INTERNACIONAL
Guatemala: El diputado José Chic exige investigación imparcial sobre acusaciones a Consuelo Porras
A pocos días que se realice el relevo en la Fiscalía General de Guatemala, el diputado Jose Chic, representante de la bancada VOS en el Congreso de la República de Guatemala, requirió en conferencia de prensa que se decrete arraigo para la fiscal general María Consuelo Porras Aldana.
Además instó a que las investigaciones sobre supuestas detenciones ilegales y casos de adopciones irregulares vinculados a Porras sean transferidas a instancias independientes, debido a la presunta existencia de una red estructurada que implicaría a funcionarios judiciales y administrativos.
Chic aseguró que el caso tiene repercusión internacional y resaltó que los hechos denunciados —a su juicio, de gravedad tal que no deben prescribir— precisan de la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos o la Fiscalía de Delitos Transnacionales, además de la permanencia de la fiscal general en el país para responder ante el proceso.
En la parte final de su intervención, Jose Chic reveló que el costo de una adopción nacional en Guatemala puede llegar a cinco mil dólares, y que en países de Norteamérica o Europa esa cifra aumenta a sesenta mil dólares.
El diputado indicó que hay registros de procesos con irregularidades serias, en los que participaron jueces, abogados y notarios, conformando una estructura orientada a la venta y traslado de niños fuera del país.
Este señalamiento, que involucra cifras inéditas y una dimensión transnacional, diferencia la denuncia de Chic de otros casos previos de presunta corrupción en el sistema de adopciones.
De acuerdo con los datos presentados, Jose Chic planteó que existen al menos tres denuncias formales agrupadas y remitidas a una sola fiscalía, una acción que considera inadecuada por parte de Consuelo Porras Aldana.
El diputado sostiene que la concentración de casos debió recaer en fiscalías especializadas en derechos humanos o delitos transnacionales. A su entender, esto refleja falta de transparencia y un intento de encubrimiento en torno a la fiscal general.
Chic subrayó que la fiscal Leonor Morales, al frente de la Fiscalía contra Delitos cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, se limitó a argumentar que todos los procedimientos se realizaron conforme a derecho, pero no detalló “qué acciones ha emprendido para esclarecer la verdad de esas denuncias”.
La falta de información concreta, indicó, impide comprobar la eficacia de las investigaciones sobre Consuelo Porras y otros posibles involucrados.
El diputado rechazó que las respuestas oficiales fueran únicamente generales, y remarcó: “Solo quieren decir que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, pero no concretiza en qué acciones han llevado a cabo y cuáles van a ser las líneas de investigación o al menos los parámetros que va a utilizar el Ministerio Público relacionado con estas denuncias”.
Recalcó la obligación del Ministerio Público de aportar pruebas y precisó que, hasta ahora, la fiscalía a cargo no ha presentado fundamentos claros ni evidencias que demuestren avances efectivos.
Chic calificó los hechos como “venta de niños” en Guatemala, afirmando que diversos actores judiciales y administrativos estuvieron involucrados.
Sostuvo que investigar esta estructura, en la que participaron jueces, abogados y notarios, exige la intervención de fiscalías especializadas y un cambio en la estrategia institucional vigente.
Recordó que la negativa anterior de la Corte Suprema de Justicia a retirar la inmunidad a Porras no libera de responsabilidades administrativas ni penales, y anunció que el Congreso insistirá en renovar el pedido de investigación para “garantizar que la señora Consuelo Porras debe permanecer en el país mientras dure la investigación de este caso”.
El diputado Jose Chic subrayó que se ha identificado una posible red transnacional de adopciones irregulares, con el precio de una adopción en Guatemala alrededor de cinco mil dólares, cifra que asciende a sesenta mil cuando se concreta en el extranjero. Esta situación afecta la credibilidad de la justicia, implica a varios funcionarios y refuerza la necesidad de fiscalías con competencia internacional.
Recalcó que el antejuicio es un recurso de protección para funcionarios, pero advirtió: “No traten de hacer creer a la gente que la fiscal Consuelo Porras fue exculpada en estos procesos”.
