POLITICA
El Gobierno recortó casi $2,5 billones, con un fuerte ajuste en educación y universidades
Mediante una decisión administrativa, la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades. El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto.
Los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, pero también la poda se da en el presupuesto educativo en la previa a la marcha federal universitaria, cuyo epicentro será mañana, en la Plaza de Mayo.
El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.
De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.
Además, el Poder Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales
En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de $6.649.536.538, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles.
También la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de la documentación oficial.
Las universidades nacionales, impulsoras de la protesta de este martes, también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.
Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.
La medida oficial lleva firma del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y abarca también la modificación de créditos presupuestarios del Consejo de la Magistratura y la redistribución de cargos dentro de la estructura nacional.
Mediante el artículo 3°, se incrementaron en $500.000 millones el techo fijado por el artículo 40 de la Ley N° 27.798 para la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional y deudas establecidas en acuerdos transaccionales bajo la Ley N° 27.260. El nuevo límite queda determinado en $712.288 millones.
Según dispone la norma,la ampliación responde a retroactivos originados en ajustes practicados sobre las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Anses, organismo descentralizado bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, es el ente responsable de afrontar esos pagos.
Además, la decisión contempla también un refuerzo de los créditos de gastos en personal destinado a financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de ANSES. Por esto, se incorporaron 162 mil millones de pesos como transferencia figurativa desde el Tesoro Nacional, bajo la categoría de “Gastos en personal”.
La adecuación presupuestaria alcanza también al Consejo de la Magistratura, organismo del Poder Judicial de la Nación. El refuerzo se expresa en el incremento de 115.194 millones de pesos para gastos en personal en el programa “Actividades Centrales” y $22.000 millones de pesos para bienes de uso en el programa “Justicia de Máxima Instancia”. Según indica el considerando de la medida, la modificación apunta a posibilitar su normal funcionamiento, con la distribución desagregada por programas y partidas consignada en los anexos.
Además de las reasignaciones presupuestarias, se dispusieron nuevos recortes en diversas partidas aprobadas del Presupuesto 2026 en tren de reforzar la meta de superávit fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El mayor recorte recayó en “Otras Asistencias financieras -servicios económicos-” a cargo de Obligaciones del Tesoro Nacional por $1,47 billones, en línea con la baja de subsidios y aumentos de tarifas de los servicios públicos. Le siguen en importancia por monto:
publicada en el Boletín Oficial,@AleCiroAlvarez,@JMilei,pic.twitter.com/GYIc0Z3aV0,May 11, 2026,Javier Milei,FMI,Conforme a,,Negocios con el dólar blue. El exsocio de Piccirillo admitió que ofició de intermediario para acceder al SIRA,,Una alianza incómoda. Macri acelera el desmarque del Gobierno, pero abre un nuevo foco de tensión dentro de Pro,,Solo en Off. Sandra Pettovello y un viaje al Vaticano que despierta aplausos y celos en el Gabinete,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: interna en el Gabinete por la continuidad de Adorni y creciente tensión con Pro,,“No es Vaca Muerta, pero…”. Flavio Mastellone rompió el silencio tras dejar La Serenísima y advirtió a Milei sobre la presión impositiva en la leche,,Una alianza incómoda. Macri acelera el desmarque del Gobierno, pero abre un nuevo foco de tensión dentro de Pro
POLITICA
El FBI busca reconstruir desde adentro cómo operaba la AFA: cita a exjerárquicos y avanza sobre el circuito del dinero en EE.UU.
Durante los últimos meses, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a exempleados jerárquicos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). ¿Objetivo? Reconstruir desde adentro -y bajo reserva- cómo funcionó la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad que lideran Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, según reconstruyó a partir de dos fuentes con conocimiento directo de esos movimientos.
Los investigadores del Departamento de Justicia mostraron especial interés en escuchar al otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, quien durante años actuó como lugarteniente de Toviggino, y participó en operaciones por millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte desde y hacia Estados Unidos.
