Javier Milei asumió la presidencia en un momento en que Argentina debía redefinir tanto su modelo económico como su inserción internacional. La economía nacional experimentó profundas transformaciones en los últimos dos años, ubicándose en la antesala de un posible ciclo expansivo de largo plazo, basado en fundamentos sólidos que no se observaban desde finales del siglo XIX.

El nuevo Gobierno implementó un programa de cinco anclas: fiscal, monetaria, cambiaria, política y geopolítica, orientadas por una corriente cultural emergente -sobre todo entre los jóvenes- que articula la conciencia de que todo gasto estatal se financia mediante impuestos, deuda o inflación.

Argentina es el único país que llegó a desarrollarse para luego abandonar ese sendero al adoptar el colectivismo de corte corporativista. A diferencia de otros intentos del siglo pasado por romper el ciclo de decadencia, el proceso actual se apoya en bases robustas: superávit fiscal, inversiones canalizadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y la desarticulación del esquema corporativista instaurado en los últimos 80 años.

A fines de 2023, el país enfrentaba una inflación superior al 200% y un déficit fiscal consolidado equivalente al 15% del PBI (5% Nación, 10% en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)). Las reservas netas eran negativas, el déficit comercial y energético era persistente y la economía se encontraba en virtual default comercial; el 54% de la población estaba bajo la línea de pobreza, y el sistema de precios -distorsionado por brechas, controles y regulaciones- había colapsado.

Tras dos años de gestión de Javier Milei, los indicadores exhiben notables mejoras: el PBI alcanzó niveles récord, la inflación bajó al 33%, los precios y las importaciones se liberalizaron, el país recuperó superávit comercial y energético, la pobreza disminuyó al 28%, el gasto público fue ajustado en un tercio hasta lograr el equilibrio fiscal, se eliminaron impuestos, la deuda pública consolidada bajó, y las reservas del BCRA comienzan a repuntar.

Todo esto se logró sin afectar los derechos de propiedad, a diferencia de lo registrado durante la expansión económica inicial de la convertibilidad y la poscrisis de 2002.

En un escenario internacional signado por las mayores tensiones geopolíticas desde la Guerra Fría, Argentina avanzó en su posicionamiento como proveedor principal de alimentos, hidrocarburos y minerales estratégicos para el mundo, y logró distanciarse de focos regionales de conflicto.

La llegada de Milei marcó el retorno a una economía de mercado y, en simultáneo, el inicio de un cambio drástico de la política exterior argentina. El apoyo expreso del presidente argentino a Donald Trump precedió el renacimiento de la relación bilateral y un firme respaldo estadounidense, que se materializó en año electoral bajo el compromiso: “Whatever it takes to support Argentina”. Esto se tradujo en un swap por USD 20.000 millones, que logró frenar la corrida cambiaria previa a la elección.

Sumado a esto, Argentina concretó acuerdos comerciales y de inversión, reafirmando su intención de ocupar un papel principal como aliado y socio de Occidente. El quiebre con el eje anterior fue evidente: en 2005, el presidente Néstor Kirchner rechazó públicamente el “ALCArajo”, cerrando al país al comercio internacional y alejándolo de los aliados históricos.

Ya en 2012 y 2013, las relaciones exteriores se volcaron a negociar con Venezuela, Angola e Irán, y en años recientes se buscaron vacunas en Cuba y se ofreció a Rusia una vía de apertura a Latinoamérica previo a la invasión de Ucrania.

Con Milei, Argentina restauró rápidamente los vínculos con sus aliados tradicionales, firmó acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa, activó inversiones millonarias en el marco del RIGI y recibió asistencia financiera de Organismos Multilaterales y financiamiento directo estadounidense.

La alianza renovada con Occidente consolidó el papel destacado del país en la seguridad energética, alimentaria y de minerales estratégicos, con la estabilidad macroeconómica y el RIGI impulsando el salto exportador, respaldado por la coyuntura geopolítica global.

El tipo de cambio continúa bajo presión a la baja, con el BCRA interviniendo para mantenerlo cerca de $1.350 y acumulando compras superiores a USD 6.000 millones en lo que va del año. La volatilidad del mercado cambiario es mínima y las perspectivas siguen estables: el superávit fiscal, el auge exportador, el ingreso de divisas impulsado por el RIGI y la decisión política de capitalización del BCRA contribuyen al escenario favorable.

De acuerdo con el programa monetario oficial, este año el BCRA planea adquirir entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, con margen para hacerlo sin generar presiones inflacionarias, ya que los pesos emitidos se absorben vía superávit fiscal, deuda en moneda local o mayor demanda de dinero.