Afirmó que continuará presentando nuevas denuncias y fiscalizando a las autoridades para que se esclarezcan todos los hechos y la sociedad guatemalteca cuente con la información necesaria sobre la fiscal general y otros funcionarios.
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INTERNACIONAL
Donald Trump anunció que un bombardeo estadounidense abatió a “Niño Guerrero”, el líder del cártel criminal Tren de Aragua
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes en un mensaje que, bajo su dirección, el Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM) ejecutó un ataque cinético, rápido y letal en Venezuela que eliminó a Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, organización calificada por el mandatario como “una de las más sanguinarias del planeta”.
“Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas”, afirmó vía Truth Social.
La publicación en redes sociales estuvo acompañada por un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio, con el techo de color verde, rodeado de vegetación poco antes de una explosión que genera una nube de humo. En las imágenes no se distingue claramente a ninguna persona.
El inquilino de la Casa Blanca también señaló que, “con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos”. Recordó que al inicio de su administración designó al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, deportó a miles de criminales y declaró la guerra a los cárteles.
Trump sostuvo que, antes de su regreso al cargo, la administración de Joe Biden “abrió la frontera sur a millones de delincuentes ilegales” y permitió que el grupo cometiera crímenes en territorio estadounidense.
“Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación”, subrayó en relación a los nuevos vínculos entre Washington y Caracas tras la captura, el 3 de enero pasado, del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.
Según Trump, los terroristas del cártel “ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar” y bajo su liderazgo, Estados Unidos “encontrará a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar”.
El Tren de Aragua surgió como una entidad delictiva entre 2004 y 2005 en la cárcel de Tocorón, en Venezuela. Por entonces, el gobierno de Hugo Chávez había declarado la emergencia carcelaria ante el aumento de la violencia en el sistema penitenciario, pero las medidas no lograron impedir el crecimiento del grupo criminal.
Con el tiempo, los reclusos fueron acumulando poder a través de negociaciones con el régimen de Maduro, el uso de la violencia y el pago de sobornos, lo que derivó en la creación del sistema de pranatos (pranes), líderes dentro de las prisiones. Estos grupos carcelarios se organizaron en estructuras más grandes conocidas como trenes, dando lugar a formas de gobernanza paralelas.
“Niño Guerrero ha estado involucrado en actividades delictivas durante más de dos décadas y ha expandido el Tren de Aragua, transformándolo de una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno a una organización con creciente influencia en todo el hemisferio occidental. El 11 de julio de 2024 , el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o la condena”, sostuvo el Departamento del Tesoro de EEUU en un comunicado de prensa el 17 de julio de 2025.
Entre 2015 y 2018, el Tren de Aragua se consolidó como la mayor de las 19 megabandas delictivas que operaban en Venezuela, lo que contribuyó a que la tasa de homicidios alcanzara niveles récord en el país.
La Fundación TAEDA e IBI Consultants destacaron en un informe conjunto en 2025 que aunque la estructura del Tren de Aragua es vertical y cuenta con líderes claramente definidos, las órdenes y decisiones se transmiten de manera general, permitiendo que cada división territorial las ejecute según su propio criterio.
Esta flexibilidad, junto con la dispersión de la migración venezolana a lo largo de la región y la porosidad de las fronteras de Venezuela y países vecinos tras la pandemia, facilitó que la organización estableciera una red ilegal centrada en el narcotráfico y el tráfico de personas, lo que impulsó su expansión por América Latina a partir de 2018.
El Tren de Aragua se expandió a Perú, Chile, Ecuador, Colombia y otros países de Latinoamérica, generando preocupación entre autoridades, ciudadanía y medios por su versatilidad delictiva y la ambición de controlar múltiples territorios.
Hoy, la organización es considerada una de las bandas criminales extranjeras más poderosas de la región y la que interviene en más actividades ilícitas. Obtiene millones de dólares a través de extorsiones, secuestros, trata de personas, narcotráfico, explotación sexual y asaltos, entre otros delitos.
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The Kennedy Center board on Friday asked a federal appeals court to temporarily block a judge’s order requiring references to President Donald Trump’s name to be removed from the institution’s signage and official materials, as signage bearing Trump’s name remained visible on the building’s facade late Friday afternoon.