Según la documentación obtenida y analizada por , Beacon y Toviggino impartieron órdenes, coordinaron con los “cueveros” y empresarios involucrados, y llegaron a confeccionar algunas de las facturas apócrifas por “logística” y otros supuestos servicios que un puñado de empresas “fantasma” jamás proveyeron a la AFA, pero que sirvieron para extraer decenas de millones de dólares de la entidad, como reveló este diario en enero de este año.
Esa operatoria incluyó el uso de sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles y recibieron fondos de empresas “intermediarias” que recaudan los ingresos internacionales de la AFA, como TourProdEnter LLC, del productor teatral Javier Faroni. El circuito concluía con el envío de parte de esos fondos a la Argentina a través de “cuevas” de la City porteña, que acercaban las “puntas” y entregaban el dinero en efectivo, mediante bolsos.
Aunque las razones de la ruptura que ofrecen Toviggino y Beacon resultan contradictorias, la relación entre ellos se quebró. Se sabe que ambos cruzaron acusaciones solapadas mientras circulaban versiones sobre supuestos intentos del segundo por “subastar” información sensible que habría despertado el interés de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
En ese contexto, según reconstruyó , los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el Distrito Sur de Florida, intentaron localizar a Beacon y a otro exempleado de la AFA que reside en la Patagonia, entre otros “sujetos de interés”.
procuró contactar a Beacon y sus allegados, pero al cierre de esta nota no respondieron.
Los fiscales y agentes del FBI también abordaron al empresario Guillermo Tofoni, con quien mantuvieron una reunión virtual hace dos semanas, mediante videoconferencia, según reveló la semana pasada. Durante tres horas, los investigadores buscaron datos para evaluar si ciertas operaciones vinculadas a la AFA en Estados Unidos pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Tofoni prefirió no confirmar ni desmentir esa reunión reservada desde Miami ante la consulta de este medio. Lo cierto es que los investigadores estadounidenses procuran reunir testimonios de personas con conocimiento directo del funcionamiento de la AFA durante la gestión de Tapia y Toviggino y, en particular, de TourProdEnter LLC, la sociedad de Faroni que administró el cobro de contratos comerciales de la entidad en el exterior.
Entre los posibles testigos, los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o que intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años.
La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025, con foco en las actividades de TourProdEnter LLC. En particular, los fiscales buscan reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.
Los tres fiscales que intervienen en la pesquisa cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional. Patrick Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Christopher Ting, incorporado recientemente a esa cartera tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros. Michael Berger, por su parte, se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros expedientes, el caso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.
consultó formalmente al Departamento de Justicia sobre el estado de la pesquisa preliminar que desarrollan Gushue, Ting y Berger —una investigación que puede incluir requerimientos de documentación a bancos y empresas, además de entrevistas con personas con conocimiento directo o indirecto de las operaciones bajo análisis—, pero no obtuvo respuesta.
Desde la AFA, en tanto, también comenzaron a moverse en Estados Unidos. El denominado “embajador” de la entidad para América del Norte, Tomás Regalado, y el abogado penalista argentino Mariano Lizardo participaron en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia organizado por el Interamerican Institute for Democracy, en Miami, el miércoles pasado. Durante ese encuentro defendieron el respeto por la presunción de inocencia frente a las investigaciones en curso. “Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”, sostuvo Regalado.
Las cuentas de TourProdenterLLC
El interés del Departamento de Justicia coincide con la documentación bancaria que reveló a fines de 2025 y principios de este año. Esos registros muestran que Gillette y Faroni —exlegislador bonaerense del Frente Renovador— movieron al menos cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
A través de esas cuentas, TourProdEnter LLC administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA, aunque —de acuerdo con los registros bancarios analizados por — sólo una parte de esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad que preside Tapia. Otros US$57 millones fueron distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios sin una justificación económica para esas transferencias.
