El Gobierno de Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, mediante el Decreto Ejecutivo firmado el 14 de julio de 2026 en el Palacio Nacional. El instrumento, que deroga el plan predecesor (2019-2030), traslada la conducción de la política de seguridad al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Cancillería, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que deberán coordinar su implementación.

El plan fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) mediante Resolución No. 01-2026, en una sesión clasificada como “secretísima” el 9 de marzo de 2026, y remitido por el Ministerio de Defensa a la Presidencia recién el 1 de julio de este año. El decreto lo enmarca explícitamente en el conflicto armado interno reconocido por el Ejecutivo mediante el Decreto del 18 de junio de 2026, y lo presenta como una hoja de ruta de “acción unificada” frente a lo que el propio documento describe como una crisis de seguridad multidimensional.

Las cifras que sustentan el plan, contenidas en su diagnóstico, describen un deterioro sostenido. La tasa de homicidios intencionales, que se mantuvo relativamente estable entre 2014 y 2020: entre 8,2 y 7,8 casos por cada 100.000 habitantes; y escaló a 27,6 en 2022, un incremento del 256,12% respecto de 2020, según cifras del propio Ministerio del Interior citadas en el documento. La escalada alcanzó su punto más crítico en 2023, con 46,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, para luego descender a un rango de entre 39,1 y 39,2 en 2024.

Sobre 2025, el plan no reporta un dato de cierre: se limita a citar una proyección del propio Ministerio del Interior, fechada en 2025, según la cual la tasa “cerrará con niveles altos”. El diagnóstico que sustenta un decreto firmado en julio de 2026 sigue anclado en una estimación de hace más de un año, sin la cifra real de homicidios de 2025, que ya está disponible.

El crimen organizado transnacional ocupa un lugar central en el diagnóstico. El plan cita 21.811 casos de extorsión reportados en 2023 y vincula la violencia con el cierre de 65.837 microempresas entre 2022 y 2023, atribuido en su mayoría a hechos de violencia, extorsión o bloqueos logísticos, según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. El gasto privado en seguridad superaría ya los 1.500 millones de dólares anuales, mientras que la actividad empresarial habría registrado contracciones del 0,94% en 2024 y del 0,52% en el primer semestre de 2025 atribuibles a la violencia, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador. La informalidad laboral llegó al 53,5% en el primer trimestre de 2025, según el INEC.

El indicador de riesgo país (EMBI) muestra una trayectoria volátil: 1.753 puntos en 2024, más de 1.900 en abril de 2025 y una caída a 554 puntos hacia noviembre de ese mismo año, según cifras del Banco Central citadas en el plan. La minería ilegal, por su parte, habría representado un 2,5% del PIB en 2022, con una producción de oro valorada en cerca de USD 4.000 millones, de acuerdo con las cifras recogidas en el documento.

En el ámbito social, el plan reconoce que la pobreza por ingresos llegó al 24% en junio de 2025 y la pobreza extrema al 10,4%, con una brecha entre zonas urbanas y rurales de 15,7% frente a 41,7%, según el INEC. El gasto de los hogares en salud representa alrededor de un tercio del gasto total, con una reducción marginal del 32,59% al 31,27% entre 2022 y 2025. El documento también recoge una brecha de confianza institucional: la Policía Nacional concentra un 72% de respaldo ciudadano, frente a un 28% en los Ministros de Gobierno, 23% en el sistema judicial, 22% en la Asamblea Nacional y 21% en los jueces, con datos de Statista de 2024.

El sistema penitenciario aparece como uno de los focos más críticos. El plan reporta una población de 34.612 personas privadas de libertad, lo que representa un hacinamiento del 29,06%, y documenta la evolución de las muertes violentas en cárceles: de un pico histórico de 321 muertes en 2021, la cifra bajó a 146 en 2022, 69 en 2023 y 46 en 2024, pero volvió a subir a 89 muertes en 2025, según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.

En cuanto a las metas, el plan se organiza en siete Objetivos Nacionales de Seguridad (ONS), cada uno desagregado en Estrategias de Seguridad con plazos de ejecución de uno, dos y tres años. Van desde imponer el control efectivo del territorio y neutralizar a los Grupos Armados Organizados (GAO), hasta reconstruir el sistema penitenciario, generar condiciones para el acceso a servicios esenciales y controlar el patrimonio natural.

Una de las metas con fecha específica es que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) asuma para 2027 las tareas de seguridad en los Centros de Privación de Libertad que hoy cumplen otras entidades.

