de expectativas moderadas y de una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿alcanza el crecimiento de los sectores ganadores para arrastrar al resto de la economía?

Economistas consultados coinciden en que el período que se inicia en julio presenta mejores condiciones que los primeros meses del año, pero advierten que la recuperación será gradual, desigual y dependiente de variables que no están del todo bajo control.

El dato que más condiciona el resto de las variables es el de los precios. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, los analistas proyectan una tasa de inflación de 2,1% para julio, que descenderá a 1,8% en agosto, subirá levemente a 1,9% en septiembre y volverá a 1,8% en octubre, aunque no alcanzará el dígito mensual para fin de año que el Gobierno había anticipado.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, estimó que el rebote inflacionario de los últimos meses tuvo una causa precisa: “Se atravesó un período de rebrote inflacionario que fue disparado por la incertidumbre electoral de septiembre-octubre del año pasado. Esa incertidumbre hizo que el dólar avance y se generó un traspaso a precios que afectó al salario real que en los últimos meses se ha estancado e incluso se observa una pequeña tendencia a la baja”.

Con la presión electoral disipada, Cachanosky proyecta para abril una inflación del 2,4% y una continuidad de la desinflación en los meses siguientes.

Martín Kalos, de EPyCA Consultores, dijo a Infobae: “La política del gobierno es claramente que no haya una mejora del salario real. En todo caso, que se estabilice en estos niveles”.

Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea, anticipa “una suave recuperación de los salarios para el segundo semestre, a ritmo similar a la moderación en la tasa de inflación”, lo que llevaría el poder adquisitivo por encima del nivel de noviembre de 2023. Sin embargo, el economista advierte que eso no resuelve el problema de fondo: “los salarios formales se ubican actualmente en promedio 20% por debajo del nivel de hace una década, como consecuencia de un largo ciclo de deterioro productivo”.

José Vargas, director de la consultora Evaluecon, coincide en que la mejora de los salarios será moderada y desigual, y la condiciona a la evolución del tipo de cambio. Si la inflación se mantiene en torno al 3% mensual promedio, advierte, solo los sectores dolarizados -como minería, energía y petróleo- podrán mostrar mejoras reales. Para el resto de los trabajadores, la recuperación dependerá de que la desinflación sea más pronunciada de lo que hoy proyecta el REM.

Kalos se manifestó más crítico respecto a los trabajadores del sector público: “Sí implican mantenerse en una derrota de poder adquisitivo importante, mientras que los del sector privado registrado apenas empatan con los niveles del final del gobierno anterior, sin recuperar lo perdido en estos dos años y medio de gestión”.

El REM del BCRA proyecta un crecimiento del PBI del 0,9% para el tercer trimestre respecto al anterior, y un avance del 2,8% para el total del año 2026, pero que los economistas enmarcan en un contexto de recuperación desigual.

Osvaldo Giordano destaca que la producción está estancada desde febrero de 2025 según el EMAE y que el segundo semestre podría ser el momento en que esa tendencia se quiebre, aunque subraya que para ello es clave “generar las condiciones para dinamizar el crédito y sostener el proceso de reformas estructurales”.

Martín Kalos describe el escenario como “Un crecimiento con cara de pocos amigos, no se siente en la calle, que no genera empleo de calidad de forma masiva y que depende de sectores muy capital-intensivos pero poco intensivos en mano de obra”.

En su análisis, mantener a la industria, la construcción y el comercio en crisis durante un período prolongado puede llevar a decisiones empresariales -achicarse, convertirse en importadores- que resulten difíciles de revertir.

Iván Cachanosky, estimó: “Con la presión electoral detrás y la inflación cediendo, el Gobierno tendrá margen para bajar las tasas de interés y reducir los niveles de encaje bancario en la segunda mitad del año, lo que facilitaría el acceso al crédito de las empresas. El cambio no será totalmente abrupto, pero sí menos asfixiante”.

José Vargas coincide en el diagnóstico de la economía de dos velocidades. Entre los sectores más optimistas ubica a la minería, el agroexportador, los servicios financieros y la energía; entre los más complicados, a la industria, el comercio minorista y la construcción. Y señala al consumo como una variable a seguir de cerca, dado que “viene bastante condicionado y es un factor determinante para la actividad económica”.

