Un informe del Ministerio de Salud advirtió presuntos “desvíos críticos y sobreprecios” en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025, bajo la gestión del extitular del organismo Diego Spagnuolo.

A través de un documento interno que quedó en manos de la Justicia, la cartera que conduce Mario Lugones analizó pagos efectuados en la cadena de suministros ortopédicos del organismo.

Según el informe al que pudo acceder TN, “el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”.

Y agrega: “La gravedad de los hallazgos sugiere una vulneración de los principios de eficiencia, transparencia y economía que deben regir toda contratación pública”.

Los sobreprecios detectados por el Gobierno en Andis

Entre los rubros analizados, el Ministerio analizó un supuesto sobreprecio que supera el 2000% en la adquisición de sillas de ruedas, mientras que la compra de un andador registró una brecha del 4239% entre el valor de referencia del mercado y el monto facturado al Estado.

En otro caso, las autoridades del Ministerio de Salud apuntaron contra una contratación de la Andis del 8 de julio de 2025 por “un sistema de válvulas bicaval transcatéter” por $425.000.000. El 25 de marzo, ese mismo sistema fue adquirido por PAMI a un valor de $124.200.000, un 242% más barato.

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El informe, firmado el 10 de abril por las autoridades del Ministerio, fue incorporado al expediente que investiga un presunto fraude millonario en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Allí están procesados el extitular del organismo Diego Spagnuolo junto con otros exfuncionarios, empresarios y otros partícipes de la supuesta asociación ilícita que habría funcionado en la Andis para direccionar contratos millonarios con el Estado a cambio de coimas de entre el 12% y el 20% de las sumas adjudicadas.

Agencia Nacional de Discapacidad, sobreprecios, Ministerio de salud

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El activista mapuche Facundo Jones Huala, que en junio próximo cumplirá un año de prisión preventiva en la cárcel de Rawson, lleva dos semanas de huelga de hambre líquida como medida de fuerza para exigir su traslado a la unidad penitenciaria de Esquel, con el objeto de estar más cerca de su familia.

Su mamá, Isabel Huala, anunció en un mensaje grabado que se acoplará a esa medida de fuerza en los próximos días con el mismo objetivo.

La mujer, que vive en Bariloche, afirmó que no pudo acompañar a su hijo Facundo en su cumpleaños número 40, debido a la distancia entre la ciudad donde reside y Rawson, donde el mapuche permanece detenido desde hace 11 meses, bajo el régimen de prisión preventiva.

“Cada día me preocupa más la situación, y la huelga de hambre que lleva adelante, porque su salud se deteriora”, declaró. Y en el mismo mensaje anunció que iniciará una medida de fuerza similar.

A su vez, denunció que las condiciones de detención son penosas y pidió a la Justicia Federal que autorice a su hijo a cumplir con reclusión domiciliaria en su casa de Bariloche, mientras se extienda la investigación por el supuesto delito de asociación ilícita calificada por la que permanece detenido.

Isabel Huala señaló que el juez Gustavo Zapata “se burla de lo que sucede” con su hijo Facundo. Y acusó a la fiscal Angela Pagano Mata de no lograr avances en la investigación”.

“Es una realidad que cansa y duele”, criticó la mujer, quien pidió apoyo de la ciudadanía porque “la lucha de Facundo no es personal, es por el pueblo mapuche, por los antepasados y por toda la gente que está entre nosotros”.

Este lunes, el activista llegó a la segunda semana sin ingerir alimentos sólidos. Días atrás, denunció que su medida de fuerza fue notificada por escrito al Juzgado Federal, aunque la nota no llegó al magistrado que interviene en su causa.

A partir de ese reclamo y del planteo de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que lo defiende, Zapata ordenó una investigación para determinar si las autoridades penitenciarias incurrieron en el presunto delito de incumplimiento de deberes como funcionarios públicos.

La investigación recayó en la Fiscalía Federal con asiento en Rawson aunque, por el momento, no hubo avances en el expediente.

La madre denunció que su hijo es “víctima de persecución política, y no sólo él, sino todo el pueblo mapuche”. A través de las redes sociales, la mujer, conmovida, pidió ayuda a la sociedad para poder costear el viaje que la trasladará a Rawson, donde planifica permanecer algunos días para estar cerca del “lonko”.

Jones Huala y la organización que conduce son investigados por presunta asociación ilícita calificada. En este sentido, fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la fiscalía de Estado de Río Negro, luego de arengar al pueblo mapuche a cometer sabotajes y ataques incendiarios “para defender lo que nos pertenece”.

En junio de 2025, fue capturado cuando se trasladaba en colectivo desde Bariloche hacia el sur. Sin embargo, la captura fue blanco de críticas debido a que cuando se concretó no había orden para detenerlo.

La autorización del juez fue rubricada cuando el mapuche ya estaba detenido e incluso su captura fue anunciada a través de las redes sociales por la senadora Patricia Bullrich, cuando comandaba la cartera de seguridad nacional.