Entre las estrategias más sensibles figura la creación de tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura, para que esa instancia asuma la competencia de juzgar a servidores públicos militares por delitos relacionados con su función —una ampliación de fuero que se plantea en simultáneo con el reconocimiento oficial de un “conflicto armado interno”.

El plan tampoco fija una cifra de presupuesto total. En sus 201 páginas no aparece una asignación fiscal global para su ejecución; el único mecanismo de financiamiento concreto que establece es que las empresas de telecomunicaciones destinen el 1% de sus ingresos facturados en zonas rurales y fronterizas a proyectos de conectividad. El resto del articulado distribuye responsabilidades institucionales, no recursos.

El documento también dimensiona la presión migratoria sobre el país: para mediados de 2024, Ecuador albergaba 77.000 personas refugiadas reconocidas y alrededor de 444.000 migrantes venezolanos bajo estatus de protección —equivalente al 3,2% de la población nacional—, a lo que se suman más de 469.000 personas en situación de desplazamiento interno, según cifras de ACNUR citadas en el plan. Frente a este panorama, el propio texto matiza que las proyecciones del Banco Central para 2025 estiman un crecimiento económico del 3,8%, cifra que el documento describe como una “señal positiva” que debe sostenerse con políticas de estabilidad institucional.

Frente a este panorama, el propio texto matiza la situación citando una proyección del Banco Central hecha en 2024: un crecimiento económico del 3,8% para 2025, cifra que el documento describe como una “señal positiva”. Pero, igual que con la tasa de homicidios, el plan no incorpora el dato real de cierre de 2025.

Ambassador Rabbi Yehuda Kaploun, the U.S. special envoy to monitor and combat antisemitism, recently introduced «pro-Semitism,» an educational vision centered on celebrating Jewish contributions to America alongside the continued fight against antisemitism.

Kaploun underlined his new push by saying, «the Jewish people are more than the hatred that defines us.» His remarks came during America’s 250th Birthday Shabbat Dinner, where government officials, Jewish leaders, educators and community members gathered to commemorate the nation’s 250th anniversary.

The evening also served as the launch of the J250 Initiative, a landmark educational project dedicated to advancing public understanding of the profound, foundational role Jewish Americans have played in the American story.

WORLD LEADERS, DIGNITARIES PAY TRIBUTE TO AMERICA ON HISTORIC 250TH BIRTHDAY

The launch comes as the FBI’s most recent annual hate crime data shows anti-Jewish incidents reached their highest level since the bureau began tracking the statistics in 1991.

According to the FBI’s 2024 Hate Crime Statistics, law enforcement agencies reported 1,938 anti-Jewish hate crime incidents. Although Jews comprise roughly 2% of the U.S. population, they were the targets of nearly 69% of all religion-based hate crimes reported nationwide. Organizers say that while antisemitism must continue to be confronted, educating Americans about Jewish contributions offers another powerful way to combat prejudice.

The J250 Initiative reflects what organizers describe as a shift away from a defensive, reactive approach to combating antisemitism and toward an inspiring, proactive celebration of Jewish contributions throughout American history. They say rather than allowing Jewish identity to be viewed primarily through the lens of persecution, the project highlights what organizers call the nation’s «Jewish American Golden Age» by celebrating generations of Jewish patriots, entrepreneurs, scientists, physicians, public servants, soldiers, philanthropists and civic leaders whose contributions have helped shape and strengthen the fabric of the republic since its founding.

SIGN UP FOR ANTISEMITISM EXPOSED NEWSLETTER

The Heald Square Monument in Chicago, a bronze sculpture by Lorado Taft, depicts Gen. George Washington and the two principal financiers of the American Revolution, Robert Morris and Haym Salomon. (Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

The core mission of J250 is to uncover overlooked stories from the American Revolution through modern American history.

Among the first individuals to be featured are Haym Salomon, the Revolutionary War financier whose support helped sustain Gen. George Washington’s army; Francis Salvador, widely recognized as the first Jewish American to die fighting for American independence; and Continental Army officer Solomon Bush. Organizers say these are only a few of the 250 stories that demonstrate the enduring impact Jewish Americans have had on the nation’s history and development.

The initiative also highlights more recent Jewish Americans whose contributions helped shape the nation’s culture, science, medicine and public life.

