El análisis de los cuadros de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec revela que, pese al deterioro del salario real y la contracción del consumo, los hogares más vulnerables presentan mayor participación del ingreso laboral que hace una década y una relación de dependencia más baja que en 2017, cuando comienza la serie y coincide con un año de alto nivel de actividad agregada.

Este fenómeno, que se da en los deciles de ingresos donde los grupos habitacionales son más numerosos y donde históricamente predominan los ingresos no laborales, constituye uno de los movimientos más relevantes del período.

En el primer trimestre de 2026 el Indec registró la segunda tasa más alta de participación de los ingresos de origen laboral en el conjunto de los hogares de 31 aglomerados de todo el país, con 77,7%, dos décimas de puntos porcentuales (pp) menos que en igual tramo del año anterior, pero 1,1 más que en similar período del último año de gobierno de Alberto Fernández, y superior en 2,6 pp al promedio de la serie de los nueve años previos.

El decil 1, que agrupa a los hogares con menores ingresos y mayor tamaño familiar, es el caso más ilustrativo. En 2026, el 39% de sus ingresos proviene del trabajo, frente al 36,1% registrado en 2017. Aunque el valor es inferior al 42,4% alcanzado en 2023 -año de fuerte expansión del empleo y transferencias de recursos públicos-, la comparación de más largo plazo muestra una recomposición parcial del ingreso laboral en los sectores más vulnerables.

Este avance se da en grupos habitacionales que mantienen 4,3 miembros en promedio, una cifra que los convierte en los más numerosos del sistema urbano.

La estructura demográfica es clave: más integrantes implican más necesidades y, por lo tanto, mayor presión sobre la capacidad laboral del hogar y necesidad de asistencia estatal, principalmente a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El decil 2 también exhibe cambios relevantes. Aunque la participación del ingreso laboral cae respecto de 2017 (de 51,9% a 43,5%), se mantiene por encima de los niveles de 2023 en términos de integración laboral relativa, especialmente si se considera que esas familias siguen teniendo entre 3,9 y 4,2 miembros.

La recomposición no es lineal, pero sí consistente con un mercado laboral que, por una legislación del trabajo que penaliza la contratación registrada con altas cargas patronales no deducibles de IVA, continuó absorbiendo trabajadores en sectores de baja productividad y alta informalidad.

En el decil 3, la mejora es más clara: el ingreso laboral pasa de 50,8% en 2017 a 58,9% del total en 2026, consolidando una tendencia de mayor inserción en el mercado de trabajo. Este decil, históricamente ubicado en la frontera entre la pobreza y la vulnerabilidad, muestra una estructura más equilibrada entre ingresos laborales y no laborales que en la década previa.

La relación de dependencia, que mide cuántas personas no ocupadas son sostenidas por cada ocupado, es uno de los indicadores más sensibles para evaluar la presión económica dentro de los hogares.

En 2017, el decil 1 tenía 316 no ocupados cada 100 ocupados. En 2026, esa cifra baja a 242, una mejora sustancial en retrospectiva. Si bien el valor es algo mayor que el de 2023 (231), la tendencia de largo plazo es clara: las familias más pobres están hoy más integrados al mercado laboral que hace una década.

Los deciles medios muestran una caída aún más marcada. En los deciles 4, 5 y 6, la relación de dependencia se reduce respecto de 2017, reflejando una estructura laboral más sólida. En el decil 4, por ejemplo, el indicador pasa de 187 a 171; en el decil 5, de 165 a 142; y en el decil 6, de 138 a 127 por cada 100 ocupados.

La mejora en estos segmentos coincide con la expansión de actividades de baja barrera de entrada -servicios personales, comercio minorista, logística urbana- que, según organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), suelen absorber trabajadores incluso en contextos de contracción económica.

En los deciles superiores, la estructura de ingresos se consolida en base al trabajo. El decil 9 muestra 86,3% de ingresos laborales en 2026, subió respecto del 85% de 2023 y del 82,8% de 2017. El decil 10, en cambio, presenta una leve caída respecto de 2023 (de 85,7% a 84,4 por ciento).

La relación de dependencia en estos deciles es la más baja del sistema: 72 no ocupados cada 100 ocupados en el decil 9 y 69 en el decil 10. Estos hogares, además, son los más pequeños: 2,2 y 2 miembros en promedio, respectivamente.

Los ingresos no laborales -jubilaciones, pensiones, subsidios, rentas y transferencias- pierden peso en casi todos los deciles respecto de 2017. En el decil 1, pasan de 63,9% a 61%; en el decil 3, de 49,2% a 41,1%; y en el decil 6, de 28,1% a 23,9 por ciento.