In an emergency motion filed with the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, the board requested both a stay pending appeal and an immediate administrative stay, arguing that physical changes to the building should not occur before appellate judges review the dispute.
The filing asks the court to issue an administrative stay by 7 p.m. Friday.
Fox News Digital observed Friday afternoon that Trump’s name remained mounted on the Kennedy Center facade as of 5:30 p.m. ET, with scaffolding erected around portions of the signage.
Earlier Friday, U.S. District Judge Christopher Cooper denied the board’s request to pause enforcement of his ruling while the appeal proceeds, finding that the defendants had not demonstrated either a likelihood of success on appeal or irreparable harm.
OBAMA-APPOINTED JUDGE WITH TIES TO ANTI-TRUMP CONSPIRACY THEORY HIT WITH MISCONDUCT COMPLAINT
People watch construction workers build scaffolding near the Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts sign in Washington, D.C. The Kennedy Center board sought an emergency appeal to block a court order requiring the removal of Trump’s name, but a judge denied the request. (Anna Moneymaker/Getty Images)
The Kennedy Center board argued in its emergency filing that removing and potentially reinstalling signage would force it to incur costs that could not be recovered if it ultimately prevails on appeal.
The board also argued that removing Trump’s name could impair fundraising efforts and create public confusion if the Center’s name changes again following a successful appeal. The motion further contends that the case raises significant questions regarding the board’s authority and whether Rep. Joyce Beatty, D-Ohio, had standing to bring the lawsuit.
The latest filing stems from Cooper’s May 29 ruling that Congress, not the Kennedy Center board, has authority over the institution’s name. The judge ordered the removal of Trump’s name from physical signage, digital materials and official branding and directed the Center to comply within 14 days.
BOARD VOTES KENNEDY CENTER TO BE RENAMED ‘TRUMP-KENNEDY CENTER,’ LEAVITT SAYS
Construction workers build scaffolding near the Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts sign in Washington, D.C., on Friday. (Anna Moneymaker/Getty Images)
In a lengthy opinion, Cooper wrote that the Kennedy Center’s governing statute «makes crystal clear» that the institution is to be named for President John F. Kennedy and cannot be formally renamed through unilateral board action.
The judge concluded that Congress gave the Kennedy Center its name and that only Congress can change it.
The ruling came in a lawsuit brought by Beatty, who serves as an ex officio member of the Kennedy Center board.
Following the May 29 decision, Kennedy Center Vice President of Public Relations Roma Daravi said the board intended to appeal.
EXCLUSIVE: TRUMP-LED KENNEDY CENTER NEARLY DOUBLES FUNDRAISING FROM BIDEN ERA, SMASHING RECORD WITH $23M HAUL
Rep. Joyce Beatty, D-Ohio, speaks near scaffolding at the Kennedy Center in Washington, D.C., Friday, as construction workers work nearby. (Anna Moneymaker/Getty Images)
«We will review the decision carefully though the reality remains — the Center requires an urgent and significant restoration — a truth that even the plaintiff acknowledges,» Daravi told Fox News Digital at the time.
«With $257 million secured by President Trump and approved by Congress, the resources are in place, and we remain committed to pursuing every lawful avenue to ensure the Trump Kennedy Center is restored as a national cultural landmark for all Americans to enjoy.»
Beatty praised the ruling, saying in a statement that the Kennedy Center «belongs to the American people, not to Donald Trump.»
Trump’s name was added to the venue in December after a unanimous vote of the board. Signage bearing the president’s name was installed above the existing Kennedy Center lettering shortly afterward.
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As of Friday afternoon, the appeals court had not publicly ruled on the emergency request, leaving unresolved whether Trump’s name would remain in place beyond the court-ordered compliance deadline.
The emergency appeal asks the D.C. Circuit to preserve the status quo while it considers the board’s broader appeal of Cooper’s ruling.
The White House and a representative for the Kennedy Center did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.
Fox News Digital’s Louis Casiano contributed to this reporting.
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INTERNACIONAL
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