Entre transferencias fueron hacia sociedades que, según la documentación analizada por , eran controladas por personas que, de acuerdo con registros oficiales, percibían planes sociales y residían en Bariloche o en la ciudad de Buenos Aires. También aparecen pagos dirigidos a dos sociedades vinculadas con Toviggino y su familia —SOMA SRL y Cabello SRL—, así como a la pareja del dirigente y a integrantes de la familia de un supuesto “guía espiritual” de la selección argentina. Esa documentación integra ahora el universo de operaciones que los investigadores estadounidenses buscan reconstruir mediante registros bancarios, contratos y testimonios.
La investigación periodística mostró que TourProdEnter LLC operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, canalizando cientos de millones de dólares provenientes de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones) durante los años en que la Argentina lidió con fuertes restricciones cambiarias y múltiples cotizaciones del dólar.
De acuerdo con el contrato que la AFA firmó con TourProdenter LLC, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y Gillette percibió el 30% de todos los ingresos internacionales de la entidad que preside Tapia, una vez descontados los impuestos, durante cuatro años. Además, cobró una comisión equivalente al 10% de los egresos vinculados con la logística de esas operaciones.
Ese contrato, junto con los movimientos registrados en las cuentas bancarias de TourProdEnter LLC y los testimonios que comenzaron a reunir fiscales y agentes del FBI, constituye parte del material que hoy analiza el Departamento de Justicia para determinar si existen elementos suficientes para dar un paso más.
Francisco Olivera,Hugo Alconada Mon,AFAGate,Conforme a
POLITICA
De la confrontación a los acuerdos: qué hay detrás del cambio de estrategia del Gobierno con los gobernadores
“No todas las reglas aplican en todo momento”, afirmó ante Infobae una importante fuente libertaria para explicar la reciente apertura del Gobierno de negociar alianzas con los gobernadores aliados rumbo a las elecciones de 2027. Hace un año, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se inclinaba por competir con candidatos “puros” en las distintas provincias para fortalecer el armado y el sello de La Libertad Avanza en el interior del país.
El vínculo con los mandatarios provinciales aliados dio pie a uno de los debates que marcó la interna oficialista, dado que el asesor presidencial, Santiago Caputo, se mostraba proclive a sellar alianzas con la mayor cantidad de representantes provinciales para las elecciones legislativas de 2025.
Hoy, cuando pareciera reinar el consenso impulsado por los deseos de concretar la reelección del presidente Javier Milei, persisten las diferencias respecto de los motivos que llevaron a la administración libertaria a readaptar su plan.
“La realidad se impone y los que pregonaban una estrategia diferente en 2025, ahora no la pueden sostener”, plantearon desde uno de los campamentos en un dardo dirigido contra los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, los encargados de diseñar las listas bajo la supervisión de la menor de los Milei, a los que les atribuyen además haber complejizado el escenario legislativo en 2025.
En el karinismo aseguraron a este medio que la decisión de priorizar a candidatos propios apuntaba a potenciar al Gobierno, en particular al espacio fundado por Milei, y buscaba limitar el alcance de los gobernadores. “En aquel entonces, los que querían acordar por acordar, nos llevaban a un Gobierno de coalición”, plantearon desde el entorno de la funcionaria.
“Varios querían entrar gratis a las listas. Después algunos nos hicieron un desastre en el Congreso”, criticó uno de los alfiles violetas que revalidó la determinación de haber competido en las provincias con los propios.
En Balcarce 50 descuentan que a Javier Milei le va mejor en el interior del país que en el AMBA, donde se ubican en torno a los 25 puntos; por eso, consideran necesario acercar voluntades con los aliados. En esa tarea trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero también el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.
Como anticipó este medio, la administración libertaria fijó condiciones para negociar con los gobernadores de buena sintonía con la Casa Rosada y entre los principales puntos figura el respaldo a la agenda legislativa, en particular a la reforma electoral que aspira a sancionar el Poder Ejecutivo. La advertencia es clara: quienes no acompañen el objetivo de modificar el sistema, “no serán tenidos en cuenta para el armado”.
