La oposición en Diputados intensificó sus reclamos para que el Gobierno implemente la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial de Javier Milei en agosto de 2025. En paralelo, legisladores, agrupaciones estudiantiles y sectores sindicales acompañarán las movilizaciones universitarias previstas en todo el país.

Desde el radicalismo crítico, que integra la bancada Provincias Unidas, el diputado Pablo Juliano cuestionó la postura oficialista. “Sancionamos dos leyes que el Gobierno no quiso cumplir porque argumentaron que se rompía el déficit fiscal. Estamos en presencia de un gobierno que no escucha ni quiere escuchar. Es muy difícil conversar las reglas del juego con los libertarios cuando fingen demencia institucional”, sostuvo.

Reclamos por el presupuesto universitario

Sectores vinculados con Franja Morada y con la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), liderados por Luis Cerini, advirtieron sobre el impacto del ajuste en las universidades nacionales. Según expresaron, “la falta de presupuesto universitario no es una restricción administrativa, es un ‘ajuste deliberado’ que está asfixiando nuestra educación pública”.

En el mismo pronunciamiento señalaron que “la universidad está en emergencia” y enumeraron las consecuencias de la falta de financiamiento: salarios deteriorados, ausencia de becas suficientes, problemas de infraestructura, falta de insumos en hospitales escuela y dificultades para sostener los servicios estudiantiles.

La ley aprobada por el Congreso

La norma ratificada por el Congreso garantiza el financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país y contempla mecanismos para asegurar las condiciones salariales y laborales de docentes y no docentes.

El texto establece que el Poder Ejecutivo debe definir partidas presupuestarias destinadas al programa “Desarrollo de la Educación Superior”, orientadas a fortalecer el ingreso, la permanencia y la graduación de estudiantes, además de incrementar recursos para tecnología y formación de personal universitario.

Sin embargo, la Casa Rosada rechazó esa legislación y presentó en febrero de este año una nueva propuesta en la Cámara de Diputados. El proyecto, firmado por Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, todavía no fue tratado en las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.

La propuesta del Gobierno

La iniciativa oficialista busca compatibilizar el financiamiento universitario con las previsiones del Presupuesto 2026. El proyecto garantiza el acceso gratuito a la educación superior mediante el aumento de fondos para becas estratégicas y programas de estudio destinados especialmente a los sectores más vulnerables.

Además, contempla mecanismos de recomposición presupuestaria cuando la inflación supere las previsiones utilizadas para elaborar el Presupuesto 2026, con el objetivo de evitar el deterioro de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.

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El texto también incluye partidas para hospitales universitarios y prevé actualizaciones salariales para docentes y no docentes. No obstante, el oficialismo aún no consiguió respaldo suficiente entre los bloques dialoguistas. Desde el Ministerio de Capital Humano reconocen que “este proyecto no logró querer ni los radicales, ni algunos integrantes de Provincias Unidas”.

La defensa oficial

En los últimos días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la política presupuestaria del Ejecutivo. “El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos”, afirmó.

También rechazó las denuncias de desfinanciamiento de los hospitales universitarios realizadas por la Universidad de Buenos Aires. “El Gobierno nacional transfirió mensualmente la totalidad de los créditos asignados en el Presupuesto 2026. La UBA reclama una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del total del presupuesto destinado a los hospitales universitarios de todo el país”, planteó.

El reclamo de Unión por la Patria

Desde Unión por la Patria, la diputada Blanca Osuna aseguró que las universidades “están al borde del colapso” por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por el congelamiento de las becas Progresar.

La legisladora, integrante de la Comisión de Educación, mantuvo reuniones en las últimas semanas con rectores, docentes y estudiantes universitarios. Según advirtió, los hospitales universitarios “están funcionando al 50% por falta de financiamiento”, pese a las declaraciones oficiales.

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“Lo más importante es escuchar a los estudiantes, rectores, docentes y sindicatos”, señaló Osuna al justificar los encuentros impulsados desde la oposición.

Un nuevo debate en Diputados

Tras la movilización de este martes, en la oposición estiman que podría reabrirse el debate parlamentario sobre el financiamiento universitario en las comisiones de Diputados. Mientras tanto, continúa la expectativa por el pronunciamiento definitivo de la Justicia sobre la validez de la ley sancionada en 2025.

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