Este descenso está vinculado a dos factores:

1. Licuación del valor real de las transferencias por efecto inflacionario.
2. Mayor participación del ingreso laboral, incluso en empleos de baja remuneración.

La comparación entre los tres años de referencia -último año del gobierno anterior y comienzo de la serie del Indec- revela tres momentos distintos:

• 2017: alta dependencia y menor integración laboral: Los deciles bajos tenían más miembros, más no ocupados y menor participación del ingreso laboral. La estructura era más frágil y más dependiente de transferencias del Tesoro nacional, principalmente.
• 2023: el punto más alto de integración laboral reciente: La expansión del empleo y las políticas de ingresos elevaron la participación laboral en casi todos los deciles y redujeron la dependencia.
• 2026: recomposición parcial en un contexto adverso: Aunque algunos indicadores retroceden respecto de 2023, la estructura laboral de los hogares vulnerables es más sólida que en 2017.

La distribución del ingreso en Argentina sigue siendo desigual y tensionada, pero los datos del Indec permiten identificar un cambio silencioso en la base de la pirámide: los hogares más pobres, más grandes y expuestos al ciclo económico, están hoy más vinculados al trabajo que hace una década.

En un país donde la movilidad social depende cada vez más de la capacidad de generar ingresos laborales, este movimiento -aunque insuficiente para revertir la caída del poder adquisitivo- constituye un dato relevante frente a la necesidad de una nueva geografía social del país.

Durante los primeros meses de 2026, el crecimiento de la mora bancaria en créditos al consumo y tarjetas motivó que varias provincias y bancos públicos pusieran en marcha programas para asistir a las familias más golpeadas por el endeudamiento. Estas políticas procuran facilitar la regularización de compromisos a través de refinanciaciones con tasas subsidiadas, plazos más amplios y diferentes esquemas de consolidación de deudas.

La última jurisdicción en implementar una medida de este tipo fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En junio, la Legislatura porteña sancionó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una iniciativa para refinanciar deudas bancarias en mora relacionadas con préstamos personales y tarjetas de crédito.

Los préstamos que se otorgan mediante este plan solo pueden destinarse a cancelar compromisos con el Banco Ciudad o con cualquier “entidad bancaria regulada por el BCRA”. Quedan excluidas las deudas con billeteras virtuales o entidades fuera del control bancario, una limitación relevante ante el aumento de la morosidad en ese segmento.

Las líneas de refinanciación establecen una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo de devolución de al menos 24 cuotas mensuales. Estos son los requisitos mínimos, por lo que cada entidad financiera puede ofrecer condiciones más ventajosas.

Una vez que la ley entre en vigencia, habrá un período de 60 días para solicitar estos créditos. Para acceder, se deberán cumplir simultáneamente los siguientes cinco requisitos:

• Registrar deudas originadas en tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras.
• Estar calificado en la Central de Deudores del Banco Central en Situación 2 (deudas con atraso entre 60 y 90 días) o en Situación 3 (deudas con atraso entre 90 y 180 días) al 1° de junio de 2026.
• Contar con ingresos mensuales del grupo familiar inferiores a diez (10) salarios mínimos, hoy equivalentes a 3.678.000 pesos.
• Demostrar que las cuotas impagas representan más del 30% del ingreso mensual del hogar.
• Tener domicilio real en CABA con una residencia mínima de dos años.

En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia lanzó “Ponete al día”, un programa de refinanciación destinado a personas con deudas en mora hasta el 31 de mayo. La iniciativa busca brindar un alivio financiero y facilitar la regularización de compromisos a través de una reducción de tasas, extensión de plazos y condiciones más flexibles.

El esquema incorpora una disminución en los intereses y la opción de extender los plazos de pago hasta 72 meses. Las alternativas se ajustan según el perfil y la situación crediticia de cada usuario.

“Ponete al día” establece dos categorías de mora: temprana y avanzada. En el caso de mora temprana, que abarca atrasos de hasta 90 días, quienes perciban haberes, jubilaciones o pensiones en el Banco Provincia pueden acceder a una tasa anual del 50 por ciento. Para quienes perciben ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos ($1.470.000), la tasa baja al 39% anual. En este grupo, la cuota mensual estimada por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses, es de 36.110 pesos.

En situación de mora avanzada, es decir, con atrasos superiores a los 90 días, se ofrece una tasa especial del 31% anual para personas consideradas sobreendeudadas, es decir, aquellas cuya carga financiera supera el 50% de sus ingresos bajo una tasa convencional. Para este segmento, la cuota mensual por cada $1.000.000 de deuda, también a 72 meses, se ubica en 30.732 pesos.

