La alegría por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial de fútbol contrasta con el tenso clima social que se vive en Tartagal, Salta, donde grupos piqueteros llevan adelante cortes de ruta y acampes en reclamo por el pago de una obra que, según afirma el intendente Franco Hernández Berni, no finalizaron en tiempo y forma. El mismo jefe comunal publicó este jueves un video de la reunión que mantuvo con los cooperativistas para hacer públicas las actitudes extorsivas de sus líderes.

“Piqueteros nos vinieron a extorsionar que si no les dábamos obras, cortaban la ruta y tomaban el municipio”, publicó el intendente en sus redes sociales, junto a dos videos de la reunión.

Junto al orgullo de haberse plantado firme ante ellos, agregó: “Se acabaron las viejas mañas y vivir del Estado”.

“No vamos a ceder ante presiones ni amenazas. Nadie puede condicionar mediante cortes de ruta, tomas de la municipalidad o cualquier medida que perjudique a los vecinos. Mi responsabilidad es defender el derecho de los tartagalenses a vivir, trabajar y circular en paz. No permitiré que la extorsión sea una práctica para intentar imponer intereses personales”, concluyó sus mensajes.

En los videos, se lo ve a Hernández Berni sentado a la cabecera de una mesa junto a cuatro representantes piqueteros y el comisario  Jorge  Ruiz, jefe de la Comisaría 3 de Tartagal.

“El municipio no les falló nunca. La ciudad tiene que aguantar que ustedes tomen el municipio”, manifiesta en las imágenes el intendente.

Y le recuerda a uno de ellos: “Vos terminaste la obra hace tres semanas. No está certificada la obra, porque cuando vinieron a verla no estaba terminada”.

Los encargados de los trabajos habían pedido un pago a cuenta, el cual solo podía realizarse tras una certificación por parte del gobierno provincial. Al no haber podido cumplirse ese requisito, el dinero no estuvo disponible.

Ante la insistencia, Hernández Berni le pregunta a uno de sus interlocutores: “Si no te doy una obra, ¿van a seguir haciendo acampes?”. Como la respuesta fue afirmativa, lanzó una contrapropuesta llena de ironía: “Hacé obras privadas, entonces”.

Los cooperativistas, la semana pasada, luego de haberse encadenado a la sede de Rentas de Tartagal, comenzaron el corte de la Ruta Nacional 34, a la altura del puente Cuña Muerta. Se trata de una arteria clave tanto para el transporte de pasajeros como para el de carga, por ser una vía de comunicación con Bolivia.

Todo el tránsito fue desviado hacia caminos alternativos. Muchos, incluso, denunciaron que se les cobró un peaje para seguir sus caminos.

“Les dimos una obra de 196 millones de pesos el año pasado, y otra obra de 121 millones de pesos, que es la actual, que la terminaron hace cuatro semanas. ¿Y me decís que no tienen trabajo?“, espetó en la reunión el intendente.

Hernández Berni resaltó que “los recursos de Nación se cortaron y el gobernador hace un esfuerzo enorme”.

Al no obtener la respuesta que fueron a buscar, los piqueteros se levantaron de la mesa con la promesa de continuar con las medidas de fuerza.

“A mí no me vengas a amenazar. Mandate a mudar”, los despidió el intendente de Tartagal.

Según expuso el propio jefe comunal, lo amenazaron con avanzar con la toma del edificio municipal, cortes de ruta y manifestaciones en la Casa de Gobierno de Salta como forma de presión para obtener beneficios.

“Se terminó el tiempo de los aprietes. En Tartagal se gobierna con firmeza y pensando en todos los vecinos”, afirmó Hernández Berni, quien además remarcó que la prioridad de su administración es preservar la paz social, garantizar el cumplimiento de las normas y administrar los recursos públicos con transparencia y equidad.

Por otro lado, reafirmó que las obras públicas y la asistencia municipal se asignan de acuerdo con criterios objetivos y procedimientos administrativos, y no como consecuencia de presiones o medidas de fuerza.

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En una sesión realizada esta tarde, el Senado de la Nación aprobó un paquete de 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. La medida busca avanzar en la cobertura de cargos vacantes en la Justicia federal de distintas jurisdicciones del país y desbloquear promociones que permanecían demoradas en el servicio exterior.

Los pliegos judiciales incluyen designaciones para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, tribunales orales federales de Tucumán y Posadas, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y de Mar del Plata.

También el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal y otros cargos en fiscalías y defensorías públicas de Corrientes, Mendoza, Río Negro y Capital Federal.

Entre los nombres aprobados se encuentran Víctor Arturo Pesino, Javier Jorge Cosentino, Leopoldo Jorge Rago Gallo, María Claudia Jueguen, Marina Edith Pisacco, Bernardo María Rodríguez Palma, Pablo Roberto Toledo y Ruth María Ponce de León.

En algunos casos, como el de Pesino, sectores de la oposición, entre ellos el kirchnerismo, votaron en contra. El pliego fue aprobado con 35 votos a favor y 32 en contra.

El pliego de Pesino fue especialmente resistido porque fue el juez que falló a favor del Gobierno en la causa contra la reforma laboral, al rechazar un recurso de amparo presentado por la CGT.

Con este resultado, el camarista que cumplirá 75 años el próximo 27 de julio se aseguró un nuevo período por cinco años más en la Cámara Nacional del Apelaciones del Trabajo.

La senadora Patricia Bullrich defendió el pliego de Pesino durante el debate. Consideró que el peronismo buscaba sacarse de encima al magistrado por haber sostenido la reforma laboral, y recordó que esa reforma fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso. “Los jueces no se sacan por sus fallos”, sentenció la jefa del bloque libertario.

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Otras postulaciones, como las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tomaron estado parlamentario y fueron giradas a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento posterior.

En paralelo, el cuerpo aprobó por unanimidad, un conjunto de 27 ascensos diplomáticos en las categorías A, B, C y D. La decisión puso fin a una extensa dilación que afectaba la carrera de funcionarios del servicio exterior argentino.

Senado, CGT, Justicia