Aún sin los votos necesarios, el oficialismo dio lugar a una de las alternativas presentadas por el radicalismo y discute la posibilidad de incorporar una especie de colectora para facilitar un acuerdo con los gobernadores y que puedan adherir las listas a diputados y senadores en caso de requerirlo. “No significa entregar a los legisladores. Se tendrán que ganar el lugar como nosotros. Es una salida para que compitan contra nuestras listas”, argumentó un integrante de la mesa política que volverá a reunirse este martes al mediodía.
La administración libertaria da sobradas muestras del cambio de criterio, en particular de la habilitación a potenciales acuerdos en 2027. En las vísperas del final del Mundial 2026, Diego Santilli, de perfil dialoguista y moderado, ayuda a consolidar los acercamientos con el objetivo final en mente: otros cuatro años de mandato para Milei.
Este lunes, luego de retratarse con 13 gobernadores en la provincia de Tucumán, el ministro coordinador recibió al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en una serie de intercambios que se suceden desde su desembarco en el Ministerio del Interior, pero que se intensificaron tras su ascenso. Luego, el puntano visitó las oficinas del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.
POLITICA
El Gobierno envió seis nuevos pliegos al Senado y busca avanzar con la cobertura de vacantes en la Justicia
El Gobierno nacional envió al Senado seis nuevos pliegos para la designación de jueces y avanzó así con su estrategia de cubrir vacantes en el Poder Judicial. La postulación de mayor impacto es la del juez Pablo Bertuzzi para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, un cargo clave porque tiene incidencia en las principales causas de corrupción. Los pliegos tomarán estado parlamentario en la próxima sesión prevista para este jueves y luego pasarán a la Comisión de Acuerdos, que debe convocar a los candidatos para exponer ante los senadores.
El cargo de Bertuzzi permanecía bajo cuestionamiento desde su traslado dispuesto por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri. La situación se abrió en 2018, cuando Bertuzzi fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal N° 4 a la Cámara Federal porteña. Esa decisión generó una fuerte controversia política y judicial y fue objetada por el kirchnerismo.
Un tribunal clave
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal tiene un rol central porque revisa las resoluciones de los jueces federales de primera instancia en las investigaciones por presuntos hechos de corrupción. Entre las causas que deberá analizar se encuentran las investigaciones por la criptomoneda $LIBRA y por los presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expedientes en los que están investigados el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El paquete de postulaciones enviado del Ejecutivo al Senado también incluye al juez Pablo Yadarola para integrar ese mismo tribunal.
El antecedente de Bertuzzi y Bruglia
La situación de Bertuzzi volvió a quedar en discusión en septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó junto con el de Leopoldo Bruglia el traslado desde el Tribunal Oral Federal N° 4 hacia la Cámara Federal porteña.
Ambos magistrados habían intervenido desde ese tribunal en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos, una de las principales investigaciones por corrupción contra el kirchnerismo. Tras la decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
Leer más: A días de cumplir 75 años, Irurzun busca que su reclamo llegue a la Corte Suprema para seguir como camarista federal
El resto de las postulaciones
Además de los pliegos para la Cámara Federal, el Poder Ejecutivo propuso a Valeria Alejandra Rico como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal.
También postuló a Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal, mientras que Sergio Buitrago fue propuesto para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26.
El trámite en el Senado
Los pliegos tomarán estado parlamentario en la próxima sesión prevista para este jueves y luego pasarán a la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.
Desde la llegada del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Poder Ejecutivo impulsa el envío de postulaciones de jueces, fiscales y defensores con el objetivo de cubrir alrededor de 300 vacantes en la Justicia nacional.
En junio el Senado aprobó 74 designaciones y para la sesión de este jueves figura en el temario una nueva tanda de pliegos judiciales. Además, la Comisión de Acuerdos fijó para el 4 y 5 de agosto las audiencias para evaluar a otros 22 postulantes.
jueces, Senado, Juan Bautista Mahiques
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