ECONOMIA
Cuáles son los 3 factores que presionan sobre el superávit fiscal, el eje central del plan de Milei y Caputo
El equilibrio de las cuentas públicas se consolidó como la principal fortaleza del plan de Javier Milei y Luis Caputo. Sostener el superávit fiscal, lo que suelen calificar como “innegociable”, es considerado por el Gobierno como el pilar de su programa para bajar la inflación. No obstante esa convicción, la segunda parte de 2026 traerá más obstáculos para que se pueda conservar el equilibrio de las cuentas públicas.
Tres factores van a ejercer presión en contra de ese objetivo del Gobierno: la caída que vienen registrando los ingresos públicos, los gastos que impondrán las leyes ya aprobadas por el Congreso y la dificultad para continuar recortando el gasto después de un ajuste significativo, que ya alcanzó 5 puntos del PBI en la era Milei. Esos 3 problemas le esperan al equipo económico en la segunda mitad del año, según un informe de la Fundación Capital.
El documento señala que “el principal activo de la actual administración es el equilibrio fiscal, cuyo cumplimiento no se pone en duda. Sin embargo, sostenerlo no será sencillo”.
La primera fuente de presión sobre las cuentas públicas es la caída en la recaudación, que viene extendiéndose en los últimos ocho meses. Según la Fundación Capital, “los ingresos del sector público acumulan caídas reales, afectados por recortes impositivos, menores importaciones y una actividad económica heterogénea”.
En el primer trimestre de 2026, la recaudación descendió 5,1% real interanual. El informe precisa: “El año pasado se redujeron de forma permanente las alícuotas de algunos derechos de exportación para diversos productos agroindustriales (-38,2% i.a. real en el primer trimestre de 2026)”. Además, la baja escalonada de las alícuotas del impuesto sobre los Bienes Personales y el régimen que permitió anticipar el pago del tributo implicaron un descenso del 13,1% i.a. real en el mismo periodo.
El segundo factor de presión sobre el equilibrio fiscal proviene de las leyes aprobadas por el Congreso, que aún no se implementaron plenamente y tienen impacto presupuestario. El informe enumera la ley de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica, la de emergencia en discapacidad y la de Modernización Laboral como las principales. Casi todo ese ordenamiento legal está en medio de una pelea judicial iniciada por el Gobierno para no aplicarlo.
Según la Fundación Capital, la ley de financiamiento universitario tiene un impacto fiscal estimado del orden de 0,2% del PBI, la de emergencia pediátrica de 0,02% del producto, la de emergencia en discapacidad entre 0,20% y 0,50% del PBI y la de Modernización Laboral, en particular por la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un costo estimado de 0,15% a 0,30% del PBI.
A pesar de que su aplicación permanece incierta, la presión potencial sobre las cuentas públicas es significativa. El informe advierte: “Diversas autoridades señalaron que su aplicación permanece suspendida hasta que se determinen las fuentes de su financiamiento y se incluyan en el Presupuesto Nacional las partidas correspondientes”.
El tercer factor que amenaza el objetivo de equilibrio fiscal es la dificultad para seguir reduciendo el gasto después de un ajuste intenso. El reporte explica que “el gasto ya se recortó en cinco puntos del producto desde el inicio de la gestión”. Si la dinámica del primer trimestre se mantuviera durante todo el año, “las erogaciones volverían a reducirse en torno a medio punto del producto, luego de una baja acumulada de más de cinco puntos desde 2024”.
El documento advierte que “el gasto público se ubicaría en el nivel más bajo de los últimos diez años, lo que plantea un desafío para algunas partidas”. En ese contexto, el margen para nuevos recortes es cada vez más acotado, en especial en rubros sociales y salarios públicos, que ya mostraron retrocesos importantes.