En paralelo, el BCRA ha reducido de manera importante las tasas de interés: la Tasa de referencia descendió al 22% nominal anual, desde el 38% a comienzos del año. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, para 2026 se proyecta un crecimiento superior al 3% en el PBI, luego de un alza del 4,4% en 2023. Se trata del primer bienio de crecimiento consecutivo desde 2011, descontando el rebote poscuarentena.

El crecimiento actual se apoya en la recuperación de la demanda de dinero, evidenciada por la baja del dólar, las tasas y el riesgo país, factores que resultan en una mejora del nivel de actividad. Se espera que las exportaciones alcancen USD 100.000 millones este año, impulsadas por cosechas récord y producción petrolera en máximos históricos, a lo que se suma el efecto de los altos precios internacionales en un contexto de crisis en Medio Oriente.

Históricamente, el agro fue el único motor exportador relevante del país, pero el auge de los hidrocarburos y la minería proyecta que, para 2033, ambos sectores podrían generar superávits por USD 65.000 millones, cifra equiparable al desempeño tradicional del campo.

Los proyectos presentados en el marco del RIGI superan los USD 97.000 millones, de los cuales ya se aprobaron más de USD 27.000 millones, principalmente en el sector energético. A esto se suma la reciente modificación de la Ley de Glaciares, aprobada por el poder legislativo nacional, que permite destrabar inversiones en minería por más de USD 40.000 millones.

El principal reto para el resto del mandato de Javier Milei radica en dos frentes: reducir la inflación mensual por debajo del 1% y alcanzar un riesgo país inferior a los 400 puntos básicos.

Ambos objetivos son clave para fortalecer la demanda de dinero y permitir una baja sostenida en las tasas de interés que incentive la expansión del crédito. Las condiciones monetarias actuales, con un rezago monetario que tiende a corregirse tras la fuerte caída en la demanda de dinero durante el período electoral de 2025, refuerzan las perspectivas de lograr la meta inflacionaria.

Por el lado del índice de riesgo país, el resultado de las próximas elecciones será determinante. Argentina todavía paga una prima que responde a su historial crediticio, más que a los fundamentos macroeconómicos presentes. Sin embargo, la menor oferta de bonos en el mercado, consecuencia del equilibrio fiscal y de las compras de dólares por parte del BCRA, coadyuva a la reducción del índice de riesgo país.

La deuda neta del Estado, descontando tenencias intra-sector público, representa el 43% del PBI y los vencimientos en moneda extranjera con privados no superan el 2% del PBI al año. Aunque el volumen no es elevado, el desafío es atenderlos sin emitir deuda internacional. El Gobierno buscará afrontarlos mediante superávit fiscal y externo, compras de dólares, colocaciones en el mercado local, Organismos Multilaterales, repos y privatizaciones, acelerando también así la disminución del índice de riesgo país.

En el plano fiscal, si continúan el crecimiento económico y las políticas de reducción del gasto (la denominada “motosierra”), el Ejecutivo tendría espacio para seguir bajando y eliminando impuestos -en especial, las retenciones-, otorgando así un impulso adicional al campo y las economías regionales.

El turno electoral de 2027 será determinante, en un contexto donde el oficialismo ostenta los logros económicos y la oposición se muestra fragmentada ante el peso del fracaso inflacionario reciente.

Con la convalidación política del superávit fiscal en las urnas, Argentina entraría en una etapa muy sólida de crecimiento, quebrando casi un siglo de decadencia.

El autor es Economista

Aunque en los próximos años las grandes inversiones y -un poco más adelante- el grueso de exportaciones mineras provendrá del cobre, Argentina ya cuenta con un número de operaciones, una cartera de proyectos y un ritmo de expansión productiva que en pocos años la convertirá en el segundo productor mundial de litio, según proyecciones de Rystad, una consultora internacional.

Actualmente, el país es el cuarto productor mundial de “carbonato de litio equivalente” (LCE), producto y métrica con que se mide la producción mundial de este mineral, el tercero más liviano de la naturaleza, pero de alta densidad energética, lo que lo convirtió en uno de los “minerales críticos” de la “transición” hacia una economía menos dependiente de los hidrocarburos.