Irving Berlin sings at the dedication of the Los Angeles City Hall. (Getty Images)

As a Jewish immigrant, Irving Berlin arrived in the United States as a child after fleeing persecution and went on to become one of America’s most celebrated composers and songwriters. His classics, including «God Bless America,» «White Christmas» and «There’s No Business Like Show Business,: helped shape the soundtrack of the nation and remain woven into America’s cultural identity.

The project also recognizes American Jewish physician Dr. Jonas Salk, whose development of the first successful polio vaccine stands among the greatest medical breakthroughs in history. His discovery saved millions of lives and transformed public health. By choosing not to patent the vaccine, he ensured it could be widely distributed, protecting generations of children from polio worldwide.

In this Oct. 7, 1954 file photo, Dr. Jonas Salk, developer of the polio vaccine, holds a rack of test tubes in his lab in Pittsburgh, Pa. (AP Photo/File)

THE REVOLUTIONARY LANDMARKS WHERE WASHINGTON, ADAMS AND JEFFERSON CHANGED AMERICA

Another featured Jewish American is baseball legend Sandy Koufax, who rose to become one of the greatest pitchers in history, leading the Los Angeles Dodgers to multiple World Series championships and earning three Cy Young Awards. At the height of his career in 1965, Koufax chose to sit out Game 1 of the World Series because it fell on Yom Kippur, a decision that became one of the defining moments in American sports. His decision inspired generations of athletes and became a lasting symbol of integrity, conviction and the freedom to live one’s values.

«As I said in my Senate confirmation hearing, education is the best way to combat antisemitism,» Kaploun told Fox News Digital, «Teaching the world about the greatest Jewish contributors to American history gives people the knowledge to counter those who spread hate and lies about the American Jewish community.»

Pitcher Sandy Koufax and the crowd in the stands erupt with joy at the Los Angeles Dodgers victory in the 1963 World Series. (Getty Images)

The initiative also includes a Jewish American Heritage curriculum, a national social media campaign and a student scholarship competition encouraging young Americans to explore Jewish history through the broader American story.

«Jewish Americans have helped build the America we love today, from the battlefields of the Revolution to the frontiers of modern science,» said Arie Lipnick, co-founder of The J250 Foundation. «It is only by renewing these foundational lessons that we can ensure the promise of America burns brightly for the next 250 years.»

Kaploun also reflected on his family’s immigration to the United States. «My great-great-grandfather immigrated from Galicia in the 1880s. My great-grandfather immigrated to the United States in 1913,» he said. «They could have never dreamed that their great or great-great grandson would one day be hosting America’s Birthday Shabbat Dinner. But that is exactly the American dream.»

President Donald Trump and Rabbi Yehuda Kaploun light a candle during an Oct. 7th remembrance event at the Trump National Doral Golf Club on Oct. 7, 2024, in Doral, Florida. (Joe Raedle/Getty Images)

He said America’s founding ideals of religious liberty, freedom of speech and equal opportunity created an environment in which generations of immigrants, including Jewish Americans, could contribute to the nation’s success while remaining faithful to their heritage.

Physician and philanthropist Dr. Miriam Adelson echoed the evening’s themes of unity, gratitude and hope.

«I love America as I love Israel,» Adelson told attendees. «We need to hope, we need to love each other. Maybe the next generation will be better and better.»

Her remarks reinforced the initiative’s message of fostering greater understanding, mutual respect and optimism for the future.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FOX NEWS APP

For organizers, J250 represents more than a historical project. It is an effort to ensure that Jewish history in America is not defined solely through the lens of antisemitism, but through the lens of patriotism, service, sacrifice, innovation, civic leadership and nation-building. The organizers say they hope to reclaim stories that have too often been overlooked and inspire a deeper appreciation for the role Jewish Americans have played in shaping the country over the past 250 years.

«If these last 250 years demanded we create the word ‘antisemitism,’» Kaploun said, «let these next 250 years lead us to create a new word in its stead: ‘pro-semitism.’ Being proud to be Jewish, educating the world and respecting one another. That is what it means to be pro-semitic.»

EXCLUSIVE: Senate Republicans are naming the centerpiece of a 12-figure anti-fraud package after Minnesota Gov. Tim Walz, arguing his administration’s handling of massive welfare fraud schemes made him the symbol of government waste they hope to eliminate.

Sen. Joni Ernst, R-Iowa., is dropping the legislation just as fraud-exposing journalists, such as Nick Shirley, testify to the Homeland Security Committee about videotaped discoveries in the «Feeding Our Futures» scandal in Minnesota and other similar alleged rackets elsewhere on Wednesday.