El informe enfatiza que “sostener este ritmo de ajuste será complejo hacia adelante”. Para justificar la magnitud del esfuerzo requerido, la Fundación Capital afirma: “Sin repunte de los ingresos, el gasto debería ajustarse en torno a medio punto adicional del PBI, un esfuerzo que podría resultar demasiado exigente para algunas partidas”. El mismo documento detalla que “los salarios del sector público retrocedieron unos 20 puntos en términos reales desde el comienzo de la gestión”, y que las transferencias a provincias y los gastos de capital permanecen en niveles históricamente bajos.
FOTO: Claudio Fanchi/NA
Adicionalmente, el informe advierte que si bien el objetivo de resultado primario positivo para el año no parece en riesgo, la composición y la magnitud del ajuste necesario pueden tener consecuencias económicas y sociales. El informe señala: “la solvencia fiscal luce más comprometida. La deuda pública aumenta por la capitalización de intereses, mientras también se expande la deuda flotante y se profundiza la represión del gasto público, que parece responder más a una postergación de erogaciones que a una reducción sostenible”.
En cuanto a los recursos extraordinarios, el informe menciona que en el primer trimestre de 2026 se registraron ingresos por privatizaciones, como las represas hidroeléctricas del Comahue, por más de USD 700 millones, aunque aclara que “estos recursos contribuyeron a reforzar los ingresos del primer mes del año, aunque no son computables para las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional”. Otros procesos de privatización, como Transener/Citelec, Intercargo, AySA y Belgrano Cargas, permanecen en agenda con diferentes grados de avance.
El cumplimiento de la meta fiscal comprometida con el FMI, que para 2026 establece un superávit primario de 1,4% del PBI, depende entonces de que el Gobierno logre compensar la caída de ingresos y absorber el impacto de las nuevas leyes, sin margen para recortes adicionales en partidas ya muy comprimidas. La Fundación Capital concluye que “el principal activo de la actual administración es el equilibrio fiscal, cuyo cumplimiento no se pone en duda. Sin embargo, sostenerlo no será sencillo frente a ingresos débiles, leyes pendientes de aplicación y un gasto que ya se recortó en cinco puntos del producto desde el inicio de la gestión”.
ECONOMIA
Los datos que muestran por qué la mora crediticia no es un “riesgo sistémico”, pero sí un problema macroeconómico
Deteriora el balance de las familias, restringe y encarece el crédito nuevo y termina afectando el consumo, la actividad y, crecientemente, la propia capacidad de generar ingresos (EcoGo)
- Un ciclo inicial muy rápido, en el que los préstamos a familias crecieron más del 100% desde el piso de abril de 2024, con una recuperación, en apenas diez meses, de la caída observada desde el pico previo de 2018. Esa dinámica, junto con la suba inicial de los ingresos, permitió la recuperación económica de 2024 y el crecimiento de 4,4% por arrastre de 2025, pero se frenó con el apretón monetario preelectoral del año pasado y explica en parte el freno en el nivel de actividad verificado desde entonces.
- Un cambio de régimen macroeconómico, por el pasaje de una etapa de aceleración inflacionaria y tasas reales negativas a otra de desaceleración inflacionaria y tasas muy positivas. Con un agravante, resalta el informe: los spreads incorporan el aumento de la morosidad, pero nunca comprimieron después del apretón monetario. Se pasó así de un esquema de cuotas que se licuaban con la inflación a otro en el que dejaron de licuarse, una descripción que suele citar el ministro de Economía, Luis Caputo. El informe no reivindica el modelo previo, en el que incluso en el crédito no bancario, con tasas de interés muy positivas, la “licuación” funcionaba. “El esquema era perverso, ya que la contracara era la licuación del ahorro, los depósitos, pero desde el punto de vista de los deudores podría decirse que el crédito operaba como un aumento en los ingresos”, explica la consultora.