“Los datos recientes sobre producción global de litio dejan algo claro: el mercado ya está altamente concentrado y dominado por pocos actores, con Australia, Chile, China y la Argentina liderando la oferta. Al mismo tiempo, la expansión proyectada de capacidad muestra que el crecimiento vendrá principalmente de operaciones upstream (minería y procesamiento químico), no necesariamente de la fabricación de baterías, y que Argentina se posiciona como principal productor mundial de litio junto con Australia hacia 2030”, escribió Ernesto Díaz, Vicepresidente Senior para América Latina de Rystad Energy.

Según el experto, Argentina, que según recientes datos suministrados por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) produjo 116.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2025, sobrepasará la línea de producción de Chile en 2029 y la de China en 2031.

Marcela Hernando, quien fuera ministra de Minería del gobierno de Gabriel Boric, ya había reconocido que la producción de litio chilena se fue rezagando respecto de la Argentina, aunque según las proyecciones de Cochilco (Comisión Minera del Cobre) el sobrepaso se produciría recién en 2035, cuando la producción litífera argentina alcanzaría las 415.000 toneladas de LCE. Esa cifra es inferior a las proyecciones del secretario de Minería de la Argentina, Luis Lucero, que en foros internacionales señaló que para entonces el país ya produciría 600.000 toneladas de LCE.

A la ampliación de capacidad productiva se sumó hacia fines de 2025 y en lo que va de 2026 una fuerte mejora de los precios internacionales del litio, que de poco menos de USD 11.000 la tonelada en septiembre/octubre de 2025 remontó a cerca de USD 18.000 en abril de este año, aunque se trate de un mercado no tan sujeto a precios de contado, sino a precios contractuales entre productores y compradores. Estos últimos son, mayormente, productores chinos de baterías para vehículos eléctricos y, en crecimiento, fabricantes de grandes baterías “estacionarias” (BESS, por su sigla en inglés) de respaldo a sistemas dependientes de fuentes de generación intermitente de energía.

Según consultoras como Fast Markets, BMI y Trading Economics, el repunte más reciente coincidió con una recuperación de la demanda global, en especial de la industria de baterías para vehículos eléctricos en China y otros mercados asiáticos, que se solapó con restricciones de oferta debido a retrasos en nuevos proyectos de extracción y cuellos de botella logísticos en la cadena de suministro.

China es el principal destino del litio argentino, habiendo absorbido el grueso de las exportaciones litíferas de 2025, como muestra el gráfico de abajo, de un “compendio” de la Secretaría de Minería de la Nación que abarcó el segundo semestre de 2025 y el primer trimestre de este año.

La puja por los “minerales críticos” es uno de los frentes de la competencia geoestratégica entre Estados Unidos y China y allí, como destacó Thea Riofrancos, profesora de Ciencia Política de Providence College y autora del libro Extraction: the Frontiers of Green Capitalism (Extracción: las fronteras del Capitalismo Verde) en una columna de Financial Times, ha ocurrido un cambio tectónico: Argentina, Chile y Bolivia, los tres países del llamado “Triángulo del Litio” (que alberga más de la mitad de los recursos mundiales de litio) pasaron de manos de gobiernos de izquierda a partidos de derecha, más cercanos a Washington que a Beijing. Incluso Brasil, que bajo el gobierno de Lula da Silva intenta una política exterior de equilibrio, acordó ser proveedor de “tierras raras” (uno de los ítems casi monopolizados por China) a Estados Unidos.

En este contexto, Ernesto Díaz, el experto de Rystad, plantea si Argentina debería avanzar hacia una “integración vertical” y competir con la fabricación de componentes de baterías o consolidarse como proveedor competitivo de carbonato y -eventualmente- hidróxido de litio.

Su respuesta, al igual que la de Joe Lowry, fundador y CEO de Global Lithium, es que antes de pensar en nuevos eslabones la Argentina “debería profundizar su posicionamiento en la producción de litio grado batería, en lugar de intentar competir aguas abajo con China”. Como “razones estructurales” para hacerlo, cita las siguientes:

• Ventaja comparativa real: Argentina tiene recursos de clase mundial y costos competitivos, por lo cual deberá escalar producción, mejorar eficiencia y capturar valor en el procesamiento químico (carbonato/hidróxido), donde ya existe demanda global sostenida.
• Barreras industriales en la cadena de baterías: La fabricación de cátodos, celdas y baterías requiere ecosistemas industriales integrados, proximidad a fabricantes de vehículos eléctricos, escala, tecnología y know-how acumulado, todos terrenos ampliamente dominados por China, que también controla la cadena de suministro.
• Intensidad de capital y riesgo: La integración vertical implica inversiones mucho mayores, ciclos de retorno más largos y mayor exposición a riesgos tecnológicos y de mercado. Para Argentina, dice Díaz, eso podría “diluir el foco y reducir la competitividad donde ya tiene ventaja”.
• Timing de mercado: La demanda de litio crece rápidamente y necesita oferta confiable. Hay una ventana clara para capturar valor expandiendo producción upstream; el downstream está más saturado y competitivo.
• Estrategia pragmática de desarrollo: Concentrarse en el upstream no implica renunciar a la industrialización, sino priorizar mejoras en la calidad, desarrollo de infraestructura, estabilidad regulatoria, atracción de inversión extranjera e integración selectiva, vía joint ventures y acuerdos tecnológicos.