The «Welfare Abuse and Laundering Zillions (WALZ) Act» from Sen. Roger Marshall, R-Kan., is at the core of the broader anti-fraud package targeting Minnesota-style violations, COVID fraud, foreign remittance abuse and repeat offenders; projected to save taxpayers roughly $240 billion, Fox News Digital learned.

WALZ A NO-SHOW AT KEY FRAUD HEARING DESPITE BEING IN THE BUILDING ON OTHER BUSINESS: GOP LEADER

The WALZ Act requires federal payments be made as reimbursements to states only after a service is proven to have been provided – a process critics say Minnesota failed to police adequately.

It also requires that if a state program receiving federal funding sees a six-month increase in disbursements of more than 10 percent, the HHS inspector general must investigate that program.

FTC CHIEF ACCUSES DEMOCRATS OF ‘TRYING TO PROTECT THE FRAUDSTERS’ BY WITHHOLDING DATA FROM TRUMP ADMIN

One of Ernst’s pieces of the package, the Returning Unspent COVID Funds Act would claw back more than $65 billion in federally-disbursed COVID funds – now six years after the height of the pandemic – to avoid future abuse of those funds.

«While hardworking Americans are struggling to make ends meet, fraudsters are getting away with ripping off $1.4 billion of taxpayer money every single day,» Ernst told Fox News Digital on Wednesday.

«Government grift and graft is endless, but the public’s patience isn’t and neither is mine. The Senate will have an opportunity to bring this crime spree to an end by passing my Protecting American Taxpayers Act. This bill stops fraud before it happens and takes back the loot that’s already been stolen. As for the scammers, they’re going to the slammer.»

DAVID MARCUS: FLORIDA SENATOR’S WAVE OF ANTI-FRAUD BILLS SHOULD BE SLAM DUNK

Fox News Digital reached out to Walz for comment on lawmakers using his name.

Sen. James Lankford, R-Okla., also contributed legislation to the package that would extend the statute of limitations for the government to prosecute COVID fraudsters.

Keen-eyed federal employees would also be able to claim monetary rewards from the federal government under the package – as part of the «Bonuses for Cost-Cutters Act» from Sen. Rand Paul, R-Ky., that instructs inspectors general to pay out sums to those who uncover fraud or waste.

The anti-fraud package also goes far beyond America’s borders to protect U.S. taxpayers, according to Ernst.

Sen. Tim Sheehy’s, R-Mont., No Tax Dollars for Terrorists Act would instruct the State Department to implement a process to discourage NGOs and foreign nations from financially supporting the Taliban, including via U.S.-provided foreign assistance that Washington gives to such groups or governments.

Outside the oft-reported welfare scams and social services fraud operations, the package also brings attention to other ways the federal taxpayer has purportedly been defrauded over the years.

Suspected abuse of remittances – or funds sent by U.S.-resident foreigners to their home countries – has been a thorn in the side of some conservatives for years.

PENNSYLVANIA REPUBLICANS SEEK TO LEVY ILLEGAL IMMIGRANTS’ REMITTANCES TO FUND PROPERTY TAX RELIEF

Part of Ernst’s package also includes a bill from Sen. Bernie Moreno, R-Ohio, that would require people who send wire transfers and remittances abroad to certify that they are not already on public assistance; essentially protecting the taxpayer from their welfare funds being shifted to other countries.

«For decades, Washington’s failed welfare program rewarded dependency while enabling fraudsters and criminals to exploit the system to take advantage of American taxpayers,» Moreno said in a January statement after initially drafting the legislation. «If an individual has enough cash to send money overseas, they have no business taking welfare benefits from hardworking Americans. The abuse ends now.»

In Ernst’s package, a proposal by Sen. Todd Young, R-Ind., called the Assisting Small Businesses Not Fraudsters Act, would prevent previously convicted fraudsters from receiving Small Business Administration funds.

SIGN UP TO GET THE POLITICS NEWSLETTER

A source familiar with Senate procedure said Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., could tee up a vote by filing cloture – ending debate – on the legislative process for the massive package as early as late this week.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FOX NEWS APP

Co-sponsors of the greater anti-fraud package include GOP Sens. David McCormick of Pennsylvania, Charles Grassley of Iowa, Jim Justice of West Virginia, John Kennedy of Louisiana and Senate Majority Whip John Barrasso of Wyoming among several others.

Fox News Digital’s Emma Colton contributed to this report.