- La aparición de “un nuevo jugador”: las fintech y sus billeteras virtuales, muy rápidas en otorgar y cobrar, que afectaron el fondeo de los bancos debido al atractivo de la remuneración de “pesos transaccionales”. Sucede, dice el informe, que no remunerar cuentas corrientes o cajas de ahorro —dinero “transaccional”— podía tener sentido en una economía de baja inflación, pero lo perdió del todo en los últimos 20 años, en los que los precios aumentaron todos los años por sobre el 25%, con un pico de más del 200% en 2023. En ese contexto, el crédito no bancario pasó de representar el 16% del crédito para consumo a principios de 2024 al 25% actual. En ese lapso, el número de deudores no bancarios pasó de 3,5 millones a 5,3 millones, y el de deudores que ya tenían deuda bancaria y sumaron deuda no bancaria, de 4,7 millones a 7,6 millones (al exponer en el Congreso, Mariano Biocca, del sector fintech, dijo que el 90% de los morosos del sector ya fueron refinanciados).
- El apretón monetario de la segunda mitad de 2025 eliminó las franquicias que distribuían el impuesto inflacionario sobre los “pesos gratis” a líneas de crédito dirigidas, como el Ahora 12, cuyo costo pagaban millones de ahorristas inocentes.
- La incertidumbre electoral y, en particular, desde abril de 2025, cuando se liberó el cepo cambiario para las personas, la relativa a las respuestas del Gobierno frente a los movimientos del dólar, duda que recrudeció a fines de julio del año pasado, cuando el BCRA y el Tesoro retiraron masivamente liquidez del mercado, metiendo presión sobre las tasas de interés. Las de caución llegaron al 30%, un nivel que se normalizó “recién en los últimos 10 días”, esto es, más de 13 meses después.
La mitad de los morosos —2,85 millones de personas— tiene deudas inferiores a medio salario privado registrado, pero explica apenas el 4,9% del monto total en mora
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ECONOMIA
¿Qué va a pasar con la nafta?: la escalada del precio global del petróleo pone en duda el alivio previsto para los surtidores locales
La amenaza ya no se limita a un único punto de estrangulamiento, sino que ahora incluye la posibilidad de que las interrupciones se extiendan por las rutas de exportación regionales, las instalaciones e infraestructuras (Massabni)
La venta de nafta premium registró el mayor desplome, con una caída del 7,3% frente a 2023, mientras que la súper retrocedió 4,5 por ciento
Cualquier proyección sobre una baja de la nafta en los surtidores argentinos permanece en suspenso
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- La situación macroeconómica con la que Argentina podría llegar a 2027 será mejor que la que enfrentó en las dos últimas elecciones presidenciales.
- Cuando se observan las variables que afectan más directamente la vida cotidiana de las familias, el progreso aparece más moderado e incluso discutible en algunos aspectos.
Frente a las caídas del PBI de 2% en 2019 y 1,9% en 2023, la estimación para 2027 contempla una expansión cercana al 3 por ciento
Durante demasiado tiempo Argentina estuvo atrapada en una dinámica en la que cada ciclo político terminaba dejando una macroeconomía más frágil que la anterior
Cuando se baja de la macro al bolsillo
Expectativas, incertidumbre, evaluación política, estrategia comunicacional y una enorme cantidad de factores adicionales intervienen en la decisión del votante
Existe una distancia entre que una economía esté objetivamente mejor y que una familia sienta que su situación económica está mejorando
La experiencia internacional muestra que las transformaciones exitosas requieren reasignar capital y trabajo hacia las actividades más productivas
Si el cambio necesita tiempo, la sociedad también requiere resultados intermedios que le permitan sostenerla
La Argentina podría enfrentar una paradoja conocida: celebrar el éxito de sus indicadores mientras una parte importante de la sociedad sigue esperando que ese éxito llegue a su propio metro cuadrado
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El Gobierno sufre reveses en el Congreso y las fisuras con sus aliados complican la agenda de Malvinas y el Presupuesto
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El Gobierno celebró las declaraciones de Trump sobre Malvinas y analiza una posible mediación de EE.UU. en la disputa con el Reino Unido
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