Según Ernesto Díaz, “competir con China en baterías no es solo una cuestión de recursos, sino de ecosistema industrial completo. Argentina tiene una oportunidad histórica, pero el camino más eficiente es consolidarse como proveedor estratégico global de litio procesado, no replicar una cadena de valor donde otros llevan décadas de ventaja”. La clave, concluye, “no es subir en la cadena por aspiración, sino por competitividad”.

Según Sergio Barón, ingeniero electrónico argentino, CEO y cofundador de la startup Dynami Battery Corp, que en 2025 ganó un subsidio de USD 200.000 de la National Science Foundation (Fundación Nacional de la Ciencia) de Estados Unidos para desarrollar el uso de solventes ecológicos en la producción de electrodos para baterías de ion de litio, la conclusión de Díaz es cuestionable, pues toma la tecnología en baterías de litio como algo fijo y, aparte, inalcanzable.

Dynami, dice, demostró lo contrario al crear y patentar una tecnología que hace que las baterías se carguen cinco veces más rápido y duren 140% más, sin cambios a la cadena de suministro ni a las gigafactories de baterías y vehículos eléctricos, sino simplemente cambiando los electrodos, la “ruta” entre ánodos y cátodos que recorren los iones de litio en los procesos de carga y descarga de una batería.

Barón, cuya historia ya fue contada aquí, dijo a Infobae que el subsidio de Estados Unidos sirvió para reemplazar los solventes “tóxicos y caros” con los que se manufacturan las baterías de litio, reemplazándolos con microestructuras que permitieron “lograr el primer electrodo vegano, solo a partir de vegetales y biodegradable”.

El emprendedor argentino destacó incluso un análisis sobre una patente similar presentada por Tesla, en el que Pradyumma Gupta, eminencia mundial en ciencia de materiales y tecnologías avanzadas para generación de energía, reconoce que el gran avance en la producción de baterías está en la microestructura de los electrodos y no en la química.

Gupta es fundador y director científico de Infinita Lab e Infinita Materials, dedicadas a la innovación en materiales y productos químicos especiales para industrias de vanguardia, asesora a empresas y organismos sobre captura de CO2, nanomateriales, procesos avanzados y materiales para las industrias automotriz y aeroespacial y colabora con el ejército de Estados Unidos en el desarrollo de materiales de alta resistencia y manufactura aplicada a la movilidad eléctrica.

Sea ampliando la producción de carbonato de litio “grado batería” y/o sumando eslabones en la cadena de valor, la realidad es que la producción litífera argentina ya recorrió un largo camino y tiene impulso para recorrer mucho más.

El equilibrio de las cuentas públicas se consolidó como la principal fortaleza del plan de Javier Milei y Luis Caputo. Sostener el superávit fiscal, lo que suelen calificar como “innegociable”, es considerado por el Gobierno como el pilar de su programa para bajar la inflación. No obstante esa convicción, la segunda parte de 2026 traerá más obstáculos para que se pueda conservar el equilibrio de las cuentas públicas.

Tres factores van a ejercer presión en contra de ese objetivo del Gobierno: la caída que vienen registrando los ingresos públicos, los gastos que impondrán las leyes ya aprobadas por el Congreso y la dificultad para continuar recortando el gasto después de un ajuste significativo, que ya alcanzó 5 puntos del PBI en la era Milei. Esos 3 problemas le esperan al equipo económico en la segunda mitad del año, según un informe de la Fundación Capital.

El documento señala que “el principal activo de la actual administración es el equilibrio fiscal, cuyo cumplimiento no se pone en duda. Sin embargo, sostenerlo no será sencillo”.

La primera fuente de presión sobre las cuentas públicas es la caída en la recaudación, que viene extendiéndose en los últimos ocho meses. Según la Fundación Capital, “los ingresos del sector público acumulan caídas reales, afectados por recortes impositivos, menores importaciones y una actividad económica heterogénea”.