A su vez, se contempla una tasa diferenciada del 32,5% anual para trabajadores del sector público que perciben sueldos o beneficios previsionales en el banco y presentan mora avanzada.

Hacia fines de abril, Santa Fe puso en marcha el Plan de Protección de los Ingresos, destinado a empleados públicos y privados, autónomos y jubilados que enfrentan descuentos en sus haberes por créditos impagos.

“En la provincia, el 33% de los empleados estatales registra descuentos por créditos en sus recibos de haberes; de ese total, unos 12.000 superan el umbral del 25% de afectación salarial. A ellos se suman 7.000 jubilados y cerca de 60.000 trabajadores privados y autónomos en situación similar”, indicaron desde el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Por su parte, Corrientes activó el programa “Corrientes Sostiene”, una política pública que destina más de $130.000 millones a familias endeudadas con tarjetas. El mecanismo permite refinanciar estas deudas en 6 o 12 cuotas fijas, con una reducción de 29 puntos porcentuales respecto a las condiciones habituales. El universo de beneficiarios se estima en aproximadamente 89.000 personas.

En Misiones, la gestión de Hugo Passalaqua amplió un acuerdo con el Banco Macro para ofrecer condiciones especiales de refinanciación en tarjetas y préstamos. Las tasas se encuentran bonificadas y el beneficio está pensado para empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados en situación de mora.

En Córdoba, el Banco de Córdoba (Bancor) presentó una propuesta que permite a sus clientes, tanto del sector público como privado que cobren sus salarios en la entidad, unificar todas sus deudas en un solo pago mensual. El programa prevé tasas anuales entre el 45% y el 70%, según el plazo seleccionado, que puede llegar hasta 60 meses.

El gobierno de Salta se anunció un plan para la reestruturación de deudas de empleados públicos provinciales y municipales. A través del Banco Macro, agente financiero provincial, se ofrecen tasas especiales para quienes tengan entre 30 y 89 días de mora y también para quienes superen ese plazo de atraso. La medida está disponible tanto para los que cobren su salario en la entidad como para quienes no lo hacen.

Una medida similar se lanzó en Jujuy, donde Macro también es agente financiero. El plan de refinanciación de deudas en mora está dirigido a los clientes del Plan Sueldo Público, provincial o municipal. El beneficio consiste en la reducción de los intereses. Para quienes tengan retrasos en los pagos menores a 30 días, se prevé una quita de 7 puntos porcentuales sobre la tasa de referencia. En el caso de mora entre 31 y 90 días, la quita será de hasta 6 puntos porcentuales.

A nivel nacional, el Banco Nación sumó a fines de junio una nueva opción para refinanciar deudas de consumo en mora. Esta herramienta está disponible para empleados, jubilados y microempresas.

Bajo el “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”, la propuesta amplía las alternativas para ordenar compromisos vencidos, facilita la recuperación de la capacidad de pago y busca sostener el cumplimiento de obligaciones a largo plazo.

La nueva línea permite refinanciar deudas en pesos o en UVA (actualizadas por CER) y está orientada a dos grupos principales:

• Personas en actividad laboral, jubilados o pensionados que cobren haberes a través del Banco Nación.
• Autónomos, monotributistas y quienes no perciban ingresos en la entidad.

También pueden incluirse deudores monoproducto bajo las normativas para Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

Entre las condiciones principales, la línea ofrece un plazo de hasta 120 meses y amortización mensual mediante sistema francés.

La tasa de interés varía según el perfil del cliente: quienes reciban haberes por el Banco Nación accederán a una tasa nominal anual fija del 12%, mientras que para el resto la tasa será del 14%. “Para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo”, aclaró la comunicación oficial.

Además, quienes ya cobran en la entidad pueden optar por un tope de cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), mediante la contratación de una prima. Así, si la cuota en UVA supera la evolución del CVS, se aplicará el tope correspondiente a ese índice.

Esta propuesta se suma a las alternativas de unificación de deudas lanzadas en mayo para personas humanas con cuotas vencidas e impagas en el BNA. Las opciones presentadas previamente para regularizar compromisos son:

• Consolidación de deudas: dirigida a quienes cobran ingresos en el Banco Nación, permite unificar deudas en la entidad y en otras instituciones, facilitando la administración y el pago. Ofrece tasa fija, plazo máximo de 72 meses, una TNA del 65% y montos de hasta $100 millones.
• Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para usuarios con hasta 90 días de atraso en tarjetas emitidas por el banco, permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, a un plazo máximo de 60 meses y con una TNA del 35%. La modalidad permite continuar usando la tarjeta, comenzar el pago en cuotas desde el siguiente resumen y ajustes temporales en los límites. Para atrasos superiores a 90 días, el banco habilita financiamiento en plazos de hasta 96 meses, sujeto a evaluación y condiciones establecidas.
• Evaluación personalizada: cada solicitud es analizada de manera individual por equipos especializados, considerando el perfil del solicitante, su situación financiera y las características de las deudas a reestructurar. Este enfoque permite ofrecer alternativas adaptadas a cada caso y promueve una gestión responsable de los compromisos financieros.

