A pocos días que se realice el relevo en la Fiscalía General de Guatemala, el diputado Jose Chic, representante de la bancada VOS en el Congreso de la República de Guatemala, requirió en conferencia de prensa que se decrete arraigo para la fiscal general María Consuelo Porras Aldana.

Además instó a que las investigaciones sobre supuestas detenciones ilegales y casos de adopciones irregulares vinculados a Porras sean transferidas a instancias independientes, debido a la presunta existencia de una red estructurada que implicaría a funcionarios judiciales y administrativos.

Chic aseguró que el caso tiene repercusión internacional y resaltó que los hechos denunciados —a su juicio, de gravedad tal que no deben prescribir— precisan de la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos o la Fiscalía de Delitos Transnacionales, además de la permanencia de la fiscal general en el país para responder ante el proceso.

En la parte final de su intervención, Jose Chic reveló que el costo de una adopción nacional en Guatemala puede llegar a cinco mil dólares, y que en países de Norteamérica o Europa esa cifra aumenta a sesenta mil dólares.

El diputado indicó que hay registros de procesos con irregularidades serias, en los que participaron jueces, abogados y notarios, conformando una estructura orientada a la venta y traslado de niños fuera del país.

Este señalamiento, que involucra cifras inéditas y una dimensión transnacional, diferencia la denuncia de Chic de otros casos previos de presunta corrupción en el sistema de adopciones.

De acuerdo con los datos presentados, Jose Chic planteó que existen al menos tres denuncias formales agrupadas y remitidas a una sola fiscalía, una acción que considera inadecuada por parte de Consuelo Porras Aldana.

El diputado sostiene que la concentración de casos debió recaer en fiscalías especializadas en derechos humanos o delitos transnacionales. A su entender, esto refleja falta de transparencia y un intento de encubrimiento en torno a la fiscal general.

Chic subrayó que la fiscal Leonor Morales, al frente de la Fiscalía contra Delitos cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, se limitó a argumentar que todos los procedimientos se realizaron conforme a derecho, pero no detalló “qué acciones ha emprendido para esclarecer la verdad de esas denuncias”.

La falta de información concreta, indicó, impide comprobar la eficacia de las investigaciones sobre Consuelo Porras y otros posibles involucrados.

El diputado rechazó que las respuestas oficiales fueran únicamente generales, y remarcó: “Solo quieren decir que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, pero no concretiza en qué acciones han llevado a cabo y cuáles van a ser las líneas de investigación o al menos los parámetros que va a utilizar el Ministerio Público relacionado con estas denuncias”.

Recalcó la obligación del Ministerio Público de aportar pruebas y precisó que, hasta ahora, la fiscalía a cargo no ha presentado fundamentos claros ni evidencias que demuestren avances efectivos.

Chic calificó los hechos como “venta de niños” en Guatemala, afirmando que diversos actores judiciales y administrativos estuvieron involucrados.

Sostuvo que investigar esta estructura, en la que participaron jueces, abogados y notarios, exige la intervención de fiscalías especializadas y un cambio en la estrategia institucional vigente.

Recordó que la negativa anterior de la Corte Suprema de Justicia a retirar la inmunidad a Porras no libera de responsabilidades administrativas ni penales, y anunció que el Congreso insistirá en renovar el pedido de investigación para “garantizar que la señora Consuelo Porras debe permanecer en el país mientras dure la investigación de este caso”.

El diputado Jose Chic subrayó que se ha identificado una posible red transnacional de adopciones irregulares, con el precio de una adopción en Guatemala alrededor de cinco mil dólares, cifra que asciende a sesenta mil cuando se concreta en el extranjero. Esta situación afecta la credibilidad de la justicia, implica a varios funcionarios y refuerza la necesidad de fiscalías con competencia internacional.

Recalcó que el antejuicio es un recurso de protección para funcionarios, pero advirtió: “No traten de hacer creer a la gente que la fiscal Consuelo Porras fue exculpada en estos procesos”.

Afirmó que continuará presentando nuevas denuncias y fiscalizando a las autoridades para que se esclarezcan todos los hechos y la sociedad guatemalteca cuente con la información necesaria sobre la fiscal general y otros funcionarios.

Soldados estadounidenses participando en un entrenamiento de maniobras conjuntas durante el ejercicio militar «Freedom Shield» entre Corea del Sur y Estados Unidos, celebrado en Yeoncheon (Corea del Sur) en marzo de 2026. Crédito… Jung Yeon-Je/Agence France-Presse

Caminar con precaución

El último informe publicado por S&P Global Ratings confirmó las calificaciones soberanas de Guatemala en moneda extranjera y local en nivel BB+, con perspectiva estable, reflejando una continuidad en su perfil crediticio.