En el primer trimestre de 2026, la recaudación descendió 5,1% real interanual. El informe precisa: “El año pasado se redujeron de forma permanente las alícuotas de algunos derechos de exportación para diversos productos agroindustriales (-38,2% i.a. real en el primer trimestre de 2026)”. Además, la baja escalonada de las alícuotas del impuesto sobre los Bienes Personales y el régimen que permitió anticipar el pago del tributo implicaron un descenso del 13,1% i.a. real en el mismo periodo.

El segundo factor de presión sobre el equilibrio fiscal proviene de las leyes aprobadas por el Congreso, que aún no se implementaron plenamente y tienen impacto presupuestario. El informe enumera la ley de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica, la de emergencia en discapacidad y la de Modernización Laboral como las principales. Casi todo ese ordenamiento legal está en medio de una pelea judicial iniciada por el Gobierno para no aplicarlo.

Según la Fundación Capital, la ley de financiamiento universitario tiene un impacto fiscal estimado del orden de 0,2% del PBI, la de emergencia pediátrica de 0,02% del producto, la de emergencia en discapacidad entre 0,20% y 0,50% del PBI y la de Modernización Laboral, en particular por la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un costo estimado de 0,15% a 0,30% del PBI.

A pesar de que su aplicación permanece incierta, la presión potencial sobre las cuentas públicas es significativa. El informe advierte: “Diversas autoridades señalaron que su aplicación permanece suspendida hasta que se determinen las fuentes de su financiamiento y se incluyan en el Presupuesto Nacional las partidas correspondientes”.

El tercer factor que amenaza el objetivo de equilibrio fiscal es la dificultad para seguir reduciendo el gasto después de un ajuste intenso. El reporte explica que “el gasto ya se recortó en cinco puntos del producto desde el inicio de la gestión”. Si la dinámica del primer trimestre se mantuviera durante todo el año, “las erogaciones volverían a reducirse en torno a medio punto del producto, luego de una baja acumulada de más de cinco puntos desde 2024”.

El documento advierte que “el gasto público se ubicaría en el nivel más bajo de los últimos diez años, lo que plantea un desafío para algunas partidas”. En ese contexto, el margen para nuevos recortes es cada vez más acotado, en especial en rubros sociales y salarios públicos, que ya mostraron retrocesos importantes.

El informe enfatiza que “sostener este ritmo de ajuste será complejo hacia adelante”. Para justificar la magnitud del esfuerzo requerido, la Fundación Capital afirma: “Sin repunte de los ingresos, el gasto debería ajustarse en torno a medio punto adicional del PBI, un esfuerzo que podría resultar demasiado exigente para algunas partidas”. El mismo documento detalla que “los salarios del sector público retrocedieron unos 20 puntos en términos reales desde el comienzo de la gestión”, y que las transferencias a provincias y los gastos de capital permanecen en niveles históricamente bajos.

Adicionalmente, el informe advierte que si bien el objetivo de resultado primario positivo para el año no parece en riesgo, la composición y la magnitud del ajuste necesario pueden tener consecuencias económicas y sociales. El informe señala: “la solvencia fiscal luce más comprometida. La deuda pública aumenta por la capitalización de intereses, mientras también se expande la deuda flotante y se profundiza la represión del gasto público, que parece responder más a una postergación de erogaciones que a una reducción sostenible”.

En cuanto a los recursos extraordinarios, el informe menciona que en el primer trimestre de 2026 se registraron ingresos por privatizaciones, como las represas hidroeléctricas del Comahue, por más de USD 700 millones, aunque aclara que “estos recursos contribuyeron a reforzar los ingresos del primer mes del año, aunque no son computables para las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional”. Otros procesos de privatización, como Transener/Citelec, Intercargo, AySA y Belgrano Cargas, permanecen en agenda con diferentes grados de avance.

El cumplimiento de la meta fiscal comprometida con el FMI, que para 2026 establece un superávit primario de 1,4% del PBI, depende entonces de que el Gobierno logre compensar la caída de ingresos y absorber el impacto de las nuevas leyes, sin margen para recortes adicionales en partidas ya muy comprimidas. La Fundación Capital concluye que “el principal activo de la actual administración es el equilibrio fiscal, cuyo cumplimiento no se pone en duda. Sin embargo, sostenerlo no será sencillo frente a ingresos débiles, leyes pendientes de aplicación y un gasto que ya se recortó en cinco puntos del producto desde el inicio de la gestión”.