Durante los primeros meses de 2026 se produjo un fenómeno poco habitual para la economía argentina. Mientras la actividad mostró una recuperación, las importaciones no acompañaron ese movimiento con la intensidad que históricamente suele registrarse en las etapas de crecimiento. Esa situación abrió un interrogante de cara al segundo semestre: si la economía acelera, ¿las compras al exterior volverán a expandirse al ritmo del Producto Bruto Interno (PBI) o continuará el desacople que caracterizó a la primera parte del año?

Las proyecciones de economistas, consultoras privadas y de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) coinciden en esperar una mayor actividad importadora entre julio y diciembre. Sin embargo, también plantean diferencias respecto de la magnitud de esa recuperación y de los factores que podrían impulsarla. La evolución de la inversión, la normalización de los inventarios, la mejora del consumo y la continuidad de las reformas vinculadas al comercio exterior aparecen entre las principales variables que explican el escenario previsto para la segunda mitad del año.

Los datos disponibles hasta mayo mostraron un desempeño dispar entre los distintos rubros. Mientras algunos segmentos vinculados al consumo mantuvieron un comportamiento positivo, las importaciones relacionadas con la producción continuaron débiles. Ese contraste explica buena parte del debate sobre qué ocurrirá durante los próximos meses.

De acuerdo con Elisabet Bacigalupo, responsable de análisis macro de la consultora Abeceb, las previsiones apuntan a que las importaciones cerrarán 2026 en torno a USD 77.800 millones, apenas por encima del nivel registrado en 2025, con un incremento de 2,7%. Sin embargo, detrás de ese resultado anual aparece una dinámica diferente entre ambos semestres.

Según la economista, después de registrar una caída interanual de 6,6% entre enero y mayo, las importaciones crecerían alrededor de 9% interanual entre junio y diciembre. Esa estimación surge de un volumen implícito cercano a USD 49.200 millones para la segunda mitad del año, frente a aproximadamente USD 45.200 millones registrados durante el mismo período de 2025.

Para Bacigalupo, esa aceleración no implicaría un deterioro significativo del frente externo. Por el contrario, sostuvo que el escenario seguiría siendo compatible con un superávit comercial cercano a USD 21.000 millones, debido a que las exportaciones mantendrían un nivel elevado gracias al aporte del agro, la energía y la minería, mientras las importaciones partirían desde una base relativamente contenida.

La caída registrada durante los primeros cinco meses del año se concentró principalmente en los rubros productivos y en energía, más que en los bienes destinados al consumo final.

En ese período, las importaciones totalizaron USD 28.575 millones. Por usos económicos, descendieron los bienes de capital (7%), los bienes intermedios (0,6%), los combustibles y lubricantes (37,7%) y las piezas y accesorios para bienes de capital (23,9%), mientras aumentaron los bienes de consumo (1,5%) y los vehículos automotores de pasajeros (10,4 por ciento).

La economista de Abeceb vinculó ese comportamiento con un efecto asociado a los inventarios. Explicó que, ante una actividad económica y una demanda interna planchadas durante la primera parte del año, numerosos sectores redujeron las compras externas porque contaban con elevados niveles de stock acumulado.

Según comentó Bacigalupo, ese fenómeno resultó especialmente visible en la industria automotriz y en algunos segmentos industriales, donde la menor necesidad de reposición moderó las importaciones. Pero consideró que durante el segundo semestre ese factor comenzará a perder importancia a medida que los inventarios se normalicen y la demanda gane algo de dinamismo. En ese contexto, proyectó un mayor movimiento en bienes intermedios, piezas y accesorios, algunos bienes de capital y bienes de consumo.

También destacó la economista de Abeceb que la energía constituirá una excepción parcial. Las importaciones de combustibles podrían mostrar cierta estacionalidad, aunque estructuralmente seguirían contenidas por la mayor oferta local de hidrocarburos. De esa manera, el crecimiento esperado de las compras externas estaría más relacionado con una recuperación de la actividad, el consumo y la inversión que con un incremento de las necesidades energéticas.