Hay un consenso llamativo entre los cuatro economistas consultados por Infobae: los sectores con mejores perspectivas para el segundo semestre son energía, minería y agroindustria. Y hay una advertencia igualmente compartida: son sectores intensivos en capital, no en mano de obra, lo que limita su capacidad de derrame sobre el empleo y el consumo masivo.

Cachanosky destaca el rol del RIGI –Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones– como el principal motor de ese dinamismo. Con 13 megaproyectos ya aprobados y más de USD 27.000 millones en inversiones comprometidas en ocho provincias, el esquema está comenzando a pasar de la etapa de anuncio a la de ejecución. “Varios de estos proyectos están entrando en fase de construcción o ejecución temprana, lo que genera derrame en sectores conexos: logística, proveedores industriales, servicios de ingeniería”, precisa el economista de Libertad y Progreso.

Vargas suma a esa lista los servicios financieros y la economía del conocimiento, y señala que todos estos sectores dependerán, en distintas proporciones, de la baja de la inflación, el avance del RIGI, las inversiones en Vaca Muerta y la demanda global vinculada a la transición energética.

Giordano sostiene que si se dan las condiciones de expansión del crédito y continuidad de las reformas estructurales, otros sectores podrían sumarse al crecimiento. Además, destaca que estos sectores adicionales, al ser más intensivos en mano de obra, tendrían mayor capacidad de capitalizar las mejoras que busca generar la ley de modernización laboral.

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reglamentado mediante el Decreto 315/2026, ofrece alícuotas reducidas de entre el 2% y el 3% en contribuciones patronales durante cuatro años, con el objetivo de incorporar trabajadores no registrados. Los economistas lo evalúan con prudencia: reconocen su potencial, pero advierten que no alcanza por sí solo para mover el empleo agregado.

Cachanosky considera a la construcción como el sector con más para ganar, dado que históricamente ronda entre el 50% y el 60% de empleo informal y es intensiva en mano de obra. “El abaratamiento de la registración tiene un impacto relativo mayor que en sectores más capital-intensivos”, más aún en un contexto impulsado por el crédito hipotecario UVA y la obra privada, agrega el economista.

Vargas resume: “Es más probable que el RIFL tenga más impacto en reducir costos laborales y formalizar trabajo ya existente que en generar empleo genuinamente nuevo. Su alcance va a depender del nivel de actividad económica y su evolución”.

El REM del BCRA respalda esa mirada escéptica con números concretos: la tasa desocupación se mantendría en 7,3% de la población económicamente activa en el tercer trimestre y subiría levemente a 7,4% en el cuarto.

En el plano internacional, Iván Cachanosky apunta a la guerra comercial entre Estados Unidos y China como el principal factor de incertidumbre. Una desaceleración de la demanda china -que concentra dos tercios de las importaciones globales de soja- o una caída en los precios del litio y el cobre afectaría directamente el ingreso de divisas y pondría presión sobre el programa económico.

José Vargas agrega el conflicto en Medio Oriente como otro vector de riesgo, por su impacto potencial en el precio del petróleo, las tasas de interés internacionales y el acceso al crédito externo.

En el plano doméstico, el riesgo político aparece con fuerza en el análisis de casi todos los consultados.

Osvaldo Giordano dijo a Infobae: “Es de decisiva importancia que los esfuerzos políticos no se dispersen y se concentren en sostener el proceso de reforma y que se reduzca el nivel de incertidumbre”.

Iván Cachanosky lo complementa con la experiencia reciente: el segundo semestre de 2025 mostró con claridad cómo la incertidumbre política se traslada al tipo de cambio y de ahí a los precios.

José Vargas añadió el concepto de “riesgo social, si no se recuperan el consumo, el poder de compra y el empleo”.

Martín Kalos consideró: “Para que el escenario mejore de forma estructural se necesitaría una política económica que empiece a mirar no solo la inflación -que es la prioridad absoluta del Gobierno y donde han tenido éxitos nominales- sino también la sostenibilidad social y productiva de este modelo en el mediano plazo”.