Esta decisión consolida la posición del país como el de deuda pública neta más baja en América Latina, y reconoce su capacidad para sostener su solidez externa y una política monetaria confiable, incluso frente a escenarios de crisis internacionales y presiones domésticas para expandir el gasto en infraestructura.

Esta ratificación llega en un contexto de pronóstico de crecimiento económico moderado para Guatemala, con estimaciones de expansión anual promedio del 3,5% entre 2026 y 2029, según los analistas de S&P Global Ratings.

El informe precisa que, aunque se trata de una desaceleración respecto al 4% promedio de los cuatro años previos, el crecimiento sigue impulsado principalmente por el consumo, en especial el efecto de las remesas, que corresponden a alrededor del 20% del PIB y cuya estabilidad se considera una variable crítica para el desempeño económico nacional.

La decisión de S&P Global Ratings sitúa a Guatemala entre los países de la región con mejores indicadores externos. Destaca que las reservas internacionales alcanzaron el 26% del PIB en 2025 y que la posición de acreedor externo neto está entre las más sólidas de los mercados emergentes latinoamericanos.

Según las proyecciones, la deuda pública neta se mantendrá cerca del 20% del PIB entre 2026 y 2028, cifra ampliamente inferior al promedio regional, y los déficits fiscales se situarán en niveles manejables, pese al previsto aumento en la inversión de capital para infraestructura clave.

El balance positivo de la cuenta corriente representa otro aspecto clave del análisis. Guatemala ha registrado superávits en este rubro durante 10 años consecutivos, consecuencia del flujo sostenido de remesas desde el exterior y de una economía focalizada en el consumo interno. Aunque se estima que estos superávits disminuirán, se proyecta que las necesidades brutas de financiamiento externo promedien el 60% de los ingresos en cuenta corriente y reservas disponibles durante los próximos cuatro años, volumen considerado sostenible por el nivel actual de liquidez.

El tipo de cambio del quetzal revela elevada estabilidad, y la política monetaria del Banco Central de Guatemala mantiene la inflación bajo control: el índice de precios al consumidor promedió 1,6% en 2025, por debajo del objetivo central del 4% (+/- 1%). Bajo este escenario, el banco central aprobó una reducción de la tasa de política monetaria al 3,5% desde febrero de 2026.

La exposición de la deuda pública a moneda extranjera, que actualmente representa casi el 50%, ha descendido respecto al 60% registrado en 2015. Asimismo, cerca del 90% de la deuda es a tasa fija y con plazo extendido, limitando la vulnerabilidad ante fluctuaciones en mercados internacionales, subrayó S&P Global Ratings.

A pesar de la robustez de sus indicadores macroeconómicos, Guatemala enfrenta desafíos estructurales de largo plazo. S&P Global Ratings señala que el 56% de la población vivía en pobreza en 2023 y que entre el 70% y el 80% de los trabajadores se emplea en el sector informal, factores que restringen el crecimiento inclusivo y complican el aumento constante de ingresos fiscales.

El déficit de infraestructura es otro obstáculo importante. Aunque se han aprobado leyes para priorizar el desarrollo vial y alianzas público-privadas, la capacidad gubernamental para ejecutar a plenitud los planes de inversión sigue limitada. Entre los proyectos en marcha, resaltan la modernización del puerto de Quetzal —con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos—, mejoras en aeropuertos, ampliaciones viales y la construcción de un sistema de metro en Ciudad de Guatemala. Un reciente proceso licitatorio para aumentar la conectividad eléctrica fue declarado nulo y será relanzado, lo que evidencia las dificultades administrativas y políticas para impulsar infraestructura esencial.

La afirmación de la calificación ‘BB+’ toma en cuenta variables de calidad institucional y gobernanza. S&P Global Ratings sostiene: “La percepción histórica de corrupción elevada y el entorno político fragmentado han limitado la eficacia de la formulación de políticas”.

Sin embargo, durante 2026, la administración del presidente Bernardo Arévalo alcanzó consensos con el Congreso y logró aprobar leyes cruciales a pesar de su escasa representación parlamentaria, además de avanzar en el nombramiento de autoridades en el Tribunal Electoral, Procuraduría General y otras entidades clave, acciones que pueden fortalecer el sistema de contrapesos y avanzar en la agenda anticorrupción.

El informe advierte que la calificación podría ser rebajada en los próximos 12 a 24 meses si se presenta una caída inesperada de remesas y consumo interno o si la capacidad de crecimiento del PIB se deteriora, poniendo en jaque las posiciones fiscal y externa del país. Por su parte, una mejora de la calificación dependerá del fortalecimiento de la colaboración política y la ejecución eficaz de reformas, con impacto favorable en la resiliencia económica y el ingreso per cápita.