Una mirada complementaria aportó Jorge Vasconcelos, economista del Ieral de Fundación Mediterránea, quien destacó que durante los primeros cinco meses de 2026 se produjo una ruptura respecto del comportamiento histórico entre la economía y las importaciones.

Según explicó, durante ese período el PBI mostró una variación cercana al 2% interanual, mientras las importaciones no energéticas retrocedieron 5%. El economista recordó que, habitualmente, cada punto de crecimiento del producto suele asociarse con un incremento cercano a tres puntos en las importaciones, relación que no se verificó durante la primera parte del año.

Vasconcelos también remarcó que esa caída no resultó homogénea. Las importaciones de bienes de consumo y vehículos automotores crecieron 4,4% interanual, mientras que el conjunto integrado por bienes de capital, bienes intermedios y piezas para bienes de capital descendió 14,6 por ciento.

El economista atribuyó esa dinámica a varios factores:

• En primer lugar, la caída de la inversión, que durante el primer trimestre se ubicó 11,6% por debajo del mismo período de 2025.
• Los sectores más dinámicos de la economía -como el campo, la minería, el gas y el petróleo- presentan una menor intensidad importadora que otras actividades industriales.
• El crecimiento de la productividad laboral durante los últimos dos años, que también contribuyó a explicar el desacople temporal entre la evolución del producto y las importaciones.

De cara al segundo semestre, Vasconcelos proyectó que el promedio mensual de las importaciones no energéticas, que entre enero y mayo rondó los USD 5.500 millones, aumentará durante los siete meses restantes del año. Según explicó, esa recuperación respondería a dos factores. Por un lado, una variación del PBI más cercana a 3,5% o 4% interanual para ese período. Por otro, una recuperación parcial de la relación histórica entre crecimiento económico e importaciones.

Sin embargo, aclaró que para que esa regla vuelva a cumplirse será necesario un mayor dinamismo de la inversión. En ese sentido, Vasconcelos mencionó como factores favorables la caída del índice de riesgo país, menores distorsiones de precios relativos, la habilitación para remesar dividendos y regalías -aunque sin efecto retroactivo-, las mejoras de productividad y la implementación secuencial del RIGI.

Al mismo tiempo, enumeró varios condicionantes que todavía influyen sobre las decisiones empresarias. Entre ellos mencionó la continuidad del cepo para personas jurídicas, la elevada presión tributaria provincial y municipal, la incertidumbre política y las expectativas moderadas de rentabilidad y flujo de caja de las compañías.

También proyectó que el superávit comercial podría ampliarse desde USD 11.300 millones registrados en 2025 hasta un rango de USD 23.000 a USD 24.000 millones en 2026. Esa mejora surgiría de un incremento cercano a USD 12.000 millones en las exportaciones y de una variación próxima a cero en las importaciones totales, como consecuencia de una reducción de las compras energéticas y un leve aumento de las no energéticas.

Desde Analytica, el economista Claudio Caprarulo también anticipó un crecimiento moderado de las importaciones durante la segunda mitad del año respecto de la primera. Entre los factores destacados ubicó el aumento de los precios de importación, un fenómeno que ya comenzó a reflejarse en las estadísticas más recientes.

La visión empresaria también apuntó hacia una mayor actividad durante los próximos meses. Fuentes de CIRA afirmaron que el segundo semestre mostrará un mayor nivel de actividad importadora impulsado por el movimiento gradual de la economía y por la inversión en sectores productivos considerados estratégicos.

Desde CIRA contaron que uno de los principales desafíos dejará de concentrarse exclusivamente en el acceso al mercado de cambios. Según precisaron las fuentes, la prioridad pasará por consolidar reglas estables, previsibilidad y mayor normalización del comercio exterior para facilitar la planificación empresaria.

La cámara también destacó la necesidad de profundizar la simplificación de procedimientos, reducir costos logísticos y avanzar con la modernización de la operatoria aduanera para mejorar la competitividad.

Además, la CIRA identificó al segundo semestre como un período relevante para la agenda de integración internacional. En ese sentido, mencionó la implementación práctica del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, junto con los avances en las negociaciones con otros socios estratégicos.

Según la entidad, la discusión comenzará a concentrarse en aspectos operativos como reglas de origen, certificaciones, adecuación normativa y cronogramas de desgravación.

La CIRA también planteó que el debate sobre el comercio exterior evolucionará hacia la competitividad sistémica, donde las empresas enfrentarán desafíos vinculados con menores costos logísticos, mejor infraestructura, estabilidad tributaria y procedimientos aduaneros más eficientes.